Procesan y detienen a tres ex oficiales que
participaron de la logística del centro clandestino Sheraton
Ricardo Pascual, Alejandro Salice y Roberto
Sifón fueron procesados con prisión preventiva por el juez Rafecas. Integraron
la organización responsable de tres homicidios y 26 casos de secuestros y
torturas.
Por Ailín Bullentini
Sheraton funcionó entre 1976 y 1978 en la
subcomisaría de Villa Insuperable.
Un ex oficial del área de Personal, otro de
Logística y uno más de Finanzas del Grupo de Artillería de Ciudadela número 1
durante la última dictadura fueron procesados con prisión preventiva por al
menos tres homicidios y 26 casos de secuestros y torturas, sucedidos en el
centro clandestino de detención Sheraton. Junto a los otros cuatro integrantes
de la misma unidad militar y los dos ex subcomisarios que están siendo juzgados
por los hechos que tuvieron lugar en el chupadero que funcionó en el oeste del
conurbano bonaerense, los tres nuevos procesados completan la estructura
represiva que actuó en ese sitio y permiten observar “la entera dimensión del
terrorismo de Estado”: no sólo a quienes secuestraron, torturaron y mataron, no
sólo a quienes dieron órdenes, sino también “a quienes proveyeron los recursos”
para que todo eso sucediera, analizó Luz Palmás Zaldúa, abogada del CELS.
Ricardo Pascual, Alejandro Salice y Roberto
Sifón fueron procesados con prisión preventiva por orden de Daniel Rafecas, a
cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3, en el marco de la
megacausa que investiga violaciones a los derechos humanos cometidos en el área
de acción del Primer Cuerpo del Ejército durante la dictadura. Los consideró
partícipes necesarios de secuestros, torturas y homicidios cometidos en el
Sheraton, centro clandestino de detención que funcionó entre octubre de 1976 y octubre
de 1978 en la subcomisaría de Villa Insuperable, partido de La Matanza, y
ordenó su captura bajo prisión preventiva.
Ricardo Pascual fue oficial de Personal del
Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, el estamento del Ejército bajo cuya ala funcionó
el Sheraton, e integrante de la plana mayor de esa unidad entre febrero de 1978
y enero de 1979. Sus tareas entonces implicaron la “evaluación, selección y
designación de las personas que habrían de hacer frente a la realización de
operativos ilegales, como al aseguramiento de los detenidos en el centro de
detención, su custodia, tortura e interrogatorio, y el destino final de los
mismos”, planteó el juez.
Entre 1975 y 1979, Salice fue oficial de
Logística y miembro de la plana mayor de la unidad militar a cargo del
Sheraton. “Era quien disponía y aportaba los medios materiales para las
distintas operaciones de seguridad y aniquilamiento establecidas en los reglamentos
militares”, tradujeron desde el CELS la decisión del juez. Sifón, por su parte,
fue jefe del Servicio de Finanzas y de Administración del Grupo de Artillería 1
entre febrero de 1976 y octubre de 1978 y, como tal, proveyó “los recursos
económicos para el abastecimiento en términos de finanzas, de armas,
transporte, combustible, y todo lo relativo a la logística” de la unidad,
asegurando “las detenciones ilegales, el sometimiento a torturas de las
víctimas, por parte del personal del Ejército, como así también para el
alojamiento de detenidos ilegales a disposición de dicha unidad”.
La investigación judicial comprobó “la íntima
relación” entre las diferentes áreas del Grupo de Artillería 1 y ubicó a sus
responsables “como partes elementales de un todo”, remarcaron desde el CELS. De
acuerdo con la decisión de Rafecas, “todos los imputados formaron parte de una
estructura intrínsecamente ilegal y realizaron actos prohibidos por la ley,
conforme a los objetivos planeados por la empresa criminal”.
En ese sentido, los procesamientos “completan un
poco la estructura represiva” que actuó en el Sheraton, planteó Palmás Zaldúa:
“En juicio están acusados los subcomisarios que estaban en el centro
clandestino, los efectivos de inteligencia y del Ejército que participaron de
operativos y los que daban las órdenes. Y ahora se sumó la gente a cargo de
proveer recursos para que toda esa maquinaria sea puesta en marcha, procesados
como partícipes necesarios de los crímenes. Esto demuestra la entera dimensión
del terrorismo de Estado, que no refiere solo a quienes secuestran, torturan y
matan o quienes dan órdenes, sino también a quienes proveyeron los recursos
para que todo aquello suceda”, analizó.
Justicia tardía
Los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Sheraton
–el centro clandestino al que los genocidas bautizaron de ese modo porque entre
sus cautivos hubo artistas e intelectuales– llegaron hace menos de un año a la
instancia de juicio oral y siguen investigándose. “Lo interesante de este nuevo
procesamiento es que pone de relieve que a más de cuatro décadas de los delitos
de la última dictadura y a más de una década de la reapertura del proceso de
justicia que los revisa aún quedan muchos capítulos por escribir”, remarcó
Palmás Zaldúa, que en nombre del CELS representa a la querella que la cineasta
Albertina Carri sostiene por el secuestro y las torturas que sufrieron sus
padres, Roberto Carri y Ana María Caruso en ese lugar.
Esos casos, justamente, fueron los primeros en
ser denunciados ante la Justicia en relación con el Sheraton o “Embudo”, otro
de los apodos del chupadero de La Matanza. Llegaron a la Justicia en 1984. Sin
embargo, recién en noviembre pasado, y junto a otros 16 casos, están siendo
ventilados en el juicio que desarrolla el Tribunal Oral Federal 1, que tiene
como acusados a Rodolfo Godoy, quien fue segundo jefe y jefe de la Plana Mayor
del Grupo de Artillería 1 del Ejército; Manuel Cunha Ferré y Roberto Godoy,
quienes fueron oficial de Inteligencia y oficial de Operaciones de esa unidad;
el oficial del Ejército José María Mainetti y los subcomisarios a cargo de la
subcomisaría de Villa Insuperable Juan Alberto Battafarano y Leopoldo Baume.
“Llaman la atención todos los hechos
relacionados con el terrorismo de Estado que quedan por juzgarse, todo lo que
falta saber y reconstruir”, relfexionó Palmás Zaldúa. En instancia de
instrucción, no obstante, la investigación sigue y así como el procesamiento de
Pascual, Salice y Sifón demuestra que se pueden seguir encontrando
responsables, también amplió la lista de víctimas. Los tres fueron considerados
partícipes necesarios de, al menos, 26 casos de secuestros y aplicación de
tormentos y al menos tres homicidios.
Fuente: Página 12
