En diálogo con Contexto, el diputado nacional
Juan Carlos Díaz Roig rechazó las exigencias del organismo internacional de
crédito, aseguró que la política previsional del macrismo “es realmente calamitosa”
y que apuntan a “liquidar” el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para “hacer
negocios afuera”.
Por Fernando M. López
Antes de los Gobiernos de Néstor y Cristina
Kirchner, cuatro de cada diez personas en edad de jubilarse estaban excluidas
del sistema de seguridad social. Los que contaban con una prestación tenían sus
haberes congelados desde el menemismo y hasta sufrieron un recorte del 13% por
obra y gracia del ex presidente Fernando de la Rúa y su ministra de Trabajo,
Patricia Bullrich, reciclada ahora en el gabinete de Cambiemos como titular de
la cartera de Seguridad.
Luego de la inclusión previsional alcanzada
durante la última década, la cobertura llegó al 95% de los abuelos, la más alta
de América Latina. Pero con Mauricio Macri y el regreso del Fondo Monetario
Internacional (FMI) al país, el sistema vuelve a estar en riesgo. En los
últimos meses, a través de la farsa de la “reparación histórica” y el blanqueo
de capitales, el Gobierno sentó las bases para la reforma neoliberal que exige
el organismo de crédito sobre las jubilaciones y pensiones.
Juan Carlos Díaz Roig, quien integra la Comisión
de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación, dijo a
Contexto que lo que pide el FMI “es criminal y absolutamente inhumano”.
Para el legislador por Formosa del Frente para
la Victoria (FpV), la cuestión “central” es el cambio que se propone en la fórmula
de actualización de la Ley de Movilidad, para ajustarla por la variación del
índice de costo de vida, y en la determinación del haber inicial.
“La fórmula de movilidad argentina es única en
el mundo. Fue una idea nuestra y funcionó muy bien desde su sanción en 2009. Es
un mix entre el aumento de recaudación previsional y el aumento proveniente de
las paritarias. Esto hizo que el haber de los jubilados todos los años fuera
superior a la inflación, con lo cual se achicó el índice de Gini (medida de la desigualdad)
y se agrandó la participación del sector asalariado en la torta, el famoso
fifty-fifty”, explicó.
Descartar esos dos parámetros para reemplazarlos
por la variación de precios que refleja la evolución de una canasta de consumo
promedio sería un claro retroceso que impactaría negativamente sobre los
haberes del sector pasivo.
“En momentos en que la política nacional es
enfriar la economía, bajo una concepción neoliberal, evidentemente la inflación
se dispara por encima de la fórmula movilidad. Lo que vengo planteando es que
se mantenga la fórmula pero se le agregue un tercer coeficiente, a través de
una cláusula gatillo, que sería el de la inflación”, sostuvo Díaz Roig, y
agregó que “esto permitiría garantizar que, cuando la inflación sea superior a
la fórmula de movilidad, el Estado se haga cargo de la diferencia sin utilizar
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)”.
Las preocupaciones son aun mayores en torno a la
determinación de lo que cobrarán aquellos que recién se jubilan, ya que el FMI
le recomienda al Gobierno de Macri que reduzca la tasa de reemplazo, referida a
la relación entre el haber previsional y el salario que se percibía durante la
etapa activa. El organismo plantea pasar del 72% promedio actual a un 60%,
bajando de 1,5 a 1,1 el coeficiente de la determinación que multiplica cada año
de aportes.
“Plantear el 1,1 es una barbaridad porque, con
treinta años de aportes, sería sólo el 33%. Ahora, con treinta años de aportes
se tiene el 45%, a lo que se suma la Prestación Básica Universal (PBU). Hoy
estamos próximos a un 70% en promedio y hemos llegado al 81% del salario mínimo
vital y móvil. Pero si el Gobierno decide acatar lo que dice el FMI nos
encontraremos con una pauta sustitutiva que no va a llegar ni al 50% del haber
en actividad”, advirtió el legislador del FpV.
Según Díaz Roig, lo que se necesita es “una
reforma integral” que mejore el sistema y garantice un nivel más alto de
consumo: “La ley de movilidad jubilatoria ha permitido que la tasa sustitutiva
esté cerca del 70%, aunque debe considerarse la posibilidad de llegar al 82%”.
En este marco, el diputado también se opuso a la
“recomendación” de modificar la edad de jubilación de las mujeres, para
aumentarla de 60 a 65 años, y aseguró que “manteniendo las moratorias podríamos
llegar a la cobertura integral”.
“El tema de la edad depende estrictamente de que
sigamos con la moratoria previsional o no; esa es la cuestión de fondo que
ellos quieren atacar. Yo soy un defensor de la moratoria porque en la historia
argentina es una falencia del Estado no haber tomado los recaudos previsionales
necesarios para garantizar el pago de los aportes y las contribuciones, sobre
todo en los sectores con mayor evasión empresarial, como son el campo y el
sector gastronómico”, indicó.
Asimismo, rechazó la idea de sacar la Asignación
Universal por Hijo, el PROG.R.ES.AR. y PRO.CRE.AR. de la ANSES para enviarlos a
la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, así como el Conectar Igualdad al
Ministerio de Educación y Deporte.
“Cuando alguien utiliza la AUH para comprar
leche, pasajes de transporte público, útiles, o lo que sea, cotiza a la
seguridad social. Un porcentaje de ese gasto colectivo va al fondo de la ANSES.
Por eso defendemos que estos programas estén en el sistema de previsión
social”, remarcó, y consideró “tendencioso” que el FMI mencione el
PROG.R.ES.AR. y el Conectar Igualdad.
“Esos planes no estaban financiados por la
ANSES, al menos durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, así que
no sé por qué lo menciona el Fondo Monetario, que habitualmente está mal
informado. Parece que quiere dar a entender que las notebooks se están pagando
con plata de los jubilados, cuando eso no es así”, completó.
El FGS
En enero próximo asumirá la nueva conducción
directiva del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). En ese cargo estuvo
Luis María Blaquier, sobrino del genocida dueño del ingenio Ledesma, aunque
debió renunciar tras el escándalo del Memorándum de Entendimiento que firmó con
Qatar Investment Authority (QIA), que contemplaba la creación de una estructura
offshore para administrar los 1.300 millones de dólares del acuerdo. En su
lugar, el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, pondrá a su amigo Juan
Martín Monge, quien se desempeñó como CEO de la AFJP MetLife y el Banco
Galicia.
“La política del macrismo hacia los jubilados es
realmente calamitosa. Si fuera por ellos, irían al régimen de las AFJP, pero a
lo único que apuntan por el momento es a liquidar el FGS”, afirmó Díaz Roig.
Al respecto, el legislador apuntó que el
Gobierno hizo “una trampa muy grande” luego de la devaluación: “Calcularon los
800 mil millones de pesos del FGS al dólar contado con liqui en lugar de
calcularlo al dólar oficial de diciembre y ahora dicen que hay U$S 55 mil
millones. La forma en que mienten, amparados por la protección mediática y
judicial, es algo que genera impotencia”.
Más tarde, y pese a estar prohibido por ley,
Blaquier puso a la venta el 12% de las acciones que tenía la ANSES de Petrobrás
Argentina. Las adquirió Pampa Energía, una de las empresas de Joe Lewis, el
magnate inglés amigo de Macri, a quien unas semanas antes se le había perdonado
la multimillonaria deuda que Edenor mantenía con el Estado.
Fuente: Contexto