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    La guerra de las escuchas

    Por Ricardo Ragendorfer
    El gobierno de Cristina Kirchner quitó las escuchas telefónicas del ámbito de la ex SIDE y se las pasó al Ministerio Público Fiscal. Fue luego del escándalo por pinchaduras ilegales en la Ciudad, por el que procesaron a Macri, su ministro Narodowsky y el ex PFA “Fino” Palacios. Macri fue desprocesado luego de asumir la Presidencia. Y en su enfrentamiento con la Procuradora Gils Carbó, le quitó el control sobre las pinchaduras telefónicas y se lo otorgó -por decreto- a la Corte Suprema, como ofrenda al supremo Lorenzetti. Ahora, un fiscal investiga a la Corte y a la AFI por las escuchas filtradas de CFK y Parrilli. Una trama que parece un guión de George Orwell interpretado por Peter Sellers.

    En los tiempos que corren ya no resulta original establecer paralelismos entre el mundo imaginado por George Orwell en su novela 1984 y ciertos sistemas políticos del presente. Claro que el gobierno del PRO se suma con entusiasmo a semejante generalidad. De hecho, Mauricio Macri es sin duda una especie de criatura orwelliana, pero en clave de comedia; un Big Brother fallido, cuyos retorcidos ensayos de vigilancia masiva y control social suelen desbarrancarse una y otra vez en el abismo del error.

    Ejemplo de ello es el affaire de las pinchaduras telefónicas al ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, y la filtración ilegal a medios oficialistas de sus conversaciones con Cristina Fernández de Kirchner. Una osadía delictiva que por ahora produjo dos efectos: el inicio de una causa penal –impulsada por el fiscal Federico Delgado e instruida por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral– para identificar al entregador de los audios y, como melodía de fondo, un airado intercambio de acusaciones entre la cúpula actual del organismo de espionaje –integrada por el incombustible Gustavo Arribas y Silvia Majdalani– y los altos dignatarios de la Justicia enlazados a la maniobra, al menos por su cercanía institucional. A saber: el mismísimo presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; los dos camaristas a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Poder Judicial, Martín Irurzún y Javier Leal de Ibarra; el director ejecutivo del Departamento de Captación de Comunicaciones, Juan Rodríguez Ponte, junto a los jueces federales Ariel Lijo y María Romilda Servini de Cubría. Un gran elenco para el caso que dejó al descubierto la intromisión estatal en la vida privada de los ciudadanos

    La guerra de la Triple Alianza

    El edificio está en la Avenida de los Incas 1834. Es una construcción de siete pisos con ladrillos a la vista y ventanales polarizados. Allí, entre el invierno de 2008 y el otoño siguiente, solía acudir una vez por semana el espía Ciro James para retirar las escuchas ilegales encargadas por el Gobierno de la Ciudad. Era la sede de la Oficina de Observaciones Judiciales de la ex Side, más conocida como la “OJota”. Ya se sabe que por ese asunto, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el entonces ministro de Educación porteño, Mariano Narodowsky, y el propio James, entre otros implicados, se encuentran en la antesala del juicio oral. Pero Macri, quien encabezaba el lote de procesados, salió bien librado del asunto: el 22 de diciembre de 2015 –apenas 12 días después de acceder al sillón de Rivadavia– fue bendecido por el juez federal Sebastián Casanello con un muy oportuno sobreseimiento.

    Medio año antes, Parrilli –ya al mando de la flamante AFI que reemplazó la ex SIDE– había disuelto la OJota, y sus pinchaduras pasaron a la órbita del Ministerio Público Fiscal. Un artero golpe para la central de espías, dado que la venta de escuchas era una de sus cajas históricas, lo mismo que las pinchaduras sin orden ni control judicial o político con todo tipo de fines.

    Desde luego, el hecho de que la jefa de los fiscales fuera Alejandra Gils Carbó no mejoraba las cosas cuando asumió el nuevo gobierno. De modo que Macri, en su ofensiva contra ella, traspasó la potestad de las intervenciones telefónicas a la Corte Suprema mediante un DNU, exactamente al mes de asumir la primera magistratura. Así nació el Departamento de Captación de Comunicaciones, cuyo mandamás operativo, Juan Rodríguez Ponte, antes fue secretario letrado del juez Lijo. En la actualidad, comanda un ejército de 250 fisgones de la AFI subordinados a dicha dependencia. Su cuartel general sigue siendo el edificio de la Avenida de los Incas. Aquel sitio es ahora uno de los escenarios bajo la lupa del fiscal Delgado.

    Las conversaciones privadas de Parrilli con CFK y quien fuera su segundo en la AFI, Juan Martín Mena, comenzaron a ser televisadas a partir del 26 de enero en medios afines al gobierno. Sus editorialistas, casi a coro, enumeraban un cúmulo de actos inmorales y graves delitos por parte de la ex presidenta: desde pronunciar malas palabras hasta urdir una conspiración contra el célebre espía Antonio Stiuso, además de presionar a jueces del fuero federal. Pero ni por las tapas repararon en el verdadero delito en curso: la difusión de audios filtrados ilegalmente, algo muy mal visto por la ley de Inteligencia. Lo cierto es que ese material tuvo una excelente acogida por parte del público, al punto de opacar la presencia del escribano Arribas ante el escritorio del juez Lijo, donde debía explicar cómo recibió la fortuna en dólares girada a su cuenta por el tesorero fantasma de la constructora Oderbrecht. Cosas del rating.

    Lo notable es que aquellas escuchas hayan hibernado durante meses. Una de estas fue ordenada en abril por la jueza Servini de Cubría, por pedido expreso del entonces flamante “Señor 5” –tal como se lo llama al director de la AFI–, quien deseaba averiguar si su antecesor retuvo material secreto del organismo.

    En otras palabras, solicitó la instrumentación de una “pre-causa”, eufemismo que alude a un recurso pseudo-legal –y aplicado únicamente en hechos muy excepcionales– que permite poner bajo investigación a una persona sin tener un delito concreto que probar. Y la jueza aceptó con beneplácito esa invitación a “salir de pesca”. Pero cuatro meses más tarde, al no encontrar nada extraño, archivó la intangible pesquisa, ordenó además –tal como lo estipula la ley– la destrucción de los audios y sus transcripciones.

    La otra escucha fue ordenada por Lijo, en un expediente que instruye contra Parrilli por el supuesto delito de no haber perseguido debidamente al célebre narco Ibar Pérez Corradi. Fue curioso que aquella intervención telefónica haya sido efectuada en forma on-line; es decir, con agentes de la AFI monitoreando durante cuatro meses en tiempo real los diálogos de Parrilli con CFK. Tamaña tarea sólo suele hacerse en casos de suma urgencia o de flagrancia: para atrapar a alguien con las “manos en la masa”. Sin embargo, éste no era el caso: Pérez Corradi, por entonces ya estaba preso. Hay quienes piensan que Lijo mantuvo la causa en pie con el único propósito de vigilar a Parrilli e ir ganando favores en la otra vereda política o para tener algo que “negociar” con el oficialismo.

    Los audios telefónicos ordenados por ambos juzgados federales acaban de resurgir, como el Ave Fénix, a través del delito de la filtración a la prensa. Pero, en las escuchas autorizadas con la firma de la doctora Servini de Cubría hubo una trapisonda previa: no haberlas destruido, tal como ella había dispuesto oportunamente. Otro delito grave.

    A espaldas a ese costado del Código Penal, los fiscales Ramiro González y Guillermo Marijuan –quien ya logró procesar a Parrilli por el encubrimiento a Pérez Corradi– impulsaron nuevos cargos contra CFK –tráfico de influencias y el armado de causas para incriminar a Stiuso–, dado que –según anticipó el periodista Nicolás Wiñazky en el diario Clarín– en esas escuchas “surgieron nuevas pruebas que la involucrarían en una causa que se abrirá en su contra”. Una auténtica primicia.

    A simple vista, la dinámica de la Triple Alianza es de manual: los agentes de la AFI graban al prójimo, los medios amigos difunden sus dichos y los fiscales los llevan a indagatoria. Tal circuito se cumple a rajatabla con una llamativa recurrencia. Pero es posible que, al menos en esta oportunidad, los hacedores de tan ingenioso protocolo no hayan imaginado –al igual que sus mandantes– la explosiva irrupción de una pesquisa judicial al respecto.

    El avispero pateado
    El 23 de febrero, el Presidente y la primera dama fueron agasajados en España por la pareja real. Las imágenes de aquella gala –que muy al estilo de alguna pintura de Goya lo mostraban a Macri con un frac cargado de condecoraciones junto a Felipe VI– se embotellaban en redes sociales y pantallas televisivas. En La Plata, mientras tanto, la gobernadora María Eugenia Vidal pulseaba sin éxito las paritarias con los gremios docentes. Y aún flotaban en el aire los más recientes escándalos del régimen: el acuerdo del Correo que condona la deuda de la familia Macri con el Estado, el antojadizo nuevo cálculo para determinar el aumento semestral de los jubilados y la reforma por decreto de la ley que regula las ART. Ese mismo miércoles, el juez federal Canicoba Corral abría la causa para investigar las filtraciones de las escuchas telefónicas.

    Tal expediente se puso en marcha con un dictamen de fiscal Delgado que solicita precisar una serie de cuestiones: cuál fue el organismo encargado de producir las pinchaduras, la identidad de quienes las ordenaron y también la de los agentes que las hicieron, junto con la lista de funcionarios intervinientes en la “cadena de custodia” del material y datos acerca de los mecanismos de seguridad aplicados en su resguardo. El dictamen asimismo incluye una duda casi retórica: si algunas interceptaciones fueron parte de una “precausa”. Pero, además, requiere una información altamente sensible: el listado de todas las “precausas” tramitadas en Comodoro Py desde el año pasado. Un listado que, sin duda, deparará nuevas sorpresas. Por último, el fiscal enumera las posibles fuentes de la filtración, un conteo que incluye funcionarios políticos, los jefes de la AFI y altos integrantes del Poder Judicial. Y su remate fue: “Todo aquel que tuvo acceso a las escuchas pudo haberlas filtrado”.

    Estos pilares de la República están ahora atados a una ingrata controversia, una puja cargada de recelos entre quienes, hasta descarrilarse la “operación”, sólo tenían objetivos comunes. Ya tras divulgarse los audios, la AFI emitió un breve comunicado exculpatorio: “Este organismo niega terminantemente ser responsable de la difusión de dicho material”. Esa frase telegráfica bastó para que el doctor Lorenzetti recogiera el guante al ordenar a los involucrados bajo su ala –Irurzun, Leal de Ibarra, Rodríguez Ponte, Servini de Cubría y Lijo– poner en conocimiento del máximo tribunal “toda circunstancia orientada a dilucidar la responsabilidad que pudiere corresponder a los agentes judiciales intervinientes”. Los camaristas esgrimieron, entonces, un descargo escueto y formal. Rodríguez del Ponte, en cambio, se mostró más locuaz e, incluso, en una entrevista al diario Perfil deslizó que la fuente de las filtraciones “puede estar en la AFI o el juzgado”. Lástima que no le repreguntaron si se refería al de la doctora Servini de Cubría o al de Lijo. La primera, por su parte, justificó su ajenidad al asunto con su directiva no cumplida de destruir el material, cosa que compromete a la AFI. Por lo pronto, sólo se sabe que los audios llegaron a las manos del responsable de Asuntos Judiciales de la AFI, José Padilla; de ahí en más, el rastro de las escuchas es un misterio. Con respecto a las ordenadas por Lijo, éste supo señalar que tuvo los CD en su caja fuerte. Después, como al pasar, atinó a reconocer que únicamente envió una copia “al fiscal Marijuan a fines de enero pasado”. Fue en esa época, precisamente, cuando los audios tomaron estado público. Pero el diminuto fiscal, cuya amistad con periodistas es notoria, no se pronunció sobre esta cuestión en particular.

    Desde una perspectiva totalizadora, el caso Parrilli pudo probar lo que hasta no hace mucho era apenas una sospecha: el Poder Ejecutivo, a través de la AFI y la estructura del Poder Judicial abocada a las escuchas telefónicas, espía a los ciudadanos desde principios de 2016. Una renovada franquicia para los servicios de inteligencia, cuya dinámica dejó a la intemperie el uso político de sus tareas y también la manipulación de expedientes en Comodoro Py.