COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Quito,
octubre 25 de 2017.
El
Gobierno Nacional, a través de sus delegados en el Mecanismo de Veeduría y
Verificación del Cese al Fuego, ha solicitado a la ONU desplegar a observadores
para verificar los hechos respecto al homicidio del líder indigena Aulio
Isarama Forastero y el posible secuestro de Jhon Heriberto, quienes ejercían
como gobernador y docente, respectivamente, del Resguardo Indígena, Catru,
Dubaza, Ancoso, del municipio del Alto Baudó, Chocó, y pertenecientes al pueblo
Embera Dobida.
Oportunismo e Infamia
John Freddy Caicedo-Álvarez
Octubre 30 de 2017
El Frente de Guerra Occidental del Ejército de
Liberación Nacional, reconoció que el 24 de octubre de 2017, en una región del
Chocó, integrantes de su organización asesinaron al gobernador indígena Aulio
Isarama Forastero. Este hecho merece el rechazo, sin matices, de la sociedad en
general y la exigencia de que acciones de ese tipo no vuelvan a presentarse. Al
ELN como insurgencia veterana en la guerra, le corresponde ser coherente con su
discurso en todo acto de sus integrantes, evitando a toda costa el asesinato de
personas en situación de indefensión, sean éstas civiles o enemigos, porque sus
propios estatutos y el DIH, que dicha guerrilla decidió adoptar, condenan todo
asesinato sumario, pues es
claro que incluso los acusados de traición deben
pasar por un juicio donde ejerzan su derecho a la defensa y donde se demuestre
la responsabilidad o la inocencia de la persona acusada.
Sin embargo, también es inaceptable el
oportunismo político del Gobierno Nacional, a través del señor Juan Camilo
Restrepo, Jefe del Equipo Negociador con el ELN. El señor Restrepo, nada dijo
en su cuenta de Twitter, cuando el
22, 19, 18, 17, 8, 5, 3 y 1 de octubre, fechas
en que fue asesinado un líder de sustitución de cultivos ilícitos en Antioquia,
una líder comunitaria en Medellín, un líder comunal en Putumayo, un líder
afrocolombiano en Tumaco, una comunicadora indígena en el Cauca, otro líder
comunal en Cartagena, otro líder comunal en Guaviare y un líder indígena en el
Chocó.
Por el contrario, el señor Juan Camilo Restrepo,
quizá ignorante de la muerte de Jimy, Ezquivel, José, María, Jair, José María,
Liliana y Miguel, publicó el 5 de octubre que en “cinco días de cese al fuego
con el ELN no ha habido ningún
incidente hasta ahora”, ratificándose el 19 de
octubre que se cumplían “19 días sin incidentes”. El 22 del mes en curso,
señaló que los “compromisos acordados por el gobierno a ser cumplidos durante
al cese al fuego, se están cumpliendo así
puntualmente”, anunciando que “próximamente se
expedirán normas legales para robustecer el sistema de alertas tempranas para
mejorar protección de líderes sociales.”
Precisó que el 22 de octubre de 2017 se cumplían
“las primeras tres semanas de cese al fuego y de hostilidades entre el ELN y el
gobierno sin incidentes.”.
El 24 de octubre de 2017, orgulloso del quehacer
estatal y gubernamental, reseñó que es útil que “el ELN reciba el testimonio
del partido de las Farc de que es posible lograr una paz digna”.
El 25 de octubre de 2017, cuando la información
de la ONIC apuntaba a la responsabilidad del ELN en la muerte del gobernador
Aulio Isarama Forastero, calificó como muy grave el “asesinato del gobernador
indígena del Choco”,
declarando que “ojalá este crimen se esclarezca
pronto y se identifiquen responsables pronto”. Ahora sí, con expedita
preocupación, ese mismo 25 de octubre, dio a conocer el siguiente comunicado:
Con renovado interés por los crímenes contra los líderes y lideresas sociales,
el 26 de octubre su pronunciamiento fue: “Gobierno Nal. ha solicitado a
@MisionONUCol verificar hechos respecto a homicidio del líder indígena Aulio
Isarama Forastero”. Para el 28 de octubre informa de la captura de “quien
ordenaba asesinatos de líderes
sociales en Tumaco” y el domingo 29, cuando el
Frente de Guerra Occidental del ELN, reconoció su responsabilidad, el señor
Juan Camilo Restrepo expresó en dos mensajes que: “El ELN reconoce asesinato
del gobernador indígena del Choco.
Deplorable desde todo punto de vista. Y
decepcionante” y que “El mecanismo de seguimiento y verificación del cese al
fuego habrá de pronunciarse; además de los jueces pues es un crimen
repudiable”.
Es doloroso comprobar que ante el asesinato en
menos de un mes de nueve líderes y lideresas sociales, al Jefe del Equipo
Negociador con el ELN, sólo le interese usar la muerte del gobernador indígena
Aulio Isarama Forastero para
sacar una ventaja táctica contra el ELN, sin
tener un compromiso sincero para detener el genocidio que se está presentando
desde hace muchos años en Colombia.
Cuestiona que ante un crimen de la guerrilla se
hable de violación al Cese al Fuego, pero que los crímenes de los paramilitares
y de la Fuerza Pública, incluido el ESMAD, no se consideren como tal. En este mismo
sentido, hay que
preguntarse por el silencio del ELN respecto de
los asesinatos y la represión brutal contra la protesta social. Tan preocupante
es el oportunismo estatal como el silencio insurgente.
Ya lo decía el propio señor Restrepo el 7 de
octubre de 2017, una “cosa es ver la guerra desde Bogotá por televisión y otra
sufrirla en carne propia. La gente quiere la paz y aprecia este primer paso”.
Podría parafrasearse, diciendo que una cosa es para el señor Restrepo, un
asesinato de la guerrilla, y otra un crimen de Estado. La gente quiere el cese
al fuego y la paz, pero no de papel, ni de promesas. ¿Para qué una paz que nos
cuesta la vida, una paz de represión e
injusticia continua?
El Estado debe detener sus acciones de
terrorismo legal y paramilitar. La guerrilla debe actuar con total
responsabilidad. Una muerte no es un error, es un crimen. No se negocia con la
vida o la muerte. Somos personas no fichas
de un juego.
Si la paz no es por la gente sencilla y la
naturaleza, los acuerdos son oportunismo e infamia política.
Gentileza del autor para Utophia
