Poco se informó en los medios sobre la
metodología de tratamiento de los recientes proyectos de ley aprobados en
Diputados: el Presupuesto Nacional 2017 y el sistema de Participación
Público-Privada (PPP) para proporcionar bienes o servicios públicos.
Las modificaciones a los proyectos originales se
acordaron fuera de su ámbito natural de debate (las Comisiones de la Cámara de
Diputados) entre los legisladores de Cambiemos y los bloques Frente Renovador y
Justicialista, principalmente. Luego se ratificaron formalmente en las
comisiones. El resultado: la aprobación de las leyes con gran cantidad de
modificaciones de último momento, aunque ninguna de ellas cambió la orientación
sustancial de lo propuesto por el Poder Ejecutivo.
Durante el tratamiento del proyecto de PPP
circularon varias listas con los cambios propuestos. Todas ellas tenían una
indicación invariable: “arbitraje con prórroga de jurisdicción no se modifica”.
Es el punto que muchos hemos criticado con más intensidad, como lo expresé en
la columna del domingo pasado, dado que compromete significativamente la
soberanía nacional. El juicio de los fondos buitre y sus derivaciones y
resultado han sido aleccionadores respecto a la aplicación de la jurisdicción
de tribunales extranjeros.
Cabe mencionar algunas modificaciones
importantes incorporadas, como la creación de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada, y la obligación
impuesta al Poder Ejecutivo Nacional de informar al Congreso sobre el impacto
fiscal de los compromisos asumidos e incorporarlos en las respectivas leyes de
Presupuesto. No obstante, ratifico que no cambian el espíritu de este proyecto.
Entre los aportes que el Sector Público Nacional
se compromete a efectuar se consideran la cesión de la titularidad de bienes y
la concesión de derechos de uso y/o explotación de bienes del dominio público
y/o privado. Este es un paso significativo para posibilitar la privatización de
los bienes del Estado y de la provisión de servicios públicos.
El proyecto aprobado establece que “la
participación estatal deberá alentar y ser compatible con la participación del
sector privado”. ¿Qué significa esto? ¿Que tenga que generar beneficios, o que
no pueda ejercer su rol de contralor de la prestación de servicios públicos? No
queda claro.
Una mención especial merecen los varios “y/o”
que hay en la redacción de los artículos, que diluyen la efectividad de lo
propuesto. Por ejemplo, se expresa que la contratante deberá “ponderar la
rentabilidad económica y/o social de los proyectos”. Así redactado daría lugar
a considerar sólo la rentabilidad económica en las asociaciones, lo que sería
especialmente perjudicial en la provisión de servicios públicos.
El “y/o”, y el “salvo informe fundado que
justifique su exclusión” se utilizan también para reglamentar los beneficios a
pymes, desactivando de esta forma toda obligación de fomento al sector.
En resumen, creo que este es un proyecto
privatizador, solicitado por las grandes multinacionales, y que debería
llamarse “proyecto de Pérdida de Soberanía Nacional”.
Hay Presupuesto
Finalmente Diputados aprobó el Presupuesto
Nacional 2017 con una serie de cambios respecto al proyecto original del
Ejecutivo, aunque con insuficientes aumentos de partidas para determinados
gastos y un elevado nivel de discrecionalidad en su asignación.
Aún con los cambios, es un presupuesto para
implementar el ajuste neoliberal que fomenta el gobierno de Mauricio Macri.
El Presupuesto reduce los gastos en áreas
vinculadas a los Derechos Humanos y la Memoria, la Verdad y la Justicia, y
recorta los presupuestos de Ciencia y Técnica, a pesar de los aumentos
incorporados en el dictamen final, los cuales resultan insuficientes. También
realiza una baja asignación a los gastos de capital, aún con los $ 5000
millones del Fondo Federal Solidario otorgados a las provincias. El presupuesto
para las universidades no sólo es exiguo, sino que la ampliación que se realizó
se destina a 22 de las 56 universidades existentes, una parcialidad
perturbadora al pensar en la necesaria libertad de enseñanza que debiera
primar.
En mi dictamen sostuve que las asignaciones
presupuestarias destinadas a las políticas de Derechos Humanos y la Memoria, la
Verdad y la Justicia deben, al menos, mantener su valor en términos reales, e
incluso sería conveniente incrementarlas paulatinamente, de forma tal de ir
fortaleciendo el desarrollo de las políticas. En el caso del presupuesto
universitario, propuse, siguiendo la iniciativa del Consejo Interuniversitario
Nacional, que fuera ese organismo el que asignara los presupuestos a las
distintas universidades.
En la revisión del Presupuesto, se rechazó de
plano la solicitud de varios legisladores (incluida también en mi dictamen) de
asignar las partidas para el presupuesto del Parlamento del Mercosur y las
dietas de los legisladores que representan a nuestro país. No sólo corresponde
respetar los acuerdos firmados, sino que además dicha erogación ha sido
considerada como “un deber ineludible del PEN” por el fallo de la Cámara
Nacional Electoral. Esta denegación por parte del oficialismo revela el nuevo
sentido de la integración que pretende, denostando las instituciones de la
integración entre los países de América Latina.
El endeudamiento en divisas por U$S 45 mil
millones colisiona con las declaraciones del ministro Prat-Gay en Nueva York
(20/09/16) acerca de que no se tomarían más de U$S 15 mil millones de deuda
externa el año que viene. De toda esta cantidad, sólo el 0,6% se va a destinar
a gastos de capital. El endeudamiento en moneda dura se destinará a cancelar
deuda, a pagar intereses (por un monto muy superior al de este año) y una gran
parte a financiar el abultado déficit fiscal.
Esta definición no está fuera de la lógica del
gobierno. De allí el interés en la aprobación del proyecto de Participación
Público-Privada (PPP), para que las empresas transnacionales inviertan en las
áreas que desean, con un gran paraguas de rentabilidad.
Critiqué la no existencia del cálculo del
impacto de la prometida modificación del Impuesto a las Ganancias (cuarta
categoría-rentas del trabajo personal). Pero al día siguiente de la aprobación
del Presupuesto se conoció la intención del gobierno de subir sólo el 15% el
mínimo no imponible del impuesto en 2017, mientras que la modificación de las
escalas llevaría unos dos años (El Cronista, 04/11/16). Pareciera que el tema
de la modificación de Ganancias fue sólo otra puesta en escena, de las muchas a
las que nos tiene acostumbrados el macrismo.
Las transferencias de las clases de menores y
medios ingresos hacia los poderosos que tiene por objeto la administración
macrista, y que se expresan implícitamente en el Presupuesto, se consolidan con
la frase del presidente en Córdoba este último viernes. Dijo Macri: “cuando
estén los resultados de esta siembra récord que tenemos en Argentina, va a
haber más producción y más crecimiento. Y eso nos va a permitir salir de la
pobreza, generando trabajo de calidad”. Luego de haber indicado que el proceso
de reducción de pobreza era una meta a lograr en el largo plazo, ahora asigna a
la cosecha agrícola en curso, no sólo el poder de reducir la pobreza, sino de
generar trabajo de calidad.
Preocupa cuál es la definición de “trabajo de
calidad” para Macri, al asignarlo a una actividad que se ha caracterizado
históricamente (no sólo en Argentina) por la creación de trabajos precarios o
de bajo ingreso.
En definitiva, una fase más del proceso que nos
intenta llevar a una sociedad de un tercio (con dos tercios de excluidos), que
gestiona el actual gobierno con una lógica que también prevaleció en los años
noventa.
