El centro de escuchas que depende de la Corte
Suprema, en Avenida de los Incas y Estomba.
El debate por las escuchas y los controles sobre
el destino y las filtraciones
En medio de un clima político enrarecido, el
Senado se apresta a discutir, y tal vez aprobar, un proyecto sobre las escuchas
que hoy están en la órbita del Poder Judicial. La opinión del senador Urtubey.
Qué dicen los especialistas.
Por Irina Hauser
Un grupo de organizaciones civiles nucleadas en
la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI)
pidió al Senado que evite dar un tratamiento express, previsto para este miércoles sin debate público, a un proyecto de
ley que apunta a consolidar el sistema de escuchas telefónicas vigente bajo la
órbita de la Corte Suprema y, dentro de ella, en una Dirección de Asistencia
Judicial en Delitos Complejos con amplias facultades.
La
propuesta originada en una idea del senador peronista Rodolfo Urtubey
pone el énfasis en la promesa de implementación de un protocolo para el control
de la cadena de custodia cuando se ordena la interceptación de una llamada,
castigos penales para quienes rompan esas reglas (sean funcionarios, jueces o
fiscales) y monitoreo por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de
los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Como es conocido, las filtraciones de
conversaciones privadas entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli
ocurrieron desde que el sistema de escuchas fue transferido por decreto a la
Corte.
El proyecto que va camino a aprobarse “está muy
lejos de resolver los problemas existentes y en varios aspectos, los agrava”,
señalan desde ICCSI. Además de poner en discusión que las pinchaduras
telefónicas las haga una estructura del alto tribunal –que a su juicio es el
que debería controlar su legalidad–, advierten que según el texto que se
votaría desaparece el plazo máximo para renovar una escucha, o sea que podría
durar indefinidamente. También sostienen que la bicameral fiscalizadora nunca
mostró voluntad de control, que su integración suele ser de mayoría afín al
oficialismo y funciona en forma confidencial, y que una serie de imprecisiones
impide saber si cualquier juez de cualquier fuero puede autorizar una
escucha y qué destino tiene el material
que no es relevante para una investigación.
“Lo que está fallando es la cadena de custodia
que se debe aplicar a las escuchas, para garantizar su preservación y que se
usen para causas judiciales, no para difundir. Hoy no existe un protocolo”,
explicó a PáginaI12 el senador Urtubey, autor del proyecto, que también
firmaron Miguel Angel Pichetto, Pedro Guastavino y Carlos Espínola. “Lo que
proponemos es definir una responsabilidad en cada etapa. Y mejorar ciertos métodos. Por ejemplo, las
comunicaciones deberían estar encriptadas pero por ahora todavía se entregan en
CDs. No sé si se va a solucionar el problema. La intención es mejorar el
sistema y asegurar el control de parte del Congreso.”
El texto impulsa el diseño de un protocolo, cuyo
armado encomienda a la propia Corte, igual que la cadena de custodia. Establece
castigos penales para posibles responsables de una filtración, e incluso la
causal de mal desempeño que podría costarle el cargo a un juez o jueza. Así, la
iniciativa se centra en generar mecanismos de preservación y de control de las
escuchas, pero el esquema de funcionamiento actual se mantendría.
Aunque Urtubey insiste en recordar que presentó
el proyecto hace un año, fue sorprendente el tratamiento repentino que tuvo
esta semana en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde pasó velozmente
y fue aprobado con apoyos múltiples, con la promesa de que se votaría en la
sesión del miércoles próximo. Justo en la misma semana en que Elisa Carrió
amplió su pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Ricardo
Lorenzetti, con el argumento de las filtraciones, el peronismo y el oficialismo
se unieron en este plan que implica darle un respaldo.
La realidad es que en este tema el Gobierno de
Cambiemos y la Corte (más sectores judiciales) siempre estuvieron aliados. De
hecho, la oficina de las escuchas -que antes ese llamaba DICOM-
le fue quitada a la Procuración General cuando todavía estaba al mando
de Alejandra Gils Carbó y entregada a la Corte por un DNU. Ese decreto nunca
fue refrendado por el Congreso. El sistema funcionó dos años sin aval
parlamentario. Pero el Poder Ejecutivo sacó otro decreto donde le prorroga por
tres años el mandato como titular del área de las escuchas al presidente de la
Cámara Federal, Martín Irurzun, que la Corte dijo haber designado por sorteo,
de acuerdo al decreto de creación. Sin embargo, su nombre fue anunciado por los
medios con antelación y un juez investiga la presunta designación a dedo.
Luego, además, el Gobierno hizo convenios, con
lo que dejó de ser una oficina solo de escuchas para convertirse en la
Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). Son acuerdos que le dan
acceso a bases de datos como los de la
AFIP o la Dirección de Migraciones, con orden judicial, y que fueron
complementados con nuevas acordadas, como la 30/2016, que incluye por ejemplo
la potestad de ese órgano de “facilitar a jueces y fiscales el acceso a la
información…” y “calificar la información obtenida a partir de la
interceptación de comunicaciones….”.
Al menos según los reglamentaciones, la vieja
Ojota que hacía las escuchas grababa, a veces desgrababa y luego enviaba el
material a los jueces. Hoy la Agencia Federal de Inteligencia también se mezcla
con la oficina especializada de la Corte ya que puede ser convocada para hacer
escuchas directas (en tiempo real para resolver casos urgentes).
La ICSSI pidió que el proyecto que se quiere
apurar vuelva a la comisión para ser tratado en profundidad y con un debate
público que incluya la voz de especialistas. Este grupo sostiene que la crisis
del sistema de inteligencia es vieja pero ahora “se ha trasladado al ámbito de
la Corte Suprema” y opina desde que las escuchas quedaron concentradas “son
notorias las deficiencias y complicidades”.
“El primer problema es que el proyecto reconoce
el monopolio de la interceptación a la dirección de asistencia de la Corte”,
dice Sidonie Porterie, vicepresidenta del Instituto de Latinoamericano de
Seguridad y Democracia (ILSED). “Esto afecta al propio control de legalidad del
sistema y de las escuchas, que deberían a mi entender estará en manos de
quienes estaban a cargo de la persecución penal y la investigación, como el
Ministerio Público Fiscal.”
“La bicameral como organismo de control también
es tema polémico, porque se le estaría dando la posibilidad de fiscalizar todas
las escuchas, ya sea las que puede pedir la AFI, o las que derivan de una
investigación judicial”, agrega Porterie. “Pero la dirección de la Corte no
está en el sistema de inteligencia, que la comisión controla. El proyecto no
distingue entre escuchas de investigación en una causa y las escuchas de
inteligencia. Tampoco lo hace para hablar del límite temporal para las
escuchas, porque deroga de hecho el aspecto de la ley de inteligencia que
establece que a los 60 días una escucha caduca, o a lo sumo puede ser
prorrogada una vez más. El proyecto dice que el juez o jueza pueden autorizar a
renovación de la escucha sin precisar el límite.”
Sobre la bicameral, un comunicado de ICCSI se
explaya: “La bicameral nunca demostró voluntad de fiscalización, y además
carece de condiciones institucionales para llevar adelante un control efectivo,
su integración es siempre favorable al Ejecutivo, gracias a un pacto
bipartidario inalterable, y funciona bajo reglas de secreto innecesarias y
contraindicadas para este caso. Una cosa es que se preserve la confidencialidad
y otra muy distinta es que no hay rendición ni control público alguno” sobre
ella. Como están las cosas hoy y como quedarían a futuro, cualquier diputado
que demuestre un interés podría controlar escuchas.
“Lo que vemos a través del proyecto que se
quiere votar es el pacto del peronismo con el gobierno de Cambiemos”, dice
Marcelo Saín, que dirige el Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad. “La
quietud de la comisión bicameral es quizá más preocupante que el espionaje
político, y me preocupa el Frente para la Victoria. El que gobierna espía, y el
que ejerce la oposición convalida. Buscan consolidar lo que hoy ya es un órgano
de inteligencia en la Corte”. Y propuso: “Habría que generar algún dispositivo
para que los propios jueces por medio de las empresas prestatarias establezcan
un sistema directo de captación de comunicaciones. Lo único que tienen que
hacer es escuchar, que es una diligencia investigativa. Pero a futuro deberían
estar en manos del Ministerio Público Fiscal, que exista una Policía Juidicial
y cerremos la AFI.” ICCSI congrega al Ilsed, la Asociación por los Derechos Civiles
(ADC), la Fundación Vía Libre (FVL), el Núcleo de Estudios de Gobierno y
Seguridad (NEGyS UMET) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Por un acuerdo entre la Corte Suprema, el Poder
Ejecutivo y el Senado, el sistema político está por legitimar en una ley sin
dar ninguna discusión, y establece que está bien que las escuchas las haga la
propia Corte”, explica Paula Litvachky, directora del área de Justicia y
Seguridad del CELS. “¿Realmente quieren transparentar? El proyecto no plantea
ningún sistema serio de control que permita prevenir o evitar las filtraciones
o la realización de inteligencia ilegal. En otros países hay un órgano
específico que se ocupa de eso, pero no hay debate sobre otros modelos. El
control no se resuelve con un protocolo.”
“Hoy la Corte en lugar de discutir su propia
legitimidad como último interprete de la Constitución y garante de Derechos,
sigue sosteniendo un avance en funciones que no le corresponden de un sistema
degrado”, añade Litvachky. “La Corte desarrolla herramientas de investigación y
si uno quiere cuestionarlas por su constitucionalidad, ella tiene que resolver
sobre sí misma. Es muy grave”, sostiene la especialista, que preferiría esta
tarea en manos de quienes conducen la investigación criminal. “Está bien el
control parlamentario –agrega– pero
hay que ver cómo se implementa. La bicameral no funcionó en años, nunca previno
nada ni resolvió problemas; su propia actividad es secreta.”
Fuente: Página 12
