Por Franco Mizrahi. 13 de agosto de 2018
Los hijos de quien fuera mano derecha de Aníbal
Gordon en el centro clandestino Automotores Orletti fueron procesados por lavado
de activos. Es por la transferencia trucha de propiedades obtenidas por su
padre, Leonardo Miguel Save, gracias a dinero sucio robado a desaparecidos
uruguayos. Se trata de unos terrenos a la vera de la laguna de Chascomús, donde
iban a realizar un mega emprendimiento inmobiliario. El juez federal Ramos
Padilla los acusa de haber “puesto en circulación en el mercado bienes
provenientes de un ilícito penal considerado dentro de la categoría de crímenes
de lesa humanidad”.
Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar
cuatro décadas después: el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, se
acerca a la reconstrucción de un millonario botín de guerra que amasó la banda
de Aníbal Gordon, en 1977. A principios de agosto dictó el procesamiento por
lavado de activos de origen ilícito de los herederos de uno de los integrantes
de la patota de la ex SIDE. Un predio rural ubicado en el Barrio “Parque
Girado”, a la vera de la laguna de Chascomús, se transformó en la pista que
permitió rearmar una historia.
De acuerdo a la exhaustiva investigación del
magistrado, existen indicios objetivos para creer que la banda de Gordon
adquirió dos fracciones de terreno para construir una mega obra inmobiliaria
-que luego se frustró- con fondos robados a sus víctimas durante la última
dictadura cívico-militar. El delito se concretó hace 41 años, pero en 2008 los
documentos del registro de la propiedad arrojan que en la actualidad dichas
tierras están a nombre de los cuatro hijos de quien fuera la mano derecha de
Gordon, Leonardo Miguel Save. Por eso, el magistrado procesó a María Natalia
Save (44); Ana María Save (41); y Marcelo Leonardo Save (46) –no hizo lo propio
María Eugenia Save porque por cuestiones de salud no fue indagada aún- . Ramos
Padilla también trabó un embargo sobre los terrenos investigados por
$6.500.000. No les dictó la prisión preventiva a los imputados, al menos por
ahora.
Para definir su decisión, el juez analizó las
operaciones que realizaron los hijos del represor para “ser inscriptos como
titulares registrales -en el año 2008 y luego de fallecido su padre- de los
terrenos que habían sido adquiridos en el año 1976 con el dinero obtenido a
partir de homicidios, secuestros, torturas y privaciones ilegitimas de la
libertad llevadas a cabo por esa organización ilegal que funcionaba al servicio
de la ex SIDE, bajo las ordenes de Aníbal Gordon, en el Centro Clandestino de
Detención y Torturas conocido como ‘Automotores Orletti’ ”. Esas
inscripciones estuvieron repletas de irregularidades: según la
reconstrucción judicial, los Save realizaron distintas operaciones simuladas y
utilizaron personas con identidades y poderes falsos para, finalmente, lograr
poner los terrenos a su nombre.
En su resolución de 43 páginas, el magistrado de
Dolores resaltó que no juzga ni responsabiliza a los procesados por los hechos
cometidos durante la represión ilegal sino que les “reprocha las acciones que
llevaron adelante con posterioridad y desde el año 1999 y que permitieron
inscribir a su nombre los bienes adquiridos con el dinero obtenido
ilegalmente”.
Las irregularidades
La parcela inscripta bajo nomenclatura catastral
Partido 027, Circunscripción XI, parcela 1164 –con una superficie total de más
de 468 hectáreas- pertenecía desde el año 1939 a Francisco José Girado, a quien
le sucedieron en la titularidad en carácter de universales herederos
–declarados como tales en 1965- sus hijos Francisco José Girado, Manuel Marcos
Girado, Pedro Esteban Girado y Pablo María Girado y Flora Zorrilla de Girado.
Ese terreno sufrió diversas subdivisiones y anexiones. Las parcelas que son
motivo de investigación son las 1164M (21 ha) y 1164X (15ha). Una se hallaba a
nombre de los herederos del mentado Francisco Girado –antiguamente parcela
1164g-; y la otra resultaba propiedad de la sociedad “Enrique Vanzato Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria”
–antiguamente fracción de la parcela 1164h-. Ambas terminaron a nombre de los
de Save.
De acuerdo al juez, “se falsearon identidades,
se realizaron actos simulados y se consignaron valores simbólicos (de los
terrenos); y de este modo, a través una cadena de poderes, cesiones y
escrituración final, los hijos de Miguel Save pusieron los bienes analizados
bajo su titularidad”.
La modalidad irregular fue la misma para las dos
parcelas: en 1976 el adquirente del terreno dice hacerlo “en comisión”, no se
consignan mayores datos personales de esas personas y se utiliza una identidad
falsa para realizar la operación.
Tras los respectivos pasamanos, el 27 de junio de
2008, los hijos de Save concurrieron a una escribanía de la Ciudad de Buenos
Aires y perfeccionaron la inscripción a su nombre de la titularidad de ambos
terrenos.
Según la reconstrucción de los hechos, dijeron
“que iban en representación de los herederos universales de Francisco José
Girado en relación con la parcela 1164g y de Víctor Manuel Vanzato en relación
con la parcela 1164x. Se menciona allí la presentación de los boletos de
compra-venta, los poderes especiales y los contratos de cesiones de derechos
con todas las irregularidades”.
Por todo esto, Ramos Padilla considera que se
cuenta con un caudal probatorio “que da cuenta de la realización por parte de
los hijos de Leonardo Miguel Save de operaciones que han puesto en circulación
en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal considerado dentro de la
categoría de crímenes de lesa humanidad”.
El botín
Según se desprende de la pesquisa, la banda de
Aníbal Gordon se hizo de millones de dólares al secuestrar, torturar y
desaparecer a miembros a la organización uruguaya Partido por la Victoria del
Pueblo (P.V.P.) – Organización Popular Revolucionaria “33 Orientales”, que
actuaba en la Argentina.
Un grupo de tareas conformado por militares
argentinos y uruguayos -pertenecientes a la banda que lideraba Nino Gavazzo-
estaba obsesionado por una millonaria suma de dinero en dólares escondido en un
departamento de la ciudad de Buenos Aires. Tras secuestrar a distintos
militantes de la organización oriental, finalmente, los genocidas dieron con su
cometido. Ubicaron su botín en el domicilio de Alberto Cecilio Mechoso Méndez.
La suma en cuestión no pudo ser precisada pero, según los investigadores,
oscilaba entre los 2 y los 10 millones de dólares. Con ese dinero, se
financiaba el grupo.
Alberto Cecilio Mechoso Méndez
Mechoso Méndez (40), fue secuestrado el 26 de
septiembre de 1976, en el marco del Plan Condor, tras dejar su casa de la calle
Miralla al 2800, en Villa Lugano. Se dirigía a un “encuentro” que tenía
previsto al mediodía y no llegó a tomar la pastilla de cianuro que llevaba encima.
Según se pudo reconstruir, pasó por el CCD “Automotores Orletti”. Sus restos
fueron hallados en un tambor con cal el 14 de octubre de 1976 en el canal de
San Fernando e identificados en 2012 por el Equipo Argentino de Antropología
Forense.
El mismo día de su captura, los genocidas
también secuestraron a su familia, que estaba en la misma casa: su mujer
Beatriz Castellonese y sus dos hijos, quienes presenciaron en medio del terror
–hasta mataron a su perro- cómo los represores se llevaban el dinero escondido.
Ese 26 de septiembre de 1976, Mechoso Méndez fue
trasladado a una casa donde pudo ver por última vez a su familia. Se encontraba
deshecho por las torturas, según se reconstruyó en la causa Plan Cóndor. En
aquella sentencia, se relató: “Su familia fue trasladada de manera clandestina
a la República Oriental del Uruguay, al día siguiente -27 de septiembre de
1976-, con la asistencia logística del personal de la Base de Operaciones
Técnicas (O.T. 18), Arab y Gavazzo, en un vuelo comercial. En esa ocasión,
Gavazzo utilizó la identidad falsa de Alberto Mechoso Méndez y, junto a la
esposa de Mechoso y sus dos hijos, viajaron al vecino país. Permanecieron
privados ilegalmente de su libertad en una casa del barrio de Carrasco,
República Oriental del Uruguay, hasta el 5 de octubre de 1976, fecha en que
fueron liberados”.
De acuerdo al trabajo de Ramos Padilla, el
dinero que se le sustrajo a Mechoso Méndez y que se dividió entre uruguayos y
la “banda de Gordon” -que actuaba en Automotores Orletti- se habría utilizado
para la adquisición de los terrenos investigados en Chascomús, donde se
pretendió desarrollar un frustrado proyecto inmobiliario, bautizado “Boating”.
El procedimiento por el que los represores se hacen con el dinero se habría
llamado “Operación Oro”. Así lo interpretó el Tribunal Oral Federal N°1 de la
Capital Federal que llevó adelante el juicio por Automotores Orletti.
Entre los diversos documentos que se utilizaron
durante aquel proceso oral y público figura uno fechado el 1° de octubre de 1976,
de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, en el que se
hace referencia a la caída de Mechoso Méndez: “(…) Durante el período del 24 al
27 de septiembre de 1976, miembros de la Secretaría de Información del Estado
argentino (SIDE), que operan con funcionarios de los servicios de inteligencia
militar uruguayos llevaba a cabo operaciones contra la organización terrorista
uruguaya, la OPR-33 en Buenos Aires. Como resultado de esta operación conjunta,
los funcionarios de la SIDE dijeron que toda la infraestructura de la OPR-33 en
Argentina ha sido eliminada. Un gran volumen de moneda estadounidense fue
secuestrado durante la operación conjunta”.
Fuente: Nuestras Voces
