Un acto de disciplinamiento
Los procesamientos fueron dictados por el juez
Marcelo Martínez de Giorgi, quien además fijó embargos millonarios a cada uno
de los procesados. Los abogados defensores advirtieron que el juez se basó en
informes policiales y criticaron su arbitrariedad.
Por Laura Vales
La primera marcha por Santiago Maldonado terminó
con incidentes y detenciones arbitrarias.
La primera marcha por Santiago Maldonado terminó
con incidentes y detenciones arbitrarias.
Imagen: Leandro Teysseire
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
procesó a 22 de los 31 manifestantes acusados por los incidentes ocurridos al
término de la primera marcha por Santiago Maldonado, y fijó sobre cada uno de
ellos embargos millonarios. El magistrado sostuvo que cometieron los delitos de
intimidación pública y resistencia a la autoridad. El fallo se apoya en que
algunos de los manifestantes están filmados tirando piedras; en este marco, el
juez consideró insólitamente como agravantes que agitaran una bandera
(“increpaba al personal policial y portaba una bandera negra que tomó con su
mano derecha y colocó sobre un hombro”, señala de uno de los procesados), que
se sumaran a los cantitos y puteadas contra la policía (“se observó a la
imputada colgada de un vallado, con un cartel que rezaba “Quisiste apagar una
voz y encendiste millones. Santiago dónde está”, al mismo tiempo que propinaba
insultos), o que hayan forcejeado con la policía para evitar ser arrestados
(como en el caso de dos periodistas que estaban transmitiendo en vivo).
Pablo Llonto, abogado de Micael Maggi, detalló
el caso de su defendido: “El juez consideró que discutir con un policía –porque
precisamente Maggi se estaba quejando de cómo tiraban gas pimienta– fue
intimidación pública, con lo cual comete la barbaridad de no saber ni siquiera
en qué consiste ese delito”.
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Verónica Quinteros, defensora de Christian
Vázquez, agregó que su representado, que trabaja en la zona donde ocurrieron
los disturbios y fue detenido luego de salir de su lugar de empleo, fue
procesado porque hay imagen que lo muestra parado detrás de una valla. En el
fallo, Martínez de Giorgi remarcó que Vázquez “nunca dijo que había estado
detrás del vallado”.
La abogada consideró “increíble” el razonamiento
del juez. “Vázquez salió de trabajar, pasó por el lugar y vio cómo tiraron las
vallas. No hay ninguna contradicción con lo que él declaró al ser indagado. Lo
tuvieron dos días incomunicado, y lo que declaró es lo que se ve en las
imágenes. ¿Cómo iba a ver que tiraban la valla si no estaba ahí?”, se preguntó.
Los incidentes ocurrieron el 1º de septiembre,
finalizada una multitudinaria marcha para reclamar la aparición con vida de
Santiago Maldonado. Los hechos que enumera el fallo como objeto de la
investigación son “la quema de contenedores de residuos, pintadas de paredes,
daños a edificios -algunos históricos-, rotura de vidrios de comercios,
lanzamiento de piedras, bombas molotov, bombas de estruendo, botellas de
vidrios, para infundir temor público, suscitar tumultos y/o generar desórdenes
e incitar a la violencia colectiva contra las fuerzas de seguridad”.
Según el juez, los hechos comenzaron cuando “un
grupo de manifestantes derribó el vallado que se encontraba en el sector más
cercano a Casa Rosada, mientras lanzaban elementos contundentes, tales como
botellas y piedras y además quemaban contenedores del Gobierno de la Ciudad.
Estas personas también llevaban palos en sus manos y tenían sus rostros tapados
con pañuelos y remeras”. “Como consecuencia de estos sucesos –reseñó–,
resultaron lesionados catorce policías”.
Entre los elementos de prueba en consideración,
Martínez de Giorgi tomó las declaraciones de los policías y las actas de
detención –la mayoría denunciadas por los abogados defensores por contener
datos no ajustados a la verdad, como la hora de detención cambiada, o registrar
como lugar del arresto un sitio distante de donde realmente fue realizado.
El juez agregó al cuerpo probatorio los
resultados de un análisis sobre las imágenes de los incidentes. Se trata de
videos de canales de televisión, grabaciones de la policía y de cámaras de
seguridad instaladas en la vía pública, por ejemplo de varios bancos. Así
fueron identificados los imputados, según el auto de procesamiento. También
incluyó un informe sobre los teléfonos celulares de los detenidos, en base al
que el juez consideró que mintieron al declarar que no se conocían entre sí,
porque algunos tenían llamados entrecruzados o los contactos de otros, lo que
probaría que se conocían de antemano.
Los defensores recuerdan sobre este punto que
cuando a los detenidos los subieron a los vehículos policiales, hubo efectivos
que los conminaron a identificarse “si no querían ser los próximos
desaparecidos”. Camino a la comisaría, algunos pudieron desatarse y usaron los
celulares para llamar a sus familiares o intercambiar sus datos.
Los abogados anticiparon que presentarán las
apelaciones en los próximos días. “En pocos casos el procesamiento señala
hechos concretos. El juez dice ‘estaba con un pañuelo, subido a la valla’... en
el caso del que aparece revoleando un cascote, tiene que explicar cómo se llega
de eso a la intimidación pública: la intimidación se refiere a algo que se hace
con la voluntad de generar temor en la población”, señaló María del Carmen
Verdú. La abogada de Correpi representa a Ezequiel Medone y Juan Pablo
Mourenza, dos periodistas de Antena Negra. “El juez insiste en que fueron
detenidos en la Plaza de Mayo, cuando está filmada la detención en Avenida de
Mayo y San José”, apuntó ayer.
Otro de los ejes de la defensa estará puesto en
el hecho de que cuando fueron indagados, a los detenidos no se les mostró toda
la prueba, por ejemplo las imágenes de video.
Los veintidós acusados continuarán en libertad,
ya que los procesamientos fueron sin prisión preventiva. Sin embargo, a todos
se les dictaron embargos por sumas que van de 1 a 3 millones de pesos, ya que
un informe del Gobierno de la Ciudad
calculó el costo de los grafittis y los incendios de los tachos de basura en
casi cinco millones.
Para Llonto, el procesamiento “confirma que
Martínez de Giorgi tenía en mente avanzar muy fuerte con el criterio represivo
del gobierno. Eso ya estaba claro cuando mantuvo a los detenidos incomunicados
por dos días. Esto de poner como agravante llevar banderas de color negro o
tener literaturas anarquistas es un retroceso que lo pone a la altura de los
jueces de la dictadura”.
Fuente: Página 12
