“Oficialmente, aumentó el
número de personas en la calle. Es una catástrofe. Se
produjeron cinco fallecimientos por frío en Argentina en las últimas semanas
por esta causa”, aseguró el fundadore de Red Solidaria. Situación social: “Empieza a haber más demanda
de comida en los comedores comunitarios”
Lo sostuvo el titular de la Red Solidaria, Juan
Carr, en relación al empeoramiento de la situación social.
El fundador de Red Solidaria, Juan Carr, habló
con preocupación de la situación social y se refirió al agravamiento de las
condiciones de las personas en situación de calle. En el marco de una
entrevista con FM La Patriada, Carr aseguró que “oficialmente, aumentó el
número de personas en la calle. Es una catástrofe”; a su vez señaló: ”Se
produjeron cinco fallecimientos por frío en Argentina en las últimas semanas
por esta causa”.
En esta misma línea, el creador de la Red
Solidaria destacó que se trata“es un
momento complejo para el país”.Asimismo, subrayó la problemática de las personas sin hogar que viven en
la Ciudad de Buenos Aires. “Hace unos cuatro años, teníamos 800 personas en
situación de calle en la Capital, hoy hay al menos 1100 casos”, explicó.
Por otro lado, Carr se refirió a las
estadísticas de pobreza en Argentina y señaló que “empezaron a aparecer chicos
con bajo peso porque empieza a haber más demanda de comida en los comedores
comunitarios”. En este sentido, señaló que “es posible que los casos de bajo
peso hayan aumentado”, y expresó: “Es insoportable ver a un chico desnutrido o
a una persona en situación de calle”.
“Mi obsesión es hambre cero. Del 2002 al 2008 se
dio la baja más fuerte en este tema”, concluyó.
“Sentimos abandono por parte del Gobierno
nacional y de la Armada”, sostuvieron tras reunirse con el ministro Aguad.
Familiares de algunos de los 44 tripulantes del
submarino ARA San Juan se encadenaron hoy en la Plaza de Mayo, con el objetivo
de que el Gobierno acelere los pasos para licitar a una empresa que continúe
con la búsqueda de la nave marítima, desaparecida el pasado 15 de noviembre.
“Sentimos abandono por parte del Gobierno
nacional y de la Armada. Manifestamos nuestro dolor viniendo a acampar a la
Casa Rosada. No nos vamos a mover hasta que el Gobierno resuelva esta situación
de buscar una empresa de cualquier país, que sea viable para hallar al submarino
y a sus tripulantes”, indicaron las mujeres apostadas allí.
Además, pidieron el “apoyo de toda la población”
y que “la gente se acerque” para “que vean y conozcan” el “dolor” de ellas
Estas mujeres junto a otros familiares habían
mantenido más temprano una reunión con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que
duró unos 90 minutos y que se tornó más que tensa. “La preadjudicación no está
anulada”, aseguró al portal lanación.com Luis Tagliapietra, que es abogado y
padre de uno de los desaparecidos.
Tagliapietra, quien participó de la reunión,
reveló que Aguad les explicó que “se le corrió vista sobre la denuncia contra
la empresa preadjudicada a la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) para que
se expida sobre el planteo de una de las abogadas querellantes”.
“Se comprometió en 48 horas firmar la
contratación. Fue muy positiva la reunión y sigue en pie la preadjudicación a
Igeotest hasta que salga la resolución de la ONC para ver cuál es si visión”,
remarcó.
Además de Aguad, participaron de la reunión el
jefe de la Armada, el vicealmirante José Luis Villán; Graciela Villata,
secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar, y
uno de los técnicos de la comisión evaluadora. (NA)
Mientras la Selección Argentina lograba pasar a
una nueva ronda del campeonato mundial de fútbol, en Rawson, provincia de
Chubut, los trabajadores docentes y estatales seguían reclamando a la espera
del encuentro para resolver las paritarias cuando la policía empezó a arrojar
gas pimienta y balas de goma. La represión empezó por orden del gobernador.
Desde ATE Chubut informaron que la reunión
paritaria convocada para el mediodía con gremios docentes empezó con 5 horas de
atraso, sin la presencia del gobernador. Se suspendió la paritaria que habia
comenzado hace menos de una hora.
Al escribir este post los dirigentes gremiales
continuaban dentro del edificio, pero pidieron “no continuar la reunión hasta
que se termine la represión en las calles”.
Fuentes: https://tallerlaotra.blogspot.com/2018/06/no-son-festejos-por-el-triunfo-de.html El Intransigente
Lo sabe un chico de cuatro años, de salita
celeste, que ni siquiera sabe hablar correctamente.
Lo sabe un chico de seis años, que ni siquiera
sabe escribir.
Lo sabe un chico de doce años, que desconoce
todas las materias que le deparará el secundario.
Lo sabe un adolescente de diecisiete años,
aunque sea la edad de las confusiones, la edad en la que nada se sabe con
certeza.
Lo saben sus padres.
Lo saben sus abuelos.
Lo sabe el tutor o encargado.
Lo saben los que no tienen estudios completos.
Lo sabe el repetidor.
Lo sabe el de mala conducta.
Lo sabe el que falta siempre.
Lo sabe el rateado.
Lo sabe el bochado.
Lo sabe hasta un analfabeto.
No se le pega a un maestro.
No se le puede pegar a un maestro.
A los maestros no se les pega.
Lo sabe un chico de cuatro años, de seis, de
doce, de diecisiete, lo saben los repetidores, los de mala conducta, los
analfabetos, los bochados, sus padres, sus abuelos, cualquiera lo sabe, pero no
lo saben algunos gobernadores.
Son unos burros.
No saben lo más primario.
Lo que saben es matar a un maestro.
Lo que saben es tirarles granadas de gas
lacrimógeno.
Lo que saben es golpearlos con un palo.
Lo que saben es dispararles balas de goma.
A los maestros.
A maestros.
Lo que no saben es que se puede discutir con un
maestro.
Lo que no saben es que se puede estar en
desacuerdo con lo que el maestro dice o hace.
Lo que no saben es que un maestro puede tener
razón o no tenerla.
Pero no se le puede pegar a un maestro.
No se le pega a un maestro.
A los maestros no se les pega.
Y no lo saben porque son unos burros.
Y si no lo saben que lo aprendan.
Y si les cuesta aprenderlo que lo aprendan
igual.
Y si no lo quieren aprender por las buenas, que
lo aprendan por las malas.
Que se vuelvan a sus casas y escriban mil veces
en sus cuadernos lo que todo el mundo sabe menos ellos, que lo repitan como
loros hasta que se les grabe, se les fije en la cabeza, lo reciten de memoria y
no se lo olviden por el resto de su vida; ellos y los que los sucedan, ellos y
los demás gobernadores, los de ahora, los del año próximo y los sucesores de
los sucesores, que aprendan lo que saben los chicos de cuatro años, de seis, de
doce, los adolescentes de diecisiete, los rateados, los bochados, los
analfabetos, los repetidores, los padres, los abuelos, los tutores o
encargados, con o sin estudios completos:
Que no se le pega a un maestro.
No se le puede pegar a un maestro.
No debo pegarle a un maestro.
A los maestros no se les pega.
Sepan, conozcan, interpreten, subrayen,
comprendan, resalten, razonen, interioricen, incorporen, adquieran, retengan
este concepto, aunque les cueste porque siempre están distraídos, presten
atención y métanselo en la cabeza: los maestros son sagrados.
El sistema sanitario de Cuba consiguió, en 2017,
la menor tasa de mortalidad infantil de su historia: 4,0 por cada mil bebés
nacidos vivos. Menor que la de EEUU y Canadá (1).
Es un indicador que avala cada año la
Organización Mundial de la Salud (2). Pero al que supuestos analistas expertos
han descubierto su “trampa”.
Juan Ramón Rallo publicaba en “El Confidencial”
y otros medios digitales un texto titulado “Cómo manipula Cuba sus estadísticas
de salud” (3). En él asegura que “la alta esperanza de vida y la baja
mortalidad infantil” en la Isla “no se explican (…) por la excelencia de su
sistema sanitario socialista”, sino por “la manipulación estadística y (…) la
represión estatal”.
Veamos. En Cuba la esperanza de vida es de 79,5
años, un año más que en EEUU. Rallo lo explica como un “efecto no intencionado
del racionamiento” en la Isla. La “pobreza impuesta –leemos- debería acarrear
efectos adversos sobre la salud, (…) pero en algunos casos puede tener,
paradójicamente, un efecto positivo sobre la misma”. Explica que en EEUU se
vive menos por tres factores: los accidentes de tráfico, el abuso de drogas y
las armas de fuego. “El racionamiento cubano de vehículos” –nos asegura- “elimina
prácticamente la mortandad por accidentes de tráfico” y “promueve un estilo de
vida más saludable”, al igual que “la prohibición de las drogas o de las
armas”. Conclusión: “la pobreza impuesta por el socialismo” –leemos-
“contribuye a mejorar las estadísticas sanitarias” de Cuba.
Después de pasar este buen rato, pasemos al tema
de la mortalidad infantil, 1,7 puntos inferior en Cuba que en EEUU. Dos son las
razones, según el texto de “El Confidencial”: una, “las mujeres con embarazos
de riesgo” serían forzadas “a abortar”; y dos, las muertes neonatales serían
“reclasificadas” como muertes fetales (4).
Ambas prácticas se explicarían porque “los
facultativos cubanos” –leemos- “tienen incentivos” y “son recompensados en
función de los objetivos cumplidos”. Así es cómo Cuba reduciría tanto su índice
de mortalidad infantil, engañando a expertos de Naciones Unidas (5).
Por supuesto, ni una prueba, ni un testigo. Ni
el testimonio de una sola mujer obligada a abortar. Tampoco una mínima
explicación sobre cuáles serían esos misteriosos “incentivos” que llevan al
personal de los hospitales cubanos a forzar abortos y manipular estadísticas.
Sin embargo, este texto, y otros con similares
fabulaciones, han sido publicados en no pocos medios internacionales (6).
Por cierto, su autor, Juan Ramón Rallo, es el
director del Instituto Juan de Mariana, un think tank expañol defensor del
neoliberalismo extremo (7). La fuente para su reportaje: un texto publicado en
la revista “Health Policy and Planning” (8), cuyos autores pertenecen al
Instituto de Libre Mercado de Texas (Texas Free Market Institute), cercano al
Tea Party republicano y que ampara todo tipo de estudios en contra de la
sanidad pública (9).
Monseñor Oscar Ojea expresó: "Tenemos una honda preocupación por el momento en que
vive la Patria. El ajuste no lo tienen que pagar los pobres. En el país del Papa se escamotea su pensamiento".
Semana Social: Vidal y Stanley se fueron
enojadas, no hablaron con la prensa y "operaron" a Monseñor Lugones
con Clarín
La Gobernadora bonaerense y la Ministra de
Desarrollo Social de la Nación participaron del la mesa inaugural de la Semana
Social 2018 organizada por la Pastoral Social de la aIglesia Católica
Argentina, ante la replica del obispo Lugones a María Eugenia Vidal."Hacer y estar tienen que ser hechos
concretos", dijo Vidal y Lugones apuntó: "También es necesario
sentir, hace falta sensibilidad social" también dijo: "las
estadísticas están bien, los números están bien; pero la gente está muy
mal".
El acto inaugural de la Semana Social 2018
organizado por la Comisión de Pastoral Social del Episcopado argentino tuvo un
comienzo inesperado, picante y sus consecuencias. Tras el acting que ofrecieron
María Eugenia Vidal y Carolina Stanley de chicas prolijas, educadas, preparadas
y geniales gestionadoras de un Gobierno que "hace todo bien", no se
esperaban la dura respuesta del titular de la Pastoral Social, obispo de Lomas
de Zamora, Jorge Lugones.
La ex troska allá en diciembre del 2001,
militante del PO, Carolina Stanley, cuando era una niña rebelde de papá; el
banquero Guillermo Stanley, el ex presidente del Citibank y la ex pejostista
María Eugenia Vidal mientras seguía firmemente los consejos de su mentor
"El Guasón" Rodriguez Larreta en la Fundación Sofía que por ese
entonces supo hacer destrosos en el PAMI "delaruista" y en el IPS
bonaerense apañado por el jubilado "massista" Jorge Sarghini. Ahora,
ambas, "mal acostumbradas" a los adoradores de serpientes de los
Movimientos Sociales y al ex periodismo independiente devenido en militante del
PRO que las tratan como dos "superpoderosas",
"supergianles", "super, super" no se esperaban la respuesta
del jesuita Lugones, que como los fundadores de la Orden, ayer con la espada,
hoy con la palabra filosa defienden sus creencias y convicciones cristianas
desde la Teología del Pueblo.
Ambas en plan de carrera para formula
presidencial y confiadas en la reunión que tuvo Vidal con el Papa Francisco por
un lado y en los halagos que le hace a Stanley algún "quiosquero" que
le encanta mencionar su relación con Francisco hicieron su acting marketinero y
más aun teniendo en cuenta que la organización del evento a los familiares del
pesquero "Repunte" que querían pasar para hablar con Vidal se les
pidió que abonaran la entrada al "encuentro"; así lo expresaron
frente al microfono de Cadena BA y se quedaron esperando en una puerta por la
que Vidal jamás pasaría.
Todo a pedir de rosas para la presidenciable
Vidal en caso que el "circulo rojo" baje a Macri por no ser
competitivo o la posible compañera de formula de Mauricio, la "Evita
Capitana" Stanley; pero no calcularon que los Jesuitas son los Jesuitas y
nunca de quedaron callados ante quienes detentan el poder político y llevan al
Pueblo a la pobreza, miseria e indigencia.
Durante su alocución la gobernadora Vidal
"igualadores sociales: la salud, la educación y el trabajo", al
tiempo que exhortó a todos los sectores a "trabajar más juntos que
antes" sin "confrontaciones y sin prejuicios".
"Hacer y estar tienen que ser hechos
concretos. La inclusión no es un discurso: al final del día, la discusión sobre
la inclusión es te importa o no te importa, te ocupás o no te ocupás, tan
concreto como un plato de comida", sostuvo Vidal al participar junto con
la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, del acto de
apertura de la Semana Social 2018, organizada en la ciudad de Mar del Plata por
la Comisión Episcopal de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal
Argentina (CEPAS).
Lugones, filoso recogió el
"guantelete" de Vidal y apuntó: "También es necesario sentir,
hace falta sensibilidad social" y aseveró: "las estadísticas están
bien, los números están bien; pero la gente está muy mal".
Anteriormente, monseñor Oscar Ojea, en el mismo
panel había dicho: "Tenemos una honda preocupación por el momento en que
vive la Patria. El ajuste no lo tienen que pagar los pobres" y sostuvo:
"En el país del Papa se escamotea su pensamiento".
Además, Lugones tiró un centro al para de la CGT
del próximo lunes 25. "La huelga" es "una herramienta que
propone la Doctrina Social de la Iglesia cuando se dan situaciones de
injusticias sociales", en la previa a la inauguración de la Semana Social
en una rueda de prensa y aseguró que "también hay injusticias dentro de
los aumentos", al referirse que a lagunos trabajadores le dan el 25 % de
aumento y a los docentes solo el 15 %.
Ambas dirigentes del PRO, se retiraron raudamente
con caras de pocos amigos y sonrisa forzada sin hablar con la prensa,
pareciéndose a ese kirchnerismo duro que tanto criticaban en el 2015 que
destrataba, ninguneaba e ignoraba a la prensa independiente y libre, Cadena BA
que estuvo a metros de ambas no les pudo arrancar una declaración o el
simplemente "ahora no" que saben utilizar algunos funcionarios o
funcionarias cuando no desean hablar. Sí Cadena BA habló con el obispo Mestre
de Mar del Plata, que dijo que los dichos de Stanley y Vidal que "habían
resultado creíbles", y la dirigente radical marplatense y actual concejal
Vilma Baragiola quien se sintió consternada por los dichos de Lugones y le dijo
a Cadena BA que a "un invitado no se lo maltrata" resaltando "el
trabajo y sinceridad de la Gobernadora".
Pero la respuesta del "macrismo" a
Lugones no se hizo esperar, suponen desde las cercanías a la Pastoral Social y
fue en una nota del diario Clarín, donde el periodista Guillermo Villarreal,
corresponsal del medio en Mar del Plata a la nota que contó lo ocurrido y
además escribió: "Lugones es el obispo de confianza del Papa Francisco y
además, tío del ex intendente kirchnerista de La Plata, Pablo Bruera, y de
Mariano Bruera, actualmente detenido por estar acusado de liderar una banda de
ex funcionarios de la Municipalidad, que durante la gestión de su hermano, se
dedicaba a coimear a los beneficiaron del plan Procrear".
Lo que no dice, Villarreal, que el obispo
Lugones, con sus sobrinos tiene un trato menos que lo que sería la formalidad
familiar por la suma de circunstancias "poco claras" que rodean los
que fueron los años de gestión al frente del Municipio platense y que el Obispo
es hermano de Carlos Eduardo Lugones, estudiante de medicina de la UNLP
desaparecido por la ´dictadura cívico militar.
Ante todo esto, también se anotó el radical
Manuel Ochandio, titular del Instituto Laico de Estudios Contemporaneo de
Argentina (ILES)se refirió a las palabras del obispo Lugones. "Debería ser
más prudente, dado que mientras muchas familias están pasando por situaciones
sumamente difíciles, recibe una cuantiosa asignación por parte del Estado, la
que está muy por encima del salario promedio de los trabajadores argentinos.
Primero que renuncie a ese beneficio otorgado por la última dictadura, y
después estará en condiciones hablar de sensibilidad social", señaló.
Por otra parte, Ochandio sostuvo que "salir a
tirar nafta para alentar un conflicto social es la actitud más perversa del
clericalismo. Ya nos tienen acostumbrados al chantaje político. Si no se
estuviera debatiendo la legalización del aborto en Argentina hablarían de la
resignación frente a la adversidad, y nos recordaría que son bienaventurados
los mansos".
Luego de concentrar frente a la sede de la
dirección de la empresa, marcharon a 7 y 50 . Exigen la continuidad laboral y
un aumento salarial del 30 %.
Los trabajadores vienen en un proceso de
organización y movilizaciones contra la intervención impuesta por Vidal hace ya
más de un mes. Como fue votado en la asamblea general realizada el día jueves,
y ante la falta de respuestas de la dirección de la fábrica, ganaron las calles
y concentraron en el centro platense.
Juan Contrisciani, miembro de la agrupación
Marrón, planteó: “La pelea continúa con el paro del 25 pero haciendo de la
convocatoria de la CGT -que viene perdonándole la vida a Macri- una verdadera
jornada de lucha con cortes y movilizaciones para que la bronca contra el
ajuste, los tarifazos y el acuerdo con el FMI que recorre los lugares de
trabajo y estudio se exprese en las calles. Además, desde La Marrón en el
Movimiento de Agrupaciones Clasistas estamos reclamando la continuidad de un
plan de lucha hasta derrotar los planes del gobierno. No podemos quedarnos en
paros aislados y sin movilización. Por eso convocamos a concentrar el lunes a
la subida de la Autopista La Plata-Buenos Aires".
Los últimos tiempos una palabra viene sonando
mucho en los medios de comunicación y en los análisis políticos sobre América
Latina: el Lawfare.
La palabra viene del libro sobre estrategia
militar Unrestricted Warfare, y se refiere a “un modo de guerra no convencional
en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”.
Este concepto refiere a las embestidas
judiciales, en la mayoría de los casos sin sustento real en pruebas, contra
líderes políticos y dirigentes sociales, por parte de los grandes poderes
concentrados que utilizan el poder judicial para encarcelar o proscribir a
aquellos que consideran sus enemigos principales.
El caso más sonado del continente es el de
Brasil, donde primero utilizaron este mecanismo para sacar a Dilma Rousseff de
la presidencia y recientemente para meter preso al expresidente y principal
candidato electoral, Luiz Inacio Lula da Silva.
La persecución política y el desprestigio son
las principales metas de este mecanismo jurídico-político. Su principal aliado
son los grandes medios de comunicación que replican constantemente las
acusaciones, sin fundamentar o mostrar pruebas, generando la masa crítica
necesaria para poder desplegar con el consentimiento de la sociedad civil, las
arremetidas contra los políticos que desean sacarse del camino.
No es casual que además de los nombrados
brasileños, estén intentando hace meses lo mismo con la argentina Cristina
Fernández de Kirchner, donde ya usaron un globo de ensayo con el
encarcelamiento del que fuera su vicepresidente, Amado Boudou, su secretario de
legal y técnica, Carlos Zannini, y los dirigentes sociales Luis D'Elía, Yusuf
Khalil y Fernando Esteche.
La elección de Ivan Duque, delfín del ex
presidente Álvaro Uribe Velez, trae una serie de implicancias geopolíticas a
las que estar atentos. Lejos de la entronación de un candidato de “derecha” en
un lejano país, es la demostración del avance del esquema de terror y muerte
capitalista en el continente.
El resultado de las elecciones en Colombia si
bien decepciona no sorprende. Quizás si sorprenda la poca relevancia y análisis
de la mayoría de los medios masivos nacionales. Incluso aquellos que se
declaran “progresistas” o “de izquierda”. Las implicancias geopolíticas de esta
elección para América Latina y Argentina en particular no son menores. No se
trata de la elección de un candidato de “derecha” en un país que pareciera
lejano y no hermano. El nuevo presidente Ivan Duque, delfín del ex presidente
Álvaro Uribe Velez, es parte de un entramado narcoparamilitar que ha
aprovechado la guerra, y también la “paz”, para la implementación de proyectos
extractivistas de todo tipo. Aquello que las y los cumpas zapatistas llaman “la
cuarta guerra mundial”. Una guerra contra los pueblos en pos del saqueo de sus
recursos.
Historia de muerte capitalista
Según
las Naciones Unidas, durante cada día de los primeros cuatro años del gobierno
de Uribe, 8 personas fueron asesinadas y 5 detenidas arbitrariamente. El total
de asesinatos (11.292) es mayor al total de víctimas de los 17 años de
dictadura de Pinochet en Chile. Un informe de la Comisión Colombiana de
Juristas determinó que el 62% de los casos habría sido responsabilidad del
estado por tolerancia o apoyo a grupos paramilitares, y 12% por acción directa
de sus funcionarios. Según la Fiscalía General de la Nación se han hallado 500
fosas comunes de las 4 mil que los paramilitares habrían cavado en 29 de los 32
departamentos que tiene Colombia. Con los más de un millón de personas huyendo
de sus tierras a causa de la violencia durante el mandato de Uribe, el país
seconvirtió en el segundo con mayor
número de desplazados después de Sudán.
Cuando Uribe dejó el gobierno, las fosas comunes
y los relatos de masacres se multiplicaron. También eso que los colombianos
llaman “falsos positivos”, dirigentes sociales o personas de los barrios
populares que son asesinados y mostrados como guerrilleros, bien como
justificación a la acción represiva del estado o como shock mediática para
mostrar uno de los mayores logros de Uribe durante su gestión “el combate a la
guerrilla”. También se llama falsos positivos a aquellos líderes sociales
encarceladas sin causa justa. La lista es infinita.
El propio Gustavo Petro, que logró un caudal de
votos histórico para un candidato de izquierda en Colombia, fue el impulsor
desde el Senado de las denuncias por la “parapolítica”. Las relaciones entre
diversos funcionarios del gobierno, aportantes de campaña y el propio Uribe,
con los ejércitos paramilitares que habían sembrado el terror en Colombia fue
debidamente comprobada, incluso con fallos judiciales. La Ley de Justicia y
Paz, una especie de “acuerdo de paz” con los grupos paramilitares, fue
comprobado como un esquema de impunidad. Y los líderes de la Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) fueron extraditados a Estados Unidos como “narcotraficantes”
justo en el momento en que empezaban a confesar la complicidad en su accionar
genocida del gobierno, los empresarios nacionales y multinacionales y hasta
organismos internacionales y ongs.
Más allá de la pantomima de la “desmovilización”,
los grupos paramilitares en Colombia siguen operando en territorios indígenas,
afros y campesinos, y también en las ciudades, donde amenazan y asesinan a
dirigentes sociales. El “acuerdo de paz” con las FARC no ha sido una aliciente.
Todo lo contrario. Según cifras del Programa Somos Defensores, en 2014 se
registraron 55 asesinatos a líderes sociales, en 2015 fueron 63 los casos, en
2016 fueron 80, en 2017 fueron 106. Alrededor de 98 líderes sociales han sido
asesinados en Colombia durante este 2018, según el informe realizado por
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Marcha Patriótica
y la Cumbre Agraria. Este dato incluye el asesinato de excombatientes de las
antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) así como de sus
familiares.
¿Elecciones en paz?
El 6 de
junio, diez días antes de las elecciones, fue detenido Andrés Giles Reyes.
Secretario Técnico del Congreso de los Pueblos, integrante del Movimiento
Quinua y de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia
-Anjeco-, que apoyaba la candidatura de Gustavo Petro. El Congreso de los
Pueblos es una de las organizaciones más aquejadas por casos de “falsos
positivas”. Decenas de militantes arrestados sin que nunca se hubiera
comprobado la causa.
A pocas horas de las elecciones presidenciales
se difundieron en redes sociales una serie de amenazas contra líderes
sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), especialmente aquellos
que apoyan la campaña de “Colombia Humana” de Gustavo Petro.
Estas amenazas se realizaron el 14 de junio y
provienen de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia quienes
crearon un grupo en whatsapp llamado “Información” con la única intención de
amenazar a integrantes de la campaña en varios lugares del país.
También fueron amenazadas dirigentes de la
Asociación de Cabildos Indígenas de Norte del Cauca (ACIN). La carta enviada
por el mismo grupo paramilitar dice: “ustedes par de sapos que están hablando
durito y se oponen y joden la vida a los campesinos con reuniones y campañas
politiqueras insinuando votar por el castrochavismo y su Colombia Humana, nos
los queremos ver en las elecciones haciendo proselitismo porque ya saben donde
quedarán. Se van o los desaparecemos”.
Por eso no soprende que los grande medios
hegemónicos aliados al capital, por ejemplo, no hallan resaltado que la
participación en Colombia fue casi tan baja como en Venezuela, donde el mismo
dato resultó un escándalo. Pero alerta, soprende e indigna que los grande
medios que supuestamente juegan para el lado de los pueblos califiquen la
elección en el hermano país como “pacífica” y muestren como único riesgo del
gobierno de Duque la caída de algunos puntos en el “acuerdo de paz” con las
FARC. Históricamente estos medios han ignorado el genocidio de los pueblos a
través de grupos paramilitares en Colombia, y lo que es peor, su relación con
la estrategia de muerte capitalista de extracción de recursos, que no es solo
patrimonio de Colombia. Se exporta a todo el continente. Y también a Argentina.
Una historia en común
Asi como el Plan Condor se implementó con
coordinación continental, lo mismo sucede con el Plan Colombia. Cuando hace
veinte años una profesora de la Universidad Autónoma de México intento explicar
la guerra en ese país a través del carácter “violento” de los colombianos, el
activista Manuel Rozental le explicó que su país era solo el comienzo. Que
Colombia, por su abundancia en recursos naturales, era la punta de lanza de un
plan de terror para el extractivismo multinacional. “Ojala no se cumpla mi
pronóstico, pero en diez años, México va a estar viviendo la mismo violencia
que hoy vive Colombia”, dijo.
Solo de 2010 a 2016 fueron asesinadas 154.557
personas en México y en el 94.8% de esos casos no hay un culpable sentenciado,
de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
¿Dijo 154 mil? Si. Y acá en Argentina discutimos si fueron 30 mil o 200. ¿Pero
Argentina no es como Colombia o México? El presidente Mauricio Macri no solo ha
dado la llave de la ciudad de Buenos Aires a Álvaro Uribe Velez, sino que en
varias ocasiones ha alabado su política de “Seguridad Democŕatica”
(narcoparamilitarismo). Dentro del escándalo de los Panama Papers el periodista
Daniel Coronell en la revista Semana de Colombia explicó el giro de fondos del gobierno
de Macri en CABA al gobierno de Medellín para el entrenamiento a través de
ex-paramilitares de la policía Metropolitana justo antes de la represión en el
Borda. Aún desde el kirchnerismo, Uribe ha sido asesor de la Gendarmería
Nacional. La misma que asesinó a Santiago Maldonado y que hoy ejerce en
Argentina el terror en los barrios y comunidades indígenas y campesinas.
Durante el kirchnerismo (2011) fue también curioso el tratamiento de la captura
de Henry Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, en el barrio de Nordelta en
Tigre. Fue presentado como narcotraficante. Sin embargo también era uno de los
jefes de Los Urabeños, uno de los principales grupos paramilitares en Colombia,
responsable de numerosas masacres contra pueblos originarios del norte del
pais. Norte de Medellín, cuna de Uribe. Una de las regiones donde las fosas
comunes día a día siguen apareciendo. Mi Sangre fue extraditado a Estados
Unidos como “narcotraficante”, sin saber si su presencia en Argentina tenía más
implicancias que el tráfico de drogas. No era solo un traficante de drogas. Era
un narcoparamilitar ligado al ex presidente Uribe, ligado al presidente Macri.
La implicancias de la elección en Colombia.
¿Acaso el periodismo argentino no conoce estas
informaciones?¿Acaso la descartan?¿Por qué las políticas económicas de
Cambiemos parecen ser más mortales que sus políticas represivas?
No estamos diciendo que Argentina es Colombia.
No. Nos faltan arepas, papayas y mucha cumbia. Todavía nos faltan balas y fosas
comunes. Pero son los mismos pueblos originarios los que resisten contra el
saqueo de los grandes grupos multinacionales ligados al gobierno nacional. Son
las mismas barriadas en las calles reclamando sus derechos. ¿Como se soluciona
la protesta social y la resistencia de los pueblos? Con represión. Y Colombia
es uno de los mejores ejemplos en América Latina de la represión a los pueblos
con la complicidad de medios masivos, jueces y ongs, entre otros. ¿Sino para
que copiar el modelo de “Seguridad Democrática de Uribe?.
A pesar de haber sido elegido el colombiano del
siglo por el History Channel, las numerosas causas judiciales e informaciones
sobre la relación de Uribe con los grupos paramilitares (incluso su hermano era
líder de un grupo paramilitar), hicieron que el ex-presidente ejerciera un rol
mas bien de perfil bajo a nivel internacional. La elección de Duque lo sitúa en
un lugar de redención en sus propios pagos que lo autoriza a difundir su plan
de “Seguridad Democrática” en el resto del continente, en foros y organismos
multinacionales. La entrada de un gobierno de extrema derecha en Colombia no
sólo acentuará la represión en ese hermano y lejano país, sino que, por ejemplo
permitirá acentuar la guerra de baja intensidad que Colombia viene manteniendo
con Venezuela, donde el gobierno bolivariano viene denunciando hace años la
infiltración de grupos paramilitares que responden a la derecha colombiana. Los
medios hegemónicos mostrarán a Uribe como un “héroe” que pudo combatir la
guerrilla y el narcotráfico (que todos sabemos que son ellos, los gobiernos y
las empresas, pero para ellos somos nosotros, los que nos oponemos a su plan de
muerte extractivista). Los medios progresistas seguirán diciendo que en un
lejano país ganó un candidato de derecha.
Procesan y detienen a tres ex oficiales que
participaron de la logística del centro clandestino Sheraton
Ricardo Pascual, Alejandro Salice y Roberto
Sifón fueron procesados con prisión preventiva por el juez Rafecas. Integraron
la organización responsable de tres homicidios y 26 casos de secuestros y
torturas.
Por Ailín Bullentini
Sheraton funcionó entre 1976 y 1978 en la
subcomisaría de Villa Insuperable.
Un ex oficial del área de Personal, otro de
Logística y uno más de Finanzas del Grupo de Artillería de Ciudadela número 1
durante la última dictadura fueron procesados con prisión preventiva por al
menos tres homicidios y 26 casos de secuestros y torturas, sucedidos en el
centro clandestino de detención Sheraton. Junto a los otros cuatro integrantes
de la misma unidad militar y los dos ex subcomisarios que están siendo juzgados
por los hechos que tuvieron lugar en el chupadero que funcionó en el oeste del
conurbano bonaerense, los tres nuevos procesados completan la estructura
represiva que actuó en ese sitio y permiten observar “la entera dimensión del
terrorismo de Estado”: no sólo a quienes secuestraron, torturaron y mataron, no
sólo a quienes dieron órdenes, sino también “a quienes proveyeron los recursos”
para que todo eso sucediera, analizó Luz Palmás Zaldúa, abogada del CELS.
Ricardo Pascual, Alejandro Salice y Roberto
Sifón fueron procesados con prisión preventiva por orden de Daniel Rafecas, a
cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3, en el marco de la
megacausa que investiga violaciones a los derechos humanos cometidos en el área
de acción del Primer Cuerpo del Ejército durante la dictadura. Los consideró
partícipes necesarios de secuestros, torturas y homicidios cometidos en el
Sheraton, centro clandestino de detención que funcionó entre octubre de 1976 y octubre
de 1978 en la subcomisaría de Villa Insuperable, partido de La Matanza, y
ordenó su captura bajo prisión preventiva.
Ricardo Pascual fue oficial de Personal del
Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, el estamento del Ejército bajo cuya ala funcionó
el Sheraton, e integrante de la plana mayor de esa unidad entre febrero de 1978
y enero de 1979. Sus tareas entonces implicaron la “evaluación, selección y
designación de las personas que habrían de hacer frente a la realización de
operativos ilegales, como al aseguramiento de los detenidos en el centro de
detención, su custodia, tortura e interrogatorio, y el destino final de los
mismos”, planteó el juez.
Entre 1975 y 1979, Salice fue oficial de
Logística y miembro de la plana mayor de la unidad militar a cargo del
Sheraton. “Era quien disponía y aportaba los medios materiales para las
distintas operaciones de seguridad y aniquilamiento establecidas en los reglamentos
militares”, tradujeron desde el CELS la decisión del juez. Sifón, por su parte,
fue jefe del Servicio de Finanzas y de Administración del Grupo de Artillería 1
entre febrero de 1976 y octubre de 1978 y, como tal, proveyó “los recursos
económicos para el abastecimiento en términos de finanzas, de armas,
transporte, combustible, y todo lo relativo a la logística” de la unidad,
asegurando “las detenciones ilegales, el sometimiento a torturas de las
víctimas, por parte del personal del Ejército, como así también para el
alojamiento de detenidos ilegales a disposición de dicha unidad”.
La investigación judicial comprobó “la íntima
relación” entre las diferentes áreas del Grupo de Artillería 1 y ubicó a sus
responsables “como partes elementales de un todo”, remarcaron desde el CELS. De
acuerdo con la decisión de Rafecas, “todos los imputados formaron parte de una
estructura intrínsecamente ilegal y realizaron actos prohibidos por la ley,
conforme a los objetivos planeados por la empresa criminal”.
En ese sentido, los procesamientos “completan un
poco la estructura represiva” que actuó en el Sheraton, planteó Palmás Zaldúa:
“En juicio están acusados los subcomisarios que estaban en el centro
clandestino, los efectivos de inteligencia y del Ejército que participaron de
operativos y los que daban las órdenes. Y ahora se sumó la gente a cargo de
proveer recursos para que toda esa maquinaria sea puesta en marcha, procesados
como partícipes necesarios de los crímenes. Esto demuestra la entera dimensión
del terrorismo de Estado, que no refiere solo a quienes secuestran, torturan y
matan o quienes dan órdenes, sino también a quienes proveyeron los recursos
para que todo aquello suceda”, analizó.
Justicia tardía
Los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Sheraton
–el centro clandestino al que los genocidas bautizaron de ese modo porque entre
sus cautivos hubo artistas e intelectuales– llegaron hace menos de un año a la
instancia de juicio oral y siguen investigándose. “Lo interesante de este nuevo
procesamiento es que pone de relieve que a más de cuatro décadas de los delitos
de la última dictadura y a más de una década de la reapertura del proceso de
justicia que los revisa aún quedan muchos capítulos por escribir”, remarcó
Palmás Zaldúa, que en nombre del CELS representa a la querella que la cineasta
Albertina Carri sostiene por el secuestro y las torturas que sufrieron sus
padres, Roberto Carri y Ana María Caruso en ese lugar.
Esos casos, justamente, fueron los primeros en
ser denunciados ante la Justicia en relación con el Sheraton o “Embudo”, otro
de los apodos del chupadero de La Matanza. Llegaron a la Justicia en 1984. Sin
embargo, recién en noviembre pasado, y junto a otros 16 casos, están siendo
ventilados en el juicio que desarrolla el Tribunal Oral Federal 1, que tiene
como acusados a Rodolfo Godoy, quien fue segundo jefe y jefe de la Plana Mayor
del Grupo de Artillería 1 del Ejército; Manuel Cunha Ferré y Roberto Godoy,
quienes fueron oficial de Inteligencia y oficial de Operaciones de esa unidad;
el oficial del Ejército José María Mainetti y los subcomisarios a cargo de la
subcomisaría de Villa Insuperable Juan Alberto Battafarano y Leopoldo Baume.
“Llaman la atención todos los hechos
relacionados con el terrorismo de Estado que quedan por juzgarse, todo lo que
falta saber y reconstruir”, relfexionó Palmás Zaldúa. En instancia de
instrucción, no obstante, la investigación sigue y así como el procesamiento de
Pascual, Salice y Sifón demuestra que se pueden seguir encontrando
responsables, también amplió la lista de víctimas. Los tres fueron considerados
partícipes necesarios de, al menos, 26 casos de secuestros y aplicación de
tormentos y al menos tres homicidios.
La abogada de la familia Carri destacó: “A más de
una década de la reapertura del proceso de justicia sobre los hechos de la
dictadura, hay investigaciones que recién están llegando a la etapa del debate
oral y público. Estamos hablando no solo de hechos a analizar sino de víctimas
y familiares de víctimas que décadas y décadas después de batallar reciénahora empiezan a obtener un poco de
justicia”.
(Por Fernanda Callejón/ APL) Este jueves
comienza el debate oral y público de la primer megacausa (acumula 16 causas)
por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, en al
Tribunal Oral Federal N°1 de la provincia. Se trata de un proceso que pide
justicia para 113 víctimas (38 desaparecidos y 75 sobrevivientes) e imputa a 23
genocidas que operaron en distintos Centros Clandestinos de Detención El juicio
tiene más de 20 represores procesados pertenecientes a distintas fuerzas de
seguridad. Los delitos que se les atribuyen son: violación de domicilio,
privación ilegitima de la libertad agravada, torturas, homicidio calificado,
violación sexual agravada, allanamiento ilegal, severidades, apremios ilegales.
Asimismo la violencia de género y sexual contra mujeres aparecerá diferenciada
con el objetivo de que pueda ser condenada como tal. Por tratarse de causas que
investigan la desaparición de trabajadores del Ingenio Ledesma y la Mina
Aguilar, este juicio será en un hecho histórico que permitirá juzgar la
responsabilidad civil-empresarial del genocidio de Estado.
Entre las causas más conocidas se encuentra los
hechos de “La Noche del Apagón” y la de Mina El Aguilar, en las que juzgarán no
solo a militares si no también la responsabilidad civil en el Terrorismo de
Estado en la provincia. En este sentido la causa sobre la Mina Aguilar
investigará la responsabilidad de directivos de la empresa en los secuestros y
desapariciones, entre otros crímenes.
Recordemos que en 2015 Carlos Pedro Blaquier (dueño
del Ingenio Ledesma), y su ex administrador, Alberto Lemos, fueron sobreseídos
por falta de mérito en una causa que intentaba comprobar su participación,
logístico y material, en el secuestros de los obreros azucareros y vecinos de
la ciudad. Si bien el fallo absolutorio fue apelado por la fiscalía y las
querellas, aun se espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se
pronuncie. Por este motivo este juicio resulta fundamental para comprender la responsabilidad
civil y empresaria del genocidio de Estado, y una posibilidad objetiva de que
se haga justicia.
Este jueves 21 de junio se realizará una
concentración a las 17 hsen la puerta
del Servicio Penitenciario Federal Bonaerense,ubicado en Lavalle y Pueyrredon para apoyar al Lonko Facundo Jones Huala
en huelga de hambre hace 21 días y huelga seca hace 4 días, para exigir su
liberación, la realización del Wiñoy Tripantu dentro de la Unidad Penitenciaria
14 de Esquel, donde se encuentra detenido.
Asimismo, esta mañana el gobernador de Chubut se
comprometió ante Hebe de Bonafini, madre de plaza de Mayo, y trabajadores de
ATE que se encontraban en la Casa del Chubut en Buenos Aires, a que Facundo Jones
Huala podrá celebrar dicha ceremonia con miembros de su comunidad en la se
encuentra detenido.
Compartimos la nota realizada por Fernando
Tebele y Nocolás Rosales para La Retaguardia respecto a la situación en la que
se encuentra el Lonko y los reclamos que originan su huelga de hambre.
Preocupación por el deterioro de la salud del
Lonko Facundo Jones Huala
El referente mapuche tiene un tumor en un riñón,
que se suma a las ya delicada consecuencias de la huelga de hambre que comenzó
hace 18 días. "Puede complicar la situación porque él está vomitando
sangre, hoy a la mañana. Debido a la úlcera (estomacal) y a que no está
comiendo y no está tomado líquidos", contó hace algunas horas a La
Retaguardia su mamá María Isabel Huala.
Facundo Jones Huala se encuentra detenido en la
Unidad 14 de Esquel a la espera de la resolución de su extradición o no a
Chile, en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hace 18 días inició una huelga de hambre. Fue
después de que el juez Gustavo Villanueva (el mismo que falló a favor de su
extradición a Chile), le negó la posibilidad de realizar la ceremonia del Wiñoy
Tripantu junto a su comunidad. En el 2016, ante el mismo pedido, le habían dado
la autorización. La Cámara de Apelaciones de General Roca ratificó el rechazo,
con el argumento de que podría "existir riesgo de afectación del orden
público o lo derechos de terceros". En las fotos que publicamos en esta
nota puede apreciarse el alto grado de peligrosidad del ritual, una suerte de
festejo de año nuevo mapuche.
Wiñoy realizada en 2016 en el Penal
Esta decisión en contra se sumó a su propia
situación judicial y al pedido de la Cámara de Apelaciones para que se revierta
la libertad de su hermano, Fausto Jones Huala, y de otro joven mapuche, Lautaro
González, que fueron quienes bajaron de la montaña el cuerpo de Rafael Nahuel,
asesinado por un disparo de la Prefectura Naval en un operativo represivo
contra una recuperación territorial en Mascardi.
También su abogada, Sonia Ivanoff, mostró
preocupación esta mañana en diálogo con La Retaguardia:“Hoy el estado de salud no es bueno, bajó
mucho de peso al no ingerir ni líquidos ni sólidos". Los detalles que dio
su madre, Isabel Huala, preocupan aún más, ya que reveló que Facundo Jones
Huala tiene un pequeño tumor en uno de sus riñones que es está tratando con la
Machi de la comunidad.
Todas las dolencias que pueda tener Facundo se
agravan ante la huelga de hambre y a las consecuencias de huelgas anteriores:
“Mari Mari, el tumor es pequeño pero está -dijo hoy Huala a La Retaguardia-. Y
puede complicar la situación porque él está vomitando sangre, hoy a la mañana.
Debido a la úlcera (estomacal) no está comiendo y no está tomado líquidos. Y
empezó a vomitar sangre. Está como muy mareado, está bastante mal, así que toda
esta situación preocupa mucho. La úlcera, la espalda, tiene varias cuestiones
que vienen de arrastre de las huelgas pasadas. De la que hizo en Chile, cuando
perdió muchos electrolitos porque al no consumir alimentos se van los
electrolitos de la cabeza y se empieza a perder un poco la memoria o a no
coordinar. La úlcera que preocupa, y la otra es el tumor en los riñones que
puede empezar a orinar sangre en cualquier momento; más allá de que él se
atiende con la Machi, en este momento no está tomando nada. Nada de nada,
entonces eso me preocupa más a mí como mamá y a todos como el pueblo Mapuche y
como los pueblos oprimidos". Nunca la escuchamos tan preocupada.
Al cierre de esta nota se agregó otro testimonio
en el mismo sentido. Es el de una joven mapuche que viene oficiando de vocera
de la huelga: "Bueno, no son nada alentadoras las noticias hoy. El lonko
está con vómitos desde que se levantó, y bueno ayer a la tarde lo volvieron a
pesar y pesó 72,700 kg, y ahora a la mañana cuando lo pesaron pesó 71,700 kg.
Nos manda mucho newen, yo también le mandé newen. Pero bueno, baja rápidamente
de peso. Tendremos que seguir agitando algunas acciones para que los jueces despierten
y nuestros propios hermanos para lograr que todos juntos con mucho newen
podamos torcer la decisión de los jueces", expresó.
La justicia que los tiene de hijos
El juez Gustavo Villanueva fue sutil al rechazar
el Wiñoy: no le prohibió la realización de la ceremonia, sino que le dijo que
podía realizarla en soledad, sin que ingresaran los hermanos y hermanas que
integran la comunidad. Para Jones Huala es inaceptable, ya que el rito es
justamente en comunidad. Ante ese fallo, se realizó una apelación ante la
Cámara Federal de General Roca, que esta semana reafirmó el rechazo. En el voto
del juez Barreiro puede leerse: “En esa dirección la aseveración de que la
judicatura, al denegar el requerimiento, desconoce los derechos que allí con
reforzado énfasis se enumeran resulta una demasía y para nada pueden convencer,
puesto que ningún argentino o extranjero, sea de la etnia que fuere y
cualquiera sea la religión a la que adhiera, ostenta el derecho de forzar a la
autoridad estatal a conceder venia para alterar las normas que rigen la vida
intramuros, so pretexto del ejercicio de una libertad religiosa. De no
entenderse así debería admitirse entonces que todo pastor, sacerdote o líder de
cualquier credo tiene el mismo derecho para, invocando la libertad de cultos
que garantiza nuestra Constitución Nacional, organizar y celebrar actos
religiosos multitudinarios dentro de las cárceles, subvirtiendo así el orden
administrativo de las cosas: en lugar de que los internos se ciñan a las normas
generales que regulan la vida carcelaria sería la autoridad del Estado-que dentro de un penal no es cualquier
poder administrativo sino uno de singular intensidad, acaso el más riguroso que
autorizan las leyes-la que quedaría
sometida a la voluntad de un sujeto privado de la libertad por el solo hecho de
postular que es un líder, guía o dirigente espiritual de cualquier jerarquía o
calidad". Se ve que en el 2016 no existían tales peligros. Ivanoff está
segura de las razones de la negativa actual a algo que fue un sí hace tan poco
tiempo: “La decisión es política realmente. Ahora, digo yo: esa misma ceremonia
la hicieron con permiso en 2016, si esto no es de sesgo racial y religioso,
¿qué es?.. Sacá tus conclusiones"", por eso presentaron un hábeas
corpus. "La petición de un hábeas corpus correctivo es porque la negación
de un funcionario a reconocer y dar un derecho a estas alturas ya que es
mapuche y que es una autoridad mapuche, la negación al reconocimiento de sus
prácticas culturales y religiosa hace a la vulneración de esos derechos. La
condición carcelaria ya es un agravio pero agravar la situación constituye la
mayor expresión de vulneración de derechos humanos, dijo esta mañana Ivanoff a
La Retaguardia. Este recurso lo tiene que aceptar o rechazar el juez Gustavo Lleral,
que está a cargo de la investigación de la desaparición seguida de muerte de
Santiago Maldonado.
La ceremonia debería realizarse el 29 de junio
entre las 6:30 y las 14:30 en el patio del penal. A pesar de varios pedidos que
le hicieron, Facundo Jones Huala continúa la huelga de hambre y su salud agrega
más preocupación a su ya complicada situación.
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