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    La estrategia estadounidense contra los gobiernos antiimperialistas de la región

    Por Fernando Bossi/ Resumen Latinoamericano/ 7 marzo 2016.-La política del gobierno estadounidense y sus aliados para nuestra región tiene un objetivo bien definido: destruir de la raíz lo hecho por los gobiernos soberanos en esta última década, fundamentalmente, lo concerniente a los avances en la integración independiente de tutelajes externos.

    Si hay algo que ha irritado al Pentágono de manera significativa, ha sido que los presidentes patriotas hayan retomado las banderas bolivarianas, el renacimiento de la idea de unidad e independencia en una región que los yanquis consideran que es exclusivamente suya. En toda nuestra historia, luego de la primera ofensiva unionista e independentista, las diferentes potencias imperialistas privaron de soberanía a nuestros países divididos. Durante más de siglo y medio Inglaterra y luego Estados Unidos controlaron casi a su antojo la política latinoamericana caribeña. Pero durante esos casi dos siglos, también irrumpieron gobiernos patrióticos y revolucionarios que supieron enfrentar –aisladamente pero no por eso con menor convicción–, al poder imperialista. Sandino en Nicaragua, Lázaro Cárdenas en México, Perón en Argentina, Arbenz en Guatemala, Fidel Castro en Cuba, Juan Bosch en República Dominicana, Velasco Alvarado en Perú, Juan José Torres en Bolivia, Allende en Chile… entre otros.



    Pero ningún enfrentamiento con el imperialismo llegó a la dimensión del encarado por el Comandante Chávez quien desplegó en la región las banderas de unidad e independencia de Bolívar. Fue el quien puso sobre la mesa de discusión de la gran estrategia de liberación para nuestros pueblos: la unidad en una Nación de Repúblicas.

    Para mal del imperialismo, Chávez, no sólo formuló la tesis, sino que trabajó hasta sus últimos días en pos de ese objetivo. De allí el Alba, la Unasur, Petrocaribe, la Celac y la idea de reestructurar el Mercosur. Junto a otros pares –Kirchner, Lula, Evo, Daniel, Fidel y Raúl, Correa, Cristina, Lugo, Zelaya y distintos mandatarios de las islas antillanas–, el Comandante comenzó a darle forma a lo que tendría que ser una nueva política para los latinoamericanos caribeños, prescindiendo de la influencia yanqui y construyendo desde nuestras necesidades la unidad para la independencia. ¡Hasta la OEA quedó cuestionada y a punto de perecer!

    Eso es lo que el imperialismo no lo perdona ni lo perdonará. Y no se trata de que sean mejores o peores quienes gobiernan los Estados Unidos o sus países aliados. No lo perdonan por la simple razón que afecta sus intereses políticos y económicos. El decreto de Obama que señala a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual para los Estados Unidos –para el imperialismo estadounidense–, no exagera un ápice, porque la Revolución Bolivariana vino a abrir el camino de una revolución continental que sí afecta sobremanera los intereses yanquis.

    El solo hecho de haber planteado con claridad meridiana –desde la autoridad moral del verdadero líder conectado con los pueblos–, la necesidad de transitar un camino propio, trascendiendo el capitalismo y la dependencia, hizo sonar las sirenas de alarma de todos los gobiernos imperialistas, por supuesto, con el de Estados Unidos a la cabeza.

    Es por ello que el imperialismo ha orquestado todo un plan para retrotraer a la región a una situación anterior a la irrupción del bolivarianismo del siglo XXI. ¿En qué consiste ese plan?

    Consiste en “demostrar” a la opinión pública mundial que los líderes de esta segunda ofensiva unionista e independentista no fueron otra cosa que miembros de una asociación ilícita para delinquir, fundamentalmente dirigida contra los gobiernos de Venezuela, Argentina, Bolivia y Brasil.

    Quieren generar en el imaginario colectivo la idea de que esa asociación ilícita es la responsable directa de los altos grados de corrupción e inseguridad que se viven en los diferentes países de la región, vinculándola con el narcotráfico y sus derivados: tráfico de armas, lavado de dinero, crimen organizado, negociados con fondos públicos, etcétera.

    Para esto, los servicios de inteligencia estadounidenses, llámense CIA, DEA, FBI y otros aliados, por ejemplo la Mossad israelí y el MI6 inglés, han venido infiltrando –desde hace ya varias décadas– a los servicios de seguridad y a los poderes judiciales de los países latinoamericanos. A estos servicios de inteligencia se le ha sumado con un papel protagónico, en los últimos años la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

    Décadas atrás, los imperialistas ponían su principal esfuerzo en cooptar militares para dar golpes de Estado. Después de la caída las dictaduras sangrientas del Cono Sur, tan desprestigiadas ante la opinión pública mundial, la estrategia varió. Losthink tanks estadounidenses entendieron que su área principal de influencia debía cambiar y se enfocaron en los ministerios de interior y justicia, más que en los ministerios de defensa, aunque sin dejar de influir en estos.

    La cooperación en la lucha contra el narcotráfico pasó a ser la primordial excusa para colocar sus fichas en cada país y cooptar así jueces, fiscales, auditores, agentes, policías, como también y por supuesto, periodistas y políticos venales.

    El operativo contra el presidente paraguayo Fernando Lugo es un ejemplo de esta variante golpista, confirmada también, con el golpe institucional contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. El papel jugado por la Policía Metropolitana en el golpe de Estado contra el Comandante Chávez, así como los alzamientos policiales contra los presidentes Correa en Ecuador y Morales Bolivia, tienen similares características.

    ¿Cuál es la táctica desplegada contra los líderes progresistas de la región? Ensuciar su imagen, involucrarlos en actos ilícitos que lleven a vincularlos con lavado de dinero y corrupción. De ahí a relacionarlos con el narcotráfico y el terrorismo internacional hay solo un paso. La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos cumple un papel estelar en esto. El caso contra el vicepresidente de Venezuela forma parte de esta operación, pretendiendo culpar a Tarek el Aissami de corrupción, vínculo con el narcotráfico y lavado de dinero, aprovechando su apellido árabe para relacionarlo de paso con diversos grupos terroristas.

    Desde el Pentágono se está operando en esa dirección, cientos de especialistas tejen a diario el andamiaje de noticias forjadas para presentar la asociación ilícita de la manera más convincente ante la opinión pública, mientras una cantidad inusual de periodistas y comunicadores al servicio de los intereses imperialistas propagan por altavoces los avances de las “investigaciones”.

    En Argentina, el ataque es directamente contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tratando de involucrar en actos de corrupción a Julio De Vido, ex titular del  Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; en Brasil, a través de la llamada operación Lava Jato y la empresa Odebrecht se pretende inhabilitar a Ignacio Lula da Silva para que no se pueda presentar nuevamente a elecciones; en Venezuela, a partir de las acusaciones a diferentes funcionarios del gobierno bolivariano que van desde simple corrupción hasta lavado de dinero y narcotráfico (Cartel de los Soles); en Bolivia, se “investigan” irregularidades administrativas en los contratos de suministro de gas con Argentina.

    Lo que les interesa a los imperialistas es presentar “vínculos delincuenciales” entre los presidentes progresistas latinoamericanos, no sólo su condena a nivel local, sino el nexo entre ellos. Quieren estigmatizar los temas que hacen a la integración, soberanía, bolivarianismo y de lucha por un mundo multicéntrico y pluripolar, haciéndolos aparecer como excusas para operar una red de corrupción ligada a los grandes carteles de la droga y a grupos terroristas pertenecientes al “eje del mal”.

    Al imperialismo no le interesan los actos repudiables de corrupción, sean de Petrobras, Odebrecht u otras empresas. Lo que buscan es el desprestigio de los líderes antiimperialistas. En esta dirección se montó –con involucramiento de abogados, periodistas y políticos venales–, la “telenovela” del supuesto hijo de Evo Morales y el tráfico de influencias entre funcionarios del gobierno y la examante del presidente boliviano.

    Para defenestrar a los presidentes progresistas hoy, no se recurre solo a los medios de comunicación y la guerra económica. El modus operandi se implementa sustancialmente a través de los órganos de seguridad y justicia, que suministran información “elaborada”, “procesada” y distorsionada a fin de desprestigiar a esos mandatarios, en lo posible para encarcelarlos, y de no llegar a ese extremo, al menos, conseguir restarles apoyo popular, envolviéndolos en un manto de dudas con respecto a su moral ciudadana.

    La maniobra es de singular envergadura y podríamos afirmar que recién empieza. Por ahora se va atacando lugar por lugar, líder por líder, pero la proyección o la estocada final es lograr demostrar la supuesta asociación ilícita latinoamericana conformada por Lula, los Kirchner, Evo y Chávez-Maduro.

    En los meses que se avecinan no faltarán nuevos “escándalos”, denuncias de “arrepentidos”, vínculos de dirigentes populares con narcos y lavado de dinero, propiedades y fondos en el exterior de funcionarios de gobiernos progresistas, etcétera. Ante todo esto, es necesario tener una buena lectura de los hechos, saber separar la “paja del trigo”, entender que esto, en gran medida, responde a una operación bien planificada por el imperialismo y no caer, en ningún momento, en el juego que pretenden ellos: ensuciar a los líderes populares de la región con el fin de enterrar las ideas unionistas e independentistas.

    Si en realidad buscamos destapar las asociaciones ilícitas de nuestra región, tenemos que hurgar entre jueces, fuerzas de seguridad y periodistas convertidos hoy en detectives y la millonada de dólares que reparten indisimuladamente la dupla CIA-DEA y las propias embajadas estadounidenses.

    Fuente: Resumen Latinoamericano