CONTRA EL PUNITIVISMO
De las 40 mil personas detenidas por la justicia
de la provincia de Buenos Aires, casi el 60% son inocentes. Solo este dato
demuestra que la idea tan difundida de “puerta giratoria” es un mito que nada
tiene que ver con el funcionamiento del sistema penal. Además, con su
funcionamiento arbitrario y desigual, la justicia legitima la persecución sobre
los sectores más excluidos de la sociedad que son los que menos recursos tienen
para defenderse y, por lo tanto, permanecen detenidos. Por eso, la Comisión por
la Memoria repudia los recientes ataques mediáticos que definen a diez
magistrados de la provincia de Buenos Aires como “jueces de la puerta
giratoria”, y manifiesta su preocupación por la difusión masiva de estos
nombres en una especie de lista negra que replica una lógica siniestra que
remite a los tiempos de la última dictadura. Al mismo tiempo, expresa su
solidaridad con los magistrados acusados por sus fallos.
El punitivismo y el paradigma de la guerra
contra el delito han guiado las políticas púbicas en materia de seguridad y de
justicia. A lo largo de todos estos años se aumentaron las penas, se limitaron
garantías constitucionales, se saturaron los territorios con presencia
policial. Las políticas de “mano dura” provocaron un colapso del sistema
penitenciario. A la par, se consolidaron la tortura como práctica sistemática,
el hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención.
Sin embargo, una y otra vez aparece en el debate
público la demanda y la reivindicación de este tipo de políticas.
Recientemente, en el programa de TV La Cornisa, que se emite por el canal
América, se presentó un informe en donde se menciona a diez magistrados como
“jueces de la puerta giratoria”. Se trató, lisa y llanamente, de la elaboración
de una lista negra. Una metodología propia de los regímenes totalitarios que
remite a los peores años de nuestra historia y exige el más enérgico repudio.
Por otra parte, debemos abandonar estos
discursos falaces y simplificadores para discutir seriamente sobre la justicia
y el funcionamiento del sistema penal. En las cárceles de la provincia de
Buenos Aires no hay puertas giratorias. Como expuso la Comisión Provincial por
la Memoria en su último informe anual, un 56 % de las 39.900 personas detenidas
están sin condena. Estos datos dejan expuesta la fragilidad de este discurso.
Si existe es para los delincuentes de guante blanco o los responsables del
delito complejo pero no para los eslabones más débiles de la cadena delictiva
que pertenecen a los sectores más empobrecidos y excluidos de nuestra sociedad.
Desde hace al menos 17 años el uso abusivo de
las detenciones y prisiones preventivas se han constituido en regla del
accionar de los operadores judiciales que, bajo la presión mediática, no buscan
la justicia sino la condena. Todo esto evidencia la selectividad del sistema
penal que persigue y encierra a aquellos que menos recursos tienen.
Esta campaña contra los “jueces de la puerta
giratoria” ataca a magistrados que aplican la Constitución y la ley, cumpliendo
con su deber y sus obligaciones. Cuando se habla peyorativamente de
“garantistas” se pretende asociarlos con jueces que favorecen o encubren los
delitos. Es todo lo contrario: la democracia necesita de jueces que hagan
cumplir efectivamente la ley y defiendan los principios constitucionales sobre
los que se sustenta nuestro país. Con los discursos manoduristas se pretende
debilitar el ordenamiento jurídico democrático y la igualdad ante la ley,
favoreciendo el autoritarismo y el discurso punitivo desde la perspectiva de la
venganza.
A pesar de esto, tanto a nivel nacional como en la
provincia de Buenos Aires, se anunciaron una serie de proyectos para limitar
las excarcelaciones y disminuir las garantías durante el proceso. Si estas
iniciativas finalmente son sancionadas, sólo conseguirán agravar este escenario
y fortalecer políticas de seguridad que produjeron el peor colapso del sistema
penal y la violación de los derechos humanos.
Fuente: Agencia para la Libertad