En un hecho sin precedentes la Justicia
rionegrina emitió una orden para detener a varios dirigentes de la Asociación
Trabajadores del Estado (ATE-CTA), en relación al conflicto que mantuvieron los
trabajadores municipales de la localidad de Contralmirante Cordero hace algunos
meses. Los gremialistas se presentaron en el Juzgado Penal Nº2 de Cipolletti
para ponerse a derecho y la jueza comunicó su decisión de detenerlos.
El sindicato manifiesta que fueron sorprendidos
por la decisión de la jueza Sonia Martín quien -a pesar de que los dirigentes
Rodolfo Aguiar (Secretario General), Rosa Ñanco (Secretaria de Acción Política)
y Dora Fernández (Secretaria General de la Seccional Norte) se presentaron hoy
en el Juzgado Penal Nº2 de la Ciudad de Cipolletti a los efectos de designar
abogado defensor y ponerse a derecho- igualmente comunicó a los mismos que no levantaría
la orden de captura y que serían inmediatamente detenidos.
Para ATE, se trata de la profundización en la
provincia de la judicialización de la protesta social y la aceleración de las
persecuciones sobre dirigentes sindicales. Tal urgencia para llevar al estrado
a los trabajadores que reclaman por sus derechos, no se había advertido con
anterioridad, ni se reitera frente a otros casos similares, lo que demuestra
una total y plena subordinación de la Justicia al Poder Político.
El gremio exige que se aclare la situación
procesal de los referidos dirigentes y que cese la persecución judicial de la
que están siendo objeto.
Preocupa a ATE, además, que estos hechos se
sumen a la reciente detención y desaparición durante más de diez horas de otro
dirigente del gremio en Allen, a pesar que no había cometido ninguna falta.
“El nivel de persecución judicial que existe en
este momento en la provincia es inaudito. Nos quisieron obligar a declarar sin
la presencia de un abogado defensor y ordenaron nuestra captura a pesar de que
hoy nos presentamos en el Juzgado por nuestra propia voluntad para ponernos a
derecho”, manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro,
quien además agregó: “El código penal no fue creado para resolver los
conflictos sociales. Los conflictos de esta naturaleza los debe resolver el
poder político”.
“Los jueces podrían detener a un narcotraficante
o a algún violador alguna vez. Pero parece que en eso no se meten. Que el
Gobernador los manda a hacer otra cosa”, cuestionó con dureza Aguiar.
La entidad sindical considera que la falta de
independencia de la Justicia en estos momentos, implica un riesgo para todos
los ciudadanos, ya que se están vulnerando derechos y garantías
constitucionales esenciales, como ocurrió durante esta jornada con el intento
de Sonia Martín de obligar a los imputados a prestar declaración indagatoria
sin la presencia de un abogado defensor. Por último, desde ATE se hace
responsables al Gobierno de la Provincia de Río Negro, a la Justicia Provincial
y a la Policía, durante las próximas horas, por la salud y la integridad física
de los mencionados referentes gremiales.
Fuente: ACTA-CTA
Publicó RedEco