Por Mempo Giardinelli.- 6 Sep, 2019
A despecho de la noticia del domingo –el DNU que
restableció, al modo tramposo del macrismo, la obligatoriedad de liquidar
exportaciones en el país y el control del BCRA para la compra de divisas– esta
columna prefiere ocuparse hoy de la educación publica. Porque en su replanteo a
fondo y como una de las primeras urgencias del próximo gobierno radica la
posibilidad de una Argentina diferente y mejor.
Quizás este artículo correspondería dedicarlo a
Cristina y Alberto, que es seguro que en estos dias están concentrados en
otras, obvias urgencias. Y así lo expresamos la semana pasada al inaugurar el
24º Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, en Resistencia,
donde cada uno de estos años de saqueo planteamos la necesidad de una gran
reforma educativa, basada en la que proponemos desde El Manifiesto Argentino,
que considera a la educación como un derecho colectivo en el marco de procesos
institucionales de enseñanza y aprendizaje.
Partimos de la idea de que, en tanto forja
fundamental para la construcción de ciudadanía, la Argentina requiere el
urgente restablecimiento de la educación pública, gratuita, universal, laica,
con sentido nacional y social en todos los niveles, y obligatoria hasta los
pre-universitarios, asegurando la educación privada como sistema
complementario.
Así está garantizado por la Ley 26.206/05, que
estableció que: «La educación es una prioridad nacional y se constituye en
política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e
identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática,
respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el
desarrollo económico-social de la Nación».
Asimismo, la garantía del financiamiento
educativo fue fijada por la Ley 26.075/05, que Macri derogó por decreto en
enero de 2018, y que será urgente restablecer para asegurar la
Renacionalización de la Educación que proponemos, entendida como la necesidad
de un Sistema Educativo Nacional Único, con validez en toda la república, que
garantice una plataforma curricular cuya base estructural conciba contenidos
educativos igualitarios en todo el país y se organice en función de las
múltiples y complejas realidades del territorio nacional. Y es claro que sin
que ello implique pérdida de la autonomía administrativa de las jurisdicciones,
garantizándose los desarrollos locales y regionales, así como la participación
de asociaciones de docentes y padres de familia en la elaboración de contenidos
pedagógicos, con recursos económicos enviados a las provincias para la
aplicación de políticas pedagógicas nacionales que se ejecuten con
transparencia y sin excepción con ese cargo.
Además, para el saneamiento y control del
sistema proponemos que todos los financiamientos (nacionales e internacionales)
sean auditados y controlados por la ciudadanía, a través de asociaciones o
federaciones de cooperadoras, reportando resultados al Consejo Federal de
Educación, que deberá ser reformulado a fin de que las decisiones educativas de
interés nacional sean vinculantes y de aplicación ineludible en todo el país.
La propuesta implica terminar también con el
ominoso reemplazo de pedagogos por gerentes a cargo del Ministerio, así como
vedar la intervención de empresas e instituciones transnacionales en el sistema
educativo nacional. Y también acabar con la promoción de supuestos talentos
individuales, la instauración positivista de las neurociencias en el magisterio
y todo cómputo de las condiciones mentales-cerebrales de los alumnos, a quienes
sólo hay que garantizar alimentos para su nutrición y desarrollo.
Todo esto se vincula con la necesaria
planificación, a partir de noviembre, del Censo Nacional 2020, que deberá
incluir un muy completo capítulo en materia educativa, en base a cuyos
resultados será posible conocer el grado de daño inferido a la educación
pública, así como la implementación de medidas de corto, mediano y largo
plazos.
Este Censo será un paso fundamental para conocer
a cabalidad el tamaño de la tarea, porque hoy en la Argentina tenemos un
sistema educativo que no está mensurado, o lo está «a ojo». Y es que, por
ejemplo, no hay datos ciertos de la cantidad de escuelas y aulas en todo el
territorio nacional. Ni el Ministerio ni la Wikipedia lo informan, y los
números que se encuentran van de las 25 mil a las 50 mil escuelas, pero no son
cifras confiables. Y tampoco se sabe el número de estudiantes de entre 5 y 18
años. ¿17 millones, 20 millones? Lo ignoramos.
Igual sucede con las bibliotecas. La Conabip
computa «casi 2000» bibliotecas populares. Pero el fabuloso entramado que
conforman las numerosas bibliotecas públicas municipales, barriales, de clubes,
de cooperativas y de instituciones de la sociedad civil, más las
universitarias, las de facultades, las de empresas y bancos incluso, y las hace
años estimadas 25 mil bibliotecas escolares y/o de aula, hace absolutamente
imposible tener un dato cierto. Ni hay precisiones sobre la cantidad de
bibliotecas científicas, ni de instituciones del Estado. Posiblemente el total
sea de más de 50 mil bibliotecas en todo el país. Pero dato cierto, ninguno. Y
ni se nos ocurra contabilizar acervos.
Y hay más: ni siquiera se sabe con certeza si
las universdades públicas de la Argentina son exactamente 54, o 62 o cuántas.
Imposible encontrar cifra única en internet. Y tampoco es posible saber cuántas
carreras de grado se pueden cursar en este país, ni se conocen datos exactos de
las universidades privadas, ni su número de estudiantes ni hay un ranking de
sus carreras y costos. Como tampoco hay cifras ciertas sobre estudiantes de
otros países en la Argentina.
Fuente: La Barraca
