“El gobierno no quiere paritarias libres; quiere
que sean a favor de las empresas, bajar el costo laboral y maximizar la
rentabilidad”, afirma el diputado en una carta abierta a los trabajadores.
Héctor Recalde, sindicado por Mauricio Macri
como jefe de una “mafia de los juicios laborales” –integrada por jueces y
abogados–, salió a responder con dureza a la acusación del Presidente,
sindicándolo como jefe de un Gobierno que busca destruir los derechos de los trabajadores.
Nota relacionada
“Las reformas laborales que quiere el Gobierno
violan la Constitución, los tratados internacionales y los derechos vigentes.
Por eso persiguen a los jueces que los hacen respetar”, dice el jefe de bancada
kirchnerista en Diputados.
Mediante una carta abierta, Recalde no sólo
desmiente a Macri sino que, además, denuncia toda la política antiobrera del
macrismo: “El gobierno no quiere paritarias libres; quiere que sean a favor de
las empresas, bajar el costo laboral y maximizar la rentabilidad”.
Carta abierta a los trabajadores
Por Héctor P. Recalde*
Las reformas laborales que quiere el Gobierno
violan la Constitución, los tratados internacionales y los derechos vigentes.
Por eso persiguen a los jueces que los hacen respetar. Avance sobre los
derechos de los trabajadores.
“Si ganamos en octubre vamos a un ajuste
durísimo”, expresó con sinceridad el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en
Nueva York frente a jefes de bancos y fondos de Wall Street. Por eso en octubre
no solo se renuevan parcialmente las cámaras del Congreso. Se plebiscita el
gobierno de Macri y se define la Argentina de los próximos dos años.
Si el gobierno hace una buena elección irá a
fondo con su programa. Veamos qué implica en materia laboral. Para explicarlo
recurrimos a: 1) qué hizo en un año y medio de gobierno, 2) declaraciones del
presidente y sus funcionarios, 3) qué quieren los sectores a los que
representa, y 4) qué hicieron otros gobiernos con igual ideología.
El gobierno no quiere paritarias libres; quiere
que sean a favor de las empresas, bajar el costo laboral y maximizar la
rentabilidad. En enero los bancarios acordaron un incremento mayor al techo
pretendido por el gobierno y la banca extranjera. El acuerdo estaba legalmente
vigente, pero el gobierno aliado a la banca internacional lo rechazó invocando
una ley derogada hace 17 años. La Justicia ordenó a los bancos pagar el aumento
y al Ministerio no interferir. Funcionarios gubernamentales se reunieron con
banqueros –incurriendo en desobediencia judicial– para que éstos no paguen el
aumento. La unidad y fuerza de los bancarios que anunciaron un paro de tres
días venció la resistencia gubernamental/banquera.
La ley obliga al Estado Nacional a convocar la
paritaria nacional docente para acordar el salario mínimo para todo el país y
fijar el fondo de ayuda a las provincias. El gobierno se negó a convocarla no
obstante que una sentencia se lo ordenó. La negociación colectiva es un derecho
garantizado a los gremios (artículo 14 bis Constitución Nacional).
El gobierno fijó ilegalmente un techo salarial
para las paritarias, que no solo es inferior a la inflación proyectada, sino
que no recupera la pérdida del poder adquisitivo del 2016. Eso es transferencia
regresiva del ingreso; lo que no va a salario se lo quedan los empresarios:
creció la venta de autos de alta gama y bajó el consumo de leche.
Como Cavallo en 1991 quiere limitar los aumentos
al crecimiento de la productividad, que impide la distribución progresiva del
ingreso, consolida su reparto inequitativo, y no depende de los trabajadores
sino de las empresas.
El gobierno no quiere paritarias por actividad.
Las quiere por empresa; porque así lo exigen las corporaciones y se lo hicieron
saber en su “tribuna de doctrina”, el diario La Nación, el 26 de julio del año
pasado. El mismo modelo de negociación de los ‘90, sin incrementos salariales.
No quiere protección en el empleo ni
indemnización por despido. Quiere que los trabajadores financien su despido,
aportando a cuentas de capitalización y retirando “su ahorro” cuando son
despedidos. Esto ya lo reveló el secretario de Empleo, Miguel Punte, en enero
de este año/17, cuando afirmó que “para las empresas despedir trabajadores tiene
que ser algo natural, como comer y descomer”. O sea, para el funcionario los
trabajadores son eso que se descome. No fue un exabrupto, no hubo desmentida ni
retractación y sigue ocupando el cargo: es la posición del gobierno nacional.
El presidente elogió la flexibilidad al anunciar
su plan de deseos para la industria automotriz. ¿Qué es la flexibilización? Lo
que hicieron los gobiernos de 1999/2001: contratos basura, sin estabilidad, sin
indemnización, con salarios reducidos y sin derecho a categoría y tareas.
Además, el cese de la ultraactividad de los convenios. El Ministerio de
Trabajo, de manera ilegal, autorizó a Mac Donald’s a contratar 5000 jóvenes
para trabajar 6 horas por día con un sueldo de 4500 pesos, inferior al salario
mínimo vital y móvil. Esos trabajadores sustituirían a otros comprendidos en el
convenio colectivo de trabajo. L a Justicia Nacional del Trabajo frenó ese
acuerdo ilegal.
El presidente Macri dijo que “cada vez que un
gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás argentinos lo
estamos asumiendo como parte de un costo y no está bien” (9/7/16) y que “hay
que trabajar los sábados y domingos” (3/4/17). Adelantó lo que viene: jornadas
flexibles, turnos rotativos, trabajo en sábados y domingos y franco a mitad de
la semana, y sin derecho a cobrar horas extras. La OIT establece exactamente lo
contrario en materia de jornada de trabajo.
Al inaugurar una planta (que no era nueva sino
una mudanza con despidos) culpó a los trabajadores de poner palos en la rueda
complicándole la vida al resto de la sociedad cuando “fuerza un ausentismo” o
“inventa un juicio”. No hizo ningún reproche a las empresas que evaden –meses
antes justificó la evasión tributaria diciendo a los empresarios “ya no vamos a
tener que escondernos”–, a los que tienen trabajadores en negro, a los que no
cumplen con las normas de higiene y seguridad. Ni felicitó a los trabajadores
que hacen respetar sus derechos en juicio. Para él, los trabajadores son
tramposos.
Más allá de que si un trabajador inventa un juicio
lo pierde, al presidente Macri no le molesta la incorrección de un juicio
inventado (sino su empresa Correo Argentino SA no habría inventado un juicio
contra el Estado); le molesta que los trabajadores acudan a la Justicia para
hacer respetar sus derechos. Macri, presidente del Correo Argentino SA, perdió
un juicio en el 2000 por práctica antisindical (“Jerez, Victor c/ Correo
Argentino SA s/Práctica Desleal”, expte. 8421/98; JNT n°39, CNAT S.III) por las
presiones ejercidas contra trabajadores para que se desafilien de sus
sindicatos.
Cuando el periodista Joaquín Morales Solá le
preguntó por qué no llegaban las inversiones, Macri le echó la culpa a “la
Justicia Laboral”, que es donde los trabajadores reclaman por sus derechos
vulnerados. Por eso el gobierno ataca a la Justicia Laboral y persigue a los
jueces que aplican la ley y protegen los derechos laborales. El gobierno quiere
desaparecer la Justicia Nacional del Trabajo –creada por Perón en 1944, cuyos
fallos inspiraron a la Ley de Contrato de Trabajo y sus criterios protectorios
se expanden a todo el país– y transformarla en una justicia municipal de la
CABA. Este proyecto no es un tema territorial. Si sigue siendo Nacional, el
gobierno no puede remover a los jueces sin mayoría de 2/3 en el Consejo de la
Magistratura de la Nación –por eso maniobra para tener mayor hegemonía–. Pero
si pasa a la CABA le basta una mayoría simple en el Consejo de ésta; y esta
mayoría simple la tiene. No es una especulación. El gobierno quiere remover a
los jueces que protegen derechos laborales contra los intereses del gobierno y
sectores que éste representa: ya pidió el juicio político a los dos camaristas
que ordenaron cumplir la paritaria bancaria, a otros dos que ordenaron una
reinstalación en la AFSCA y a una jueza que dispuso otra en Vialidad. Más allá
del “efecto disciplinador” hacia otros jueces, todavía no pudo removerlos; en
la CABA ya los habría removido y el disciplinamiento sería mayor.
Las reformas laborales que quiere el gobierno
violan la Constitución, los tratados internacionales y los derechos vigentes.
Por eso van por los jueces que los hacen respetar. Si en octubre Macri gana irá
directamente por los derechos de los trabajadores.
Fuente: Diario Registrado