BAJO PRESIÓN
Por Adolfo Pérez Esquivel *
La división de poderes como forma de
organización de nuestro país, vigente desde el nacimiento de nuestra República,
es uno de los pilares constitucionales más importantes. Cada poder debe
funcionar como contrapeso del otro, siendo esta una de las garantías para
evitar la concentración de poder que lleva irremediablemente al autoritarismo y
la pérdida de la democracia. Por este motivo, es necesario fortalecer las
instituciones del Estado y mejorarlas para su funcionamiento, en vez de
someterla a los intereses del gobierno de turno.
Lamentablemente el país se encuentra bajo
presión del Poder Ejecutivo que busca la forma de controlar el Poder Judicial y
el Legislativo, debilitando nuestras instituciones. Uno de los objetivos
preocupantes que se propone el gobierno de Cambiemos, y que afecta al Poder
Judicial, es lograr la remoción de la Procuradora General de la Nación,
Alejandra Gils Carbó, sometida a fuerte presión para lograr su renuncia o la
separación del cargo, sin respetar los tiempos e instancias legales. En esta
línea, el gobierno busca sancionar en estas semanas la Ley de Reforma orgánica
del Ministerio Público Fiscal (MPF), un proyecto de ley claramente
inconstitucional para limitar y someter a la justicia.
En primer lugar se observa un tratamiento
desigual de leyes orgánicas del MPF y con respecto a la del Ministerio Público
de Defensa. Si bien tienen el mismo rango, sólo se busca acortar el mandato de
la Procuradora, y no se busca reformar ningún aspecto de la justicia federal o
nacional, tan cuestionadas por su lentitud e ineficiencia. Esto muestra la
animosidad que inspira esta reforma, dirigida claramente contra la gestión de
la actual Procuradora General, lo cual vulnera la autonomía e independencia
constitucional del Ministerio Público (art.120), y por lo tanto, la independencia
judicial.
La actual procuradora fue elegida en un cargo
vitalicio. Pretender sancionar una ley que límite su mandato y que se aplique
de manera retroactiva claramente es un absurdo jurídico gravísimo. En todo caso
la limitación se podrá aplicar a quien la suceda en el cargo. Este caso es
comparable al del Juez Carlos Fayt, a quien no se le aplicó la ley que disponía
la jubilación de los jueces de la Corte Suprema a los 75 años, porque era
posterior a su designación.
En segundo lugar, es peligrosa y preocupante la
creación de una procuraduría especializada en terrorismo, al mismo tiempo que
suprimen la procuraduría de defensa de la Constitución Nacional y la dirección
de derechos humanos. Esto no es una coincidencia, insinúan la creación de un campo
fértil para el desvío de las investigaciones y la persecución penal de pueblos
originarios, organizaciones sociales, sindicales.
En tercer lugar, también es muy grave que el
Poder Ejecutivo quiera fijar la política criminal del MPF, permitiendo que el Consejo
de Seguridad Interior (integrado en su mayoría por ministerios del Ejecutivo)
pueda determinar los lineamientos de su política de persecución penal.
A lo que debemos agregar la intención del
gobierno de Cambiemos de intervenir como jurado en los concursos para fiscales,
y de habilitar el traslado de empleados y funcionarios fuera de su lugar de
trabajo, en clara afectación de los derechos adquiridos por los trabajadores.
Esta reforma es la intervención directa del
Poder Ejecutivo sobre el Poder judicial, dirigido a lograr la remoción de la
actual Procuradora General, y a imponer condiciones para manipular el organismo
en un claro atentando contra la autonomía de poderes.
Si se permite este avance del gobierno de Macri
estaremos ante un serio peligro para la salud de la democracia en el país. Por
eso reclamamos al gobierno respetar las disidencias políticas, el pluralismo
ideológico y dejar sin efecto las medidas que dañan al pueblo argentino.
* Premio Nobel de la Paz