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    CorreoGate: agujeros en el relato Macri


    EL AGUJERO

    Por Ari Lijalad

    La causa del Correo está otra vez en arenas movedizas. Luego del escándalo por la autocondonación de 70 mil millones de deuda, la Famiglia Macri volvió a la estrategia de patear para adelante la resolución de la causa hasta tener un escenario favorable. La primera meta, pasar las elecciones legislativas.
    La Famiglia Macri, según consta en el expediente, demoró durante años la causa judicial por su deuda con el Estado por la concesión del Correo Argentino, hasta el momento que se aseguraron una resolución favorable. Ahora, sumidos en el escándalo por la autocondonación de 70.000 millones de pesos a la familia presidencial que aceptó el Gobierno, vuelven a su estrategia histórica: dilatar la causa hasta un nuevo escenario favorable o, al menos, pasar las elecciones sin el tema Correo replicando en la agenda pública.

    A su vez, nuevos datos muestran que, si bien desde el Gobierno y la empresa declaran insolvente a Correo Argentino SA, nada impedía que tras la quita de la concesión siguiera generando ganancias y pudiera afrontar sus deudas sin esperar cobrar lo que supuestamente el Estado les debe a ellos. Mientras tanto, los Macri no desisten de su demanda contra el Estado, ahora ayudados por las maniobras judiciales del Gobierno, que de tan erráticas devienen cómplices.

    Todos estos elementos, junto a otros, indican que la estrategia de la familia Macri en el tema Correo, donde están de ambos lados del mostrador, se subordinó a los intereses del Presidente. Esto es, volver a hundir la causa del Correo en las movedizas arenas judiciales y evitar que tenga impacto electoral.

    Uno de los argumentos del macrismo para defender la aceptación de la propuesta de la familia presidencial que, en los hechos, le condonaba 70.000 millones de pesos, fue que la culpa de la no resolución de este conflicto fue del gobierno anterior. El expediente judicial, sin embargo, lo desmiente.
    Gabriela Cerruti en el programa de Gato Silvestre junto a Kicillof sobre el #CorreoGate

    La causa por la deuda de Correo Argentino SA con el Estado data de 2001. Como se trata de una cuestión de las deudas de una empresa con sus acreedores, resulta obvio que si la causa no avanza el que debe no paga. En concreto: sin definición, los Macri no pagaron sus deudas durante todos estos años.

    En 2010, esta situación fue advertida por la jueza Marta Cirulli, en un fallo donde no homologó una de las propuestas de pago que hicieron los Macri en 2007, por la cual querían pagarle al Estado con el dinero que supuestamente el Estado les debía. El fallo, con fecha 18 de marzo de ese año, comienza con una advertencia de la jueza Cirulli: “este expediente exhibió atipicidades en cuanto a la marcha del procedimiento”. Luego hace un un minucioso análisis de las idas y vueltas que demoraron la resolución de esta causa. En síntesis, de las triquiñuelas judiciales que Correo Argentino, o sea, la familia Macri, utilizó para dilatar un juicio donde se definía cómo pagarían sus deudas. En su fallo, la jueza advirtió: “Casi un lustro se consumió entre los vaivenes del expediente, derivados mayormente de sucesivas -y acaso, inesperables- denegaciones de reclamos formulados por la concursada”, o sea, por la familia Macri. Lejos de responsabilizar a la gestión kirchnerista, el fallo muestra que la intención de dilatar este juicio fue de los Macri. Puntualmente, de Correo Argentino SA.

    “Deploro el tiempo transcurrido (…) hasta el presente, durante el cuál tanto los acreedores verificados cuanto las tres sindicaturas concursales, acompañaron tan atípico trámite con tolerancia inusual -y , por cierto, encomiable-” afirmó la jueza.

    Los Macri, por su parte, apelaron la decisión de la jueza Cirulli y llegaron a la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que demoró la causa más de 6 años. De nada sirvieron las advertencias de la jueza Cirulli ni los rechazos a la apelación de los Macri por parte de la entonces fiscal Alejandra Gils Carbó. La causa se estancó hasta que quisieron los Macri. Mejor dicho: hasta que los Macri, en 2016, estuvieron de los dos lados del mostrador. Fue el 19 de mayo de 2016, cuando el Estado Nacional pidió una nueva audiencia y “adelantó -según consta en un dictamen de la fiscal Gabriela Boquín– que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta”. La propuesta no sólo no se mejoró, sino que implicó el pago en 15 cuotas anuales a partir del 2018 con un interés del 7% y con la mayor parte de la deuda a pagar en las últimas dos coutas, una maniobra que implicó una quita del 98,82% de la deuda que, puesta en números, era una condonación de $70.000 millones de pesos a la familia presidencial. Gracias al rechazo de este acuerdo por parte de la fiscal Boquín y a la publicidad que tuvo este escándalo Macri instruyó al ministro Aguad que retirara esa aceptación. Pero la cuestión esta lejos de concluir.

    Las camaristas María Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini convocaron a una nueva audiencia para el 16 de marzo. Sin embargo, todo indica que habrá nuevas demoras. El juez Ariel Lijo, que investiga una de las denuncias penales contra Macri y Aguad, solicitó copia de partes del expediente. Las juezas Gomez Alonso y Ballerini, en lugar de enviarle copias, le remitieron los 102 cuerpos de la causa. Por lo tanto, no pueden avanzar hasta que Lijo se las devuelva.

    Una vez más, el dictamen de la fiscal Boquín es revelador: “Correo Argentino SA se benefició con un estado de eterno concurso y logró suspender por más de quince años el pago a sus acreedores”. Por ahora, la cuestión sigue igual: los Macri sin pagar, el Estado sin cobrar. En un año electoral, que la causa se quede a la deriva en aguas judiciales sin duda es una buena noticia para el macrismo.

    Ofrecimiento vacío de contenido

    En los últimos días, desde el entorno presidencial quisieron instalar la idea de que el responsable de que no hubiera solución a este tema fue el Estado Nacional. Puntualmente, responsabilizaron una y otra vez al gobierno anterior. El argumento del gobierno coincide, una vez más, con el de la empresa de los Macri.

    No había abuso, ya que era “razonable” la resistencia a aceptar una propuesta que, en lo concreto, implicaba que los Macri querían pagar su deuda con la supuesta deuda que el Estado tenía con ellos. Era, en palabras de la jueza Cirulli, un “ofrecimiento vacío de contenido”.

    En el curso de la causa, desde Correo Argentino SA tildaron al Estado de “acreedor hostil” y que hizo “abuso de derecho” al rechazar las propuestas de pago. Sin embargo, en 2010, la jueza Cirulli descartó esta caracterización y sostuvo que “no encuentra mérito para calificar al Estado Nacional como acreedor hostil, ni para considerar que al no expedirse positivamente sobre la propuesta de acuerdo incurrió en abuso de derecho”.

    Más aún: la jueza destacó que el Estado contribuyó a que la causa avance, cuando aceptó que se le diera a Correo Argentino más tiempo para negociar con los acreedores. “He tenido en cuenta muy especialmente la colaboración que el Estado Nacional se comprometió a dar para llegar al acuerdo”, destacó la jueza en sus consideraciones finales.

    Sobre el abuso de derecho, que los Macri planteaban por el rechazo del Estado a su propuesta, la jueza fue clara. No había abuso, ya que era “razonable” la resistencia a aceptar una propuesta que, en lo concreto, implicaba que los Macri querían pagar su deuda con la supuesta deuda que el Estado tenía con ellos. “Entonces -destaca el fallo de Cirulli- la propuesta que presume de comprender el pago inmediato del 100% del crédito verificado aquí al Estado Nacional, en realidad no ofrece nada determinado ni en la cuantía ni en el tiempo, pues lo compensable aparece constituido por un posible crédito de carácter litigoso, pendiente de reconocimiento jurisdiccional en la sede competente”. En criollo, los Macri querían pagar (y poco) con dinero que no habían cobrado, ni era cierto que cobraran. Era, en palabras de la jueza Cirulli, un “ofrecimiento vacío de contenido”.

    Fuera el fuero que fuere

     “Volvemos a foja cero para encontrar una solución integral a este problema de 14 años que heredamos”, aseguró Macri en la conferencia de prensa donde se refirió por primera vez al escándalo por la condonación de deuda a su familia. La frase tuvo varios equívocos. Descontado el evidente conflicto de interés, dado que siendo un tema que lo involucra personalmente interviene de forma pública, hay también cuestiones jurídicas. El retorno a foja cero, en una causa que lleva más de 100 cuerpos y miles de fojas, es impracticable. Que su administración heredó el problema esconde lo obvio: que el problema lo generaron los Macri. Que hay que encontrar una solución integral, apunta a la misma estrategia histórica de la familia Macri: pagar, y poco, sus deudas con el Estado con el dinero que ellos mismos le demandan al Estado en otra causa judicial.

    Esta causa, donde los Macri demandaron al Estado el mismo momento que negociaban el pago abusivo de su deuda, tramita en el fuero contencioso administrativo, no en el comercial donde está radicada la que tiene que definir a la inversa, la deuda de los Macri con el Estado. Hace años que los Macri pretenden que la deuda que tienen con el Estado se pague con la supuesta deuda que el Estado tiene con ellos. El jefe de gabinete Marcos Peña insistió en la misma línea para que esto se resuelva de “manera integral y que incorpore en el análisis los juicios que le ha hecho la empresa correo al Estado“.

    El retorno a foja cero, en una causa que lleva más de 100 cuerpos y miles de fojas, es impracticable.

    En concreto, desde el Gobierno apoyan la estrategia histórica de la familia Macri: pagar su deuda con la supuesta deuda que el Estado tiene con ellos, causa que tramita en otro fuero. La propuesta que hicieron los Macri en 2007 ya mostraba la intención de pagar poco y cobrar mucho. Al Estado le ofrecieron pagarle el 100% de la deuda pero “compensando su importe con parte de los adeudados por dicho acreedor (el Estado) a Correo Argentino SA en concepto de indemnización por el desapoderamiento y/o adquisición de la planta industrial de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, y de todos los bienes tangibles e intengibles, como así de todas las inversiones realizadas por Correo Argentino SA”. O sea, quería pagarle al Estado con la propia plata que, según ellos, el Estado les debía. En 2016, en la propuesta que aceptó el Estado, reincidían en este punto.

    La jueza Cirulli descartó en 2010 esta opción, por la simple razón de que las demandas de los Macri contra el Estado estaban radicadas en otro fuero, con otro juez, y no podían mezclarse los juicios. Macri, en la conferencia de prensa donde intentó explicar la situación actual, insistió en una solución integral de la relación de Correo Argentino, su empresa familiar, con el Estado. Algo tan inviable hoy como hace 7 años. Ya en 2010, dijo la jueza Cirulli: “Este tribunal carece de competencia para dirimir la cuestión relativa a la existencia y la composición del crédito que invocó tener la concursada (Correo Argentino) respecto del acreedor Estado Nacional, en tanto constituye tópico sometido a la jurisdicción de Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal”. Citó también palabras del juez Eduardo Favier Dubois, el primer juez de la causa, que planteó: “este no es el ámbito para dirimir la existencia o no” de la deuda del Estado con los Macri.

    En el mismo fallo, la jueza Cirulli deja constancia de que, al contrario de lo que afirmaron Macri, Peña y Aguad, el Estado buscó soluciones para este conflicto. Reseña la jueza que hubo varias audiencias entre agosto y septiembre de 2007, que iniciaron “una etapa de indagación-negociación entre la concursada y el principal acreedor Estado Nacional, quien, recuérdese, venía solicitando clamorosamente un espacio de deliberación en pos de lograr un resultado que armonice su interés con el de los restantes acreedores verificados”. Es decir, el Estado no sólo buscó soluciones sino también incluir a los cientos de acreedores de los Macri.

    La insistencia por parte de Macri y sus funcionarios, que coincide con los planteos de empresariales de la familia presidencial, muestran la reincidencia en su prédica por un Poder Judicial a medida.

    ¿Insolventes o ineficientes?

    El objeto social de una empresa es lo que establece a qué se va a dedicar. Cuando se crea una empresa, tiene que armar un estatuto donde consta cuál va a ser su actividad, su objeto social. En el caso de Correo Argentino SA, decía: “La sociedad tiene por objeto la prestación del Servicio Postal Básico Universal, los demás servicios postales, telegráficos y monetarios, nacionales e internacionales de la República Argentina”, junto con otras actividades relacionadas con esta. En concreto, era una sociedad con el único objeto de cumplir con el contrato de concesión del servicio del correo. En teoría, con la quita de la concesión dispuesta por Néstor Kirchner la sociedad quedaba sin posibilidad de generar ingresos. Pero en la práctica esto no fue así.

    Uno de los argumentos de Macri y sus funcionarios para defender la aceptación de la abusiva propuesta de Correo Argentino es que se trata de una empresa sin fondos, quebrada, y que era imperioso solucionar el tema para que el Estado lograra cobrar algo, aunque fueran migajas.

    Sin embargo, los documentos de la empresa lo desmienten, y muestran que si bien el objeto social inicial de la empresa se limitaba a la prestación del servicio del correo (y cualquier actividad relacionada), con los años los Macri modificaron su estatuto para habilitarla para otros negocios.

    Correo Argentino SA se creó exclusivamente para ganar la concesión del servicio de correo, otorgado por el decreto 840/1997. Con la firma de Carlos Menem, Jorge Rodríguez y Roque Fernández, se adjudicaron “todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía”. Los socios iniciales de Correo Argentino SA eran Itron, Sideco Americana y el Banco Galicia. Las dos primeras eran de la familia Macri. Itron estuvo involucrada también en la adjudicación irregular para la confección de DNI que ganó Siemens, el gigante alemán que reconoció el pago de coimas en todo el mundo, cuestión que actualmente fue elevada a juicio oral por el juez Lijo. El juez ahora se repite: Lijo tiene en sus manos una de las investigaciones penales por el intento de condonación de deuda a la familia presidencial. De las otras socias, también Sideco Americana era de los Macri.

    Correo Argentino, empresa de los Macri, diversificó sus actividades tras la quita de la concesión del servicio de correo

    En su momento, Correo Argentino SA, con asistencia técnica postal del British Post Office, ofreció pagar un canon semestral de 51.600.000 pesos. Con esto superó a sus contrincantes: el grupo integrado por Cooperativa de Trabajo Automorores Cuyo, Samiel Liberman y Row Group ofertó 48.500.000 pesos; el constituido por Compañía de Inversiones en Telecomunicaciones y La Caja de Ahorro y Seguro planteó 30.007.777 pesos. Luego decidió dejar de pagarlo, pero ya tenía la concesión.

    El directorio de la novel empresa se lo repartieron entre los socios. El primer presidente fue Orlando Salvestrini, hombre de confianza de los Macri y directivo de Itron, que en los últimos meses puso en aprietos a su jefe por un libro que publicó sobre los negocios de la familia Macri en Brasil que desmienten la versión oficial sobre el funcionamiento allí de Pago Fácil. El vicepresidente fue Jorge Rubén Aguado, último gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura de Reynaldo Bignone, reciclado en democracia como cuadro directivo de las empresas Macri.

    Tras la decisión de Néstor Kirchner de quitarles la concesión del servicio postal, supuestamente Correo Argentino SA quedaba sin objeto social. Pero los Macri modificaron su estatuto para permitirle a la empresa hacer otros negocios.

    La jueza Cirulli mencionó este cambio de objeto social en su fallo de 2010. Cita allí un fallo previo donde afirma que “tras el cese de la concesión del servicio postal, la convocatoria ha planificado una pluralidad de emprendimientos, a saber: 1) la organización, manejo y archivo de documentación en forma ditital; 2) la intervención como ´certificador licenciado’ en el proceso de certificación de firma (…) y; 3) la participación en la industria automotriz mediante la fabricación de cierta clase de automóvil, con apoyo financiero de la República Popular de China y proyección de comercialización en el ámbito del Mercosur”. O sea, Correo Argentino, empresa de los Macri, diversificó sus actividades tras la quita de la concesión del servicio de correo, por lo que su insolvencia o falta de fondos deriva, de ser real, de su propia actividad empresaria.

    El planteo de la jueza Cirulli coincide con lo que figura en los balances de Correo Argentino SA. En 2009, la empresa afirmó que pese a la quita de la concesión podían seguir haciendo negocios. Dice el balance: “se expresó que la Sociedad adecuará su objeto social y así continuará con sus negocios ya que el Directorio cuenta con una amplia experiencia que le permitirá a la Sociedad actuar como consultora nacional e internacional de otras administraciones postales, tanto en operaciones postales específicas, como en emprendimientos de logística y, al mismo tiempo, atender las necesidades de aquellos países que pudieren llevar adelante procesos de privatización de correos”. Es más, en una reunión de Directorio del 30 de enero de 2004 los Macri ya advertían que tenían que cambiar el objeto social para seguir con los negocios. Poco después, el 2 de marzo, trataron el tema. A los 3 días, la asamblea de accionistas decidió no cambiarle el nombre a la empresa pero sí modificar su objeto social. Pese a esto, recién publicaron este cambio en el Boletín Oficial el 22 de abril de 2005, más de un año después. Luego siguieron modificando el objeto de la empresa. A finales de 2005, sus accionistas resolvieron que incluso podía actuar como Inversora en actividades y proyectos de cualquier índole. En definitiva: Correo Argentino SA, empresa de los Macri, pudo hacer negocios todos estos años. O los hizo y no los registró, o no los hizo pero por pura responsabilidad de los Macri.

    Mostrar las cartas

    En medio del escándalo, el 20 de febrero, el ministro Aguad presentó un escrito en la causa donde los Macri demandan al Estado por 2.365 millones de pesos. Lo hizo patrocinado por el procurador del Tesoro Carlos Balbín, jefe de los abogados del Estado. Pidieron dos cosas en simultáneo: una, la caducidad de la instancia procesal; dos, recusaron al juez que tenía la causa.

    Luego del acuerdo con el Estado, los Macri ampliaron su demanda y, por primera vez, le pusieron un número: 2.365 millones de pesos.

    La caducidad de instancia implica que se venció el plazo de cada etapa de la causa. Según establece el artículo 310 del Código Procesal, Civil y Comercial, hay un plazo de 6 meses para que se produzca algún movimiento en la causa o caduca la instancia. ¿Qué cálculo hizo Aguad? La demanda de los Macri contra el Estado fue el 13 de junio de 2016, 15 días antes de que el Estado aceptara la propuesta abusiva del pago de deuda de Correo Argentino. Contando 6 meses desde ese día (y sin contar la feria judicial de enero), la cuestión caducó en diciembre de 2016. Sin embargo, la demanda no fue el último movimiento de la demanda. Luego del acuerdo con el Estado, los Macri ampliaron su demanda y, por primera vez, le pusieron un número: 2.365 millones de pesos. Eso fue el 12 de agosto de 2016. Contado desde ahí, o sea, desde el último impulso a la causa, los 6 meses caducan el 12 de marzo (de nuevo, sin contar la feria de enero). Es decir, el gobierno planteó la caducidad de instancia con varias semanas de anticipación.

    En su presentación ante la comisión de Comunicación de Diputados, Aguad defendió este pedido de caducidad, pero varios diputados advirtieron la maniobra. Entre ellos, el diputado Rodolfo Tahilade, que afirmó: “es una jugada que favorece al Correo, ya que no estaba caduco, dado que faltaba un mes, y entre colegas o profesionales sabemos que esa actitud es advertirle a la contraparte de que tenemos ese as en la manga y lo echamos a perder”.
    Por otro lado, en el mismo escrito Aguad y Balbin pidieron la recusación sin causa del juez Pablo Cayssials, a cargo de la demanda de los Macri contra el Estado. La maniobra es uno de los tantos trucos legales para ganar tiempo o para salir de “forum shopping”, es decir, para buscar un juzgado que crean más conveniente. Así, la causa se sorteó y recayó en el juzgado contencioso administrativo N 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez. Con un detalle: la jueza es subrogante y está concursando su cargo. En el Concurso 324 en curso en el Consejo de la Magistratura, Marra Giménez quedó en el puesto 11. Más aún: es la jueza que impulsó el viejo anhelo de Macri de convertir Buenos Aires en una guarida fiscal. Los nombres, una vez más, se repiten: quienes lograron frenarlo fueron Gils Carbó (en 2008) y la fiscal Boquín. Y la jueza para confirmar su cargo depende del Gobierno, hoy en día jugado a defender los intereses del presidente y su familia.

    Fuente: Nuestras Voces
    Publicado: Nac&Pop