La Asociación Argentina de Juristas -Rama
Nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización continental no
gubernamental con estatuto consultivo en la ONU-, señala su preocupación por el
cuadro de deterioro institucional generado por numerosas decisiones del
gobierno nacional desde su asunción, en muchos casos de clara ilegitimidad e
inconstitucionalidad, apuntaladas intensamente por los medios de comunicación
hegemónicos.
Esas decisiones y el discurso de integrantes del
Gobierno Nacional respecto a los DDHH contrarios a los avances jurídicos y
políticos que ha logrado la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, son
irrespetuosos de la pirámide constitucional (art. 31 CN), los derechos y
garantías implícitos o no enumerados “pero que nacen del principio de la
soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno” (art. 33 CN), así
como al imperio de los instrumentos internacionales de DDHH.
Ejemplos de las medidas y manifestaciones de esa
índole son los siguientes:
a) tentativa de designación “en comisión”, por
decreto del PEN de dos integrantes de la CSJN;
b) el Decreto 52/17 que pretendió convertir el
24 de marzo -Día de la Memoria, por la Verdad y Justicia-, en un feriado
movible, afirmando paradójicamente que “los feriados nacionales apuntan a
conmemorar y concientizar sobre determinadas fechas que tienen relevancia
histórica para el país, por lo que no debe perderse ese norte diluyendo su
significado histórico”, todo lo cual justamente se hubiera desvirtuado de no
haber provocado una fuerte reacción social que obligó a su derogación.
c) La modificación de la ley de ART, por DNU
(80/2017), cuando el proyecto ya tenía media sanción del Senado y debía ser
tratado por la Cámara de Diputados, es de una naturaleza que no tiene
precedente histórico. Su inconstitucionalidad, fue declarada por el Juzgado
Nacional del Trabajo Nº 41-, en razón de violar el principio de igualdad ante
la ley, al establecer un trato diferencial entre trabajadores registrados y no
registrados en lo referente a accidentes de trabajo, imponiendo como
"obligatorio y excluyente" la actuación de las Comisiones Médicas
Jurisdiccionales como "instancia administrativa previa" para el
reclamo del trabajador (apelable ante el tribunal de alzada de la Justicia del
Trabajo), lo que causa la pérdida de la primera instancia judicial.
d) La normativa sobre Migrantes (DNU 70/2017)
violatoria de la presunción de inocencia, del derecho de defensa dentro del
debido proceso, de la igualdad ante la ley, del derecho a la reunificación familiar,
crea un Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo para la detención
preventiva y expulsión del infractor. La medida fue acompañada por
declaraciones de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del presidente
Macri insinuando una supuesta relación entre la inmigración y la falta de
empleo para trabajadores argentinos y la inseguridad, de lo que se pretende
responsabilizar a los migrantes de países de la región. La ideología que
sustenta tales dichos es la del artículo 25 de la Constitución de 1853, según
el cual el “europeo” era el único inmigrante bienvenido, superada jurídicamente
por la Convención Constituyente de 1994, al otorgar a los más importantes
tratados y declaraciones de DDHH jerarquía constitucional ( art. 75, inc. 22).
e) La claudicación de soberanía jurisdiccional
ante Gran Bretaña y el levantamiento de la inmunidad soberana sobre bienes del
dominio público -recursos naturales y empresas- (Dec. 29/17).
f) El mantenimiento de la detención de la
dirigente popular jujeña, diputada del Parlasur, Milagro Sala, sin
justificación legal, contrariando los reclamos de su libertad formulados por el
Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de
la ONU y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
g) La propuesta del abogado Carlos Horacio de
Casás, carente del más mínimo antecedente que lo amerite, para integrar la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
h) La designación como Director General de
Aduanas de Juan José Gómez Centurión quien, con desparpajo, se alzó contra
reiterados fallos de la CSJN, planteando públicamente que el terrorismo de
Estado no puede entenderse como un “plan sistemático” de exterminio y
expoliación. Ello es otro eslabón de la misma cadena de negación de la magnitud
de aquellos crímenes, como lo fueron las declaraciones de Lopérfido -como
Ministro de Cultura-, lo cual forzó su renuncia a los seis meses de asumido el
cargo ante la enorme repulsa social, incluso de algunos integrantes de la
propia alianza gubernamental.
i) El nombramiento como reemplazante de Carlos
Balbín en la Procuración del Tesoro de la Nación, de Bernardo Saravia Frías,
quien exhibe una estrecha vinculación con empresas que podrían ser parte de
litigios contra el Estado.
j) La designación del diputado Pablo Tonelli
como Consejero de la Magistratura, impugnada judicialmente como producto de una
maniobra que tergiversa la estructura de la representación parlamentaria en el
órgano.
Este paisaje de verdadera emergencia
constitucional se completa con el espionaje político, la presión sobre jueces,
la obsesiva insistencia en desplazar o limitar en sus funciones a la
Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, quebrantando la
inamovilidad constitucional de su cargo, las tentativas en el Consejo de la
Magistratura contra magistrados cuyos fallos desagradan al PEN, sin que hayan
incurrido en ninguna de las causales establecidas por la Constitución Nacional,
de -mal desempeño o comisión de delito-, (casos: Martina Forn, Daniel Rafecas,
Eduardo Freiler, Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Luis Rafaghelli, Diana
Cañal, etc.), manipulando los tiempos de elevación al Plenario, para mantener
la amenaza a la espera de una mayoría circunstancial que les permita alcanzar
su objetivo, la alteración de las leyes mediante decretos del PEN (por ejemplo,
el Decreto 1206/2016 que incluyó en el blanqueo a los familiares de
funcionarios), la violación selectiva del principio de inocencia, acompañadas
mediáticamente, medidas gubernamentales destinadas a impedir u obstaculizar el
derecho de huelga, la sub ejecución de partidas presupuestarias con destino
social, recortes presupuestarios a las partidas asignadas a la violencia de
género y, muy recientemente, la exigencia pública del Presidente Macri de una Justicia
que “represente” la opinión del Poder Ejecutivo.
Ese conjunto de medidas y discursos implican una
modalidad de gobierno vulnerante de derechos y garantías establecidos en la
Constitución histórica (arts. 1, 14, 14 bis, 16, 18 con particular énfasis en
la lesión de los de su última frase, 20, 28, 31, 33 CN, además de principios y
normativa que hacen a las garantías procesales y el régimen de formación de las
leyes, bajo la hermenéutica específica del bloque federal de constitucionalidad
vigente.
El estilo autocrático del Presidente reitera sus
antecedentes como Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde
vetó más de 200 leyes aprobadas por la Legislatura, votadas incluso por los
legisladores del PRO.
Estas decisiones se exhiben coherentes con una
línea ya aplicada en nuestro país y en Nuestra América por gobiernos
antidemocráticos previos y posteriores a las dictaduras cívico-militares de los
‘70 para beneficio de los grandes grupos económicos y los centros financieros
internacionales. Sus consecuencias han sido desastrosas para la conformación de
una economía nacional autónoma, con ampliación del mercado interno y menos
injusta distribución del producto social, con soberanía alimentaria. Esta
política económica, va en sentido inverso a la manda constitucional del
“sistema democrático” (art. 38 CN), para que los habitantes de este suelo
puedan gozar “de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano
y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; (con) el deber de preservarlo”
(cfrme. art. 42 CN). Se acompaña con un discurso político y un pregón mediático
predominante que tiende a generar pasividad, resignación, sentido de
inevitabilidad y/o miedo a la represión.
El regreso a la política de un descontrolado
endeudamiento nacional, el deterioro de la calidad de vida a la que se somete a
los sectores más lábiles a través de tarifazos en los servicios públicos
privatizados, y el enorme alza de precios de los productos básicos de la
canasta familiar, no son errores, sino el retorno a un presunto libre mercado,
en realidad dominado por el capital concentrado, que implica el cierre de
pequeñas y medianas empresas, con el consecuente. crecimiento del nivel de
desocupación, rebaja del salario real, y deterioro de la seguridad social, la
salud y la educación.
La presión social logró la marcha atrás en
varias de las medidas repudiables, pero ese retroceso no fue una demostración
de reconocimiento “de un gobierno que escucha la crítica y obra en
consecuencia”, sino de una metodología destinada a medir el volumen de rechazo,
la capacidad de movilización contraria que generen y la reacción de
personalidades o políticos integrante de la coalición gobernante o grupos
afines.
Parte de la justicia federal, en lugar de
investigar rápidamente y llegar a la verdad material, en las denuncias que
involucran a funcionarios del gobierno anterior, las demoran de modo funcional
a una campaña mediática apabullante, funcional a la distracción sobre la
política actual. En contraste ágilmente desestiman las denuncias contra los
integrantes de la administración actual.
La máxima instancia del Poder Judicial, entre
otros retrocesos, ha resuelto, violando el derecho internacional, por 4 a 1
(voto en contra del Dr. Maqueda) la no obligatoriedad de las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Çausa Fontevecchia), la
prescriptibilidad de la acción civil por resarcimiento a víctimas del
terrorismo de estado, y por 3 a 2 (votos de los Dres. Maqueda y Lorenzeti), la
aplicación del computo del 2x1 a condenados por crímenes de lesa humanidad
(causa Muiña),
En los últimos días se asiste a una desembozada
ofensiva de las más altas instancias del oficialismo para disciplinar a los
jueces federales, violentando la tan pregonada “independencia” judicial. Las
declaraciones del Presidente de la Nación reclamando un poder judicial sometido
al Ejecutivo, y el llamado de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, a
“escrachar” a un consejero de la Magistratura Nacional, que no está dispuesto a
votar el desplazamiento de un juez por el oficialismo, han sido acompañadas
por: 1) el traslado por decreto del juez de Casación Nacional, Carlos Mahiques,
a la Cámara Federal, con manifiesta violación constitucional, legal y
reglamentaria; 2) el intento, vía judicial, de desplazar al senador Ruperto
Godoy de su cargo de Consejero, arguyendo que no es abogado, condición no
requerida por la Constitución, en funciones desde hace tres años, designado
conforme a la ley vigente por el Senado, y validado por la Corte Suprema, cuyo
presidente le tomó juramento.
Frente a esto, la AAJ reivindica todo el avance
logrado en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, resultado de años de luchas sociales, gremiales, políticas y
académicas, enfrentando sufrimientos, desamparos y claudicaciones. Esa tarea no
ha terminado. Antes bien, estamos en otro período más de la historia argentina
en que un gobierno surgido por el voto de la mayoría, gestiona al estado para
beneficio del sector privilegiado, financiero o especulativo, local e
internacional. Nos solidarizamos con todos los sectores vulnerados con el
impacto deletéreo que sufren y sufrirán en su vida debido a tales políticas que
regresan como avalancha revanchista de grupos hegemónicos enquistados y
endogámicos que no parecen sentirse limitados por la manda suprema de la
Constitución Nacional (art.1, 31, 36 y ccs. CN). La AAJ renueva su obligación
estatutaria de luchar por la construcción de una sociedad democrática de base
igualitaria, contra el imperialismo y el neo colonialismo, por la
autodeterminación de los pueblos.
Buenos Aires, Junio 8 de 2017
EUGENIO RAUL ZAFFARONI LILIANA COSTANTE
PRESIDENTE SECRETARIA GENERAL
BEINUSZ SZMUKLER
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO CONTINENTALhttps://www.facebook.com/beinusz.szmukler/posts/10211865427643924