AL IGUAL QUE EL MENEMISMO, EL OFICIALISMO DIGITA
NOMBRAMIENTOS PARA CONTROLAR A LOS JUECES DEL FUERO FEDERAL
La corporación judicial y el gobierno de
Cambiemos, que controlan el Consejo de la Magistratura, han manipulado de
manera irregular la designación de jueces en el fuero que deberá juzgar delitos
de corrupción, el corazón de la llamada “judicialización de la política”.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti,
el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti,
el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
(Imagen: DyN)
Por Irina Hauser
La escena transcurre en la última reunión del
año de la comisión de selección del Consejo de la Magistratura, el epicentro de
las decisiones sobre nombramientos de jueces.
“¿Nadie va a decir nada de esto?”, pregunta la camarista-consejera
Gabriela Vázquez mientras agita un papel. Es una carta, la cuarta, enviada por
María Gabriela López Iñíguez, una jueza penal porteña que concursó para
ascender a un tribunal oral federal y ganó. Tiene el decreto que la designa
desde septiembre de 2015, igual que otros dos colegas de ella, Sabrina Namer y
Nicolás Toselli, pero ese tribunal para
el cual se postularon todavía no existe pese a que una ley ordenó su creación
seis años atrás. Ante la aparición de vacantes en los viejos tribunales orales
de Comodoro Py el sentido común indica que deberían ocuparlas quienes
concursaron para esa especialidad (como López Iñíguez y sus pares) que hay
prioridad para las mujeres de modo de respetar la diversidad de género y también para quienes sacaron mejores notas
en los exámenes. Pero no. Los consejeros, advierte la jueza, han decidido mandar varones como suplentes,
algunos que ni concursaron, que ya pertenecen a otros tribunales, y que además
siempre se ocuparon de delitos comunes,
no federales.
Nadie quiere hablar de la carta de López Iñíguez
ni de otras que mandó junto con sus colegas, porque pone dos cuestiones sobre
el tapete que comprometen al macrismo. Una es un mecanismo que utiliza la
mayoría del Consejo, compuesta por una alianza entre Cambiemos y exponentes de
la corporación judicial, que juega a reservarse ciertos cargos vacantes y
retarda concursos adrede para tenerlos disponibles y repartirlos entre
conocidos, amigos o intercambiar favores.
Y la otra cuestión es que todo esto encierra un propósito evidente del
oficialismo de controlar a los tribunales orales federales, el lugar donde
definirá la suerte judicial de tantos funcionarios y ex funcionarios. La
intención quedó clara, además, con la promulgación –el último día del año– de
la ley que transformará seis tribunales ordinarios en federales. ¿Quién
decidirá cuáles de los 30 tribunales se convierten en expertos en delitos de
corrupción, narcotráfico y derechos humanos? Una mayoría simple del Consejo
para la que bastan los siete votos que concentran el PRO, el radicalismo, dos
jueces y los abogados.
Los tribunales orales federales nuevos están
destinados a llevar adelante los juicios de casos que hoy son tan resonantes a
cargo de los jueces de instrucción de Comodoro Py, porque los otros están
desbordados. La lista incluye las causas contra Cristina Fernández de Kirchner,
contra Amado Boudou, Julio De Vido, Aníbal Fernández, Lázaro Báez pero también
a futuro podría abarcar a funcionarios del actual gobierno, como los
denunciados por Panamá Papers, entre ellos Mauricio Macri.
Temporada de pases
Los tribunales orales federales, que hoy son
seis, están integrados por tres jueces cada uno y fueron creados después de una
reforma que comenzó en 1992 que incluía la realización de juicios orales en
reemplazo de una parte del procedimiento escrito. Se instauró un sistema mixto
con una primera etapa de instrucción y una segunda fase oral, un método que ha
llevado a que algunas causas de corrupción duren 15 o 20 años. A pesar de que
en 2015 el Congreso votó pasar a un sistema acusatorio, todo oral, ágil y con
gran protagonismo de los fiscales en las investigaciones, el gobierno de Macri
no implementó esta reforma y se inclina por otros métodos.
Mucho antes, como los tribunales orales
federales (TOF) se quejaban de que tenían mucho trabajo y megajuicios complejos, como los que juzgan a
represores por crímenes de lesa humanidad, en 2010 el Congreso votó la creación
de dos tribunales orales federales nuevos: el
7 y el 8. El Consejo llamó a concurso, tomó examen en agosto de 2012 y
fueron ternados y lograron acuerdo del Senado: López Iñíguez, Sabrina Namer
(que fue fiscal federal de juicio y miembros de la unidad AMIA) y Nicolás
Toselli (defensor oficial en La Plata) para TOF 8; para el TOF 7 resultaron
designados Andrés Basso (ex secretario en Lomas de Zamora), Javier Ríos (juez
de instrucción) y Fernando Machado Pelloni (defensor oficial). En septiembre de
2015 CFK firmó los decretos que los
nombran jueces federales.
Sin embargo, empezó a pasar el tiempo y sus
tribunales no fueron habilitados. La habilitación está a cargo de la Corte
Suprema, presidida por Ricardo Lorenzetti. El argumento para demorar ese paso
es que si los jueces nuevos no tienen oficina, la habilitación no se concede.
El Consejo debe conseguir los edificios. Tuvo seis años para hacerlo, en los
que pasaron distintos consejeros, y tampoco lo hizo. Un día, el Tribunal Oral
Federal 3 (TOF 3), que había hecho el juicio del caso AMIA, quedó desierto por
la jubilación de sus jueces. En lugar
de llamar a un concurso nuevo, ante un pedido por escrito del ministro de
Justicia, Germán Garavano y con el empuje de su mayoría oficialista de la
comisión de Selección –que presidió hasta fin de 2016 Luis Cabral, el
cuestionado ex subrogante permanente de la Cámara de Casación– el Consejo hizo
dos movimientos sin precedentes: primero decidió que los jueces que habían sido
nombrados para el TOF 7 irían a parar al TOF 3, y allí están, en forma
definitiva; luego, el 4 de agosto último, agarró la vieja lista de concursantes
y tomó los tres nombres que seguían en el orden de mérito para asignarlos al
TOF 7. Uno es Herminio Canero, quien trabajó con Cabral en el Tribunal Oral
Criminal 9 y también en la Corte
Suprema junto con el menemista Julio Nazareno y la secretaría general; otro es
Enrique Méndez Signori, de la secretaría penal de la Corte; y el tercero era el
fiscal Julio Castro, cuya designación no avanzó por una denuncia. En su lugar, quedaron dos nombres: Vanesa
Alfaro (secretaria letrada de la unidad AMIA desde la gestión de Alberto
Nisman) y el fiscal Ariel Yapur. El controvertido combo fue votado por todos
los consejeros menos los del Frente para la Victoria.
Así, no hubo concurso para ninguno de los dos
tribunales ni de las resoluciones del Consejo surge por qué razón los elegidos
del TOF 7 fueron a parar al 3 y el
resto, nada. Las dos mujeres nombradas para el TOF 8, López Iñíguez y Namer
presentaron una nota ante el ministro Garavano, Lorenzetti y el Consejo en la
que protestaban por quedar excluídas y decían que dado que en Comodoro Py hay
solo tres mujeres no les quedaba otra opción que pensar que estaban siendo
discriminadas. Recordaban que habían sido contundentes en explicar por qué les
correspondían los cargos a ellas (ver aparte).
Esa carta no fue respondida, ni una anterior que
también firmaba Toselli, en la que reclamaban la habilitación de sus
tribunales. En otra nota, cuando vieron que se generaba una vacante en el
Tribunal Oral Federal 1 (por la jubilación de Oscar Amirante) se anticiparon y
pidieron que el Consejo se abstuviera de hacer pases de otros jueces que no
fueran ellos, que habían concursado. No les contestaron y en ese lugar
nombraron a un juez de un tribunal oral ordinario, Gabriel Vega. Cuando un juez
subroga en otro lado le toca un 30 por ciento más de sueldo, innecesario en
este caso, donde había jueces nombrados.
Más adelante Namer presentó otra nota en la que
advertía sobre el absurdo de no poder asumir por falta de oficina. Decía:
“…mientras se esperan soluciones inmobiliarias o cuasi futbolísticas a la
deriva del cierre de la temporada de pases de un tribunal a otro, se lee en los
diarios que algunas causas de banqueros o de funcionarios acusados de
corrupción prescriben por falta de cuarto juez para iniciar los juicios, o que
los juicios de lesa humanidad no pueden empezar por el mismo motivo, o que
quedan libres narcotraficantes por soluciones que reducen su pena para no
violar los plazos de prisión preventiva ante la imposibilidad de hacer juicios
orales. La falta de un espacio físico, generó aparentemente que el Señor
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no diera curso los
pedidos de habilitación de los cargos efectuados por la Cámara de Casación
Penal (…) Paradójico todo, si además se pregona que el sentido común, el
respeto al interés público y la transparencia deben regir las decisiones de los
funcionarios”. Ese texto, generó una respuesta casi inmediata y una acordada de
la Corte dio la habilitación.
En medio sucedió algo insólito: la comisión de
Selección, inventó un sorteo por el cual generó un orden para que a medida que
se produjeran vacantes los designados las fueran ocupando. Quedaron así: Namer,
López Iñíguez, Canero, Toselli y Méndez Signori. Un día mientras caminaba por
Parque Centenario a Namer la sorprendió un llamado urgente del secretario de
Selección, que le decía que había una vacante en un tribunal ordinario, el 20.
La ex fiscal, harta, aceptó y el 28 de diciembre juró como jueza federal para
un tribunal común junto con Canero y Méndez Signori, quienes llamativamente no
tienen ningún tribunal asignado. A ella, por su extraña situación, le tomaron
juramento las dos Cámaras de Casación juntas (la federal y la ordinaria).
Aquí es cuando entra en escena otra carta, esta
vez de la jueza López Iñíguez, que reclama la vacante del TOC 1 cuya
subrogancia vencía. Se queja por la falta de respuesta a sus pedidos y al
“reclamo de género por la evidente discriminación que vengo padeciendo en
relación a colegas varones que ya se encuentran desempeñando sus cargos, hecho que reviste gravedad institucional ya
que la propia Corte Suprema” -recuerda-dijo debían ponerla en funciones. “Hasta ahora –se enojó López Iñíguez– el único que ha demostrado tener
perspectiva de género es el bolillero utilizado el pasado 17 de noviembre” con
el que se creó el orden de mérito que las ubicó a ella y Namer primeras. El Consejo no prevé por ahora darle el lugar
en el TOF1 sino que podría trasladar al juez de un tribunal común, Ricardo
Basílico.
La frutilla del postre
En el Consejo hubo discusiones caldeadas hacia
el final del año en las que, por ejemplo, la senadora Virgina García (FpV) dijo que no podía ser que se estuvieran
“subastando los cargos”. Le apuntaba a Cabral y su sociedad con los legisladores del Pro y la UCR, más
el representante del Poder Ejecutivo Juan Mahiques, a la que suelen sumarse el
juez Leónidas Moldes y los abogados Miguel Piedecasas y Adriana Donato. Pero el
oficialismo está cómodo, hasta les sobra un voto para las cuestiones que se
votan con mayoría simple (tienen ocho, les bastan siete).
Dos casos bien sintomáticos de los tejes y
manejes con los cargos, en especial del fuero federal, son los concursos
eternamente postergados para la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal.
Para el primero están ternados: Julio César Báez, Javier López Biscayart y
Sebastián Casanello, pero el Consejo prefirió, hace días nomás, algo que parece
el colmo: puso como subrogante a Leopoldo Bruglia, que integra precisamente un
tribunal oral federal, el 4, y si le dan la licencia que pide va a generar otro
agujero. Para Casación también hay ternas disponibles para el plenario desde
mayo de 2015.
Fuente: Página 12