Por Ailín Bullentini / Resumen Latinoameericano/
23 de mayo 2017 .-
Ante el juez Daniel Rafecas, Patricia Walsh
solicitó por primera vez que se abra una causa para investigar el homicidio de
su hermana en el marco del genocidio. Vicki Walsh murió el 29 de noviembre de
1976, víctima de un operativo del Ejército.
El 29 de noviembre de 1976, más de un centenar
de soldados del Primer Cuerpo del Ejército rodearon con tanques, autos y hasta
un helicóptero la casa localizada en Miguel del Corro 105, en el barrio porteño
de Floresta. Dentro de la vivienda estaba reunida la secretaría política de
Montoneros, que resistió durante una hora y media el “terrible, enorme”
operativo militar, hasta que finalmente sus integrantes murieron. La hija mayor
del escritor y militante Rodolfo Walsh, María Victoria, era una de ellos. Su
hermana Patricia Walsh solicitó ayer ante el juez federal Daniel Rafecas que la
muerte de Vicki sea, por primera vez, investigada en el marco del genocidio que
tuvo lugar en el país durante la última dictadura cívico militar. “A lo largo
de los años, los juicios y los testimonios fueron aportando más datos del
operativo en el que murió mi hermana, la investigación a fondo del hecho
siempre estuvo pendiente. Esperemos que ahora se pueda terminar con la
impunidad que rodea a sus responsables”, postuló la ex diputada.
Walsh presentó ayer su querella en el despacho
de Rafecas, acompañada de sus abogadas y abogados Myriam Bregman, Liliana
Mazea, Matías Aufieri y Lilén Reyes. El juez está dando los primeros pasos en
una causa que investiga lo sucedido en Corro 105, donde murió Vicki Walsh.
“Hemos trabajado mucho para que esta presentación sea todo lo sólida que tiene
que ser, aporte y enriquezca con pruebas a la investigación judicial para poder
romper con la impunidad que oculta una gran cantidad de hechos terribles que se
cometieron en aquel operativo”, explicó Patricia. Entre las medidas de prueba
solicitadas, Walsh exige la apertura de los archivos de aquella época, que
“desde hace mucho denunciamos que existen y que hay que ponerlos a disposición
del proceso” de Memoria, Verdad y Justicia.
Para Bregman, “es muy importante destacar el
contexto actual” en el que se presenta la querella. “Cuando las autoridades
insisten en presentar a los genocidas como viejitos condenados, y al proceso de
justicia sobre los delitos que cometieron como en su etapa final, nosotros
decimos que no son viejitos que ya rindieron cuentas, que pasaron 20 años
viviendo en la impunidad y que aún hay muchos crímenes por investigar, como el
de Vicki”.
María Victoria Walsh cumplía 26 años el día en
que murió defendiéndose del ataque del Ejército desde la terraza de la casa a
la que había llegado el día anterior, con su beba de un año y medio. Dos meses
después de su muerte, su papá, Rodolfo Walsh, informaría en su “Carta a mis
amigos” –texto en el que cuenta lo sucedido con Vicki– que María Victoria era
secretaria de comunicación gremial de Montoneros; que antes había sido
periodista y que tras dejar su puesto en el diario La Opinión, comenzó a
militar en villas miseria. Aquellos días finales de septiembre de 1976, acudió
a la vivienda de la familia Mainer, en el barrio porteño de Floresta, para reunirse
con Alberto Molina Beluzzi, Ismael Salame, José Coronel e Ignacio Bertrán,
otros integrantes de la secretaría política de la organización guerrillera.
Temprano en la madrugada del 29 de septiembre,
el Ejército rodeó la casa y comenzó el ataque. Vicki sostuvo la defensa de los
habitantes de Corro 105 junto Molina Beluzzi. Según el relato de un conscripto
que participó del ataque, ambos se dispararon en la sien. Patricia Walsh y el
equipo de abogados, en tanto, insisten en que la muerte de Vicki se dio “en el
marco de uno de los operativos militares más grandes que se desarrollaron en la
Ciudad de Buenos Aires” durante la última dictadura, precisó la abogada
Bregman. Solicitan que el caso sea investigado en el marco del genocidio. El
resto del secretariado de Montoneros murió dentro de la vivienda, luego de que
los militares lanzaran granadas. Por las pruebas presentadas, los indicios y
testimonios de juicios previos, se cree que entre los militares de alto rango
que participaron del operativo figura Ernesto “Nabo” Barreiro, condenado por
delitos de lesa humanidad en Córdoba, y el integrante del Batallón 601 Héctor
Vergez.
El hecho fue comunicado al día siguiente, cuando
los diarios publicaron la versión del Ejército en la que, además de tergiversar
lo sucedido, se ocultó información. “Con los años transcurridos, los juicios
que comenzaron tras la caída de las leyes de impunidad, los testimonios de los
sobrevivientes, supimos el alcance que tenía la operación que montaron sobre la
calle Corro 105 y las víctimas, que no son solo las del secretariado de
Montoneros. De esa casa se llevaron a mi pequeña hermana, Victoria, y a otra
niña, Milagros Mainer, de 9 años, y a otros cuatro detenidos”. Todos
pertenecían a la familia Mainer, dos mujeres y dos hombres. Uno de ellos tenía
16 años. Algunos permanecieron detenidos durante varios años.