N.R. de Utophia.- A cinco años del incendio en Iron Mountain, donde murieron 10 personas, y a pesar que los peritajes confirmaron que fue intencional y hay 12 procesados, la lentitud judicial y el blindaje mediático han logrado que no haya ningún detenido y que la causa cayera en el olvido. Reproducimos una nota escrita por Ari Lijalad el 6 de febrero de 2017 que vale la pena releer para entender la trama secreta que encierra la verdad bajo siete llaves y que la justicia se niega a revelar.
Por Ari Lijalad
Pasaron 3 años del incendio en el depósito de la
empresa Iron Mountain del barrio de Barracas. Un incendio que encubre una
oscura trama donde se entretejen causas de lavado de dinero que involucran a
grandes empresas, falta de controles de parte del gobierno porteño y la muerte
de 10 bomberos y rescatistas. Las llamas devoraron millones de papeles que, se
sospecha, daban pistas de millones de dólares fugados del circuito legal. El
rol del presidente Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, es
crucial tanto en lo vinculado a delitos financieros como a la responsabilidad
estatal. La investigación avanza, pero no sobre las responsabilidades de los
funcionarios. Los familiares de las víctimas denuncian encubrimiento y dos
sobrevivientes se suicidaron.
El incendio en la calle Azara 1245 comenzó la
mañana del 5 de febrero de 2014; tres peritajes confirmaron que fue
intencional. Pero al día de hoy, la lentitud del poder judicial y el blindaje
mediático tanto a los supuestos damnificados como a Macri han logrado borrar
esta historia emblemática de la agenda pública.
De hongos a Wall
Street
El desembarco de Iron Mountain en Argentina fue
en 1995, cuando construyó un depósito en la calle Saraza 6135. En 1998
construyó un nuevo depósito en Azara 1245, donde se produjo el incendio en
2014. Luego absorbió otras empresas dedicadas a la custodia de archivos: en 2002
Kestrel Servicios de Archivos SA y en 2003 Box Security SA. En 2012, Iron
Mountain construyó un nuevo depósito en Carlos Spegazzini, cerca de Ezeiza. Un
cuarto depósito, en Amancio Alcorta 2396, tuvo varias etapas de construcción.
Sin embargo, esta multinacional tiene una
historia que se remonta a 1936. Su fundador, Herman Knaust, tuvo la idea
primigenia de cultivar hongos en una mina de hierro abandonada. De ahí el
nombre de la empresa: Iron, de hierro, Mountain, de montaña. Poco más de una
década después el negocio de los hongos ya no era redituable. Pero, cuenta la
historia oficial de la compañía, en el contexto de Guerra Fría a Knaust le
preocupaba la posibilidad de bombardeos y pensó en su mina de hierro como un
refugio seguro para valores de todo tipo: desde documentos hasta obras de arte.
“Este negocio crecerá como las setas” le dijo Knaust al Wall Street Journal el
24 de octubre de 1952. En este caso, la visión de negocios funcionó. Desarrolló
contactos en Nueva York que le abrieron una clientela de bancos y otras
empresas que querían guardar documentos importantes. Iron Mountain fue, así,
pionera en el negocio de protección de documentos. A la mina original sumó otra
y en 1978 un nuevo depósito pero esta vez en la superficie. En 1988 absorvió
Bell & Howell Records Management, Inc., una filial de Bell & Howell
Corporation, que por entonces la aventajaba en varias zonas de Estados Unidos.
Todo fue viento en popa, y en 1996 Iron Mountain empezó a cotizar en Bolsa.
Como guardiana de importantes documentos de
miles de empresas, Iron Mountain ingresó al sistema de autolegitimación de las
corporaciones globales. En 2009 la revista Fortune nombró a Iron Mountain como
una de las empresas más admiradas y luego la incluyó entre las 1.000 mejores
empresas de Estados Unidos; es miembro de S&P 500, el índice de la
influyente calificadora Standard & Poors; en 2013 la revista Security la
incluyó entre las 500 empresas más seguras de Estados Unidos; entre otros gestos. Tiene casi 8 kilómetros
cuadrados de depósitos en el mundo: esto es 4 veces el tamaño de Mónaco y 17
veces la ciudad del Vaticano.
Pero hay muchos datos que muestran que Iron
Mountain esta lejos de ser una simple empresa de guarda de documentos. Por
ejemplo, sus directivos mantienen la regla de la puerta giratoria que existe en
Estados Unidos por la que hombres y mujeres pasan de funcionarios públicos a
gerentes sin solución de continuidad. En este caso, provenientes de agencias de
inteligencia. Por ejemplo, el CEO de Iron Mountain, William Meaney, fue oficial
de la CIA. El Jefe de Seguridad Jack A. Faer, es un ex agente especial del FBI.
Otro dato notable es la presencia de Iron Mountain a nivel global en una serie
de guaridas fiscales, lo que le permite (como a todas las multinacionales)
poder controlar sus precios de transferencia y evadir impuestos. La sede
central de Iron Mountain esta oficialmente en Boston. Pero tiene oficinas en
Bahamas, Delaware, Florida, Gibraltar, Hong Kong, Irlanda, Jersey, Luxemburgo,
Panamá. Todos, según Tax Justice Network, territorios opacos donde se cometen
delitos financieros.
También tuvo incendios en varias de sus sedes.
En 1997 3 depósitos en Nueva Jersey, Estados Unidos; en 2006 en Ottawa, Canadá
y en Londres; en 2011 en Italia. Varios de ellos se comprobó que fueron
intencionales, pero a diferencia del caso argentino no sólo no murió nadie sino
que no se indagó la posibilidad de que los papeles quemados ocultaran pruebas
de delitos financieros.
En sus balances menciona los incendios, pero en
general los toma como una cuestión contable. Por ejemplo, respecto del incendio
en Argentina, figura en sus balances de 2014 y 2015. A pesar de que en febrero
de 2015 se determinó que el incendio fue intencional, en el balance insisten en
que la causa se esta investigando y no aclaran este punto. Estiman que el
incendio les costó 3,5 millones de dólares, pero que eso no influye en sus
finanzas ni operaciones, y que lo que se quemó representa un 0,5% de sus
ingresos. Un balance contable del incendio que costó 10 vidas.
Conexión lavado
Cuando se difundió la noticia del incendio de
Iron Mountain, la primera en actuar fue la Comisión Nacional de Valores (CNV),
por esos días a cargo de Alejandro Vanoli. La entonces Gerente de Emisoras de
la CNV, Karina Bermúdez, mandó a consultar a todas las empresas controladas por
el organismo si tenían papeles en ese depósito. Hasta entonces las empresas no
estaban obligadas a informar sobre donde guardaban su documentación. Recién el
14 de agosto de 2014, producto de la experiencia de Iron Montain, la resolución
629 de la CNV estableció las normas de guardado de documentación y la
obligatoriedad de informarle donde y qué guarda.
Pero al momento del incendio, esto no existía.
La pesquisa dio resultado y fue remitida a la Procuraduría de Criminalidad Económica
y Lavado de Activos (PROCELAC), por entonces conducida por Carlos Gonella,
desde donde cruzaron los nombres de las empresas con causas abiertas sobre
lavado de dinero. Encontraron 29 coincidencias entre clientes de Iron Mountain
e investigaciones o denuncias por lavado de dinero, fraudes y delitos
tributarios.
Encontraron 29 coincidencias entre clientes de
Iron Mountain e investigaciones o denuncias por lavado de dinero, fraudes y
delitos tributarios.
Uno de los casos más importantes era del banco
HSBC, del que aún no se conocían las revelaciones de su ex empleado Hervé
Falciani sobre el ocultamiento de 4.040 cuentas de titulares argentinos, entre
personas y empresas. Aún así, el HSBC ya era investigado por PROCELAC por otras
cuestiones. Lo cierto es que el HSBC tenía 46.528 cajas de las que perdió
26.326. O sea, se le quemaron más de la mitad: según el HSBC, eran el 4% de la
totalidad de documentación que Grupo HSBC en Argentina que guardaba en
distintos depósitos. Sin embargo, las cifras no coinciden en los distintos
informes que presentaron.
Iron Mountain informó que las cajas afectadas
fueron 26.326. El HSBC le informó al Banco Central que perdió 30.499 cajas y la
PROCELAC recibió información de que fueron 30.732. A su vez, el HSBC informó
que no tenía un back up de la información que guardaba en Iron Mountain. Así
las cosas, la destrucción de esa información generó luego demoras en las
investigaciones contra Gabriel Martino, su presidente, y los centenares de
argentinos con cuentas sin declarar.
Pese a todo lo anterior, HSBC ocupa el segundo
lugar entre los mayores damnificados por el incendio. El primero es el Banco
Patagonia, que de las 65.705 cajas que tenía se le quemaron 57.015, el 86%. El
Patagonia le informó al Banco Central que no tenía respaldo de toda esa
documentación. Lo notable es que era investigado junto a JP Morgan, Merrill
Lynch y el Grupo Estrada por lavado de activos, asociación ilícita,
administración fraudulenta y publicación de balances falsos. Esta denuncia se
inició con los aportes del ex JP Morgan Hernán Arbizu, que en 2009 se
autodenunció en Argentina como ejecutor de maniobras de lavado y fuga de dinero
para decenas de empresas pero que, ante la pasividad del juez Sergio Torres y
el fiscal Guillermo Marijuán en la investigación, terminó aceptando su
extradición a Estados Unidos tras la asunción de Macri.
No es casual que JP Morgan fuera otro de los
supuestos damnificados en Iron Mountain, donde perdió 4.000 de las 4.406 cajas
que tenía depositadas. Mismo caso el del BNP Paribas, que perdió 1.206 de las
2.554 cajas guardadas en Iron Mountain. Este caso cual, va camino a juicio
oral, gracias a la investigación conjunta de los fiscales Gonella, Paula Asaro,
Horacio Azzolin y Sandro Abraldes, que demostraron la constitución de una
oficina clandestina desde la cual se ocultaron alrededor de 1.000 millones de
dólares en guaridas fiscales.
Los bancos HSBC, Patagonia y JP Morgan Chase
Bank perdieron documentación clave que no tenía copias.
Otro dato notable es que varias de las empresas
investigadas por lavado retiraron cajas de ese depósito justo antes del
incendio, entre diciembre del 2013 y febrero del 2014. El JP Morgan Chase Bank
retiró 27 cajas con documentación sobre balances y contratos varios. BNP
Paribas retiró 12 cajas con información sobre comercio exterior del año 2008; el HSBC retiró llamativamente
249 cajas con documentación a partir del 2010.
Estos no son los únicos casos de empresas con
documentación en Iron Mountain que eran investigados por la PROCELAC. Entre
otros, estan la Compañía General de Hacienda,
La República Compañía Argentina de Seguros
Generales, Nidera, Indocredit Cooperativa de Crédito, Puente Hermanos Sociedad
de Bolsa, Banco General de Negocios, Infin Sociedad de Bolsa, Ipesa, Credit
Suisse F. Boston Trading, Preceder, Application Software, Banco Saenz, Endemol
Argentina, Bolsafe Valores, Marcos Marcelo Mindlin y Pampa Holding (Edenor).
También perdieron documentación en el incendio empresas como Jumbo, Quilmes,
Alpargatas, McDonalds, Galeno, Monsanto, Banco Santander Rio, Aerolíneas
Argentinas, Telefónica, Cargill, Telecom, DirecTV, Máxima AFJP, Swiss Medical,
Mapfre, Deloitte, Mercado Libre, La Caja, Pelikan, Adecco y Edesur.
La propia Iron Mountain tiene una causa por
maniobras financieras sospechosas previa al incendio. En 2013, la AFIP detectó
algo extraño: un préstamo de más de 17 millones de dólares otorgado a la sede
argentina de Iron Mountain por otra subsidiaria de la misma multinacional
canalizado desde Suiza a través del HSBC. La sede argentina realizó pagos por
1,8 millones de dólares. Todo esto también llamó la atención de la Unidad de
Información Financiera (UIF) en tiempos de José Sbatella, que se presentó como
querellante en la causa que cayó en manos del Juez Sergio Torres y el fiscal
Eduardo Taiano. La causa, al día de hoy, esta estancada.
Macri, siempre Macri (y Gomez Centurión)
A Macri la historia de Iron Mountain lo toca por
todos los flancos. En 2009 el entonces jefe de gobierno condecoró a la empresa
por ser una de las primeras en radicarse en el distrito tecnológico diseñado
por quien era Ministro de Producción de la ciudad, Francisco Cabrera, que hoy
ocupa el cargo homónimo a nivel nacional pero su pasado laboral esta ligado a,
por ejemplo, el HSBC. Este distrito tenía como objetivo la radicación de
empresas de tecnología en la zona sur de la ciudad, bajo el incentivo de
beneficios impositivos como la exención de Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos,
ABL y otros. Nada explica porqué Iron Mountain, que guardaba papeles, tenía
beneficios de empresa tecnológica. Lo cierto es que la sede de Iron Mountain
que se incendió no estaba dentro del distrito tecnológico: pero como la empresa
tenía su domicilio legal en otro depósito que sí quedaba dentro de ese
perímetro lograba la exención de impuestos.
Por otro lado, varias cajas con documentación
que se perdieron por el incendio eran de empresas de la familia Macri. En el
ranking de las empresas que más documentación perdieron se encuentra Servicio
Electrónico de Pago SA, nombre legal de Pago Fácil, empresa controlada por
SIDECO, del clan Macri. De las 18.150 cajas que tenía en el depósito se le
quemaron 6.585, o sea, el 36%. Si bien los rótulos de la cajas no son
determinantes, ya que no es una nomeclatura legal sino que cada empresa pone la
referencia que quiera, son más que sugerentes y cobraron otro significado tras
las revelaciones de las Panamá Papers y nuevas investigaciones sobre las
empresas del presidente Macri radicadas en guaridas fiscales. La caja Caja N°
KN100156447 tenía el rótulo “VARIOS PARATY-PANAMA-OMEXIL-UR”. Las palabras son
más que sugerentes. Panamá es donde aparecieron varias sociedades offshore
vinculadas al clan Macri; Omexil es una de ellas. Había dos cajas cuyos rótulos
eran Caja N°: 311842187 INF. DIAR IECSA BCE BRASIL y
Caja N° 552218760 BRASIL CTAS. La conexión
actual deriva de que la triangulación de negocios offshore de Macri pasaba por
Brasil. Según las investigaciones derivadas de los Panamá Papers, el negocio de
los Macri en Brasil estaba relacionado con el sistema de Pago Facil a través de
las empresas creadas en paraísos fiscales. Es decir, una hipótesis posible es
que en Iron Mountain se quemaron papeles vinculados a las operaciones de Pago
Fácil en Brasil. También hay vinculaciones a Macri desde otro banco que tenía
papeles en Iron Mountain mientras era investigado por la PROCELAC: el Banco
Interfinanzas Creditanstalt, finalmente comprado por familiares de Macri.
El rol de Juan José Gómez Centurión es vital.
Este militar retirado, suele ostentar que combatió en la guerra de Malvinas.
Tras el retorno democrático, simpatizó con los alzamientos carapintadas que
hicieron tambalear al gobierno de Raúl Alfonsín. Se retiró del Ejército en 1997
e hizo un doctorado en Ciencia Política en la Universidad Kennedy y una
maestría en Estrategia y Defensa nacional en el Centro de Estudios para la
Nueva Mayoría. Llegó a las filas de Macri en 2012, cuando el entonces jefe de
gobierno de la ciudad lo nombró al frente de la Agencia Gubernamental de
Control (AGC). Desde la AGC tenía bajo su responsabilidad el control de
depósitos como el de Iron Mountain, que no cumplía con diversas normativas de
seguridad. Pero lo más notorio son dos datos. Uno, que una vez retirado del
Ejército trabajó en varias empresas privadas, entre ellas las cadenas Cencosud
y Jumbo y el Banco Velox. El dato llamativo es que tanto Jumbo como Cencosud
tenían cajas en Iron Mountain. Jumbo es la cuarta empresa que más cajas perdió.
Tenía en ese depósito 23.416 cajas y se le quemaron 10.541, el 45%. Cencosud,
por su parte, retiró 243 cajas del depósito en los días previos al incendio.
Respecto al banco Velox, el Fideicomiso Revel tenía papeles que figuran con el
rótulo Velox que se perdieron en el incendio. O sea, empresas donde trabajó
Gomez Centurión tenían intereses en Iron Mountain. El segundo hecho fundamental
es su potencial rol como encubridor de las responsabilidades de Macri en
particular y del gobierno porteño en general. A partir del impulso de varios
legisladores, el 18 de mayo de 2015 (más de un año después del incendio) Gómez
Centurión compareció ante la legislatura porteña para dar explicaciones. Aunque
lo de explicaciones fue un eufemismo: entre otras cosas, reconoció que el
expediente de habilitación de Iron Mountain estaba oficialmente extraviado y lo
estaban reconstruyendo. Sobre las muertes de los bomberos, insinuó que fue su
propia impericia: “Los depósitos de papel se queman y se terminó la historia”.
Así las cosas, hace pocos días la fiscal Romina
Monteleone decidió finalmente pedir indagatorias para 32 personas, pero no para
Macri ni Gómez Centurión ni ningún alto funcionario porteño en funciones el día
del incendio. Según consigna el portal Fiscales, la fiscal Monteleone consideró
“que en la propagación del incendio objeto de pesquisa han incidido una suma de
deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la
empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de
diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad
de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de
seguridad pertinentes, contribuyendo con su obrar no sólo a la producción de
pérdidas materiales, sino, y fundamentalmente, al trágico desenlace que supone
la pérdida de diez vidas humanas que se encontraban en el lugar brindando un
servicio público de protección”. Sin embargo, las responsabilidades de la
ciudad se cortan en los subalternos de Gómez Centurión. Monteleone pidió
ingagar a los funcionarios de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
(DGHyP) Norberto Ventura Sosa y Edgardo Nar; de la Dirección General de
Fiscalización y Control (DGGyC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a
Norberto Leandro Hirsfeld, Jorge Barbieri, Félix Raimundo Lugo, Jorge Papanicolau,
Ricardo Grunfeld y Alberto Graziani; de la Dirección General de Fiscalización y
Control a Rafael Mario Roldán, Fabián Conrado Davies y Pierre Louis Chapar,
entre otros. Si bien eran los responsables directos del control, también lo era
Gómez Centurión como titular de la AGC y Macri como titular del gobierno
porteño y como cliente de Iron Mountain. Razón suficiente para una indagatoria.
La fiscal Monteleone también pidió ingadar a
directivos de Iron Mountain, entre ellos Guillermo Eduardo Lockhart, Ignacio
Miguel Aldamiz Echeverría (apoderado) y Pedro Meierhold. Sumó la requisitoria
de funcionarios de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía
Federal Argentina (SFBPFA), del empleado de la empresa Segurplus S.A, Oscar
Godoy, que estaba de guardia al momento del incendio y tuvo una sospechosa
actuación, del ingeniero Christian W. Castiñeiras, Director Técnico de la
empresa “Climate, Controls & Security S.A.”, entre otros.
Quien decide ahora es el juez Pablo Ormaechea.
Pero la causa tiene otro dato interesante: el HSBC pidió ser querellante. Lo
patrocina el estudio Salvi, donde inició su carrera la actual vicepresidenta de
la UIF, Maria Eugenia Talerico. No es casualidad, entonces, que la misma
Talerico, antes de ser nombrada por Macri en el organismo antilavado,
defendiera al oficial de cumplimiento del HSBC justamente por maniobras
sospechosas. El oficial de cumplimiento era jusutamente quien tenía que
reportar a la UIF las operaciones sospechosas.
Las personas
Detrás de cada fallecido ese día quedó una
historia trunca. Todos murieron a consecuencia del desplome de una pared
lateral del depósito, que daba a la calle Jovellanos. Los peritajes demostraron
no solo la intencionalidad del incendio sino distintas irregularidades
vinculadas a las cisternas de agua, las habilitaciones, las cargas de fuego y
los acelerantes para propagar el incendio. Pero la que causó la muerte de 10
personas estuvo vinculada a las columnas de hierro que sostenían el techo del
galpón. Según uno de los abogados de los familiares, Javier Moral, en el último
peritaje realizado por la Universidad Tecnológica Nacional se mostró cómo, a
raíz de la falta de revestimiento de cemento de estas columnas, estas cedieron
hacia afuera golpeando la pared, que cayó sobre los bomberos y rescatistas que
se proponían no sólo apagar el incendio: varios recuerdan que querían entrar
porque les dijeron que aún había personas atrapadas por las llamas.
Pedro Barícola era miembro de Defensa Civil.
Todas las mañanas llevaba a su pequeña hija al jardin en zona sur desde
Tortuguitas. Era el menor de cinco hermanos. A sus hermanas, que se cargaron la
tarea de buscar Justicia por Pedro, el director de Defensa Civil, Daniel Russo,
las llamó “las locas”. Igual que a las Madres de Plaza de Mayo cuando reclamaban
por sus hijos. Liliana y Patricia Barícola cuentan que ya en 2014 empezaron a criticar el rol de
Macri y que entonces les suspendieron la presencia en un programa del Grupo
Clarín. ¿Coincidencia? José Mendez era rescatista de Defensa Civil. Tenía una
hija de 10 años y estaba por casarse con su nueva pareja. Juan Matías Monticelli, de 26 años al
momento del incendio, revistaba en el Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal.
Maximiliano Martínez también integraba la policía federal, pero cuando le
preguntaban si era polícía respondía: “No, yo soy bombero”. Sebastián Campos
era bombero voluntario, su vocación desde chico. Tenía 34 años y una nena de 4.
El caso es similar al de la subinspectora Anahí Garnica, la primera mujer
bombero de la Policía Federal. Hija de un bombero, fue también su vocación
desde chica y logró ingresar a esa dependencia monopolizada por hombres.
También fallecieron los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz. El
caso de Leonardo Day, jefe del operativo en Iron Mountain, tiene detalles
escabrosos, ya que le habían adjudicado la culpa por no hallar el cuerpo sin
vida de Paolo Menghini Rey en la tragedia de Once. Lo cierto es que la
responsabilidad fue del juez Claudio Bonadío, que ordenó levantar la búsqueda
pese a la oposición de Day y otros rescatistas. Cuando murió tratando de apagar
el incendio en Iron Mountain, estaba procesado por el juez Ariel Lijo. Facundo
Ambrosi falleció 12 días después, a raíz de sus heridas. También hubo dos
rescatistas que sobrevivieron al operativo pero se suicidaron tiempo después.
Sus nombres, Mario Colantonio, miembro de Defensa Civil y bombero voluntario, y
Diego Oneil, que además de bombero voluntario trabajaba en el patio de Comidas
de Coto, de donde lo despidieron un mes antes de suicidarse. A fines de 2016,
varios familiares le enviaron cartas al Papa Francisco explicando su situación.
Desde el Vaticano, les llegó la respuesta.
Aquel día, hace 3 años, Macri era el jefe de
gobierno porteño pero llegó al lugar recién por la tarde, cerca de las 19
horas. Ante las cámaras de TN, Macri afirmó: «Es el día más triste para la
historia de los bomberos«, y aventuró: “En principio lo que decían los
especialistas es que tenía las instalaciones correspondientes. Hay que esperar
la investigación”. Las investigaciones demuestran lo contrario. Y la actitud de
Macri también. De hecho, los familiares de la víctimas cuentan que Macri nunca
los recibió ni les prestó ninguna ayuda. Por otro lado, a los pocos días del
incendio recibieron el llamado de uno de los secretarios presidenciales. Era
una invitación de Cristina Fernández de Kirchner, que los recibió en Casa
Rosada y los escuchó e incluso prometió a los bomberos de Policía Federal que
los retiraría con honores. Los familiares de víctimas que trabajaban en Defensa
Civil, que depende de la ciudad, le reclamaron que interviniera también por
ellos, pese a que dependían de Macri.
A 3 años, los familiares aún buscan Justicia, y
como todos los 5 de febrero se reúnen en la esquina de Quinquela y Jovellanos a
rendirles homenaje.
Nota: Muchos de los datos de esta nota fueron
tomados de una investigación periodística realizada junto a Pablo Waisberg y
Juan Manuel Valdés para el proyecto documental “En cumplimiento del deber”,
dirigido por Jorge Gaggero y producido por Eduardo Valdés y Renato Miari.
Fuente: Nuestras Voces
