El gobierno evalúa incorporar una "cláusula
transitoria" que permitiría a la compañías involucradas en casos de
sobornos a declarar con efecto retroactivo.
Por Adrián Murano
El gobierno tiene en marcha un plan para hacer
zafar a las empresas que pagaron coimas. La maniobra consiste en incorporar a
la Ley de Responsabilidad Empresaria una "cláusula transitoria" que
posibilitaría a empresas como Odebrecht, cuyos delitos ya se cometieron,
"confesar" frente el procurador del Tesoro. En Cambiemos creen que,
de ese modo, la "delación" podría tener efectos retroactivos, ya que
ocurriría en el ámbito administrativo, y no el judicial. Como premio por su
aporte, las empresas pagarían una modesta multa y obtendrían permiso para
seguir operando con normalidad.
La ley vigente en la Argentina equipara la
responsabilidad del que paga con el que recibe. O sea: si un ejecutivo confiesa
el pago de coimas, se lo juzga del mismo modo que al funcionario que corrompió.
La "fórmula administrativa" ideada por el gobierno permitiría
"indultar" a los empresarios y focalizar en los receptores de los
sobornos. La ecuación favorece al gobierno por partida doble. Odebrecht admitió
haber pagado coimas entre 2008 y 2014, es decir, durante la gestión K. Si
Odebrecht mantiene el libreto, es probable que los nombres que surjan de su
eventual delación embarre a funcionarios kirchneristas en plena campaña
electoral. Por otro lado, la adenda ideada por el Ejecutivo pondrá a salvo a
los pagadores, entre los que hay, según las investigaciones en marcha, varios
empresarios cercanos al presidente Mauricio Macri.
Entre los diputados se bautizó a la norma como
la Ley Angelo, porque uno de los beneficiarios directos sería Angelo
Calcaterra, el primo presidencial. En rigor, el favorecido sería Iecsa, la
firma que perteneció al Grupo Socma, pero que hoy posee Marcelo Mindlin, uno de
los empresarios favoritos del presidente. Iecsa fue socio de Odebrecht en
varios consorcios, entre ellos el que se adjudicó el soterramiento del
Ferrocarril Sarmiento.
El propio Macri ordenó sostener ese
emprendimiento en manos de Iecsa aun después de que el escándalo de coimas
estallara en Brasil. La "cláusula transitoria" permitiría poner a
resguardo ese y otros negocios de Iecsa ante una eventual confesión de
sobornos. No es el único grupo empresario que gozaría del beneficio. La norma
también favorecería a la empresa más poderosa de la Argentina, el Grupo
Techint.
Campañas
Los legisladores de Cambiemos dieron el visto
bueno y prometieron avanzar con el trámite legislativo. Pero el gobierno sabe
que tiene otro frente de conflicto: la opinión pública. Las encuestas con las
que cuenta el oficialismo indican que la mayoría de la sociedad argentina condena
tanto al corrupto como al corruptor. Para torcer esa percepción, la maniobra
legislativa se complementará con una campaña de propaganda que buscará instalar
la idea de que las empresas se vieron obligadas a pagar coimas para "poder
trabajar" en el país. Medios y periodistas afines al oficialismo ya
comenzaron a reproducir ese mensaje.
La manipulación de la opinión pública no
descuida detalles. Tiempo Argentino comenzó a trabajar este artículo hace dos
semanas. En ese lapso, el diario tomó contacto con dos legisladores del
oficialismo para confirmar el plan. Esos legisladores, como también saben los
lectores, están al tanto de que Tiempo se publica los domingos. ¿Habrán
influido esas consultas para que el gobierno anticipara su versión de la
historia en la edición del sábado de La Nación? De haber sido así, la
publicación sería otra muestra la obsesión oficial por controlar los daños que
puede infringir al macrismo el desarrollo del caso Odebrecht.
Los avances judiciales de las últimas semanas
dan muestras de ese riesgo. El lunes pasado la justicia allanó dos veces a
Iecsa SA. Un procedimiento fue ordenado por el juez federal Marcelo Martínez de
Giorgi en la causa en la que investiga coimas en la adjudicación del
soterramiento del tren Sarmiento. La medida se extendió también a la española
Comsa y a la italiana Ghella, que conformaban junto a Iecsa y Odebrecht la
unión de empresas que obtuvo la obra. Luego fue el turno del allanamiento
ordenado por el juez Sebastián Casanello, en la causa por lavado de dinero que
tiene como acusado estrella al empresario Lázaro Báez.
El caso que instruye Casanello es un buen
ejemplo de la transversalidad política argentina en materia de corrupción. El
magistrado considera probado que Iecsa era cliente de la financiera SGI,
conocida como "La Rosadita", la misma en la que operaba Lázaro Báez.
Iecsa junto con Austral, la china Synohydro Corporation, Esuco SA y Chediak se
asociaron para presentarse –sin éxito–a la licitación de las represas Néstor
Kirchner y Jorge Cipernic. Báez alegó que la inyección de dinero de la
financiera Helvetic Service Group obedeció a esa compulsa. El fiscal Guillermo
Marijuan sostiene que fue una maniobra de lavado vehiculizada a través de SGI,
la financiera donde la Justicia halló un legajo de cliente de Iecsa.
Según escribió Casanello en el expediente,
"para esas fechas en que las constancias muestran a Iecsa efectuando la
presentación para constituirse como cliente de SGI, y así, comenzar a operar,
la financiera ya era propiedad de Helvetic y era controlada por Lázaro
Báez". En la misma causa, el juez sostiene que una de las piezas clave de
la telaraña de empresas offshore que triangularon fondos de Báez a través de
"La Rosadita" fue Teegan Inc., creada en Bélice, pero manejada desde
Panamá.
Teegan Inc. operaba con una cuenta en el
Credicorp Bank. La implicación de esa entidad es parte del juego de espejos que
preocupa al gobierno: según se descubrió en el Lava Jato, Credicorp manejó al
menos 300 de los 788 millones de dólares que confesó haber pagado Odebrecht.
Credicorp tiene su edificio central en la Calle 50 del Barrio de Bella Vista,
en la Ciudad de Panamá. En el séptimo piso de ese edificio tiene sus oficinas
la filial caribeña de Techint SA.
El Cártel
Según los documentos a los que accedió la
Justicia brasileña, el Credicorp Bank ocupó un rol destacado en el mayor caso
de cohecho descubierto en la región. Según confesó Odebrecht, entre 2008 y 2015
pagó 788 millones de dólares en coimas en unos 12 países. En la mayoría de los
casos, según la confesión, las "propinas" sirvieron para asegurar la
adjudicación de obras públicas. En varios de los contratos que hoy están bajo
sospecha, la constructora brasileña tuvo como socia a Techint.
En julio de 2015, el Ministerio Público Fiscal
de Curitiba acusó a la firma que comanda Paolo Rocca de integrar un cártel de
15 empresas constructoras que se habrían repartido concesiones millonarias. El
documento de los fiscales, al que tuvo acceso Tiempo Argentino, describe las
maniobras de ese "club" de contratistas conformado por
multinacionales como Odebrecht, Skanska, Camargo Correa y Techint. El caso se
centró en la relación con Petrobras, pero la pesquisa tuvo derivaciones que
metieron a la firma ítalo-argentina en el barro del Lava Jato.
Hace dos semanas, la Procuración Especial contra
el Lavado de Activos (Procelac) pidió a la Justicia argentina que investigue si
la empresa del clan Rocca pagó coimas para quedarse con la construcción de la
usina nuclear Angra3. De acuerdo a los documentos de los fiscales brasileños,
los sobornos por esa obra alcanzaron los 30 millones de reales, unos U$S 10
millones. Según la acusación, las coimas se habrían destinado al Partido de
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), espacio político del actual presidente
Michel Temer, y a funcionarios de la empresa estatal que entregó la licitación,
Eletrobras Eletronuclear.
El caso detonó por la delación del empresario
Dalton Avancini, expresidente de Camargo Correa, una de las socias de Techint.
Avancini admitió que las licitaciones estaban direccionadas para que dos grupos
de empresas ganaran dos obras de la usina: Angra03 y Una03.
Las empresas armaron dos consorcios. Techint se
alió con EBE y Queiroz Galvao en Angra03. Camargo Correa, Andrade Gutiérrez,
UTC y Odebrecht conformaron Una03. Ambos grupos, sin embargo, terminaron
trabajando juntos en el Consorcio Angramon. Avancini confesó que en agosto de
2014, durante una reunión realizada en la sede de la compañía UTC, las empresas
acordaron el pago de sobornos a funcionarios de Eletronuclear, entonces
comandada por Othon Luiz Pinheiro Da Silva. En esa reunión, según el delator,
Techint estuvo representada por el brasileño "Ricardo Ourich u
Ourique". Los investigadores tradujeron que se trató de Ricardo Ourique
Marques, director general de Techint en Brasil.
Los fiscales indagaron a Ourique Marques sobre
las afirmaciones de Avancini. A diferencia de su colega, el empresario de la
firma ítalo-argentina no colaboró con la Justicia. Por esa razón, Techint fue
condenada a pagar una multa y no podrá presentarse a contratos de obra pública
en Brasil.
La empresa deslindó responsabilidades en su
filial de Brasil. "Tiene autonomía operativa", resumió la compañía, a
través de un comunicado. La Procelac, sin embargo, pidió que se investigue si
las órdenes y pagos fueron ordenados por la central argentina. Uno de los
elementos que impulsó el reclamo fiscal fue la situación de Othon Luiz Pinheiro
da Silva, expresidente de Eletrobras Eletronuclear. Según determinaron los
investigadores brasileños, el encargado de adjudicar las obras en la usina
canalizó las coimas de las constructoras a través de una empresa a nombre de
sus hijas y su esposa: Aratec Engenharia Consultoria & Representaciones
LTDA. En el expediente, los fiscales afirman que el dinero provino de Techint.
El fiscal Sergio Rodríguez, titular de la
Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), investiga si el esquema
de cartelización que destapó el Lava Jato en Brasil se repitió en la Argentina.
Fue en ese caso que intervino la Procelac. La denuncia por supuesto cohecho
quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa, quien
deberá decidir si abre una causa penal.
De todos modos, si la iniciativa oficial
prospera, ese expediente será apenas un disgusto pasajero. «
Claves
El gobierno evalúa incorporar una "claúsula
transitoria" en la Ley de Responsabilidad Empresarial. La norma beneficia
a las empresas que, como Odebrecht, confiesen el pago de sobornos cometidos con
anterioridad a la sanción de la ley.
La "presentación voluntaria" será
frente a la Procuración del Tesoro, que responde al Ejecutivo, y no en sede
penal.
Con esa "fórmula", el gobierno buscará
que los datos tengan efecto retroactivo, lo que hoy está prohibido por la ley.
A cambio de su "colaboración", las
empresas afrontarían una multa, pero quedarían habilitadas a seguir operando en
el país.
Fuente: Tiempoar