Por Rodrigo del Olmo. 24 Septiembre 2016
La vuelta del liberalismo económico más salvaje
(neoliberalismo), confía al sector privado las funciones del Estado y gestión
de los servicios públicos, con criterios de rendimiento económico de empresa
privada
En el ensayo escrito junto a Zygmunt Bauman,
Estado de Crisis, Carlo Bordoni define la “postdemocracia” como una crisis de
igualización y trivialización de los procesos democráticos, en los que la
política va perdiendo progresivamente contacto con los ciudadanos desembocando
en un estado de incomodidad y hastío que puede ser definido como
“antipolítica”. Actualmente suele hablarse de antipolítica en relación con las
diversas movilizaciones de ciudadanos, empobrecidos y progresivamente
despojados de sus derechos laborales y sociales, indignados contra la
corrupción, los escándalos en la administración pública y en la mayoría de
partidos políticos, así como con los tratos de favor hacia determinadas
corporaciones o sectores empresariales tradicionalmente provisores de
suculentas puertas giratorias a los cargos políticos que legislan o reglamentan
a su dictado. El efecto de todo ello es una profunda irritación, seguida del
alejamiento de una esfera política que se considera inútil y que produce
sensaciones de desazón y repugnancia. Ese malestar, en combinación con otros
factores, abre una ruta directa hacia los autoritarismos de los que podemos
encontrar ilustrativos y trágicos ejemplos en la Europa del primer tercio del
siglo pasado.
Algunos de los efectos más característicos de la
etapa postdemocrática señalados por Bordoni son:
La desregulación económica, que significa una
disminución o cancelación de las capacidades normativas de los Estados para
implementar medidas correctoras de los fallos del mercado, así como aquellas
tendentes a orientar la economía hacia la satisfacción equitativa y sostenible
de las necesidades sociales. Esta desregulación acaba suponiendo la supremacía
de los mercados financieros globalizados. Se trata de un proceso ambiguo
destinado a la progresiva eliminación de los poderes y controles públicos al
que se pretende revestir de un sentido subyacente de “liberación” de las normas
y poderes coercitivos del Estado. Es el primer paso hacia el neoliberalismo
privatizador de los servicios públicos y drástico reductor del estado de
bienestar y de los derechos sociales en aras de unos presupuestos, a nivel
macro, sacrosantamente equilibrados. Haciendo olvidar que el Estado no es una
empresa privada, cuyo principal objetivo es generar dividendos, sino una red de
Administraciones Públicas controladas, en última instancia, por Legislativos
elegidos democráticamente cuya finalidad debe ser (entre otras) proporcionar
servicios sociales con espíritu equitativo, corregir los fallos del mercado y
redistribuir la riqueza.
Una progresiva disminución en la participación
política habitual de los ciudadanos, incluyendo los periodos electorales, que
ha llegado a ser considerada frecuentemente como “normal”.
La vuelta del liberalismo económico más salvaje
(neoliberalismo), que confía al sector privado una parte creciente de las
funciones del Estado y de la gestión de los servicios públicos, orientados a
través de los mismos criterios de rendimiento económico que una empresa
privada. Incluso en los casos en que dichos criterios resulten indeseables para
el Interés General y el Bien Común o los servicios prestados tengan difícil
objetivación económica pese a resultar imprescindibles para la sociedad y el
individuo, como es el caso de los bienes de naturaleza pública.
La reducción de las inversiones públicas junto
con el decremento y decadencia del Estado del Bienestar, quedando reducido éste
a una serie de servicios básicos de carácter asistencial y caritativo, solo
para los más pobres y en circunstancias excepcionales, no como derechos
generalizados inherentes a la condición de ciudadanía.
La preponderancia de los lobbies, que
incrementan su poder y capacidad para diseñar políticas en la dirección
conveniente a sus intereses, aunque estos puedan colisionar contra el Interés
General.
La política como espectáculo de masas, en el que
las técnicas de marketing y publicidad adquieren un papel preponderante se
utilizan para promover el consenso en torno al predominio de la figura de un
líder en el que el talento, el carisma y la integridad son menos importantes
que los estudios de mercado, el poder de la imagen y una estrategia
comunicativa precisa diseñada por los mejores y más caros asesores,
frecuentemente externos a los partidos.
El mantenimiento de los aspectos meramente
formales de la democracia para conservar la apariencia de unas libertades y
derechos ciudadanos garantizados.
Por su parte, Charles Tilly, con el término
“desdemocratización” describe la cancelación efectiva de determinadas
prerrogativas democráticas, frecuentemente solo por un corto periodo de tiempo,
para afrontar acontecimientos excepcionales tales como terrorismo, o desastres
naturales. Aunque estos periodos son susceptibles de ir dilatándose, como
recientemente ha ocurrido en Francia a causa de la amenaza terrorista de Daesh.
Complementariamente, mientras que la “desdemocratización” se evidencia ante la
opinión pública con la excusa de la excepcionalidad, el concepto de
postdemocracia describe un proceso solapado, presentado como la forma más
natural de garantizar las libertades formales mientras que, de hecho, las
degrada y las vacía de sus contenidos sustantivos y democráticos reales. Ambos
procesos pueden actuar solos o conjuntamente, teniendo como efecto la pérdida
progresiva de los derechos y libertades conseguidos a través de una larga e
histórica lucha de generaciones.
Rodrigo del Olmo, Llicenciat en Ciències
Polítiques i de l'Administració. Llicenciat en Sociologia
http://elperiscopi.com/hacia-un-nuevo-totalitarismo-global-i/
