Burundi, Sudáfrica y Gambia anunciaron en el
último mes que se retiran de la Corte Penal Internacional (CPI), a la que
acusan de avanzar solamente en los casos que involucran a países africanos y no
en los que atañen a países de otros continentes.
Desde su entrada en funcionamiento, en 2002, la
CPI ha juzgado solamente a dirigentes africanos. Actualmente existen ocho casos
abiertos, todos ellos contra autoridades actuales o anteriores de países de África
-Uganda, Congo, República Centroafricana, Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil
y Malí-. Esto ha generado críticas de los países y organismos africanos en los
últimos años. Por ejemplo, el ex presidente de la Unión Africana Jean Ping ha
asegurado que la CPI pretende “civilizar” África.
La elección de una gambiana, Fatou Bensouda,
para el cargo de fiscal general en 2012 fue leída como un intento de apaciguar
esas críticas. Sin embargo, los avances de la CPI siguieron apuntando contra
líderes africanos acusados de delitos contra la humanidad.
Al anunciar su salida de la CPI, el ministro de
Burundi para los Asuntos Extranjeros, Alain-Aymé Nyamitwe, dijo que la decisión
obedece a “una demanda de la población burundesa”. El presidente Pierre
Nkurunziza es investigado por la CPI por su supuesta responsabilidad en la
violencia que se desató en Burundi en 2015 después de que el mandatario
anunciara que se postularía como candidato a otro mandato pese a que la
Constitución de su país prohíbe la reelección.
Sudáfrica, por su parte, manifestó que tomó la
decisión de salir de la CPI porque debido a su pertenencia a este tribunal no
puede cumplir con su papel de mediador en los conflictos entre países africanos
y porque las normas de la CPI están “en conflicto” con la ley nacional de
inmunidad diplomática, lo cual afecta sus relaciones bilaterales.
Sin mencionarlo directamente, el gobierno
sudafricano hacía referencia a lo sucedido en junio de 2015, cuando rechazó el
pedido de la CPI de que detuviera al presidente sudanés, Omar al Bashir,
imputado por delitos contra la humanidad.
El último país en anunciar su retirada de la CPI
fue Gambia, que lo hizo ayer. Su ministro de Información, Sheriff Bojan, acusó
a la corte internacional de ser parcial y afirmó: “La CPI es blanca y está
pensada para perseguir y humillar a la gente de color, especialmente a los
líderes africanos”.
Entre otras cosas, mencionó “la incapacidad de
la CPI para acusar al ex primer ministro británico, Tony Blair, por la guerra
de Irak”. En julio la CPI descartó enjuiciar a Blair por la invasión a Irak al
considerar que la legalidad de una guerra está fuera de la jurisdicción de la
corte. El lunes el presidente de la asamblea de los países miembro de la CPI,
Sidiki Kaba, instó al organismo a hacer una autoevaluación para tener en cuenta
estas críticas.
La más impactante fue la salida de Sudáfrica,
que fue el primer país africano en aprobar una legislación nacional para
aplicar el Estatuto de Roma.
Fuente: La Diaria
