La Comisión Provincial por la Memoria aportó
documentos que involucran al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernandez
Garello, en dos causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en los
juzgados federales de San Martín y San Isidro. En el primero se investiga el
secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, militante del Partido
Socialista de los Trabajadores, y en el segunda el secuestro y tortura de
militantes comunistas. Al momento de los hechos el fiscal revistaba como sub
inspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires (DIPPBA) donde desarrolló acciones de espionaje político y
gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del
terrorismo de Estado. Entre sus actividades se infiltró en reuniones de las
Madres de Plaza de Mayo y la Conferencia Espiscopal. La CPM puso inmediatamente
en conocimiento de los hechos a las máximas autoridades de la Suprema Corte de
Justicia y la Procuración bonaerense y solicitó su inmediata intervención. Ante
la gravedad institucional del caso, la CPM solicita su juicio político y el
urgente apartamiento de sus funciones.
Durante la dictadura cívico-militar, el ahora
fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, se desempeñó
primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la
delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Sólo entre 1978 y 1982, Fernández Garello
participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las
acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.
En relación a ese material, la Comisión
Provincial por la Memoria (CPM) aportó documentos que involucran a Fernández
Garello, entre otros agentes de la DIPPBA, en la causa que investiga los
apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la
detención de tres militantes del Partido Comunista, el 23 de Julio de 1981.
El entonces oficial subinspector participó tanto
del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de
Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de
Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de los “interrogatorios” a los
que fueron sometidos las víctimas.
Por otra parte, la CPM también envió
documentación ampliatoria en la causa por la desaparición de Ana María Martínez,
en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona militar IV.
La delegación DIPPBA San Martín, donde actuaba Fernández Garello, era parte de
esa zona militar a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.
Un examen de las 17 acciones de inteligencia del
actual fiscal general de Mar del Plata registradas en el archivo de la DIPPBA
permite identificar como rasgo principal de estas intervenciones el espionaje
político y gremial. En este material aparecen memorandos de inteligencia
referidos a conflictos laborales y gremiales en Textil Patagónico, Fiat Concord
y Deutz Argentina, entre otros. También se constata el registro de murales y
panfletos pertenecientes a distintos partidos y agrupaciones políticas. Estas
acciones forman parte del proceder de la DIPPBA que operó como una suerte de
policía política del estado terrorista.
Otro rasgo central y sistemático del accionar de
la DIPPBA fue la infiltración sobre organizaciones sociales y políticas; en ese
sentido, Fernández Garello interviene en el informe que implicó para su
desarrollo la infiltración en una reunión mantenida entre autoridades de la
Conferencia Episcopal Argentina y las Madres de Plaza de Mayo. También se
registran infiltraciones a cooperadoras escolares e incluso el seguimiento de
una agencia de turismo que promovía como destino al Kremlin. En todo este
accionar la búsqueda de “delitos de terrorismo” es el objetivo, entendiéndose
como persecución del comunismo.
La gravedad de los hechos denunciados no sólo
obliga a avanzar en las causas penales que se desprenden de estas acciones sino
también requieren una respuesta política inmediata. Por ese motivo, la CPM
solicita su juicio político al fiscal y que sea suspendido de inmediato en sus
funciones.
La permanencia de Fernández Garello como fiscal
general es inadmisible en democracia porque se trata de una persona que, por
sus acciones en la DIPPBA, fue parte del esquema represivo desplegado por el
terrorismo de Estado. Por la relevancia de las funciones que cumple en el marco
de las instituciones democráticas hace que sea incompatible su continuidad en
el cargo. Entre sus funciones, por ejemplo, está la puesta en marcha de la
policía judicial en el departamento de Mar del Plata. La policía judicial es
una reforma que apunta a la renovación del sistema judicial y aporta a la
modificación del paradigma de investigación, basado en la delegación fiscal en
la policía bonaerense. De ninguna manera, entonces, puede quedar bajo las
órdenes de una persona que fue agente de inteligencia y perpetró delitos de
lesa humanidad.
Fuente: Agencia para la Libertad
