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    Locademia de policía


    por Reynaldo Sietecase el 7 de octubre de 2016  
    No es nuevo. Muchas decisiones políticas nacen del matrimonio entre una necesidad extendida y real de la población y una especulación meramente electoral. En los últimos dos meses, varias de las encuestas que circularon por la Casa Rosada revelaron una coincidencia: en la provincia de Buenos Aires, en CABA, Rosario, Córdoba y otras ciudades del interior, la inseguridad es la principal preocupación de los ciudadanos. Se ubica por encima de la inflación, el temor al desempleo y los casos de corrupción. La sucesión de hechos violentos en el conurbano en los últimos días hicieron el resto. El gobierno nacional accedió al pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal y mandará nuevos contingentes de fuerzas federales a patrullar las calles y rutas de la provincia más poblada del país. La medida funciona como un mero paliativo y revela la ausencia de un plan integral para enfrentar la inseguridad.

    La población que vive en los grandes centros urbanos está sacudida por el delito y consternada por la impunidad. En general, los ciudadanos no tienen confianza en la policía ni en la justicia. El paisaje no puede ser peor: las condiciones sociales que viven amplios sectores son graves (hay casi dos millones de indigentes según los últimos datos del INDEC); el narcotráfico creció en complejidad y extensión territorial, cautiva a muchos jóvenes que no estudian ni trabajan, a otros los mata; el aparato judicial es ineficaz (sólo como ejemplo: esta semana la asociación de fiscales argumentó que no se podrá cumplir con la flamante ley de Flagrancia porque no cuentan con recursos humanos ni técnicos); las cárceles están superpobladas y las condiciones de detención son paupérrimas, en su mayoría, no logran el objetivo de la reinserción y hasta perfeccionan delincuentes. Y para colmo de males, la fuerza diseñada para combatir la inseguridad está atravesada transversalmente por la corrupción. Entre los casi dos mil relevados en estos primeros diez meses, hay agentes pero también Jefes, comisarios de todos los rangos y más de cien subcomisarios. Los buenos policías, que los hay, están desmoralizados, mal entrenados y mal pagados. “Quién no entra en la joda, es un idiota y puede sufrir graves consecuencias”, reconocen en el gobierno provincial.

    En Buenos Aires viven más de quince millones de personas. La Policía cuenta con 90 mil efectivos (16 mil son de las policías locales). De ellos hay cinco mil bajo investigación. Cerca de dos mil ya fueron relevados (entre ellos hay altos mandos). Pero hay otras curiosidades: once mil agentes realizan tareas administrativas (hay un plan para reemplazarlos por civiles) y más de cuatro mil con carpetas médicas. Es decir quince mil policías que no realizan tareas directamente relacionadas a la seguridad.

    La gobernadora Vidal está convencida de que sólo adecentando y profesionalizando a la bonaerense se podrá bajar los altos índices del delito. Tomó esa decisión no bien llegó al cargo. Por esa razón le dio amplias facultades a la división de Asuntos Internos para que persiga a los desleales y apartó a cientos de agentes sospechados; cortó las horas adicionales (fuente de negociados de todo tipo) y otras cajas de recaudación ilegal como la droga y el juego. El caso de la Comisaría 1ra de La Plata dónde aparecieron sobres con plata y sus nombres correspondientes fue tan revelador como los bolsos de López. Hasta dónde llegaba esa “cadena de la felicidad” es materia de investigación judicial. La gobernadora también exigió la presentación de declaraciones juradas a los principales miembros de la fuerza. Según el Ministro de Seguridad Cristian Ritondo la respuesta a estas medidas se traduce en “zonas liberadas” para el delito y acciones de amedrentamiento a funcionarios y policías honestos. Vale decir que María Eugenia Vidal se encuentra viviendo en la Base Militar de Morón.

    Justo en el momento más complejo de esta pelea surgieron los primeros cortocircuitos con la titular de Seguridad a nivel nacional, Patricia Bulrich. Vidal se hizo eco de un reclamo de media docena de intendentes y comenzó a exigir que le enviaran fuerzas federales en un número similar al que existía en el territorio bonaerense antes del triunfo de Cambiemos. En un principio Bulrich había planteado que Gendarmería y Prefectura volvieran a vigilar las fronteras y los puertos en lugar de “subsidiar” a la policía. Esto terminó enojando a la “niña mimada” del Presidente. La Ministra tuvo que retroceder. Viene de una sucesión de disputas. Denunció a Juan José Gómez Centurión por amparar a contrabandistas, lo que originó su salida de la Aduana y el polémico funcionario logró el respaldo de Elisa Carrió y del propio presidente; se cruzó fuertemente con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchitz, al que le enrostró poca decisión para mejorar su policía y, aseguran, mantiene diferencias metodológicas con su segundo, Eugenio Burzaco.

    Mauricio Macri cortó por lo sano. Ante la necesidad real y las consecuencias políticas que el incremento de la inseguridad puede ocasionarle a las chances electorales de la coalición de gobierno, ordenó  mandar los agentes federales a Buenos Aires. En rigor de verdad, ya hay cuatro mil y se sumarían unos dos mil más. Con el envío de gendarmes de manera discrecional, el gobierno retoma la estrategia de Sergio Berni, el ex factótum de la seguridad del kirchnerismo. Los gendarmes no son superhombres, obvio que también cargan con denuncias de malos tratos y corruptelas, pero se diferencias fácilmente de la policía. Son proactivos (caminan, recorren y preguntan), son más eficaces y, sobre todo, tienen menores vínculos con los delincuentes a los que deben combatir. Es por eso que se convirtieron en la moneda de cambio de todos los reclamos. Gobernadores, intendentes y ciudadanos los imploran.

    Pero se trata de un recurso limitado. El gobierno nacional tuvo que aclarar esta semana que sólo habrá para Buenos Aires y Santa Fe. En total son 35.000 y originalmente deberían ocuparse sólo de las fronteras. Pero con la lógica de los últimos años, los límites del país se fueron acercando a la Capital. Para gendarmes y prefectos ahora las fronteras también están en el conurbano, la zona sur de Rosario o Mar del Plata. Algo queda claro. Otra vez se trata de un parche. O de cientos o miles de ellos, depende de la cantidad disponible y la filiación del gobernador o intendente que hace el reclamo. Más de 6.000 para Buenos Aires, sólo 400 para Santa Fe.

    Pero hay más. Otro caso de necesidad real y especulación electoral se registró en la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta presentó el miércoles pasado la nueva policía porteña que surge de la fusión de la Federal con la Metropolitana. Será una fuerza de unos 25 mil hombres que, según explicó el Jefe de Gobierno, estarán bien capacitados, bien vestidos y bien pagados (un comisario ganará 60 mil pesos, más del doble que un agente con el mismo cargo en la Provincia). Los colores elegidos para la nueva fuerza son el cyan y el bordó. El anuncio es positivo pero sorprendió por su premura: todavía no está aprobada la ley que terminará de consolidar a la nueva entidad. Sin embargo, alguien pensó que a los habitantes de CABA, que también se quejan masivamente por la inseguridad, no les vendría nada mal un anticipo. En la ciudad hay menos asesinatos que en la provincia de Buenos Aires o en Rosario pero miles de robos diarios alimentan el descontento. El fenómeno de los motochorros, por ejemplo, es abrumador. En la presentación de los nuevos uniformes, los patrulleros y las motos apareció un helicóptero. La imagen era imponente. Poco después se supo que la máquina voladora no era de la nueva policía sino del SAME y que había sido ploteada con el logo oficial para la presentación.

    El delito y el narcotráfico no distinguen entre conservadores y progresistas a la hora de elegir a sus víctimas. Se ensañan con los sectores más débiles de la sociedad pero tampoco discriminan a ningún sector social. Darle batalla requiere inteligencia, coraje y honestidad. Consensos democráticos, respeto por los derechos humanos y generosidad política. También la comprensión cabal de que sin educación y contención social será imposible bajar significativamente la violencia. No alcanza con acumular agentes, movilizar gendarmes o prefectos. Tampoco armar actos para la foto. La especulación electoral es un lastre que la dirigencia de todos los partidos debería comprometerse a soltar. En todo caso, cuando corresponda, la población premiará a quienes hayan contribuido a su tranquilidad y bienestar.