El coordinador nacional de laTupac Amaru,
Alejandro Gafagnini y el abogado Luis Paz, patrocinados por Elizabeth Gómez
Alcorta, denunciaron penalmente hoy a la ministra de Seguridad de la Nación,
Patricia Bullrich, por abuso de autoridad y violación a la ley de inteligencia.
La presentación se realizó a raíz de las actividades ilegales de inteligencia
que se llevaron adelante contra a organizaciones políticas y sociales que
fueron reveladas esta semana por el periodista Mauro Federico. La causa quedó
en manos del juez Claudio Bonadío. Por otra parte, en Jujuy, el diputado
provincial del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, Ariel
Ruarte, también del equipo de abogados de Milagro Sala, presentó un proyecto de
repudio a las actividades de Gendarmería realizando tareas de Inteligencia a
los ciudadanos fuera del margen constitucional.
La denuncia presentada hoy en Comodoro Py fue
formulada a partir de la documentación de un reporte denominado “Antecedentes
del mes en la provincia de Jujuy” que abarca una serie de actividades llevadas
adelante entre agosto y septiembre de 2016 por distintas organizaciones
sociales. La información se centra en el cacerolazo a nivel nacional en
“repudio a los tarifazos en los servicios básicos esenciales”. Asimismo, se
detallan los lugares y los horarios de las concentraciones. En la denuncia
también destacaron el informe sobre el acampe y la huelga de hambre que realizó
en Plaza de Mayo la organización Tupac Amaru, en reclamo del inmediato cese de
la incomunicación -ilegal- que sufría entonces Milagro Sala, además de
mencionar los informes sobre una convocatoria realizada por el Frente de
Izquierda y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos que viajaron a
Jujuy a fin de tomar conocimiento y denuncias de diversos hechos de violencia
institucional en Jujuy,
“Esta documentación pone de manifiesto que,
desde esferas de poder estatal, de algunas de las fuerzas de seguridad,
Gendarmería posiblemente, se llevan adelante actos de espionaje ilegal,
dirigido centralmente contra organizaciones sociales y políticas, evidenciando
una clara política de persecución contra dirigentes y referentes de aquellas”,
señaló Elizabeth Gómez Alcorta la abogada patrocinante de los denunciantes.
“La ley es muy clara respecto a las competencias
que tiene la Agencia Federal de Inteligencia y establece que ningún organismo
de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar
datos de personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas
u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias,
sociales, sindicales, o comunitarias, entre otras”.
Desde la Tupac Amaru denunciaron además que estas tareas
ilegales de inteligencia están directamente ligadas a la persecución política que
se inició a partir de la asunción del nuevo gobierno tanto a nivel provincial
como nacional tanto a Milagro Sala en particular como a los integrantes de la
organización barrial en general.