Carlos
Pagni que en su momento fuera procesado, luego absuelto, junto a el Tata Yofre
y Roberto Garcia por espionaje pues habría integrado una red de espionaje
dedicada a “pinchar” casillas de mails de funcionarios nacionales, ahora se lanza a denunciar que desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se realizan operaciones clandestinas.
Carlos Pagni
Mauricio Macri suele lamentar la incomprensión
de lo que denomina el "círculo rojo", y los sociólogos llaman elite:
políticos, empresarios, sindicalistas o periodistas que evalúan las decisiones
oficiales intoxicados por el exceso de información. Pasan los meses y va
apareciendo con claridad otro grupo del que tal vez debería cuidarse más.
Personas instaladas en las entrañas del poder, que utilizan fondos e
instrumentos asignados por el Estado para perseguir o extorsionar, fuera de
cualquier marco legal. Es un elenco que existe en todas las administraciones.
El célebre Norberto Bobbio lo llamó sottogoverno. El problema de Macri es que
ese pestilente "círculo negro", que se extiende bajo sus pies, ha
comenzado a descomponerse y está fuera de control.
Parece imposible que Elisa Carrió y Cristina
Kirchner coincidan en algo. Sin embargo, ambas denunciaron que desde la Agencia
Federal de Inteligencia (AFI) se realizan operaciones clandestinas. La misma
naturaleza del delito hace que sea difícil de probar. Sin embargo, desde hace
cuatro meses, LA NACION viene accediendo a datos que vuelven muy creíbles las
manifestaciones de esas dos rivales. Se trata de documentos que, por sus
características, y por la altísima confiabilidad de quienes los proporcionan,
corroborarían la existencia de una unidad de inteligencia ilegal en esa
repartición. La información podría ser avalada por testigos ante un requerimiento
judicial.
Los blancos de esas tareas de espionaje son,
según esas fuentes, muy variados. Un agente cuyo nombre comienza con G tiene en
la mira a Lionel Messi. Sería para indagar en una sociedad que apareció en los
Panamá Papers. Messi es un objetivo inesperado. Hasta que se recuerda que al
frente de la AFI está el broker de futbolistas Gustavo Arribas. ¿Será también
por eso que el espía I investigaría a Carlos Ahumada Kurtz, quien hasta octubre
conducía Estudiantes de San Luis? Alguien cuya inicial es S seguiría también a
Julio Koropeski, del club Crucero del Norte.
Quizás Arribas sea inocente. La antigua SIDE
recibe la influencia del presidente de Boca, Daniel Angelici, y de su
vicepresidente 3º, Darío Richarte. A ellos reportan el director de Finanzas,
Juan José Gallea, y el de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stefano, novio
de Loreley Bianco, la nueva presidenta del Consejo de la Magistratura porteño.
Gallea fue director de Finanzas del grupo de medios de Sergio Szpolski, bajo
ambos Kirchner.
clasoles esp
Estas conexiones quizás expliquen por qué el
aparato irregular de la AFI puso la lupa sobre el empresario Matías Garfunkel.
El espía a cargo es, de nuevo, I. Garfunkel denunció hace un año a Richarte y a
Gallea como socios ocultos de Szpolski. Después de hacerlo, padeció
hostilidades que lo obligaron a exiliarse. El mismo agente I perseguiría a
Mariano Martínez Rojas, comprador de ese grupo mediático. Martínez Rojas
declaró que Szpolski, Gallea y Richarte lo estafaron.
Entre los objetivos de estas persecuciones
clandestinas figura el legislador porteño Gustavo Vera, crítico de Stiuso. Sus
observadores son A y D. Es posible que, si escuchaban el teléfono de Vera,
hayan reconocido la parsimoniosa voz del Papa. Hace un año, Vera denunció a la subdirectora
de la AFI, Silvia Majdalani, por lavado de dinero. El juez Julián Ercolini ya
la sobreseyó.
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El detective G husmeó en Terrazas de Lerma,
constructora del ex juez Raúl Zaffaroni y el periodista Juan Di Natale. El
agente S vigila al camarista Eduardo Freiler, a pesar de que su escandaloso
enriquecimiento está reflejado en documentación pública. S no da abasto:
también debe informar sobre Gustavo Cinosi, ex socio del abogado de Lázaro
Báez, Jorge Chueco, y gestor en las sombras del ex amigo de Cristina Kirchner,
Carlos Zannini. Los partes consignan: "Se elevó a Silvia lo que se
encontró". Silvia sería Majdalani.
Majdalani niega ser la organizadora de una
Inteligencia paralela, como le atribuyó Carrió. Hasta se presentó ante el juez
Ariel Lijo para refutar cualquier reproche. Pero estos indicios darían la razón
a Carrió. Majdalani habría encomendado estas actividades al logorreico Eduardo
Miragaya, apartado de la AFI el 15 de marzo último. A Miragaya -¿el
"Eduardo" mencionado en los documentos?-, le atribuyen el montaje con
el cual el abogado Santiago Viola pretendió probar una reunión entre Báez, el
juez Sebastián Casanello y Cristina Kirchner. Los testigos, procesados por
mentir, confesaron que los instigó Viola y "un fiscal".
En un año, los principales directores dejaron la
AFI. Los desbandes liberan información. Ahora se sospecha que Majdalani
intervendría teléfonos desde una base de la calle Billinghurst, a cargo de
Román Albornoz, un ex profesor suyo.
Hay investigaciones cuyo móvil es enigmático. G,
que sigue a Messi, observa a un tal Ginebra, constructor de Puerto Madero. Los
espías A y S controlan a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Mientras
estudia a la financiera Brick, "que habría canalizado transferencia a
Nisman", S controla la peluquería canina Koketitos, en Las Cañitas. ¿Se
pueden descartar extorsiones?
Los informes detallan las maniobras. En el
seguimiento de un financista llamado Castellucci, a cargo de S, se consigna:
"Mail y pedirle a Diego Dalmau gente de calle para operar con la cueva.
Hay que armar precausa". Dalmau es jefe de Contrainteligencia.
Las precausas son ardides para disfrazar
prácticas que violan el artículo 13 de la ley de creación de la AFI. Elegido un
blanco, los agentes solicitan un permiso judicial para intervenir
comunicaciones durante 60 días, con opción a otros 60. Si no se encuentra
delito, se destruye lo observado. El juez no va a sorteo. Lo elige el espía. El
kirchnerismo, que se cebó con esta receta para vigilar opositores, ahora la
padece. Oscar Parrilli denunció que le armaron una precausa para escucharlo a
él y a la señora de Kirchner. La jueza María Servini de Cubría lo admitió,
aclarando que ordenó destruir los registros. Sin embargo, esas conversaciones
circulan por los medios sin desatar un escándalo institucional. Y algunos
custodios de la República, como Juan Manuel Urtubey, las comentan como si
fueran declaraciones oficiales de sus competidores del PJ. Cristina Kirchner
estudia pedir el juicio político de Ricardo Lorenzetti. Sería otra convergencia
con Carrió. La Corte es la responsable de las observaciones judiciales. Pero el
culpable de no haberlas destruido sería Miragaya, que estuvo a cargo del
archivo de la AFI.
Fuente: La Nación