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    De Vido declaró ante el juez Ercolini en la misma causa que CFK

    "NO ADJUDIQUÉ EL PRESUPUESTO"
     Ayer fue el turno de la indagatoria del ex ministro de Planificación, quien, al igual que la ex presidenta, cuestionó la figura de la asociación ilícita para esta causa. Dijo que la asignación de las obras públicas correspondía al detenido ex secretario José López.

     Por Irina Hauser
    El ex ministro de Planificación y actual diputado Julio De Vido declaró ante el juez Julián Ercolini que no era su tarea asignar obras viales ni controlarlas, sino del ex secretario de Obras Públicas, José López, quien está citado a indagatoria para hoy. Más allá de su situación particular, sostuvo en la misma línea que Cristina Fernández de Kirchner: “En qué gastar, cómo y dónde se hace obra pública” son decisiones “del Poder Ejecutivo sometidas al Poder Legislativo” que en sí no pueden ser delitos. “La política de criminalizar los actos de gobierno es utilizada riesgosamente en casi todas las causas seguidas a los funcionarios del gobierno al que pertenecí”, planteó De Vido, quien está acusado de integrar una asociación ilícita, junto con la ex presidenta y otros funcionarios, cuyo objetivo habría sido favorecer al empresario Lázaro Báez y quedarse con dinero de la obra pública vial en Santa Cruz.

    De Vido fue recibido en el juzgado por el propio Ercolini, además de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques más un equipo de secretarios que trabajan con ellos. Pidió, igual que CFK, la nulidad de su citación a indagatoria, que considera infundada porque está basada en cuestiones que considera no judiciables. No sólo se refiere a las decisiones de realizar tal o cual obra y destinar cierto presupuesto, sino a que una de las imputaciones es que Néstor Kirchner habría trasladado a muchos de los que fueron sus funcionarios de confianza en Santa Cruz al gabinete nacional, en puestos claves en obra pública, para lo cual también creó el ministerio que estuvo a cargo de De Vido. Todo eso supuestamente ideado para cometer delitos y desviar fondos. En función de esa descripción, el abogado defensor del ex ministro, Adrián Maloneay, les dijo con ironía a los fiscales que construyeron una verdadera “novela”.

    Uno de los puntos en que hizo hincapié De Vido es que Pollicita y Mahiques hablan de supuestos sobreprecios, privilegios y desvíos, pero no hay en el expediente ni una pericia o informe técnico en que se apoye esa afirmación. Reclamó que, en todo caso, se concreten y se demuestre la imputación con evidencias reales. Lo único que hay es una denuncia genérica del actual director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, ex candidato a intendente de Cambiemos en Capitán Sarmiento. Iguacel invocó un informe de la Unidad de Auditoría realizado en tiempo récord en enero de este año que, paradójicamente, según destaca De Vido –y también había planteado CFK– concluye “que no existen desvíos significativos en la obra pública” y “no hay ni un solo pago que no corresponda a un certificado de obra”.

    Ante la acusación de integrar una asociación ilícita –un delito de los más graves contra la administración– De Vido aseguró que no benefició a Báez y que no integró ninguna banda dedicada a robar dinero de las arcas del Estado. Pidió al juez que tenga en cuenta toda la obra pública a nivel nacional, señaló que es habitual que una provincia tenga uno o dos contratistas principales y recordó que el Grupo Austral de Báez está ubicado en el puesto 38 en el ranking de las adjudicaciones. “En la causa se omite analizar las obras de manera contextualizada en una política de inserción en todo el país”, dijo. Se sumó así al pedido de la ex mandataria para revisar todas las obras a nivel nacional.

    “Debo decir que no intervine en ningún tramo de todos los procesos que llevaron adelante las obras públicas cuestionadas”, puntualizó también De Vido, en lo que concierne a su función como ex ministro. “A lo largo del dictamen los fiscales describen situaciones, sucesos y hechos de las que no he sido parte”, señala. Aclaró que no tuvo relación ni dirigió la Dirección Nacional de Vialidad ni la provincial, no participó en las licitaciones, ni controló las obras de Vialidad, “no decidí el lugar de las obras cuestionadas ni su volumen ni su estructura, ni adjudiqué el presupuesto de manera concreta a tal o cual obra sino a la DNV”, tampoco “intervine en la asignación del fideicomiso” utilizado “que estuvo a cargo de los jefes de Gabinete, a quienes no se incluyó en el dictamen”. Dijo que él tampoco fue cuestionado ni mencionado en ninguno de los informes de auditoría. La mayor parte de las decisiones de las que se desliga dependían de la secretaría de Obras Públicas a cargo de López, preso por lavado y enriquecimiento ilícito, desde que fue a dejar los bolsos con casi 9 millones de dólares al convento de General Rodríguez.


    Fuente: Página 12