*Adolfo Pérez Esquivel. Sin Permiso.- 08/12/2019
El continente latinoamericano está siendo
víctima de nuevo de golpes militares, judiciales o parlamentarios: las
verdaderas víctimas son, como siempre, los pueblos, a los que se obliga a
sufrir muertes, heridas, detenciones, violencia social y estructural.
Los gobiernos neoliberales traen hambre y
pobreza a nuestros países, destrucción de la capacidad productiva y
dolarización de nuestras economías sometidas a especulación financiera, lo que
tiene como consecuencia procesos inflacionarios que resultan difíciles de
creer, como el sufrido por Argentina.
La rebelión de los pueblos llega cuando las
condiciones se vuelven insoportables y la desesperación se convierte en
sentimiento dominante. Detrás de todos los mecanismos de dominación se
encuentra la mano de los Estados Unidos, que no quiere perder el control del
continente y que, al igual que en los años 70, promueve golpes, imponiendo la
doctrina de la seguridad nacional por la fuerza y llevando a la práctica el
Plan Cóndor II.
Esto es lo que hicieron contra el presidente
Manuel Zelaya en Honduras, un experimento piloto sobre cómo llevar a cabo un
golpe cívico-militar, que tuvo también como resultado el fortalecimiento de la
base militar norteamericana en Pulmarola.
A esto le siguió el golpe cívico-parlamentario
en Paraguay contra el presidente
Fernando Lugo, y el golpe parlamentario contra la presidenta de Brasil,
Dilma Rousseff, a la vez que se impedía que Lula concurriera como candidato a
las elecciones presidenciales. El continente está siendo objeto de golpes, ya
sean parlamentarios o militares, cuya meta es una y la misma: detener el avance
de la soberanía de los pueblos. Los Estados unidos han iniciado una guerra
judicial — “Lawfare”— con la complicidad
de los medios hegemónicos, que condenan antes de verificar los hechos, creando
conformidad en la opinión pública y un monocultivo mental.
En Bolivia, el presidente Evo Morales pudo
superar varios intentos de golpe, como la matanza de Pando y el levantamiento
de la región de Oriente. El país se ha visto sometido en la actualidad a un
golpe, civil y militar, con la intervención de los Estados Unidos, y a todo lo
que le siguió: muertes, detenciones, persecución de los pueblos indígenas y de
todo el pueblo boliviano. Los EE.UU. han impuesto un gobierno de facto dirigido
por Jeanine Áñez, aprendiz de dictador y títere de las fuerzas armadas.
La política de los EE.UU. se dirige a impedir la
existencia de países independientes, a obstaculizar la integración regional y a
doblegar al continente en función de los intereses del FMI y las políticas
neoliberales ; en el caso de Argentina, la meta se centra en aislar al
inminente gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
La rebelión de los pueblos se extiende por el
continente. En Chile, el gobierno de Sebastián Piñera ha recurrido una vez más
a la vieja táctica de enviar al ejército a reprimir a los manifestantes, con el
resultado de muertes, personas que han quedado ciegas y numerosos casos de
detención y tortura, entre ellos de menores. En Ecuador, se desató la represión
contra quienes se rebelaron contra la política neoliberal de Lenin Moreno.
Tenemos luego la difícil situación en la que se encuentran los pueblos de Haití
y Venezuela.
Es necesario que las organizaciones sociales,
culturales y políticas se unan y exijan, con una sola voz, la dimisión del
Secretario General de la OEA (Organización de Estados Americanos), Luis
Almagro, por su parte de culpa en la crisis de Bolivia, ligada a su
irresponsabilidad cuando se hubo de verificar la limpieza de la votación en las
últimas elecciones, y su sumisión a la política de los EE.UU., que
intervinieron para frustrar la victoria de Evo Morales. Almagro supone una
amenaza a las democracias de toda América Latina.
En este momento no hay interlocutores legítimos
en Bolivia, desde luego ninguno de los conspiradores del golpe, responsables de
la violencia desatada contra la población. Las Naciones Unidas deberían enviar
urgentemente una comisión de investigación que pusiera las bases de la paz y
detuviera la violencia asesina. Debemos exigir la retirada inmediata de las
fuerzas armadas de las calles y campos de Bolivia. Basta de represión y de
muertes. Recordemos las palabras de Monseñor Óscar Romero: “Ningún soldado está
obligado a obedecer órdenes injustas contra su propio pueblo”.
Es necesario que el pueblo boliviano se organice
para formar una Asamblea Constituyente y exija elecciones sin demora. Hay que
abrir investigaciones sobre las muertes causadas por el ejército y las fuerzas
de seguridad. Tiene que acabar la discriminación, la persecución y el racismo.
Y debe respetarse la decisión de la pluralidad del pueblo boliviano.
