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    “Los aumentos en el gas son inconstitucionales”


    Exclusivo: La presentación judicial del Cepis con datos y documentos
    La misma asociación civil que en 2016 logró el fallo de la Corte Suprema exigiendo el llamado a audiencias públicas, investigó el costo del gas en boca de pozo y llegó a la conclusión de que los incrementos no se basan en razón alguna.
    Por Martin Granovsky
    Una presentación judicial busca demostrar por primera vez con cifras fundadas por qué no es razonable el aumento de tarifas de gas ordenado por el ministro de Energía Juan José Aranguren. El documento, al que tuvo acceso exclusivo PáginaI12, devela también el misterio mejor guardado por el Gobierno: el costo del gas en boca de pozo, es decir en el punto donde salen los fluidos antes de ser conducidos. Según datos elaborados sobre la base de cifras brindadas por YPF a Wall Street, ese costo oscila en los dos dólares. Muy lejos de los 6,80 fijados por Aranguren para los usuarios.

    El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) se presentó ante la Justicia federal con asiento en La Plata para pedir lo que en la jerga judicial se llama declaración de certeza. En este caso los abogados Mariano Lovelli y Pedro Sisti alegaron que les producen incerteza las decisiones de Aranguren. Y la acompañaron con un anexo documental de 800 páginas.
    La inseguridad que intenta esclarecer la acción declarativa de certeza no es psicológica sino constitucional. “Nosotros creemos que dos resoluciones del ministro con los aumentos en el gas son inconstitucionales”, dijo Lovelli a PáginaI12. “Entonces nos dirigimos a la Justicia y pedimos que eche luz en un sitio que a nuestro juicio produce oscuridad.”

    “Los argumentos utilizados para el aumento de tarifas no se sostienen lógicamente ni recogieron toda la riqueza vertida en las audiencias públicas que el ministro debió convocar después de que la Corte Suprema nos dio la razón con un fallo”, afirmó Lovelli. “Y encima esos argumentos fueron usados para fijar tarifas confiscatorias.”

    Según el abogado y presidente del Cepis, si la Justicia coincide con su postura podría declarar la inconstitucionalidad de los aumentos. La presentación es colectiva y sobre el final pide pericias y testimonios de ejecutivos de las empresas petroleras.

    El Cepis quiere saber “si resultan compatibles con nuestra normativa (o no), los diversos cuadros tarifarios establecidos por dicho ministerio, como resultante de la Revisión Tarifaria Integral, que fueran aprobados mediante Resoluciones 212/16 Y 74/17, por entender esta parte que, por un lado, no se cumplió en brindar la información adecuada y veraz establecida en el art. 42 de nuestra Constitución; por otro lado, entendemos que las actuales tarifas violan los preceptos de razonabilidad, justeza y accesibilidad, doctrina del Máximo Tribunal Nacional en el caso “CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD Y OTROS C/ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA S/AMPARO COLECTIVO”, expediente FLP 8399/16”.

    “Entendemos que el precio irrazonable establecido para el PIST causa que los usuarios vean afectados sus derechos humanos reconocidos constitucional y supraconstitucionalmente”, dice el texto.

    Contradicciones
    La discusión jurídica tiene una base fáctica. Según el Cepis, Aranguren arguyó “un supuesto deterioro económico de las empresas del sector gasífero entre 2002 y 2015”. Pero para los demandantes lo que el Poder Ejecutivo no explicó ni en las audiencias ni en las resoluciones “fue la rentabilidad que han conseguido las empresas en función de la aplicación de las mencionadas resoluciones ministeriales, claramente ilegales”.

    Agrega la argumentación: “Estas falencias hacen que resulte imposible analizar si el precio que intenta fijar el Ministerio resulta razonable o no. Es sabido que para poder establecer la razonabilidad de un precio deben analizarse los costos, como así también los márgenes de ganancia pretendidos, para luego compararlos con otro tipo de actividades que posean un riesgo similar y ver el margen de ganancias que allí obtienen. Este análisis resulta imposible sin la información de los costos debidamente desagregada, por lo tanto, la información brindada por la administración resulta a todas luces insuficiente”.

    El Cepis cuestiona el hecho de que, a su juicio, las resoluciones de aumento de tarifas descansan en una contradicción: “la no correspondencia de lo sostenido en los considerandos con la realidad del sector”.

    Uno de los argumentos oficiales para subir el PIST o precio en boca de pozo era la crisis de la energía, “sin embargo, de la propia exposición de los actores de dicho sector quedó en evidencia que desde el año 2013 (con la implementación del Plan Gas Plus) se venía dando una mejoría sostenida en el ámbito de la producción de gas”.

    Uno de los que elogió la mejora de las condiciones generales por el Plan Gas del 2013 fue el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Nicola.

    “Fue una señal de precios distinta, fue un incentivo a la producción; y rápidamente la industria reaccionó en forma positiva”, dijo Nicola en la audiencia pública, usando términos que no fueron recogidos en el mismo sentido después por el ministro Aranguren. “La industria reaccionó rápidamente con una inversión que hizo que empezáramos a producir más, se revirtiera la tendencia negativa de la producción y pudiéramos pasar en promedio a producir un 12 por ciento más de energía.”

    Agregó Nicola que el país se ahorró en divisas 4200 millones de dólares que no tuvo que gastar para la importación de energía. Aclara el Cepis que “esa mejora y recuperación en la producción de gas se dio sin modificaciones a los precios de las tarifas que pagaba todo el universo de usuarios y consumidores”, como residenciales, comercios, industrias y entidades de bien público.

    Al dirigirse al juez que recibió su demanda dice el Cepis: “A modo de síntesis, el ministro del área de la principal provincia hidrocarburífera del país, donde se concentra casi el 50% de la producción de gas, manifestó aquella vez –cuya exposición puede observarla V.S. en el link de video del canal de Youtube del Ministerio de Energía y Minería de la Nación <https://www.youtube.com/watch?v=qVolA2vBhD0> minuto 36:21 en adelante– que las importaciones energéticas medidas en dólares presentan una tendencia a la baja entre 2013 y 2015, pasando de 11.046 millones a 5.665 millones y que el camino a la reducción del déficit energético se verificó desde 2013”.  

    La demanda del Cepis también constata una contradicción entre lo que dijo en audiencia pública el representante de YPF, Fernando Giliberti, y lo que fue utilizado por el Ministerio de Energía y Minería. Giliberti presentó un panorama positivo del pasado reciente: “Como se ha mencionado recientemente hay un factor determinante que ha ayudado a que la producción de YPF haya crecido sostenidamente desde el 2012 a la fecha, a razón de un 4,4% acumulativo anual. Ese factor determinante es la señal de precios que los productores de gas natural han recibido a finales del 2012 conocido como Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural…”.

    Por la empresa Total habló el ejecutivo Hernán Silva, quien pintó un panorama similar al descripto antes por el ministro neuquino y el directivo de YPF. Gracias al Plan Gas, el consorcio con cabeza en Total puede explotar off shore en el Mar Argentino tres campos de los cuales el último, a partir de 2016, está ubicado en Tierra del Fuego: Vega Pléyade (ver más información en estas mismas páginas).

    “Con Vega Pléyade estamos inyectando 22 millones de metros cúbicos al gasoducto San Martín”, dijo Silva. “Eso representa más de un 20% de la producción del país. Hemos subido de 6 millones a 22… La producción de Vega Pléyade ha permitido reducir en un volumen equivalente la importación de GNL. Estimamos que esa reducción de importación de GNL le hace ahorrar al país importaciones de 500 millones de dólares por año.”

    Igual que YPF, Total hizo una presentación en la Bolsa de Nueva York, cuya copia el Cepis aportó a la Justicia. Allí informa que al momento de reportar las principales inversiones globales para el año 2016, Total anunció a las autoridades norteamericanas de manera oficial  importantes inversiones que “se asignarán principalmente a proyectos de desarrollo, entre ellos Vega Pléyade, siendo éste, el iniciado en 2013 en Tierra del Fuego, el primero de los proyectos de desarrollo globales que destaca la petrolera, para luego mencionar desarrollos en Bolivia, Angola, Kazajistan, Australia y otros”.

    El valor
    La presentación del Cepis se interna en el análisis del valor del gas en boca de pozo, conocido entre los técnicos como PIST. “Podemos lograr establecer una serie de indicios que nos llevan a pensar que el precio no resulta razonable bajo ningún concepto”, dice el texto. Atribuye la presunta falta de razonabilidad a un “ocultamiento” que apuntaría a “evitar exponer el grado de utilidad que pasarían a tener las empresas del sector”.

    La presentación ofrece antecedentes del misterio que Aranguren buscó crear en torno de ese número.

    La primera omisión se produjo cuando Aranguren visitó al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Ante la consulta del diputado José Luis Gioja, de San Juan, respecto del costo promedio de la producción de gas a boca de pozo, contestó Aranguren: “Me resisto a contestar esa pregunta”.

    La segunda omisión surgió en el encuentro con asociaciones civiles para presentar el nuevo cuadro tarifario que se discutiría luego en la audiencia pública. Ante el pedido por la cifra, dijo el ministro tras negarse a darla: “Hagan juicio si quieren”.

    Como si recogiera el guante, el Cepis buscó elementos para su pedido de acción declarativa y encontró uno en el informe anual que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima elevó a la SEC (Securities and Exchange Commission, equivalente de la Comisión Nacional de Valores) de la Bolsa de Nueva York. YPF lo hizo porque cotiza allí.

    En las páginas 49 y 50 de ese informe figura un cuadro (cuyo facsímil se muestra en estas páginas). El cuadro, que se publica en estas páginas, incluye una oración que no deja lugar a dudas: “Petróleo y Gas: Costos y Precios de Producción”.

    Sobre esa base el Cepis elaboró una tabla que muestra los costos del petróleo crudo y del gas en la Argentina. 

    “Para la petrolera, su costo de producción asciende a $171,59 por BOE (barril de petróleo equivalente, o barrel of oil equivalent, según su sigla en inglés)”, señala la presentación del CEPIS. “En su conversión, un BOE equivale a 5,615 MMBTU (Millones de unidades térmicas Británicas). Por lo tanto, efectuando las equivalencias convirtiendo los pesos al dólar y del BOE al MMBTU, el costo de producción de gas –incluyendo el costo/costo, el pago de impuestos/regalías y el de transporte/logística– asciende a la suma de 2,09 u$s/MMBTU.”

    Conclusión del Cepis: “Es decir, según información oficial de YPF SA, principal productora de gas en nuestro país, su costo de producción es apenas superior a DOS DOLARES ESTADOUNIDENSES”.

    El Gobierno, en cambio, fijó el valor del millón de BTU para los usuarios en 6,80 dólares. “Es irrazonable”, dice la presentación del Cepis. “La irrazonabilidad de la tarifa comienza con el irrazonable valor otorgado al precio de gas PIST, pero continúa con la valorización del insumo en moneda extranjera (que ante la devaluación del peso encarecerá necesariamente la tarifa) y finaliza con la eliminación de los subsidios; esto significa la absorción por parte de los usuarios del valor antedicho, transformado en tarifa de servicio público.”
    La presentación de YPF ante la SEC de Wall Street.

    martin.granovsky@gmail.com