El abogado del organismo le detalló a Tiempo por
qué el aumento en las tarifas eléctricas en la Provincia de Buenos Aires es
irrazonable y que por eso judicializó la medida del gobierno.
Lunes 14 de Mayo de 2018
Este lunes, la Defensoría del Pueblo bonaerense
denunció al Estado nacional por haber habilitado a las empresas Edenor y Edesur
para que avancen con una suba “ilegal, irrazonable e inconstitucional” de la
tarifa eléctrica, según difundieron.
“Un usuario que consume hasta 300 kw/h tuvo que
pagar desde febrero de 2016 hasta hoy un aumento del 1.500%, lo que representa
una situación de clara pobreza energética, donde las familias tienen que
postergar otros gastos para abonar los servicios, algo que impacta con mayor
fuerza en los sectores más vulnerables”, ejemplificó el Defensor del Pueblo,
Guido Lorenzino.
El organismo presentó la denuncia en el
Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que “este organismo tiene la
obligación, tal como lo marca la Constitución, de proteger los derechos de los
consumidores, principalmente los de menos recursos”, señalaron desde la
Defensoría.
En ese contexto Lorenzino acusó: “El gobierno
nacional es responsable de que estemos ante una tarifa confiscatoria y casi
imposible de pagar, y que le da la espalda al derecho constitucional que prevé
la protección económica de los usuarios”.
También, la Defensoría también puso el foco en
la tarifa social. “Con la denuncia también queremos dejar en manifiesto lo que
sucede con la tarifa social, que con todas las modificaciones que le aplicó el
gobierno hace que hoy el 70% de los usuarios que deberían estar alcanzados por
este beneficio no lo tengan”, señaló Lorenzino.
En su denuncia, la Defensoría marca que los
aumentos no son razonables, progresivos ni proporcionales. Además, al observar
que los consumidores no podrán abonar la tarifa, pone el acento en el impacto
que esta situación tiene en la prestación de un servicio eficiente y de calidad
que exige la Constitución.
Fundamentos conceptuales de la denuncia
“Se lo divido por cada concepto”, detalló a
Tiempo el abogado de la Defensoría Diego Beghelini. “Es irrazonable, en el
sentido que se establece constitucionalmente. La razonabilidad tiene que ver
con los medios y los fines. Usted tiene un fin que quiere obtener, que es que
la población tenga acceda a este servicio esencial, básico que es la energía
eléctrica, y que es un derecho humano. Y tiene los medios para acceder a eso
que es que hay que financiarlo. Ahora, venimos de un proceso de años, que no se
puede ajustar en dos. La razonabilidad, que es un concepto central de derecho
constitucional, aquí está puesto en duda. El fin no es que se acceda al
servicio eléctrico, sino que el fin, es quizás, bajar el déficit fiscal,
generarle ganancias extraordinarias a las empresas. Entonces ya tenemos un
problema”, marcó.
“Es ilegal, porque en 2018 ya tenemos una
revisión tarifaria integral, tanto para el gas como para la luz, que se hizo
entre 2016 y 2017. De ahora en adelante, el ajuste, la adecuación de la tarifa
toma índices inflacionarios. Y los índices inflacionarios están prohibidos por
leyes de orden público. Están prohibidos por la ley 23928, que es una ley
vieja, de los 90, pero que fue ratificada por la 25561 que fue la que permitió
la renegociación. Entonces, el Estado está tomando un método de adecuación
tarifaria prohibido por la ley, por lo tanto, es ilegal”, subrayó.
“Y finalmente, es inconstitucional en un sentido
más amplio, porque lo que no se tiene en cuenta desde el año 1994, que hubo una
reforma constitucional muy importante, es que el centro de esta cuestión es el
usuario. Y antes no lo era, antes era una parte de la ecuación. Hoy por el
artículo 42 de la Constitución Nacional el centro de gravedad es el usuario.
Entonces, el Estado y las empresas son partes que hacen a la prestación del
servicio. Pero no son el fin. Entonces, si tenemos en cuenta que ese centro de
gravedad es el usuario, y que por varios tratados internacionales, por ejemplo
el Protocolo de San Salvador, dice que las personas tienen derecho a una vida
digna, derecho a una vivienda digna y derecho a acceder a servicios básicos.
Esas cuestiones se están poniendo en duda”, marco.
Fuente: Tiempoar