Por Tomás Astelarra
La elección de Ivan Duque, delfín del ex
presidente Álvaro Uribe Velez, trae una serie de implicancias geopolíticas a
las que estar atentos. Lejos de la entronación de un candidato de “derecha” en
un lejano país, es la demostración del avance del esquema de terror y muerte
capitalista en el continente.
El resultado de las elecciones en Colombia si
bien decepciona no sorprende. Quizás si sorprenda la poca relevancia y análisis
de la mayoría de los medios masivos nacionales. Incluso aquellos que se
declaran “progresistas” o “de izquierda”. Las implicancias geopolíticas de esta
elección para América Latina y Argentina en particular no son menores. No se
trata de la elección de un candidato de “derecha” en un país que pareciera
lejano y no hermano. El nuevo presidente Ivan Duque, delfín del ex presidente
Álvaro Uribe Velez, es parte de un entramado narcoparamilitar que ha
aprovechado la guerra, y también la “paz”, para la implementación de proyectos
extractivistas de todo tipo. Aquello que las y los cumpas zapatistas llaman “la
cuarta guerra mundial”. Una guerra contra los pueblos en pos del saqueo de sus
recursos.
Historia de muerte capitalista
Según
las Naciones Unidas, durante cada día de los primeros cuatro años del gobierno
de Uribe, 8 personas fueron asesinadas y 5 detenidas arbitrariamente. El total
de asesinatos (11.292) es mayor al total de víctimas de los 17 años de
dictadura de Pinochet en Chile. Un informe de la Comisión Colombiana de
Juristas determinó que el 62% de los casos habría sido responsabilidad del
estado por tolerancia o apoyo a grupos paramilitares, y 12% por acción directa
de sus funcionarios. Según la Fiscalía General de la Nación se han hallado 500
fosas comunes de las 4 mil que los paramilitares habrían cavado en 29 de los 32
departamentos que tiene Colombia. Con los más de un millón de personas huyendo
de sus tierras a causa de la violencia durante el mandato de Uribe, el país
se convirtió en el segundo con mayor
número de desplazados después de Sudán.
Cuando Uribe dejó el gobierno, las fosas comunes
y los relatos de masacres se multiplicaron. También eso que los colombianos
llaman “falsos positivos”, dirigentes sociales o personas de los barrios
populares que son asesinados y mostrados como guerrilleros, bien como
justificación a la acción represiva del estado o como shock mediática para
mostrar uno de los mayores logros de Uribe durante su gestión “el combate a la
guerrilla”. También se llama falsos positivos a aquellos líderes sociales
encarceladas sin causa justa. La lista es infinita.
El propio Gustavo Petro, que logró un caudal de
votos histórico para un candidato de izquierda en Colombia, fue el impulsor
desde el Senado de las denuncias por la “parapolítica”. Las relaciones entre
diversos funcionarios del gobierno, aportantes de campaña y el propio Uribe,
con los ejércitos paramilitares que habían sembrado el terror en Colombia fue
debidamente comprobada, incluso con fallos judiciales. La Ley de Justicia y
Paz, una especie de “acuerdo de paz” con los grupos paramilitares, fue
comprobado como un esquema de impunidad. Y los líderes de la Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) fueron extraditados a Estados Unidos como “narcotraficantes”
justo en el momento en que empezaban a confesar la complicidad en su accionar
genocida del gobierno, los empresarios nacionales y multinacionales y hasta
organismos internacionales y ongs.
Más allá de la pantomima de la “desmovilización”,
los grupos paramilitares en Colombia siguen operando en territorios indígenas,
afros y campesinos, y también en las ciudades, donde amenazan y asesinan a
dirigentes sociales. El “acuerdo de paz” con las FARC no ha sido una aliciente.
Todo lo contrario. Según cifras del Programa Somos Defensores, en 2014 se
registraron 55 asesinatos a líderes sociales, en 2015 fueron 63 los casos, en
2016 fueron 80, en 2017 fueron 106. Alrededor de 98 líderes sociales han sido
asesinados en Colombia durante este 2018, según el informe realizado por
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Marcha Patriótica
y la Cumbre Agraria. Este dato incluye el asesinato de excombatientes de las
antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) así como de sus
familiares.
¿Elecciones en paz?
El 6 de
junio, diez días antes de las elecciones, fue detenido Andrés Giles Reyes.
Secretario Técnico del Congreso de los Pueblos, integrante del Movimiento
Quinua y de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia
-Anjeco-, que apoyaba la candidatura de Gustavo Petro. El Congreso de los
Pueblos es una de las organizaciones más aquejadas por casos de “falsos
positivas”. Decenas de militantes arrestados sin que nunca se hubiera
comprobado la causa.
A pocas horas de las elecciones presidenciales
se difundieron en redes sociales una serie de amenazas contra líderes
sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), especialmente aquellos
que apoyan la campaña de “Colombia Humana” de Gustavo Petro.
Estas amenazas se realizaron el 14 de junio y
provienen de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia quienes
crearon un grupo en whatsapp llamado “Información” con la única intención de
amenazar a integrantes de la campaña en varios lugares del país.
También fueron amenazadas dirigentes de la
Asociación de Cabildos Indígenas de Norte del Cauca (ACIN). La carta enviada
por el mismo grupo paramilitar dice: “ustedes par de sapos que están hablando
durito y se oponen y joden la vida a los campesinos con reuniones y campañas
politiqueras insinuando votar por el castrochavismo y su Colombia Humana, nos
los queremos ver en las elecciones haciendo proselitismo porque ya saben donde
quedarán. Se van o los desaparecemos”.
Por eso no soprende que los grande medios
hegemónicos aliados al capital, por ejemplo, no hallan resaltado que la
participación en Colombia fue casi tan baja como en Venezuela, donde el mismo
dato resultó un escándalo. Pero alerta, soprende e indigna que los grande
medios que supuestamente juegan para el lado de los pueblos califiquen la
elección en el hermano país como “pacífica” y muestren como único riesgo del
gobierno de Duque la caída de algunos puntos en el “acuerdo de paz” con las
FARC. Históricamente estos medios han ignorado el genocidio de los pueblos a
través de grupos paramilitares en Colombia, y lo que es peor, su relación con
la estrategia de muerte capitalista de extracción de recursos, que no es solo
patrimonio de Colombia. Se exporta a todo el continente. Y también a Argentina.
Una historia en común
Asi como el Plan Condor se implementó con
coordinación continental, lo mismo sucede con el Plan Colombia. Cuando hace
veinte años una profesora de la Universidad Autónoma de México intento explicar
la guerra en ese país a través del carácter “violento” de los colombianos, el
activista Manuel Rozental le explicó que su país era solo el comienzo. Que
Colombia, por su abundancia en recursos naturales, era la punta de lanza de un
plan de terror para el extractivismo multinacional. “Ojala no se cumpla mi
pronóstico, pero en diez años, México va a estar viviendo la mismo violencia
que hoy vive Colombia”, dijo.
Solo de 2010 a 2016 fueron asesinadas 154.557
personas en México y en el 94.8% de esos casos no hay un culpable sentenciado,
de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
¿Dijo 154 mil? Si. Y acá en Argentina discutimos si fueron 30 mil o 200. ¿Pero
Argentina no es como Colombia o México? El presidente Mauricio Macri no solo ha
dado la llave de la ciudad de Buenos Aires a Álvaro Uribe Velez, sino que en
varias ocasiones ha alabado su política de “Seguridad Democŕatica”
(narcoparamilitarismo). Dentro del escándalo de los Panama Papers el periodista
Daniel Coronell en la revista Semana de Colombia explicó el giro de fondos del gobierno
de Macri en CABA al gobierno de Medellín para el entrenamiento a través de
ex-paramilitares de la policía Metropolitana justo antes de la represión en el
Borda. Aún desde el kirchnerismo, Uribe ha sido asesor de la Gendarmería
Nacional. La misma que asesinó a Santiago Maldonado y que hoy ejerce en
Argentina el terror en los barrios y comunidades indígenas y campesinas.
Durante el kirchnerismo (2011) fue también curioso el tratamiento de la captura
de Henry Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, en el barrio de Nordelta en
Tigre. Fue presentado como narcotraficante. Sin embargo también era uno de los
jefes de Los Urabeños, uno de los principales grupos paramilitares en Colombia,
responsable de numerosas masacres contra pueblos originarios del norte del
pais. Norte de Medellín, cuna de Uribe. Una de las regiones donde las fosas
comunes día a día siguen apareciendo. Mi Sangre fue extraditado a Estados
Unidos como “narcotraficante”, sin saber si su presencia en Argentina tenía más
implicancias que el tráfico de drogas. No era solo un traficante de drogas. Era
un narcoparamilitar ligado al ex presidente Uribe, ligado al presidente Macri.
La implicancias de la elección en Colombia.
¿Acaso el periodismo argentino no conoce estas
informaciones?¿Acaso la descartan?¿Por qué las políticas económicas de
Cambiemos parecen ser más mortales que sus políticas represivas?
No estamos diciendo que Argentina es Colombia.
No. Nos faltan arepas, papayas y mucha cumbia. Todavía nos faltan balas y fosas
comunes. Pero son los mismos pueblos originarios los que resisten contra el
saqueo de los grandes grupos multinacionales ligados al gobierno nacional. Son
las mismas barriadas en las calles reclamando sus derechos. ¿Como se soluciona
la protesta social y la resistencia de los pueblos? Con represión. Y Colombia
es uno de los mejores ejemplos en América Latina de la represión a los pueblos
con la complicidad de medios masivos, jueces y ongs, entre otros. ¿Sino para
que copiar el modelo de “Seguridad Democrática de Uribe?.
Fuente: Resumen Latinoamericano
