Por Ari Lijalad | 8 de febrero de 2017
El presidente Mauricio Macri le perdonó a su
familia más de 70.000 millones de pesos de la deuda de Correo Argentino con el
Estado. Se trata de la antigua deuda de esta empresa de la familia Macri, que
lleva más de 15 años empantanada en los tribunales. Durante ese lapso, el
Estado Nacional rechazó distintas propuestas de pago de Correo Argentino por
considerarlas abusivas. Pero ahora, con Macri en el poder, el Estado aceptó una
quita del 98,82 por ciento de la deuda y podrán terminar de pagar recién en
2033.
Este desfalco para el Estado Argentino tiene un
momento clave el 28 de junio de 2016, cuando se realizó una audiencia y el
Correo Argentino hizo una nueva oferta de pago de su deuda, supuestamente más
ventajosa. Sin embargo, según reconstruye la fiscal Gabriela Boquín en su
dictamen del 30 de diciembre pasado, esta propuesta lejos estaba de ser nueva y
menos aún más beneficiosa que las anteriores. En primer lugar, la negociación
arrancó al revés: fue el Estado Nacional quien solicitó la audiencia el 19 de
mayo de 2016 y “adelantó -según consta en el expediente- que podría prestar
conformidad en caso de mejorarse la propuesta”. Mal negociador aquel que pide
una reunión y anticipa que va a aceptar. Mal negociador o hubo un acuerdo
previo.
En esa audiencia, que tuvo lugar ante la sala B
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el Estado Nacional aceptó
de forma irregular una propuesta de pago de deuda que, para la fiscal Boquín,
“es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica
gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. De hecho, según los cálculos de
la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las
Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta
significa lo siguiente: un quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un
98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri sólo
pagarán el 1,18 por ciento de la deuda que tenían con el Estado.
Según
los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en
las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta
implica un quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento
sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri sólo pagarán el 1,18 por
ciento de la deuda que tenían con el Estado.
La causa llegó a la Cámara ya que la jueza de
primera instancia Marta Cirulli no homologó un acuerdo previo porque el Estado
Nacional, principal acreedor de Correo Argentino, no aceptó las condiciones.
Con esto, no se cumplía la mayoría que establece la ley 24.522 de Concursos y
Quiebras, que en su artículo 45 determina que para obtener la aprobación de una
propuesta deben aceptarla “la mayoría absoluta de los acreedores dentro de
todas y cada una de las categorías, que representen las dos terceras partes del
capital computable dentro de cada categoría”. Al ser el Estado a quien Correo
Argentino le debe el 32,65 por ciento de su deuda y siendo el único integrante
de una categoría especial, si éste no dio acuerdo claramente no se cumplía el
requisito legal. Correo Argentino apeló esta decisión y llegó a la Cámara. En
esta segunda instancia, la fiscal Boquín rechazó el recurso de apelación pero
la Cámara dio lugar a esa audiencia donde el Estado aceptó lo inaceptable.
Casi un chiste
A esa audiencia asistieron obviamente los
representantes de Correo Argentino, los síndicos y dos representantes del
Estado Nacional: el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Comunicación Juan Carlos Mocoroa y María Alejandra Gottardi. Fue Mocoroa quien
se presentó en nombre del Estado. Pero lo notable es que Mocoroa fue designado
de forma transitoria por 180 días por la Decisión Administrativa 151/16,
firmada el 2 de marzo de 2016 por Marcos Peña y Oscar Aguad. Así, en palabras
de la fiscal Boquín, no tenía las facultades para tomar ninguna decisión en esa
audiencia en nombre del Estado ya que para eso necesitaba una autorización de
la Procuración del Tesoro, o sea, el órgano superior de los abogados del
Estado, para aceptar o rechazar algo tan importante. Y esa autorización nunca
la presentó. Más aún: para la fiscal debe investigarse si la aceptación de esta
propuesta fue por propia negligencia del funcionario (lo cual no le quita
responsabilidad) o fue por orden de sus superiores, el ministro Aguad o el
propio Macri. Aquí la cuestión.
Para
la fiscal Gabriela Boquín debe investigarse si la aceptación de esta propuesta
fue por propia negligencia del funcionario (lo cual no le quita
responsabilidad) o fue por orden de sus superiores, el ministro Aguad o el
propio Macri.
Lo que sucedió fue, según consta en el
expediente, digno de un sketch televisivo si no estuviera en juego el
patrimonio público. Correo Argentino propuso pagar el 100 por ciento de la
deuda en 19 cuotas anuales más una cuota de intereses del 6 por ciento,
arrancando desde el año siguiente a que cierren el acuerdo. Según el análisis
que realizó la DAFI, cuya titular es Judith König, esta propuesta significaba
una quita real del 99,16 por ciento de la deuda. ¿Como llegan a ese número?
Tomando en cuenta que el concurso preventivo de Correo Argentino databa del 19
de septiembre de 2001 y utilizando la tasa activa mensual del Banco Nación a
esa fecha da esa quita real.
Según consta en la causa, esa propuesta de quita
del 99,16% “fue rechazada de viva voz por el representante del Estado
Nacional”, es decir, bien rechazada por Mocoroa. Pero el mismo Estado, hoy
controlado por Macri y representado de forma irregular por Mocoroa, sólo
retrucó con el pago del 100 por ciento del monto, una tasa de interés del 7 por
ciento y menores plazos. La empresa pidió un cuarto intermedio e hizo su
contraoferta: 100 por ciento de la deuda en 15 cuotas anuales empezando desde
el año siguiente que cierren el acuerdo (o sea, 2018), donde va creciendo el
monto que se paga en cada cuota más una cuota de intereses del 7 por ciento.
Quedaba así: de la cuota 1 a la 4 el 1 por ciento de la deuda; de la 5 a la 9
el 2 por ciento; la 12 y 13 el 15 por ciento; la 14 el 20 por ciento y la 15 el
30 por ciento. Y sumaban una cuota 16 para los intereses. Es decir, en la
propuesta que aceptó el gobierno macrista, el 50 por ciento de la deuda de la
familia Macri con el Estado se pagará en el 2032 y 2033. De ahora a 15 años y
32 años más tarde del momento en que empezó el juicio. Todo esto, vale
recordar, con la quita de los 70.163 millones de pesos. O sea, pagarían tres
décadas más tarde el 1,18 por ciento de la deuda.
El sketch de la audiencia del 26 de junio de
2016 terminó con la aceptación del Estado de esta propuesta in situ. Al
parecer, la propuesta mejoraba la anterior: de 19 a 15 meses, de 6 a 7 por
ciento de interés. Pero, según detalla la fiscal Boquín, “la propuesta no
implica mejora alguna”. Utilizando la misma metodología de la DAFI, muestra que
la quita real de la propuesta supuestamente mejorada es del 98,82 por ciento
contra el 99,16 por ciento de la anterior. O sea, un 0,34 por ciento de
diferencia, por lo que no hay diferencia y ambas son abusivas. En síntesis: el
Estado Nacional aceptó una oferta que, en lo real, implica condonarle la deuda
a Correo Argentino. Con un agravante: se trata de condonarle la deuda a la familia
presidencial. Sobre el funcionario que aceptó, se abren dos hipótesis: o no
hizo las cuentas o sabía las cuentas finales y aceptó igual. Hacer las cuentas
en el momento resulta inviable, por lo que cobra relevancia la segunda
hipótesis. A todo esto, la fiscal Boquín plantea que ni siquiera esta
aceptación del Estado Nacional tiene validez ya que la decisión la tomó un
funcionario que no tenía facultades para tomarla. Y no mueve un centímetro la
cuestión central: Macri es Presidente y los Macri son los dueños de Correo
Argentino. Condonarles de hecho la deuda es beneficiarse a sí mismo.
En
síntesis: el Estado Nacional aceptó una oferta que, en lo real, implica
condonarle la deuda a Correo Argentino. Con un agravante: se trata de
condonarle la deuda a la familia presidencial.
Esta situación llegó al despacho de la fiscal
Boquín, que lo analizó en detalle y lo rechazó el 30 de diciembre de 2016 con
varios argumentos. Entre ellos, que “la propuesta rechazada y su mejora, en
términos económicos, no difieren sustancialmente”; que “la propuesta aceptada
implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible (…) por
resultar equiparable a una condonación de deuda”; que “la aceptación de la
propuesta implica un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado,
configurando una manifiesta irregularidad -que corresponde investigar- en tanto
propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio
estatal”; que la aceptación de esta propuesta la dio “un funcionario sin
competencia para comprometer al Estado Nacional en su calidad de acreedor y
carece de sustento técnico que la avale, siendo además irrazonable y carente de
validez”; que este acuerdo viola la ley de Ética Pública. En síntesis: que no
hay un sólo elemento que lleve a que el Poder Judicial homologue este acuerdo.
Que nos paguen y pagamos
Pero la cosa no terminó ahí, sino que la
propuesta de los Macri tuvo un caballo de Troya. Según figura en el expediente,
Correo Argentino, o sea, la familia Macri, mantuvo “su propuesta de pago
acelerado en virtud del cual en caso de recibir cualquier tipo de pago por sus
activos en poder del Estado Nacional, adelantará los pagos aún pendientes en
ese momento dentro de los 30 días de recibido por la concursada el pago de
dichos activos y en la misma especie recibida”. ¿Que significa esto? Que la
familia Macri especula no sólo con pagar la deuda con el Estado para el 2033,
sino con ganarle juicios al Estado por la estatización de Correo Argentino y
con la misma plata que cobre de ese juicio pagarle al Estado su deuda. Eso sí:
aclaran que en la misma especie, o sea, que si en su juicio contra el Estado le
arrancan un edificio, pagan con un edificio y no con dinero. Vale recordar que
Correo Argentino fue una de las primeras estatizaciones ordenadas por Néstor
Kirchner y una de las razones fue la deuda acumulada por el canon que los Macri
no pagaron. Ahora, mientras desde el gobierno les condonan la deuda, van
también por una indemnización por esa decisión de Kirchner.
Correo Argentino fue una de las primeras estatizaciones ordenadas por
Néstor Kirchner y una de las razones fue la deuda acumulada por el canon que
los Macri no pagaron. Ahora, mientras desde el gobierno les condonan la deuda,
van también por una indemnización por esa decisión de Kirchner.
Para más pruebas de esta estrategia, en el
último balance de Sideco (la empresa controlante de Correo Argentino), que
presentó el 10 de marzo de 2016 ante la Comisión Nacional de Valores (CNV),
informaron que en forma paralela a esta maniobra con la deuda con el Estado,
presentaron un reclamo ante el entonces Ministerio de Planificación Federal
donde pidieron “el pago de una suma de dinero por el desapoderamiento de las
inversiones realizadas por Correo Argentino S.A. y su usufructo hasta la fecha
a favor del Estado Nacional en razón de la rescisión del Contrato de
Concesión”. Clarito.
Cambiemos de estrategia
La deuda original del Correo Argentino con el
Estado era de 296.205.376 pesos. Eso era en 2003. Según las actualizaciones que
hizo la DAFI, esa deuda al 2017 supera los 4.000 millones de pesos. Y proyectada
al 2033, cuando los Macri van a terminar de pagar, es que da 71.001.731.324
pesos. La propuesta que aceptó el gobierno implica una quita de 70.163.910.895
pesos, el 98,82 por ciento. Para dar una idea, según el presupuesto 2017, es
más de la mitad de lo que se va a destinar a Educación y supera ampliamente el
gasto en Salud del Estado Nacional.
En los años que llevaba la causa, Correo
Argentino hizo distintas propuestas de pago rechazadas por el Estado Nacional.
Pero, como en otras áreas, el cambio en la postura del gobierno nacional viró
180 grados. Un ejemplo fue en el caso de Papel Prensa, donde un acuerdo entre
Clarín, La Nación y la administración macrista puso fin a la disputa judicial
por la que el Estado Nacional denunció desde 2009 irregularidades financieras.
Pero ahora, con el caso de Correo Argentino, hay un agregado que hace más grave
la situación: el acuerdo es entre el Estado Nacional y la familia presidencial.
Más concreto: entre el Gobierno de Macri y la familia Macri.
Este viraje se verifica en números que constan
en el expediente. Por ejemplo, en el 2003 el Estado rechazó propuestas de pago
del 7,7 por ciento y 5,73 por ciento de la deuda, o sea, quitas del 92,3 por
ciento y 94,27 por ciento respectivamente. La fiscal Boquín, en su presentación,
reitera que la propuesta de 2016 “resulta abusiva, irrazonable y ruinosa para
los intereses de la comunidad”.
La famiglia
Correo Argentino es controlada por Sideco
Americana que a su vez es controlada por Socma Americana. O sea, desde Socma,
Sociedades Macri, se controla a Correo Argentino por medio de Sideco. En 2001,
Sideco tenía el 69,23 por ciento de Correo Argentino y Socma tenía el 95,5 por
ciento de Sideco. Así de simple, y no tanto. Para 2015, Socma aún tenía el
59,61 por ciento de Sideco. Y, según el último balance presentado por Sideco a
la CNV, para fin de 2014 tenía el 74,23 por ciento de Correo Argentino. Por lo
tanto, la cadena seguía intacta.
En 2003, cuando Correo Argentino se presentó a
concurso de quiebra, Franco Macri le dijo al juez Eduardo Favier Dubois (el
primero que intervino en la causa) que ya no era directivo de la empresa ni
ocupaba ningún cargo gerencial, pero que todas las acciones estaban en manos de
la famlia Macri. Ambas cosas eran ciertas. Lo que no dijo Franco es que tenía
el usufructo vitalicio de casi todas las acciones de Socma y, por ende, de la
controlante madre de Sideco y Correo Argentino. Si bien no figuraba en esta
última, la controlaba desde arriba. Respecto a la familia, Franco que cedió las
acciones a sus hijos y uno de ellos, Mauricio, las cedió a su vez en 2009 a sus
propios hijos. Todo en famiglia.
El juez Favier Dubois decretó entonces la
quiebra de Correo Argentino y le impidió salir del país a toda la familia Macri
así como a quienes figuraban en el directorio de Sideco: el presidente Angelo
Calcaterra, el vicepresidente Roberto Leonardo Maffioli, y los directores
titulares Jorge Rubén Aguado, Justo Jorge Solsona, Manuel Sobrado, Giorgio Aldo
Nocella, Juan Garrones y Néstor Grindetti, que siguió luego a Mauricio en la
gestión pública. Obviamente, los Macri apelaron la decisión del juez.
En 2009 Macri se desprendió de su participación
accionaria en Correo Argentino y se la transfirió a sus hijos Agustina, Gimena
y Francisco Juan. Pero, si bien esto es cierto, no es menos real que la empresa
sigue en manos de su familia y, por ende, la decisión de aceptar la propuesta
de Correo Argentino y perdonarle 70.163 millones de pesos beneficia
directamente a la familia presidencial. Así, la fiscal Boquín destaca:
“pudiendo resultar que familiares del Presidente de la Nación resultarían
beneficiarios finales de la sociedad concursara y/o de sus controlantes o
integrantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese
relación de dependencia con él, podría aceptar una propuesta que directa o
indirectamente lo beneficie”. En este caso, sucedió lo contrario. El director
de Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Mocoroa, depende indirectamente de
Macri. Pero, a su vez, “la composición accionaria y la titularidad que se
verifica en el expediente del concurso respecto de la familia del Presidente de
la Nación -insiste Boquín- haría inviable cualquier transacción por parte del
Estado Nacional que implicara un beneficio para la concursada y sus controlantes
y un perjuicio para las arcas de la Nación”.
Justicia PRO
Todo queda en manos ahora de los camaristas
María Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel
Piaggi. Gomez Alonso, es actualmente presidenta de la Asociación de Magistrados
y Funcionarios de la Justicia Nacional, la primera mujer en ocupar ese cargo
que ganó como candidata de la lista Bordó, donde se nuclea a lo más conservador
de la familia judicial y a buena parte de jueces y fiscales antikirchneristas.
Cuando ganó las elecciones, contó: “Me llamó el ministro de Justicia de la Nación,
Germán Garavano, para felicitarme y yo le manifesté que vamos a trabajar juntos
pero que también nos vamos a pelear”. Tuvieron un pequeño cruce respecto a la
propuesta del gobierno de eliminar la feria judicial. ¿Será igual con este
intento de perdonarles la deuda a los Macri?
Tanto Gomez Alonso como Piaggi ya intervinieron
en esta causa en 2003, junto el entonces juez Enrique Butty, cuando en el
último día de plazo le permitieron a la familia Macri prorrogar los plazos para
la negociación de esta deuda, todo lo contrario a la decisión del juez Favier
Dubois. O sea, esta sala ya salvó al grupo Macri en 2003. En el caso de Piaggi,
que integra la Cámara desde 1988, hay otro dato por el cual en ese momento se
pidió su excusación en esta causa: era la esposa de Jorge Vanossi, hombre que
encabezaba por entonces la lista de diputados del PRO. En ese momento la
Fundación de Defensa de Usuarios y Contribuyentes (FEDUCON) la denunció ante el
Consejo de la Magistratura, pero la cosa no prosperó. Si por entones no se
excusó, difícil que lo haga ahora. Si por entonces falló a favor de los Macri,
complejo que cambie su propia postura. Sólo que ahora la cuestión es más
completa: es condonarle la deuda con el Estado a la familia presidencial.
Fuente: Nuestras Voces