jueves, 13 de diciembre de 2018

La Tablada: desaparecidos en democracia

Foto: José Díaz entregándose. Luego sería fusilado y desaparecido (Eduardo Longoni)
Comienza el juicio oral y público por el asesinato de José Díaz. El único imputado es el General Alfredo Arrillaga, máximo responsable del operativo militar que entre el 23 y 24 de enero de 1989 torturó, asesinó y desapareció a integrantes del Movimiento Todos por la Patria, durante el final del gobierno de Raúl Alfonsín.

Entre el 23 y el 24 de enero de 1989, el Movimiento Todos por la Patria (MTP), fundado en la Nicaragua de la revolución sandinista, realizó un intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizado (RIM) 3 General Belgrano de La Tablada. Los hechos se dieron tras sucesivos alzamientos militares, que tenían como finalidad garantizar la impunidad de los militares acusados por las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura genocida. En ese contexto, luego de los levantamientos de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli, los integrantes del MTP deciden la acción, en la que unos 70 integrantes del MTP ingresan al Regimiento.Tras más de 40 horas de resistencia, y ya acorralados por los militares, acuerdan rendirse exigiendo condiciones que garantizaran sus vidas. Temían que los mataran; los hechos demostrarían que lamentablemente sus temores eran razonables. Los ojos de un país entero se posaban entonces sobre La Tablada. El presidente Raúl Alfonsín y el juez federal de Morón, Gerardo Larrambebere, llegaban al regimiento.

Irene Provenzano, hija de Pancho Provenzano, uno de los desaparecidos de La Tablada, y de Claudia Lareu, asesinada en el copamiento, relató en el marco de la radio abierta que se realizó el jueves en la 38º Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que su papá “está vivo hasta el 24 de enero y es uno de los que negocia la rendición de compañeros y compañeras que todavía estaban vivos, y por su trayectoria como militante y por el rol que tenía en el MTP, es particularmente buscado por los militares y separado del grupo de detenidos el día 24, y nunca más vuelven a aparecer”

Los 4 desaparecidos de la Tablada

Como Pancho, Iván Ruiz, Carlos Samojedny y José Díaz permanecen desaparecidos desde ese 24 de enero de 1989.

- José Díaz (Maradona) nació en Santiago del Estero. Militante internacionalista, participó de la lucha revolucionaria en Nicaragua desde el año 1982, donde nace su hijo.  Luego fue parte de la guerrilla en Guatemala, en contra de la dictadura de José Efraín Ríos Montt. En 1987, regresa a la Argentina y se suma al MTP. El 23 de Enero de 1989 ingresa a La Tablada, lo detienen junto a Iván Ruiz. La televisión española registra el momento: Iván y José son capturados y caminan hacia el cuarte con los brazos en alto, escoltados por un soldado. Ese es el último registro de ambos. José fue torturado y fusilado. Desde entonces, ambos continúan desaparecidos.

- Iván Ruiz vivió el exilio en Europa y viajó a la Nicaragua revolucionaria. Con sólo 14 años se alistó como voluntario para integrarse a los batallones de la frontera norte. A fines de 1988 Iván viaja a Buenos Aires para sumarse al grupo del MTP que ingresarían al cuartel. Esa mañana del 24 de Enero es detenido junto a José Díaz. Tenía 20 años, fue torturado y hasta el día de hoy desaparecido.

- Carlos (el Sordo) Samojedny, luego de militar estudiantil, integró  el PRT-Córdoba y, un poco más tarde, la guerrilla rural del ERP en Tucumán. Estuvo preso durante más de diez años, en la cárcel escribió Psicología y dialéctica del represor y reprimido, sobre la supervivencia de los presos políticos en la dictadura. Quedó en libertad en junio de 1984 y se sumó al proyecto con quienes luego fundarán el MTP en Managua. Fue uno de los principales dirigentes del MTP y daba cursos de filosofía y marxismo a los compañeros más jóvenes en el conurbano bonaerense. El 24 de Enero se entregó junto a otros compañeros, fue apartado del grupo por los militares, y desaparecido hasta hoy.

- Francisco (Pancho) Provenzano, militó en la secundaria en plena dictadura de Onganía. Luego se sumó al PRT ERP. Distribuía Estrella Roja y los boletines fabriles entre operarios y vecinos. Fue preso político por primera vez en 1975 en la Cárcel de Devoto, luego en Enero de 1976, durante el gobierno de Isabel Perón. A fines de 1982 recupera su libertad. En 1986 nace Irene, hija de Pancho y Claudia Lareu. Por esos años se suma al grupo que funda el MTP. A partir de 1986 el MTP queda encargado de la tarea de pensar un diario de izquierda que atendiera la problemática de Derechos Humanos, y en 1987 sale a la calle como Pagina/12. La mañana del 24 de Enero de 1989, agitando  un trapo blanco, fue el encargado de hablar con el jefe del operativo militar, Arrillaga. Su reclamo de garantías es aceptado. Con las manos en la nuca, y una herida de bala en un brazo, Pancho cierra la fila de compañeros que se entregan. Minutos más tarde los militares lo apartan del resto. Segundos después es fusilado y su cuerpo habría sido quemado. Hoy aún está desaparecido.

Irene Provenzano repasa las particularidades de los cuatro casos. “Sobre Iván y José hay mucha documentación fílmica y fotográfica del momento en que ellos se rindieron y fueron puestos a disposición de fuerzas militares, que se los llevaron desarmados hacia el fondo del cuartel. Nunca más se encontraron sus cuerpos. Hubo una versión militar en ese momento, que pretendió hacer creer que Iván y José se habían escapado de una ambulancia. Esa fue la versión que el juez a cargo de la causa, (Gerardo) Larramebebere, y los fiscales creyeron (entre ellos Nisman). En el caso de mi viejo y de Carlos Samojedny, se rindieron el 24 de enero. Los militares los separaron explícitamente a ellos dos. Se los llevaron y no sabemos qué pasó después de eso”, contó Irene en diálogo con La Retaguardia. Algunos testigos incluso dijeron escuchar que les decían “a ustedes les venimos siguiendo la carrera hace rato, que suerte que nos volvemos a encontrar acá”.

El juicio

Después de 30 años, este lunes 10 de diciembre –paradójicamente el mismo día en que se celebra la restauración democrática- y luego de la intervención y exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se realice “una investigación independiente, completa e imparcial de los hechos acontecidos a partir del 23 de enero de 1989 (…) con el objeto de identificar y sancionar a todas las personas que resulten individualizadas como responsables de las violaciones a los derechos humanos”, comienza el primer juicio contra el General Alfredo Arrillaga, principal responsable del operativo militar de recuperación del cuartel de La Tablada y de la muerte y desaparición de los integrantes del Movimiento. De lo se tratará también en este juicio es de sentar las bases para futuras acusaciones por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra los integrantes del MTP luego de la rendición, en pleno período democrático: “cuando se produce la rendición de los compañeros se cometen todas las violaciones a los derechos humanos que se habían cometido en la dictadura y en la mayoría de los casos, en manos del mismo personal militar que había sido protagonista en la década del '70. Después de 30 años logramos que llegue a juicio oral el caso por uno de los compañeros que está desaparecido, José Díaz”, agregó Irene Provenzano.

La continuidad entre las violaciones a los derechos humanos en dictadura y en democracia parece sintetizada en el accionar del imputado en el juicio que empieza el lunes. “Arrillaga tiene muchas condenas por delitos de lesa humanidad. Tiene prisión domiciliaria y más de 80 años. Actuó en la trágica ‘Noche de las corbatas’, en 1977 en Mar Del Plata; es un represor consolidado y uno de los fundamentales. Fue el que asumió el mando en la recuperación del cuartel, quien estuvo a cargo de la rendición y de la integridad de la vida de los compañeros, y es el responsable de la muerte y desaparición de cuatro de ellos” afirmó Irene.

Juicio y castigo a los culpables

La imputación por la que hoy llega a juicio Alfredo Arrillaga es del 2009. Irene también se refirió, en la radio abierta de la reciente marcha de la resistencia al proceso de lucha por justicia y castigo a los responsables: “No es que la justicia de hoy decidió imputar a Arrillaga. Es un proceso muy largo de la lucha de compañeras y compañeros militantes y abogados de la causa que permite que lleguemos a juicio hoy. Aún en esta coyuntura tan represiva en términos de los derechos humanos, nuestras expectativas son altas. Muchas ya están cumplidas, en términos de que haya llegado a juicio oral y de que podamos estar hablando de esto y amplificando a toda la comunidad comprometida lo que tiene que ver con la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en La Tablada. Eso es un logro y un desafío alcanzado. Esperamos que se condene a Arrillaga por su responsabilidad de La Tablada, pero nuestra expectativa también es que a partir del juicio podamos recoger pruebas para imputar a muchos responsables más, que son responsables no sólo de lo que pasó con José, sino de lo que ocurrió con el resto de los compañeros”.

En La Tablada no solamente hay que denunciar las desapariciones, también hubo torturas, fusilamientos y ejecuciones sumarias a integrantes del MTP que se encontraban ya desarmados después de la rendición. De acuerdo a Irene Provenzano, “hubo torturas a los compañeros cuando estaban presos y a disposición del juez. Hubo complicidad judicial y política de encubrimiento a lo que pasó en La Tabalada”. A pesar del contexto adverso, “la expectativa es que todo esto tenga una plataforma de visibilidad y una consecuencia después en términos jurídicos, en futuras imputaciones y futuros juicios. El juicio es, para nosotros, una primera plataforma de denuncia y búsqueda de justicia, y esperamos que nos permita seguir en juicios posteriores buscando la verdad y consiguiendo el castigo para los responsables”.

Cabe recordar que quienes sobrevivieron al copamiento sufrieron vejámenes y torturas y padecieron más de 10 años de prisión, logrando su libertad plena recién en 2002, tras una ardua lucha de organizaciones de derechos humanos y movimientos de izquierda, que incluyó una prolongada huelga de hambre de los presos políticos del MTP. Fueron indultados por el presidente Eduardo Duhalde, junto a Mohamed Alí Seineldín, preso por sus levantamientos militares; otra vez la teoría de los dos demonios.

El juicio se desarrollará en el Tribunal Oral Federal Número 4 de San Martín, presidido por Alejandro De Corvez, los días 10, 12 y 14 de diciembre, así como el 3, 4, 7, 9, 11, 14 y 15 de enero de 2019, y la sentencia se prevé que podría estar el 5 de febrero. Desde la Comisión por verdad y justicia por los crímenes cometidos en la represión de La Tablada, se convoca a acompañar este proceso judicial, para amplificar la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en democracia como en dictadura, y lograr además de la condena judicial, la condena social de los responsables políticos y materiales de las/os asesinadas/os y desaparecidos de La Tablada.

Fuente: Agencia Paco Urondo

Aldo Pignanelli lapidario con el gobierno de Macri: “Para fin de año se estima un pobreza cercana al 40% y para el año que viene una inflación del 35% y una posible corrida cambiaria”


El economista Aldo Pignanelli, que presidió el Banco Central de la República Argentina entre julio y diciembre de 2002, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde,
destrozó al gobierno con cifras apabullantes de la pobreza y de una posible corrida cambiaria: “Hoy se publicó la pobreza que trimestralmente informa la Universidad Católica Argentina (UCA), datos a septiembre, casi el 34% de pobreza. Pero todavía no capturó ese dato la altísima inflación de octubre, noviembre y diciembre, con lo cual se estima para fin de año una pobreza cercana al 40%” y agregó para desconsuelo del gobierno “La inflación es una fábrica de pobre y a mí me da un piso la inflación para el año que viene del 35%, que sigue siendo altísima. Este año vamos a tener una inflación anual arriba del 48% (...) Las tarifas, según el propio gobierno, el año que viene se tienen que  aumentar un 70%, luz, gas y transporte público. Y hay ahí un tema muy complicado, a pesar de haber aumentado un 1000%, ¡hoy el subsidio a las tarifas es más alto que hace un año!. En el mes de octubre el gobierno tuvo que pagar 30.000 millones de pesos de subsidio mensual  a las empresas petroleras, a las energéticas y a las de transporte. Si anualizás los 30.000 millones de pesos, son ¡360.000 millones de pesos sólo de subsidios anualizados, eso da algo así como ¡10 mil millones de dólares al año! Y para empeorar aún más el futuro que nos espera Pignanelli destapó las cifras que significa el pago de los intereses de la deuda que comenzará el año que viene: “Vamos a terminar pagando este año más de 600.000 millones de pesos”, esos son ¡20.000 millones de dólares!

miércoles, 5 de diciembre de 2018

Magnetto quiere preso a Víctor Hugo


“Me quieren preso” Víctor Hugo estalló contra Magneto tras ser procesado por la Justicia de Clarín

martes, 4 de diciembre de 2018

Empleo de armas de fuego: Patricia Bullrich oficializó la doctrina Chocobar


Se publicó hoy en el Boletín Oficial un nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. "Es transformar en regla de acción policial la 'doctrina Chocobar'", reflexionó el abogado de la Asociación Contra La Violencia institucional (ACVI), Matias Busso.

La multiplicación exponencial de casos de gatillo fácil bajo el Gobierno de Mauricio Macri encontró en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una fiel defensora de las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad. Así fue en el asesinato de Juan Pablo Kukoc, que derivó en la llamada doctrina Chocobar, y en tantos otros casos (Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Ferreyra, y el listado sigue), que se reprodujeron en todo el país en años de gestión cambista.

En este marco, se publicó hoy (con el trasfondo de la cumbre internacional del G-20) en el Boletín Oficial un nuevo reglamento para la utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad elaborado por la ministra de Seguridad. El documento flexibiliza los reglamentos vigentes y deroga las recomendaciones de Naciones Unidas para la utilización de armas de fuego. Según el flamante documento, los efectivos policiales estarán habilitados a disparar frente a un "peligro inminente".

El documento considera “peligro inminente” un amplio abanico de posibilidades que abre el uso discrecional de armas de fuego por parte de los efectivos policiales. “Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas. Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal. Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal. Cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de ataque. Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona. Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves. Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas”, señala el texto.

De esta manera, los efectivos policiales podrán esgrimir una seria de excusas en casos de fusilamientos a ciudadanos. Desde la Correpi se refirieron al tema y señalaron que “la norma hoy publicada en el Boletín Oficial habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”.  Además, faculta a emplear el arma de fuego en caso de fugas para concretar una detención. "Es lisa y llanamente, legitimar el gatillo fácil", denunciaron

El artículo 2 del flamante reglamento autoriza a agentes policiales a emplear el uso de armas de fuego y justificarlo con una serie de excusas en un amplio abanico de situaciones que incluyen impedir la comisión de un delito para proceder a la detención o para impedir una fuga.  “La crónica policial registra media docena de historias que pueden tomarse de modelo. Éstas son algunas de las que aparecen en boca policial en las causas por gatillo fácil: ´Creí que podía estar armado… Tenía la obligación de evitar la fuga… Hizo un movimiento sospechoso… Pensé que iba a cometer un ilícito… Vi un arma, no sabía que era de juguete…´´", enfatizaron desde la Correpi.

Cabe recordar que la reglamentación vigente hasta el momento establecía criterios diferentes a los impulsados por el Ejecutivo Nacional en la defensa del accionar del efectivo policial Chocobar. Según detallaba el Manual de Capacitación Policial de la Policía Federal  “todas las técnicas y tácticas policiales privilegian el resguardo de la vida e integridad física de las personas”.  De esta manera, la nueva normativa deroga criterios utilizados según las directrices del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU (1979) y Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU (1990).  El código establece que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. Asimismo en se habilita el uso de la fuerza “sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas”.

En este contexto, el abogado de Asociación Contra La Violencia institucional (ACVI), Matias Busso dialogó con AGENCIA PACO URONDO y analizó el documento de la cartera de Seguridad. “El nuevo reglamento implica la legitimación del uso irracional del arma de fuego. Es similar a habilitar el uso de arma de fuego siempre. Sin acatar los criterios de proporcionalidad, racionalidad y excepcionalidad del uso del armamento letal, que exigen los principios la havana (Onu)”, señaló.  “Es transformar en regla de acción policial la ´doctrina Chocobar´´”, añadió el abogado.

En este mismo sentido se expresaron los organismos de Derechos Humanos en un documento firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas,  Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, entre otros. “El gobierno nacional toma esta decisión cuando se realiza en Buenos Aires la reunión del G20 y en vísperas de una gran manifestación que se prepara para repudiar las políticas que producen miseria y muerte para la gran mayoría de los pueblos del mundo”, advirtieron. 

Los organismos cuestionaron el texto que “habilita a las fuerzas federales de seguridad a usar armas de fuego, violando el principio de inocencia de las personas hasta demostrar lo contrario y ´legalizando´ la implementación de la violencia por parte del Estado responsable de proteger la vida y garantizar la seguridad de ´todas´ las personas. El uso desmesurado y desproporcionado del poder de fuego letal provocará mayores daños; manifestarse y peticionar no es un delito, sino un ejercicio de un derecho consagrado en nuestra Constitución y en los tratados incorporados a ella”.

Fuente: Agencia Paco Urondo

¿Qué pasó con Santiago Maldonado?

CELS: "El juez Lleral decidió cerrar la investigación sin tener en cuenta que ocurrió en el contexto de un operativo represivo"
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado sobre la decisión de Gustavo Lleral de cerrar la causa que investigaba qué paso con Santiago Maldonado, el joven que murió en el marco de una represión de Gendarmería.

Por el CELS

El juez Gustavo Lleral decidió cerrar la investigación de la muerte de Santiago Maldonado. De acuerdo al juez, la desaparición y la muerte de Santiago se produjeron por “la confluencia” de “simples y naturales realidades” que resultaron “inevitables”. Es decir que, según su análisis, no habría ninguna conexión entre la incursión irregular de la Gendarmería en el territorio de la Pu Lof, el uso de la fuerza, la persecución de los manifestantes y la muerte de Santiago cuando intentaba escapar. Esta construcción de los hechos, a la que el juez presenta como la verdad, no hace más que justificar la violencia estatal.

Escindir un operativo de seguridad, que en este caso implicó la ocupación de un territorio, de las consecuencias que pueda tener para la integridad y la vida de las personas es un antecedente grave que legitima ese tipo de intervención estatal en los conflictos. De inmediato, la ministra Bullrich sostuvo que conectar la muerte de Santiago con el operativo de Gendarmería es “engañar a la sociedad”.

El Estado tiene la obligación de investigar exhaustivamente todas las hipótesis que puedan haber conducido a la muerte de Santiago en el marco de una represión. Sin embargo, desde agosto de 2017 su principal ocupación es desligarse de su obligación de hacerlo y atacar a las víctimas.

Fuente: Agencia Paco Urondo

Indignante: casi la mitad de los niños argentinos son pobres


De acuerdo a un informe de Unicef, el 48% de los menores de 18 años carece de uno o más de los derechos básicos. La cifra aumentó respecto al año pasado.

Casi la mitad de los niños y adolescentes en Argentina son pobres por tener, al menos, un derecho básico insatisfecho, y el 42% vive en hogares con ingresos insuficientes. Las lamentables cifras fueron difundidas por un estudio de Unicef, que realizó una medición de manera multidimensional.

El informe arrojó que el 48% de Argentina se encuentran bajo la línea de pobreza. La investigación se basó en el análisis de privaciones no monetarias y tomó en cuenta distintas dimensiones que vulneran los derechos.

De este modo, el estudio reportó que en Argentina unos 6,3 millones de menores de 18 años carece de uno o más de los derechos básicos, como educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso a agua potable y un hábitat seguro. La metodología de medición multidimensional es más específica que la que apunta a los parámetros de ingreso económico en los hogares, según indicó el informe.

El trabajo tomó como pilar la última información disponible de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, que corresponde al primer semestre de 2018. Respecto al año pasado, el indicador creció un 0,3%.

Fuente: El Destape

DECIMO ANIVERSARIO DE LA PRESENTACION DE LA UNICA QUERELLA EN EL MUNDO CONTRA LOS CRIMENES DEL FRANQUISMO

Los primeros querellantes: Inés García Holgado y Darío Rivas junto a Nora Cortiñas, titular de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundador...