Un informe con 50 sociedades offshore le dan más
que argumentos a la publicación charrúa para preguntarse si Mauricio Macri es
el mandatario más corrupto del planeta. Mirá la durísima tapa del medio
uruguayo sobre el polémico presidente argentino.
La revista uruguaya, Caras y Caretas, elaboró un
informe donde sacan a la luz el medio centenar de casos de empresas no
declaradas en las que está ligado el presidente en 11 diferentes paraísos
fiscales.
En el informe se ve algo de lo que salió a la
luz con los Panamá Papers, con empresas en las que figuran el presidente, su
padre y sus hermanos, y que han permanecido ocultas en las declaraciones
juradas de Mauricio.
Informe de la Revista Caras&Caretas del
Uruguay
¿Es Macri el presidente más corrupto del mundo?
Un informe especial revela las 50 sociedades
offshore no declaradas que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su
familia poseen en 11 paraísos fiscales.
Por Dr. Alberto Grille
De acuerdo con el expediente que obra en la
causa penal 3.899/16, en el juzgado a cargo del juez federal argentino
Sebastián Cassanello, caratulada “Macri, Mauricio s/infracción artículo 303 del
Código Penal”, y a la última ampliación de denuncia realizada por el diputado
nacional neuquino Darío Martínez, el presidente argentino posee de forma
directa o por intermedio de testaferros una red de por lo menos 50 sociedades
offshore no declaradas en 11 paraísos fiscales: 29 en Panamá, tres en Hong
Kong, cuatro en Uruguay, tres en el estado de Florida (Estados Unidos), cuatro
en Bahamas, una en Londres, una en Nueva York, una en Belice, una en Dubái, dos
en Gran Caimán y una en British Island.
Este número impresionante de sociedades secretas
fue creado primero por su padre y luego por él mismo y sus hermanos entre 1976
y 2015. Treinta de ellas se fundaron en los últimos 15 años, y aunque el
presidente Macri al principio intentó restarle importancia a su descubrimiento,
al afirmar que no estaban activas y no tenían movimientos, especialmente las
primeras dos que se conocieron –Fleg Trading LTD (sociedad offshore radicada en
Bahamas) y Kagemucha SA (sociedad radicada en Panamá), cuya existencia se conoció
tras la megafiltración de los Panama Papers, y en las que figura como
vicepresidente–, la evidencia acumulada hasta el momento demuestra que mediante
ellas se han realizado transferencias millonarias en dólares hacia otras
sociedades ocultas, también pertenecientes al grupo familiar, con el propósito,
a esta altura evidente, de lavar dinero malhabido y evadir impuestos, cuando
menos.
Todas las declaraciones juradas de Macri son
inconsistentes. Las declaraciones juradas hechas en la Ciudad de Buenos Aires,
donde fue jefe de gobierno durante ocho años, no coinciden con sus
declaraciones simultáneas ante las oficinas federales. Así, el Estado nacional
argentino cuenta con una información sobre el patrimonio del presidente que
difiere de la información que él mismo aporta en la ciudad, sin que todavía se
haya podido precisar a quién le está mintiendo. O, mejor dicho, a quién le está
mintiendo más, porque en ninguna de ambas declaraciones aparecen sus decenas de
sociedades offshore, y el monto declarado no se ajusta a ninguno de sus
movimientos pasados ni presentes.
En el ejercicio 2014 Macri declaró ante la
Oficina Anticorrupción de Argentina poseer bienes por 52 millones de pesos
argentinos, lo que al cambio oficial significaba unos seis millones de dólares.
Sin embargo, dos meses antes, en calidad de jefe de gobierno, había informado a
la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires que poseía 68 millones de
pesos y dos millones de dólares. Un año después, en el ejercicio 2015 –su
última declaración–, Macri declaró a la Oficina Anticorrupción que tenía bienes
por 110 millones de pesos, es decir, un incremento de más de 100% de su
patrimonio en el último año, y por primera vez admitió tener “inversiones en
Bahamas”, por un total de 18 millones de pesos argentinos, algo más de un
millón de dólares al cambio actual, de 15 pesos por dólar.
Este fabuloso incremento, con todo, apenas
justifica un patrimonio total de menos de ocho millones de dólares, un número
muy inferior al que se sospecha que verdaderamente posee. Bastan dos datos casi
anecdóticos para derrumbar sus declaraciones juradas. En 2005, Macri se
divorció de su segunda esposa, Isabel Menditeguy, con la que estuvo casado 11
años. La separación le costó, según lo que trascendió en esa época, la friolera
de 25 millones de dólares, y eso gracias a su fantástico poder de persuasión,
que incluyó espionaje a la exmujer, porque el monto inicial solicitado por
Menditeguy superaba los 70 millones.
El otro dato que refuta su propia declaración es
la confirmación de la existencia de una cuenta offshore, la número 2048080 de
la Bancadella Svizzera Italiana de Nueva York, perteneciente al presidente
argentino, desde la que hizo por lo menos dos giros, uno de 9.145.000 dólares y
otro de 45.660.000 dólares.
Las sospechas, procesos y condenas contra el
clan Macri son antiguos y han hecho escuela en Argentina. Ya en la época de la
dictadura, las empresas del grupo fueron beneficiarias de la estatización de la
deuda privada que se produjo gracias a los seguros de cambio creados por el
entonces director del Banco Central, Domingo Cavallo, en 1982. En esa
millonaria estatización de deuda, que favoreció por miles de millones de
dólares a las principales empresas argentinas, el clan Macri se benefició a tal
punto que hasta inventaron deuda ficticia mediante autopréstamos.
Años después, en 1986, el jefe del departamento
de Deuda Externa del Banco Central, Carlos Melconian, hoy presidente del Banco
Nación de Argentina, firmó y envió al directorio de la entidad el informe
480/161, en el que se solicitaba la anulación de la investigación de la deuda
privada contraída en el exterior a fines de la última dictadura cívico-militar.
Los auditores del Banco Central llevaban a cabo esa investigación porque esa
deuda era considerada “créditos fraudulentos y de dudosa legalidad”, declarados
por empresas privadas, valuadas en al menos 6.000 millones de dólares. Entre
las denunciadas figuraban empresas extranjeras y nacionales; entre estas
últimas, Pérez Companc, Bridas y Sideco Americana SA, del grupo Macri”.
Unos años después, en 1995, nuevamente Cavallo,
ahora como ministro de Hacienda de Carlos Menem, emitió el decreto 493,
conocido en la academia como “decreto Sevel” o “moratoria Sevel”, con el
propósito de perdonar los intereses y multas por deuda impositiva acumulada que
se hubiese cancelado antes de julio de 1995. Días antes, Sevel, automotora del
grupo Macri, cuyo titular eran Franco y Mauricio y que acumulaba 55 millones de
dólares de deuda tributaria, había cumplido en forma exacta los requisitos para
ser beneficiada por semejante exoneración, al punto de que, según cita el
periodista Raúl Dellatorre en la edición de Página 12 del 20 de marzo, el
decreto es conocido en la Facultad por el nombre de la automotora.
Por la causa de la evasión de Sevel, que incluyó
la creación de empresas offshore en Uruguay, Macri fue procesado por
contrabando y su padre por evasión. El trámite de su procesamiento terminó en
un escándalo, porque la Corte Suprema de la época de Carlos Menem, conocida
como la “mayoría automática”, presidida por el riojano socio de Eduardo Menem
Julio Nazareno, sobreseyó a Mauricio y a su padre, Franco, de una forma tan
vergonzosa que la decisión se convirtió en uno de los motivos por los que los
magistrados responsables terminaron siendo enjuiciados y separados de sus
cargos.
En noviembre de 2015, cuando Macri llegó a la
presidencia tras derrotar al candidato del Frente para la Victoria, Daniel
Scioli, tenía un prontuario inigualado por ningún presidente hasta la fecha.
Más de 200 denuncias judiciales y procesamientos firmes. No se conocían en ese
momento los Panama Papers. Es posible que el prestigioso periodista del diario
La Nación Hugo Alconada Mon, quien participaba en el consorcio internacional
que investigaba la filtración, sí supiera que Macri estaba involucrado; no
obstante, más obsesionado por identificar cuentas que comprometieran a Cristina
Kirchner y cuidadoso de no perjudicar la campaña de Macri, ese medio lo mantuvo
en silencio hasta 2016.
Pocas semanas atrás, el propio Alconada Mon hizo
público que la Justicia alemana investiga un movimiento sospechoso de los
hermanos de Macri, que cerraron una cuenta secreta pocos días antes de la
elección y ordenaron transferir millones de dólares a otra cuenta secreta en
Suiza, acompañado con una minuta sorprendente que ordenaba destruir la
documentación en Alemania. ¿Por qué lo hicieron? ¿Es que acaso estaban
advertidos de los que se venía con los papeles de Mossak Fonseca? Y, en ese
caso, ¿quién les informó de eso? Son algunas de las preguntas que podemos
hacernos.
Lo cierto es que ya es inocultable que Macri no
es sólo un presidente de derecha empeñado en una restauración neoliberal
noventista; es uno de los personajes políticos más corruptos del mundo y, si
esa realidad no afecta todavía gravemente su imagen pública en Argentina, es
porque existe una enorme connivencia de los grandes medios de comunicación, que
a la vez de ocultar la realidad económica y las causas que se ciernen sobre el
actual mandatario, se muestran preocupados a diario por indagar la fortuna de
la expresidenta Cristina Fernández, a la que nunca le han encontrado una cuenta
en el exterior y cuyo patrimonio evolucionó entre 2003 y el último año de siete
millones de pesos argentinos a 64 millones, pero con un dólar que varió de 2,7
pesos a más de 15, por lo que el incremento real en 12 años fue de 65%, para
llegar a un número que en la vida de un Macri es un vuelto, la quinta parte de
un divorcio.
Con el tiempo habrá que incorporar los nuevos
negociados que se están produciendo desde que asumió la presidencia, como la
transferencia por decreto de más de 45.000 millones de pesos argentinos a la
empresa Iecsa para el soterramiento del tren Sarmiento, una obra que sólo debía
realizarse si los privados conseguían financiación propia. Iecsa pertenece a
Angelo Calcaterra, primo hermano de Macri, desde 2007.
Antes la empresa era de Mauricio, pero se la
vendió o transfirió a su primo en 2007, meses después de su asunción como jefe
de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tras haber otorgado por decreto una
megaobra de entubamiento del arroyo Maldonado a Iecsa, la mayor de las empresas
del grupo. Va de suyo que la venta de Iecsa al primo fue la forma de ocultar la
participación de Mauricio en la empresa que luego se transformaría en una de
las principales contratistas de obra de la ciudad que gobernaba su dueño. Ahora
Iecsa recibe montos multimillonarios, en virtud de un decreto firmado
directamente por Mauricio.
Es tan explícito el procedimiento, que cuesta
creer que pueda preservar su impunidad, pero es notable también que el Poder
Judicial argentino y la Oficina Anticorrupción están empeñados en impedir que
vuelva Cristina y en garantizar por unos años la sustentabilidad del gobierno.
Así, en la última semana de 2016, Cristina fue procesada en tres causas, entre
las que se incluye la reapertura insólita de la denuncia del fallecido fiscal
Alberto Nisman por la Cámara de Casación, que había sido rechazada en cinco
instancias por inexistencia de delito.
Asimismo, la Oficina Anticorrupción y su
titular, la exdiputada macrista Laura Alonso, enfrentan una causa penal por
presentarse como querellantes sólo contra exfuncionarios kirchneristas e
ignorar al medio centenar de funcionarios del gobierno actual que se encuentran
imputados en la Justicia, pese a que recién va un año de gobierno.
Fuente: Diario Registrado