Por Gabriela Massuh y Jonatan Baldiviezo
Su carrera política comenzó en La Boca y
terminará liquidando al barrio
El barrio de La Boca fue hasta la asunción del
gobierno amarillo uno de los más emblemáticos de la historia política,
económica y cultural de la ciudad de Buenos Aires. En 1871 tenía ya la misma
fisonomía que conocimos hasta la primera década del segundo milenio: un barrio
muy popular con sus contradicciones de pobreza, viviendas obreras, bellos
edificios históricos, inseguridad, cantinas italianas y el teatro Caminito, esa
colorida fisonomía que aprendieron a valorar turistas y locales. Allí nació el
primer cuartel de bomberos voluntarios del país, en 1884, para atender los frecuentes
incendios de los conventillos; los dos clubes de fútbol más grandes de la
Argentina fueron fundados por sus habitantes (River Plate y Boca Juniors).
Desde allí se elevó a Alfredo Palacios como primer diputado socialista de
América Latina en 1904. En 1907 fue epicentro de la larga “Huelga de las
Escobas”, llamada así porque las mujeres y los niños portaban una escoba “para
barrer la injusticia” de los alquileres de los conventillos. Aquel movimiento
popular fue modelo de las luchas de la clase obrera contra el mercado
inmobiliario que culminó en la creación de una Corporación de Propietarios y
Arrendatarios a la que se le sumaron muchos anarquistas luego encarcelados o
deportados. Hasta los años ’90 del siglo pasado se recomendaba en cualquier
guía como el paradigma de un hábitat genuino muy difícil de encontrar en otras
partes del mundo, por su diversidad social y cultural, por su historia viva,
por esa rara belleza labrada por sus habitantes.
Todo esto está siendo arrasado por la especulación
inmobiliaria en detrimento de los pobladores genuinos del barrio que sufren la
amenaza con la que convive quien no nace en la abundancia: ser expulsado por la
riqueza especulativa hacia ninguna parte.
La historia reciente
Durante la década del ’70 sufrió distintas
políticas que afectaron el carácter industrial de algunas de sus zonas, dando
inicio a un proceso de deterioro de las condiciones sociales y económicas de
las familias del barrio. Un nuevo código de planeamiento restringió la
instalación de actividades industriales y, simultáneamente, se promovió la
creación de parques industriales en el área del Gran Buenos Aires. En 2006 la
Legislatura de la Ciudad reconoció la grave crisis causada por estas políticas
y sancionó la Ley N° 2.240 que declaró la Emergencia Urbanística y Ambiental en
lo que hace a la vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y de
actividades productivas. A cien años de la Huelga de las Escobas, los
habitantes de La Boca, haciendo honor a su historia, siguen luchando por el
derecho a la vivienda adecuada y a un hábitat digno. Han impulsado y
conquistado dos leyes de vanguardia a nivel nacional en materia de política
habitacional y urbana.
Una de ellas es la Ley N° 341/2000, actualmente
vigente, que creó el Programa de Autogestión para la Vivienda. Se trata de un
programa de otorgamiento de créditos con garantía hipotecaria a familias
individuales u organizadas colectivamente en cooperativas, asociaciones civiles
o mutuales (operatoria colectiva para organizaciones sociales). La ley fue
impulsada por el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), la Mutual de
Desalojados de La Boca y el comedor Los Pibes. Desde que asumió la gestión del
PRO en la ciudad se frenó la operatoria colectiva y no se otorgaron nuevos
créditos para la compra de terrenos.
La otra es la Ley N° 2.240, que reniega de la
construcción de grandes complejos habitacionales. En su lugar propone la
adquisición por parte del Gobierno de la Ciudad (por expropiación o compra) de
los abundantes inmuebles ociosos existentes para construir en ellos pequeños
edificios diseminados por todo el barrio e integrados a la trama urbana. Y
propone que los grandes predios libres sean destinados a crear nuevos parques
públicos. Por ejemplo, ese es el destino que establece la ley para los predios
de la ciudad conocidos como Casa Amarilla. Una de las primeras medidas del por
entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, fue disolver la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental de La Boca y, en consecuencia,
frenar cada uno de los mandatos y derechos establecidos por esta ley.
La gestión del PRO paralizó las dos leyes que
establecían políticas populares de acceso a una vivienda y que estaban
orientadas a garantizar que los habitantes de La Boca alcanzasen una solución
habitacional sin resultar expulsados a otros territorios.
Cartografía del despojo
El gobierno macrista, perteneciente a la clase
empresarial inmobiliaria, tuvo otros planes para el barrio desde el inicio de
su gestión. Eran, como siempre, negocios para los amigos disfrazados de
políticas públicas. En el contexto del capitalismo financiero del nuevo
milenio, los gobiernos de Macri-Rodríguez Larreta y sus adláteres como Riva,
Angelici, Elsztain o Nicky Caputo adoptaron decisiones para fortalecer los
negocios inmobiliarios y favorecer la expulsión de las familias del barrio. El
valor cultural y ambiental subvertido en un recurso para aumentar la
rentabilidad del capital inmobiliario. Estas fueron las medidas:
Creación del Distrito de las Artes:
La Ley N° 4.353/12 crea un territorio libre de
impuestos (paraíso fiscal) para las actividades relacionadas con las Artes
Visuales, Musicales, Literarias y Escénicas. Se otorga exención del Impuesto a
los Ingresos Brutos y del ABL por 10 años, del Impuesto de Sellos y del pago
del Derecho de Delineación y Construcciones. La Ley fue aprobada sin respetar
el procedimiento de doble lectura y la convocatoria a audiencia pública que
exige la Constitución de la Ciudad. Al poco tiempo de aprobada se conoció el
mega proyecto inmobiliario que transformó el antiguo edificio de Alpargatas en
un lujoso edificio de lofts y estudios de diseño llamado “Molina Ciudad”. El
fideicomiso Oficinas Caminito, que Macri incluyó en su declaración jurada de
bienes, lo adquirió en 2011 y remodeló la ex fábrica Alpargatas. Además el
Ministerio de Seguridad porteño decidió alquilar, en Molina Ciudad, cuatro
lofts de 200 m2 cada uno para instalar oficinas de la Subsecretaría de
Administración de Seguridad. Un informe de la Auditoría de la Ciudad indicó que el Distrito de las
Artes no benefició a demasiados artistas ni creó empleos en el sur, sino que
estuvo más cerca de ser un negocio del banco Santander Río.
Desde que se conformó por ley el Distrito de las
Artes, el GCBA avanza como una gran telaraña con grandes obras de supuesta
renovación urbana en La Boca, con la finalidad de acelerar el flujo de
inversiones, el incremento del valor del suelo y, en consecuencia, la
gentrificación de la población originaria, un anglicismo que refiere al
desplazamiento de población pauperizada por otra de alto poder adquisitivo.
Estas obras comprenden desde la recuperación de zonas degradadas y
subutilizadas en torno a la Usina de las Artes, el bajo autopista y el Dique 0,
hasta obras más puntuales como la nivelación de la calle Necochea. En 2015 se
conformó un consorcio de propietarios e inversores del Distrito de las Artes
como una asociación civil que presiona constantemente al gobierno porteño para
que el lanzamiento político sea acompañado con políticas concretas para
solucionar temas como el de los ocupas, drogas e inseguridad y, por otro lado,
para que se elabore un plan de desarrollo urbano. Un informe de la Auditoria
General de la Ciudad deja en claro las intenciones al señalar qué partes de la
ley se cumplen y cuáles no. Así expresa que el GCBA no ha realizado acción
alguna para atender la situación de vulnerabilidad social relevando la
necesidad de soluciones habitacionales y para facilitar la permanencia de las
familias radicadas actualmente en el Distrito de las Artes. La Renovación
Urbana sin medidas de protección de las familias más pobres es igual a una
política expulsiva para generar más renta y plusvalía urbana para los
empresarios inmobiliarios. Un Distrito creado para negocios inmobiliarios
concretos y para organizar a un sector de empresarios que demanden la expulsión
de los habitantes de La Boca, “responsables” de la falta de inversión, de la
inseguridad y del freno al aumento del valor de las propiedades.
Creación del Polo de Desarrollo Urbano en la
Isla Demarchi:
El 9 de Marzo de 2017, el presidente Macri creó
la estructura legal para un nuevo negocio inmobiliario con la privatización de
tierra pública del Estado Nacional, al dictar el Decreto 153/2017 que dejó sin
efecto el destino de Polo Industrial Audiovisual de la Isla Demarchi y estableció que allí se construirá un Polo
de Desarrollo Urbano. Se creó Nuevos Aires del Sur S.A. a la cual se autorizó
la venta de los predios de la Isla Demarchi, sin contar con la previa
autorización del Congreso Nacional, el único con competencia para vender y
disponer de tierras nacionales.
Con el Polo de Desarrollo Urbano se pretende
expandir Puerto Madero hacia el Sur para llegar a la Ribera del Riachuelo. En
una de las primeras versiones del borrador del proyecto de nuevo Código
Urbanístico, que se está discutiendo en la ciudad, la Isla Demarchi y los
terrenos aledaños estaban destinados a la construcción de altas torres de
perímetro libre, es decir, un barrio de edificios al estilo Puerto Madero. Para
no explicitar futuros negocios con la tierra pública o para no adelantar costos
políticos, en versiones posteriores decidieron mostrar que no se modificaba la
normativa urbanística de estos predios. La sociedad anónima dueña ahora de la
Isla Demarchi va a funcionar como la Corporación Antiguo Puerto Madero, que
también es una sociedad anónima y fue la encargada de la urbanización y venta
de las tierras estatales que conformaron Puerto Madero.
La Urbanización y venta de los predios conocidos
como Catalinas Sur 2:
El 7 de agosto de 2017, una semana antes de las
PASO, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, remitió a la Legislatura
de la Ciudad el proyecto de ley (Expte. 2237-J-2017) para habilitar la
construcción de un emprendimiento inmobiliario de gran envergadura en los
terrenos que se nombran como “Catalinas Sur 2 “. Este proyecto fue aprobado
como Ley N° 5.912 y nace de un convenio entre la Agencia de Administración de
Bienes del Estado (AABE) y el GCBA. La AABE se obligó a vender los predios en
un plazo máximo de 24 meses, sin contar con la previa autorización del Congreso
Nacional. El GCBA se obligó a autorizar la capacidad constructiva para la realización
del proyecto inmobiliario. La ley autorizó la construcción de 150.000 m2
distribuidos en edificios de perímetro libre con una altura de 75 m sobre la
Avenida Brasil y colectora de Autopista (25 pisos) y de 60 metros sobre las
calles Gualeguay y Caboto (20 pisos).
Este proyecto debería haber surgido del Plan
elaborado por la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación Urbanística y
Ambiental del barrio de La Boca de acuerdo a la Ley 2.240 que PRO ignoró. El proyecto también forma parte de la
intención del GCBA de extender Puerto Madero hacia la ribera del Riachuelo, en
este caso, desde el norte de La Boca. Los vecinos presentaron el proyecto de
ley N° 1.250-P-2017 para crear la Unidad Ambiental, Deportiva, Cultural y de
Gestión Catalinas Sur, es decir, transformar estos predios en un gran parque
público. Pero su proyecto fue descartado para avanzar con el emprendimiento
inmobiliario. La Ley N° 5.912 constituye una mutilación de la identidad y
posibilidades urbanas del barrio en aras de garantizar altas rentabilidades
inmobiliarias.
El negocio de Angelici, la venta de los predios
de Casa Amarilla al Club Atlético Boca Juniors:
Los terrenos conocidos como Casa Amarilla fueron
comprados en 1981 al Estado Nacional para mitigar el déficit habitacional en La
Boca. El 11 de abril de 2005 comienza la inscripción para el Programa
Habitacional Casa Amarilla. En un principio se deciden hacer 1.231 viviendas.
Este programa quedó paralizado. En el marco de una acción judicial presentada
por la Asociación Civil Casa Amarilla, el GCBA llegó a un acuerdo con dicha
Asociación. La cantidad de viviendas a construir bajó de 1.231 a 438 viviendas,
liberando de esta forma varias manzanas. A cambio, el GCBA delegó sus
facultades a la Asociación y le otorgó el poder de designar a las familias que
serían las adjudicatarias de las viviendas.
En 2010 las manzanas liberadas fueron
transferidas al Poder Ejecutivo por el Instituto de la Vivienda (IVC),
propietario de las tierras. Mediante el decreto N° 723/2010, el Poder Ejecutivo
las transfirió a su vez a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. Los terrenos de
Casa Amarilla eran codiciados por el Club Boca Juniors desde 2008, con la
intención de construir un nuevo Estadio-Shopping. Como hubo una fuerte
oposición, se decidió fragmentar la estrategia.
Por un lado, Oscar Moscariello (Vicepresidente
de Boca y diputado de la Ciudad por el PRO), presentó el Proyecto de Ley N°
2462-D-2014 para rezonificar estos terrenos como “Distrito de Zonificación E4
56 -Estadio y Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors”.
Por el otro, la Corporación Buenos Aires Sur
S.E. llamó a Licitación Pública para la venta de estas tierras a raíz de una
iniciativa privada del Club Atlético Boca Juniors. La Licitación fue camuflada
a través del engaño de la construcción de bibliotecas, clubes sociales y
culturales, salones de juegos, gimnasio. En ningún momento se habla de
construir allí un Estadio, sin embargo es lo que el presidente del Club, Daniel
Angelici, ha promocionado en reiteradas oportunidades. La licitación para la
venta de estos terrenos fue adjudicada el 25 de febrero de 2016 al Club Boca
Juniors, por 180 millones de pesos a pagar en cómodas cuotas.
Esta venta violó la Constitución de la Ciudad
cuyo artículo 82.4 establece que la Legislatura aprueba transacciones, dispone
la desafectación del dominio público y la disposición de bienes inmuebles
de la
Ciudad. Es decir, no se puede vender tierra pública de la Ciudad sin aprobación
de la Legislatura. La venta al Club Boca Juniors ni siquiera fue tratada en la
Legislatura. Los predios de Casa Amarilla de acuerdo a la ley N° 2.240 debieron
dar lugar a un nuevo parque público para el barrio de La Boca en lugar de ser
vendidos al club en el que Macri inició su carrera política.
Además de estas ilegalidades, organizaciones
internas del Club Boca Juniors también cuestionan la voluntad de construir un
nuevo estadio porque va en contra de la identidad del club y del barrio y
porque el endeudamiento para construirlo crearía las condiciones para que Boca
se transforme en una Sociedad Anónima Deportiva de capitales privados, viejo
proyecto de Macri.
En diferentes entrevistas, Rodríguez Larreta
sostuvo que la venta de estos predios fue aprobada por la Legislatura. La
justicia lo desmintió. La violación de leyes, los reclamos vecinales y los
grandes intereses en juego tuvieron como el mayor punto de violencia el 5 de
mayo de 2016. Durante la reunión del Consejo Consultivo de la Comuna N° 4 un
grupo de personas agredieron física y verbalmente a integrantes del Consejo y
de organizaciones sociales mientras se discutía la venta de los terrenos de
Casa Amarilla. Resultaron heridos de gravedad Matías Scínica, de la agrupación
Boca es Pueblo, quién sufrió un corte a la altura de la garganta, y Fernando
Abal Medina que a raíz de múltiples golpes tuvo una hemorragia cerebral.
La Boca Resiste y Propone con el patrocinio del
Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una acción de amparo en el Fuero
Contencioso Administrativo de la Ciudad para que se declare la ilegalidad de
esta venta. En esta causa se dictaron dos medidas cautelares por distintos
jueces (Guillermo Scheibler y Paola Cabezas Cescato). Aún así, Daniel Angelici
decidió avanzar durante el verano con el vallado de los predios e instalar
seguridad privada. En la última sentencia, actualmente vigente, se ordenó
suspender los efectos de la Resolución N° 207/GCABA/CBAS/15 que autorizó la
venta de los predios de Casa Amarilla por licitación pública. El tribunal
declaró que la venta no tuvo ninguna aprobación por parte de la Legislatura
porteña.
El Nuevo Código Urbanístico para la Ciudad de
Buenos Aires:
En una nota anterior se trató el nuevo Código
Urbanístico, su protección a los negocios e interés por asegurar rentabilidad a
los desarrolladores inmobiliarios. En el punto 7.2.12 el proyecto oficial
regula sobre el “Área de Renovación Urbana Riachuelo” como un ámbito de la
ciudad destinado a la transformación de la situación urbana existente y la
recepción de Equivalencia de Capacidad Constructiva Transferible. Se describen
tres polígonos: a) Polígono Avenida Sáenz, b) Polígono Avenida 9 de Julio y c) Polígono
Avenida Vélez Sarsfield. En estos se podrán construir edificios de hasta 45
metros de altura de plano límite. Igual altura se establece para todo el
corredor de la avenida Almirante Brown. El desarrollo inmobiliario avanza sobre
un barrio de edificios bajos ejerciendo presión por el sur y por el medio.
Esta presión inmobiliaria, más intensa que en
cualquier otra zona de la ciudad, incrementa el costo de vida, el precio de los
alquileres, los desalojos y los incendios. El Grupo de Vivienda y Hábitat en
“La Boca Resiste y Propone” viene realizando un acompañamiento a todas las
familias con procesos de desalojo en curso y sistematizando los desalojos ya
producidos. Para el año 2017 más de mil personas habían sido desalojadas y
existen más de cien desalojos en curso. Es el barrio con mayor cantidad de
desalojos y a la par con mayor cantidad de inmuebles ociosos y casas tapiadas
esperando el momento oportuno para hacer negocios, clara muestra de la
especulación inmobiliaria. Se suman los incendios frecuentes de los
conventillos y la desocupación de viviendas por peligro de derrumbe, una
especie de desalojo forzoso encubierto. No existe política habitacional seria
para las familias que son expulsadas del barrio ni políticas urbanas para
evitar la gentrificación del barrio. Las leyes que así lo obligan nunca fueron
cumplidas.
Fuente: El cohete a la Luna