Por Raúl Kollmann y Irina Hauser.
A pesar de que todas las propiedades investigadas
estaban declaradas, tenían inquilino y estaban alquiladas a precio de mercado,
el polémico juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner y a sus hijos,
Florencia y Máximo, en la causa Los Sauces. Luego se declaró incompetente y se
apartó de la causa.
En su fallo, reconoce que no encontró evidencias
pero igual decidió procesar a la ex presidente y a otros 20 imputados.
El juez Claudio Bonadio no encontró ninguna
evidencia de que la familia Kirchner hubiera concretado alquileres ficticios,
ni alquileres a valores que no eran de mercado, tampoco detectó pagos en
efectivo, sino que se demostró que todos los movimientos de dinero de la
sociedad familiar.
Hipótesis
La hipótesis básica de la acusación de Bonadio
es la existencia “de una banda que, al menos en lo que respecta al hecho aquí
investigado, encabezaron Cristina Fernández de Kirchner, junto a Néstor Carlos
Kirchner y Máximo Carlos Kirchner en un primer momento, de haber armado una
empresa denominada Los Sauces S.A., con fecha 7 de noviembre de 2006, con el
objeto de canalizar dinero ilegítimo como contraprestación, al menos en el caso
de las empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente
por Néstor Carlos Kirchner y la imputada cuando ejercieron la primera
magistratura de la República. Tal devolución o retorno se hacía mediante
contratos de alquiler de propiedad de esta empresa, que se formó a tal efecto.
La misma operatoria se hizo con el grupo Indalo, pero orientada a compensar la
concesión de licencias de juego. Los alquileres fueron caros e innecesarios”.
Ninguno de los elementos de esa hipótesis se
demuestran en el fallo de Bonadio. El magistrado ordenó 40 allanamientos en los
que se cubrieron las 13 propiedades de Los Sauces. En cada uno de los
procedimientos se encontró a los respectivos inquilinos, de manera que no se
pudo probar la existencia de ningún alquiler simulado. Báez demostró que
alquilaba numerosas propiedades, a precios similares, para los empleados de
Austral Construcciones, que en un 40 por ciento provenían de otras provincias.
Cristóbal López y Fabián De Sousa, del grupo Indalo, que alquilaban dos
propiedades de Los Sauces en Puerto Madero exhibieron los alquileres de otras
oficinas de sus empresas e hicieron una comparación de precios: las contratadas
a Los Sauces tenían un alquiler levemente más bajo que las contratadas en la
misma zona, en Puerto Madero, o muy cerca, en Catalinas. La conclusión es evidente: si los alquileres
eran reales y los precios de mercado, no implicaban ninguna coima ni
transferencia oscura.
Bonadio ordenó una pericia contable que no
encontró irregularidades. Sólo una referencia a que hubo algunos contratos que
no se encontraron o que se encontraron sólo fotocopias. Como ya señaló el
abogado de los Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, esos contratos fueron
secuestrados en allanamientos concretados por otros jueces, lo que prueba lo
que Bonadio terminó reconociendo: que investigaba el mismo objeto procesal que
otros magistrados.
La defensa de los Kirchner viene reiterando un
concepto adicional: en la hipótesis del juez no hay ninguna lógica en las
proporciones. Los alquileres de Los Sauces no sumaron más de 22 millones de
pesos en siete años y la obra pública que la Provincia de Santa Cruz adjudicó,
por ejemplo, a Lázaro Báez superó los 20.000 millones de pesos. Por
proporción –dice la defensa–, los
alquileres no pueden ser retorno de obra pública.
Y lo que también le juega en contra al juez es
que a los Kirchner no se les encontró ninguna cuenta en el exterior ni dinero
no declarado ni sociedades offshore que evidencien la operatoria de coimas.
Bancos
En las 392 páginas de su fallo, Bonadio no pudo
detectar ni una sola operación en efectivo o alquileres que no se hayan cobrado
con cheque o que no se hayan depositado en un banco. Pero en el texto se
evidencia una maniobra del juez cuando se analiza la compra de la vivienda
actual de Florencia Kirchner en la calle San José, en Buenos Aires. Dice Bonadio
que no se sabe el origen del dinero y que se utilizó efectivo.
La operación fue muy distinta y así lo aclaró el
Banco Nación. A los Kirchner les venció un plazo fijo por 4 millones de pesos
en ese banco. Con ese dinero se compraron Cedines, el instrumento para
operaciones inmobiliarias que existía en 2011, y esos Cedines se le entregaron
al vendedor de propiedad de la calle San José. En todo ese movimiento no hubo
dinero en efectivo, sino que el propio banco hizo el cambio de los 4 millones
por los Cedines. Sin embargo, Bonadio alega que no se sabe el origen y que se
usó efectivo.
Hay tramos en los que Bonadio cuestiona la forma
en la que el contador Víctor Manzanares llevó la contabilidad de Los Sauces. El
profesional explicó que hay antecedentes, jurisprudencia, sobre una forma
global de llevar las contabilidades de las sociedades familiares. “No hay forma
de distorsionar las actividades –explicó Manzanares–. Cada una de las
operaciones pueden ser reconstruidas sin mayores inconvenientes mediante la
información que surge de las entidades bancarias con las cuales operó la firma,
así también las personas físicas”.
Curiosidades
Una de las curiosidades que vuelve a surgir en
la causa es que Bonadio señala que Los Sauces pagó demás unas reformas que se
hicieron en un condominio de la calle Moreno, en Río Gallegos. Los trabajos los
hizo una empresa de Lázaro Báez y el juez sostiene que se pagaron 400.000 pesos
de más. En este caso estaríamos ante el hecho de que se pagó una coima al
revés: de los Kirchner a Báez.
No es un dato menor que el magistrado haya
recurrido al Tribunal de Tasación, un organismo del Poder Ejecutivo, cuando lo
que correspondía era hacer una pericia con profesionales de la Corte Suprema y
peritos de parte. El Tribunal provocó un disparate cuando tasó las dos
propiedades de los Kirchner en Puerto Madero: dijo que valía más un
departamento que tenía menos metros cuadrados y menos cocheras que el otro.
Retornos
El fallo de Bonadio parte del concepto de que
los alquileres de Los Sauces fueron retornos por adjudicaciones irregulares de
obra pública. El problema que afrontó el magistrado es que encontró inquilinos
en cada una de las propiedades, por lo que si los alquileres eran reales no
podían ser al mismo tiempo una coima. Sin embargo, el magistrado se despacha
así: “si bien dichas viviendas pudieron ser efectivamente ocupadas por
empleados de las firmas de ese grupo Báez, nada obsta a que dicha maniobra sea
ilegal y como devolución de esas concesiones de obras públicas”. Como se ve, no
hay explicación.
Y algo similar pretende utilizar contra
Cristóbal López y Fabián De Sousa del Grupo Indalo. Argumenta que los
alquileres fueron a cambio de concesiones en el juego. El problema es que la
causa por la extensión de las licencias de juego fue sobreseída, con aprobación
del fiscal Gerardo Pollicita. Y, además, las concesiones en el Hipódromo de
Palermo las dio Néstor, no Cristina Kirchner.
Delitos
Bonadio cae nuevamente en el delito de
asociación ilícita, más que cuestionado porque su origen fue la ofensiva contra
los sindicatos y partidos de izquierda durante los inicios del siglo XX. No se
pone el acento en que tal o cual persona cometió un delito, sino que es parte de
la asociación. Por eso en la enunciación del delito se menciona que la
asociación debe producir “intranquilidad pública”. El juez salta el obstáculo
sosteniendo que se produce intraquilidad cuando se percibe una asociación de
ciudadanos dispuestos a delinquir.
En la asociación ilícita, el magistrado incluye
a empleados que sólo depositaron o firmaron cheques para pagar los alquileres;
contadores, escribanos y los empresarios que alquilaron propiedades u oficinas.
Bonadio no se privó de meter en la bolsa a los hijos de Báez y a los hijos de
Cristina. Se utiliza el concepto de banda cuando no hay casi vínculo entre la
mayoría ni voluntad de colaborar mutuamente en ningún delito. Bonadio, en lugar
de acusar a cada uno por un delito determinado, les imputa formar parte de una
supuesta organización que pagó-cobró coimas que el propio juez no pudo probar.
Incompetente
Pero lo más insólito del fallo es el final del
texto: Bonadio se declaró incompetente. Es la demostración palmaria de que la
causa fue un armado político desde el primer día, lo que incluyó una sospechosa
intervención de Margarita Stolbizer y un aún más sospechoso sorteo.
Bonadio fue expulsado la causa original,
Hotesur, por graves irregularidades. En aquella causa, Stolbizer había
presentado numerosos escritos. En cambio, en 2016 decidió no aportar un nuevo
escrito en el expediente Hotesur, sino que realizó una nueva denuncia. Por eso
fue a sorteo y casualmente le cayó a Bonadio, el magistrado eyectado de la
causa original.
A lo largo de dos años, los defensores de los
imputados –Beraldi y Maximiliano Rusconi– recusaron a Bonadio y señalaron que
la causa era una colectora, un expediente duplicado de Hotesur y cuyo único
objetivo era el hostigamiento de los Kirchner, Báez y López. La Cámara rechazó
todos esos planteos. Ayer, Bonadio procesó a los 21 imputados y después se
declaró incompetente porque dice que el expediente Los Sauces debe continuar
junto con Hotesur, la denuncia por asociación ilícita y la investigación sobre
la obra pública, todo en manos de Ercolini. “Teniendo en cuenta ello –redondea Bonadio al final de su fallo–, y
que las causas a acumular se encuentran en estadios similares, reunirlas sería
tanto por razones de economía procesal y comunidad probatoria como para
procurar el éxito de la investigación a fin de no afectar la buena
administración de justicia y la celeridad procesal”. O sea que después de dos
años de allanar, promover títulos semanales en los diarios, indagar y procesar,
Bonadio llegó a la conclusión de que no corresponde que él investigue.
Este tramo final del fallo deja en evidencia
otro capítulo de Operación Bonadio, donde lo decisivo no es investigar la
verdad sino la persecución política. Se vio otra vez la verdadera cara de buena
parte de Comodoro Py: quien manda es la coalición política-mediática-judicial
de fluido vínculo con la Casa Rosada.
Fuente: Página 12