Por Alejandro Palladino
En la oposición prima la cautela pero consideran
que la delicada situación socioeconómica del país ha erosionado el caudal
político de Cambiemos y que la decisión del Presidente de apostar a la
continuidad en el Ejecutivo es esencialmente un acto de supervivencia. Una
derrota electoral no sólo marginaría a la alianza del Gobierno sino que también
podría obligar a varios de sus miembros a rendir cuentas frente a la Justicia
por distintos delitos económicos que hicieron amparados en la suma del poder
público y la cobertura de los grandes medios de comunicación.
Desde que inició su gobierno, Macri puso en marcha un programa económico
basado en el endeudamiento, la especulación financiera, la reducción del
ingreso real de los trabajadores, que sumado a la apertura irrestricta de las
importaciones y las altas tasas de interés está asfixiando el entramado
productivo local. A los reclamos de la oposición, los sindicatos y los
movimientos sociales por más trabajo, recomposición de los salarios y en contra
los abusos tarifarios, se le suma la postura de sectores empresarios que poco
tiempo atrás acompañaban a Cambiemos y ahora también advierten su
disconformidad con la política económica oficial.
Esas distancias quedaron marcadas por la Unión
Industrial Argentina (UIA), que expresó su preocupación por la fuerte caída del
nivel de actividad industrial. Incluso el propio Grupo Techint, cuyo titular
Paolo Rocca ha estado enemistado con la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, ha tomado distancia del Macrismo por la decisión oficial de recorar
los incentivos fiscales a la producción del megayacimiento de Vaca Muerta por
las presiones del FMI.
Todo ello, ha generado una tensión
político-social sin precedentes desde la crisis del 2001-02.
En 2018 hubo 69.696 despidos y suspensiones, un
91% más que en 2017, según un informe del CEPA. En tanto la inflación del 47,6%
-récord desde 1991- y la devaluación del 100% afectaron el poder adquisitivo,
que cayó en enero 11% interanual para los trabajadores registrados.
Los síntomas de debilitamiento político de
Cambiemos resultan compensados, en parte, por el apoyo externo del gobierno
estadounidense y el Fondo Monetario, cuyos burócratas llegaron al país con el
fin de supervisar las metas fiscales de ajuste como condición para desembolsar
en marzo u$s10.700 millones, que forman parte del acuerdo total por u$s 56.700
millones, firmado en octubre, decisión que se analizará recién el 26 de
marzo próximo.
Así y todo, el desgaste que atraviesa el
oficialismo es producto de una economía que no cesa de destruir empleos, licuar
salarios y aumentar la pobreza y la indigencia.
En 2018 hubo 69.696 despidos y suspensiones, un
91% más que en 2017, según reza un informe del CEPA. En tanto la inflación del
47,6% -récord desde 1991- y la devaluación del 100% vienen licuando el poder
adquisitivo, que sólo en enero último mostró una caída del 11% interanual para
los trabajadores registrados.
Todo parece indicar que este año el declive
continuará: la inflación del INDEC para enero fue del 2,9%, mayor a la prevista
por el gobierno, mientras que el propio FMI prevé en 2019 una caída de la
actividad del 1,62%. En el Ejecutivo ya nadie oculta que este año la
desocupación retornará, después de muchos años a los dos dígitos, y que la
pobreza sigue creciendo notoriamente.
El malestar de la población con el Gobierno se
multiplica día a día. De acuerdo a un sondeo de opinión de Circuitos en la
provincia de Buenos Aires, entre el 15 y el 19 de febrero último, el 68,9% de
los consultados calificó como mala o muy mala la gestión de Macri, el 13,4% la
consideró «regular» y tan solo el 17,5% piensa que es buena o muy buena.
Además, el 64,5% de los consultados opinó que las políticas de Cambiemos los
perjudican, el 22,4% se mantuvo neutro y tan sólo el 13,1% estimó que las
medidas gubernamentales los benefician. Hay un dato de la encuesta aún más
preocupante. Sólo el 15,6% observa un futuro mejor en el corto plazo, el 65,2%
prevé que las cosas seguirán empeorando y un 15,5% que continuarán igual de
mal. 8 de cada 10 argentinos han perdido las esperanzas en Macri.
En sintonía con el sondeo de Circuitos, la
fragilidad política de Cambiemos puede agravarse en los próximos meses si las
condiciones socioeconómicas continúan en caída libre, como parecen advertirlo
las principales consultoras y especialistas económicos, que ofrecen un
horizonte preelectoral, en el mejor de los casos, gris.
En ese sentido, el hecho de que la oposición
venza al macrismo en las próximas elecciones se ha vuelto una posibilidad
cierta. De confirmarse esta hipótesis, el capital político y la influencia del
oficialismo sobre la Justicia se desvanecerán.
¿Qué escenario se le presenta a Macri en
Tribunales? ¿Las causas penales que tiene el actual Presidente pueden
perseguirlo si pierde el poder?
La consigna de “transparencia” ha sido desde sus
inicios un punto crucial de la campaña política de la alianza gobernante. Sin
embargo, ese valor contrasta con los negocios oscuros orquestados por empresas
de la familia presidencial y con las denuncias de aportes truchos de Cambiemos
en la campaña 2015.
La Justicia Federal avanzó con una causa que
salpica al presidente Macri, a sus ex ministros de Energía, Juan José Aranguren
y Javier Iguacel, y a su primo, el empresario Ángelo Calcaterra, quienes se
encuentran acusados de querer vender dos centrales termoeléctricas a un precio
U$S400 millones menor que su valor real. Los funcionarios habían sido
denunciados penalmente en noviembre del año pasado por cuatro diputados del
FpV-PJ.
La nueva causa se añade a otras tres que se
encuentran en trámite contra Macri, y que podrían complicarle el año electoral:
las investigaciones por la compra y reventa de parques eólicos por parte de la
empresa familiar Sideco Americana; los presuntos aportantes truchos para la
campaña 2015; y la condonación por parte de funcionarios de la deuda millonaria
que mantiene el Estado contra Correo Argentino, otra empresa controlada por la
familia Macri.
Compra y reventa de parques eólicos
Haciendo caso omiso a cualquier tipo de
licitación, en sus primeros años de gestión el Grupo Macri compró a la española
Isolux los parques eólicos en Chubut y Pinamar y luego los revendió al Grupo
Macro y a la compañía china Goldwind, operación que le permitió hacerse con
alrededor de U$S70 millones. La negociación se formalizó a través de su empresa
Sideco Americana, según publicó en enero del 2018 el diario Perfil.
Los diputados del FpV-PJ Rodolfo Tailhade y
Martín Doñate presentaron inmediatamente una denuncia que dio origen a la
causa, con el propósito que se investigue por los posibles delitos de tráfico
de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función
pública. El caso está a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
“Es una causa que tiene mucha información para
comprobar el fraude al Estado. Se sigue investigando y la documentación que ha
conseguido el juzgado y la que hemos aportado nosotros indica que claramente la
familia presidencial se hizo de un negocio de manera ilegal, porque la
concesión de parques eólicos se concretó sin ninguna licitación y de manera
irregular con la venia de las máximas autoridades del Estado que era el
encargado de entregar la concesión de esos predios”, señaló Tailhade en diálogo
con Mucho Más que Dos.
“Y nosotros hemos descubierto y aportado
documentación a la causa en la que se verifica que la compañía que está detrás
de todo el negocio es Sideco, la empresa familiar de los Macri, que controló en
todo momento el desarrollo de esta operación”, agregó.
A esa investigación del periodista Juan Amorín,
el diputado la complementó con un documento, que parece confirmar que «una de
las empresas que interviene en esta operación le hace un giro por U$S5 millones
a Gianfranco Macri, que es un poco la forma en que empiezan a repartirse entre
los Macri los U$s70 millones que ganaron con esto”.
Campaña 2015: investigan aportes en negro
En plena carrera presidencial, este año habrá
novedades judiciales sobre el escándalo por los presuntos aportantes truchos de
la campaña 2015 de Cambiemos. La fundación La Alameda, denunciante en la causa,
llevó a cabo un cruce de datos en el que se desprende que empresarios que
investigados por la obra pública en la causa de las fotocopias, pusieron dinero
para la campaña de Macri.
En esta lista también figuran empresarios que
hicieron aportes para solventar a fundaciones ligadas al PRO, lo cual también
está prohibido por ley. Todo comenzó por una investigación periodística, que
puso la lupa sobre aportes en efectivo que no se habían rendido o lo habían
hecho con un monto inferior al real.
Correo: “Si el imputado no fuera el presidente,
estaría procesado”
La Justicia investiga también las
responsabilidades de funcionarios M a la hora de condonar la deuda de $70.000
millones de la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, con el
Estado.
La Procuraduría de Investigaciones
Administrativas (PIA) presentó informes en los que notificaba por
sospechas de que hubo funcionarios y
abogados del Estado que negociaron la condonación con la empresa familiar fuera
de tribunales, en reuniones en edificios gubernamentales.
La diputada Vallejos denunció penalmente al por
entonces titular del Banco Central, Luis Caputo, y a su vicepresidente Gustavo
Cañonero, por “la posible comisión del delito de administración fraudulenta en
perjuicio del erario público”.
Sobre este caso, que tuvo fuerte repercusión
mediática, Tailhade indicó que “esta causa está en pleno trámite, donde
claramente, si el imputado no fuera el presidente de la Nación, estaría
procesado porque hay demasiadas evidencias de que el gobierno nacional intentó
favorecer a la familia presidencial”.
A fines de febrero, el ministro de Defensa Oscar
Aguad -ex titular del Ministerio de Comunicaciones- y el entonces director de
Asuntos Jurídicos de ese misma cartera, Juan Mocoroa, serán indagados por el
juez Lijo por incumplimientos de los deberes de funcionario público y
negociaciones incompatibles con la función pública.
Tailhade evaluó que las causas que más
posibilidades tienen de proseguir su curso y generarle problemas a Macri, son
las activas: parques eólicos y Correo. “Están en trámite porque tienen
demasiada prueba contundente como para archivarlas. Cualquier juez que las
cierre tendría un problema grave de denuncias por mal desempeño de sus
funciones”, puntualizó.
La diputada Fernanda Vallejos denunció
penalmente al ex titular del Banco Central, Luis Caputo, y a su vicepresidente
Gustavo Cañonero, por “la posible comisión del delito de administración
fraudulenta en perjuicio del erario público”.
Consultado sobre qué escenario se le plantea a
Macri en caso de perder las elecciones y que sus causas avancen, Tailhade
señaló: “Si desde el gobierno ven que no van a poder ganar para reelegirse, se
van a rajar, teniendo en cuenta que la mitad del gobierno sobre todo del área
económica, del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, vivían
en Estados Unidos hasta diciembre de 2015. Vivían en Wall Street. Termina el
gobierno de Macri y se retiran”, apuntó.
Otras causas que arrinconan a funcionarios
En un 2018, signado por la crisis cambiaria y
financiera, el gobierno también recibió denuncias por irregularidades en la
gestión de la corrida. Tailhade presentó dos denuncias más contra el presidente
Macri y sus funcionarios, que la Justicia archivó con una celeridad inusitada.
Por su parte, la diputada de Unidad Ciudadana,
Fernanda Vallejos denunció penalmente al por entonces titular del Banco
Central, Luis Caputo, y a su vicepresidente Gustavo Cañonero, por “la posible
comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio del erario
público”.
La economista advirtió que el Banco Central de
Macri sirvió como “garantía de un entramado de negocios que tiene como
beneficiarios a un grupo de corporaciones financieras y económicas
extranjeras”, entre estas la banca JP Morgan, el Deustche Bank y los fondos
“Buitres” Templeton y BlackRock.
El viernes 8 de febrero, en medio del revuelo
por el caso Stornelli, Tailhade pidió la reapertura de la causa contra Mauricio
Macri, los ex funcionarios Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y los
responsables del JP Morgan en Argentina por la corrida de abril y mayo a partir
de una serie de análisis periodísticos. “Todos hablaron que el JP Morgan manejó
información confidencial y que con eso lideró la corrida”, dijo Tailhade.
“Se llevó U$S1200 millones a $20 y en dos o tres días el dólar subió a $25.
Es decir, el inicio de la corrida se generó a partir del manejo de información
confidencial por parte del JP Morgan, lo cual es lógico porque la mayoría de
los funcionarios del área económica y del Banco Central del gobierno nacional
han pasado por ese banco”, sostuvo.
En el pedido de reapertura de la investigación,
el legislador hizo hincapié en una video conferencia que ofreció Luis Caputo en
la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, cuando todavía era
ministro de Finanzas, donde compartió panel con el titular del JP Morgan local,
Facundo Gómez Minujín. Allí, Minujín confiesa haberse reunido con Caputo
durante los días de la corrida cambiaria. Sin embargo, el gobierno se ha negado
a dar información sobre quiénes compraron dólares durante los meses de la
devaluación. “Contaron con información confidencial y privilegiada y con eso
atacaron la moneda argentina”, afirmó Tailhade.
La causa había sido cerrada con argumentos
dogmáticos, en relación a que los hechos que rodearon la corrida cambiaria eran
parte de la política económica del gobierno. “La Justicia Federal es
refractaria, se sacó de encima las dos causas relacionadas a la corrida
diciendo que son cuestiones de política económica que no son judiciables,
cuando en realidad la deuda externa argentina debería estar criminalizada hace
40 años”, concluyó Tailhade.
En los próximos meses, marcados por el clima
preelectoral, el macrismo intentará mantener candente un discurso basado en la
batalla contra la corrupción y la seguridad, mientras tanto la economía y la
situación social del país continuarán empeorando.
Fuente: Proyecto Económico
