Los dos lados del mostrador
La jueza comercial Paula Hualde dispuso que el Bauen debe ser desalojado el jueves próximo.
La abogada de los propietarios que reclaman el
edificio del hotel es comunera del PRO y su marido fue subjefe en la
Metropolitana.
Por Adriana Meyer
En la intrincada trama societaria de dueños y
gerentes de dos emblemáticas empresas sin patrones hay tres personas que
pasaron a ocupar despachos oficiales del gobierno de Cambiemos. La abogada de
los propietarios que reclaman el edificio del autogestionado hotel Bauen,
Susana Espósito, es comunera del PRO en Caballito. Los 20 pisos ubicados en
Callao al 300 están valuados en unos 30 millones de dólares y pertenecen a
Bauen Sacic y Mercoteles SA. En 2001 la primera se lo “vendió” a la segunda,
que ahora reclama el edificio, pero casualmente el presidente de Mercoteles es
el hijo de quien fuera titular del Bauen, Marcelo Iurcovich.
Todo queda en
familia, y en el apuro de desalojarlos habría poderosos intereses inmobiliarios
de quienes pretenden recuperar un edificio construido con créditos otorgados
por el ex Banade, que a junio del 2000 figuraban con una deuda de 85 millones
de pesos en la nómina de esa entidad. En tanto, dos ex gerentes de la gráfica
Donnelley, hoy cooperativa Madygraf, son funcionarios con altos cargos en la
Casa de la Moneda.
Espósito es abogada, escribana y licenciada en
Seguridad, además de comunera de la Comuna 6, y junto a su esposo Ricardo Raúl
Pedace, ex subjefe de la Policía Metropolitana, conduce un programa en la FM de
radio Ciudad, la 2x4. En enero, Pedace pasó de la Metropolitana a encabezar la
Agencia de Control Gubernamental de la CABA. En junio de 2006, Espósito firmó
como apoderada de Mercoteles una solicitada, junto al apoderado Gerardo
Palomero en nombre de Bauen Sacic, que denunciaba a los “ocupantes” y
calificaba al proyecto de expropiación, que en aquel momento peleaban en la
Legislatura, como carente de sustento “político, filosófico, práctico y
jurídico”. Un año después, PáginaI12 reveló que es el mismo grupo Iurcovich que
construyó el Bauen con un crédito del programa de infraestructura para el
Mundial de Fútbol de 1978, abandonó el edificio, lo vendió dos veces. Ahora
estaría a punto de recuperarlo si se ejecuta el desalojo que la jueza comercial
Paula Hualde dispuso para el jueves.
En 2007, la justicia determinó que el hotel
pertenece a Mercoteles y no al empresario Félix Solari, que lo compró en 1997 y
quebró de 2001. Pero tampoco otorgó razón a la cooperativa de trabajadores que
lo ocupa y explota desde 2003. El fallecido Iurcovich y sus herederos hicieron
una fortuna durante la dictadura, y la consolidaron durante las intendencias de
Carlos Grosso, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. Para lograrlo, se valieron de
una telaraña de empresas a nombre de familiares y personeros de variadas
razones sociales, dos offshores uruguayas y negocios en Brasil.
Cuando se constituyó Mercoteles figuraban a
nombre de testaferros, hasta que la familia Iurcovich blanqueó ser dueña de esa
empresa en el acta de cambio de autoridades de junio de 2009. Sin demasiado
esfuerzo, la justicia habría podido comprobar que entre Bauen S.A. y Mercoteles
S.A. hay un íntimo hilo conductor: los mismos personajes son familiares de
Marcelo Iurcovich o aparecen alternativamente como directivos o apoderados en
las dos empresas. Es decir, las dos firmas tienen los mismos dueños.
“No son casos aislados, entre los deudores del
Banade también estaba Ligio Za non, son empresarios parásitos del Estado,
capitalistas sin capital”, dijo Federico Tonarelli (Bauen-Acta). “Repudiamos
cualquier acto de violencia que pudiera suceder a partir del 19, somos un grupo
de trabajadores no un ejército y sólo defendemos lo que construimos en 14 años,
un hotel al servicio de la comunidad. Sabemos que vendrán dirigentes y
militantes de un muy amplio espectro político, es el apoyo que tiene la
cooperativa, el que hizo posible la ley de expropiación vetada por Macri”.
Por otro lado, PáginaI12 verificó que Guillermo
Erario, gerente de Administración y Finanzas de la Casa de Moneda, y José Luis
La coste, vicepresidente de esa Sociedad de Estado, fueron parte del directorio
de la ex Donnelley. Además, el histórico abogado de esa multinacional, Diego
García Vila, es legislador porteño por el partido de Graciela Ocaña en el
frente con Cambiemos. “Todos amigos de Macri, quiebran empresas y los premian
con cargos en el Estado o en las listas de sus partidos”, dijo Agustín Comas,
uno de los abogados de la cooperativa Madygraf, ex Donnelley.
Fuente: Página 12