Por Mariano Beristain
Los abogados Jorge Cholvis, Arístides Corti y
Eduardo Barcesat, en nombre del Instituto Arturo E. Sampay, presentaron una
demanda judicial contra el presidente Mauricio Macri.
La presentación advierte que si la Argentina,
por alguna razón, ingresa en default deberá someterse a los tribunales
arbitrales de Nueva York (Estados Unidos), Londrés (Reino Unido) y Suiza y, de
ser necesario, tendrá que rematar los recursos naturales para cumplir con sus
compromisos financieros con los acreedores.
Los abogados Jorge Cholvis, Arístides Corti y
Eduardo Barcesat, en nombre del Instituto Arturo E. Sampay, presentaron una
demanda judicial contra el presidente Mauricio Macri y los funcionarios de
Cambiemos que intervinieron este año en las operaciones de deuda acusándolos de
hipotecar los recursos naturales de la República como garantía de pago.
La presentación advierte que si la Argentina,
por alguna razón, ingresa en default deberá someterse a los tribunales
arbitrales de Nueva York (Estados Unidos), Londrés (Reino Unido) y Suiza y, de
ser necesario, tendrá que rematar los recursos naturales para cumplir con sus
compromisos financieros con los acreedores.
En un escrito que publicó en exclusiva Mucho Más
que Dos, Barcesat había anticipado los argumentos centrales de la presentación
judicial al afirmar que “no satisfecho con la ruinosa negociación con los
fondos buitres (…) ahora el Ingº Macri ha profundizado el endeudamiento y la
sujeción a futuro de generaciones de argentinos, al comprometer, en todos los
endeudamientos pactados en el curso del año 2017, como respaldo de los pagos de
servicios e intereses, el conjunto de los recursos y riquezas naturales”.
La operatoria gubernamental que denuncian los
jurisconsultos es sencilla.
El 11 de enero de 2017, a través del decreto
29/2017, el presidente Macri facultó al Ministerio de Finanzas a tomar deuda
por hasta U$S 20.000 millones o su equivalente en otra moneda y definió la
prórroga de jurisdicción a favor de tribunales sitos en Nueva York y/o Londres.
Acto seguido, dejó constancia de la renuncia de
la Argentina a la defensa de la inmunidad soberana y excluyó de este
desistimiento a las reservas del Banco Central, los bienes diplomáticos, la
herencia cultural, los depósitos bancarios, valores y otros medios de pago.
Sin embargo, el decreto nada dice en su cuerpo
central de los bienes comprendidos en el artículo 236 del código civil. Incluso
en el anexo, de más de 400 páginas, termina incluyendo expresamente los
recursos naturales, como prenda, en el caso de que la Argentina no pueda
afrontar el pago de los intereses o del capital de la deuda.
El Gobierno hipotecó Vaca Muerta, lo que no hizo la dictadura militar ni el gobierno de Menem
El 6 de abril Macri informó, a través del
Boletín Oficial, que el Gobierno tomará deuda por 3.000 millones de francos
suizos bajo similares condiciones a las de la operatoria del 11 de enero,
decreto que también lleva las firmas del jefe de Gabinete Marcos Peña y del
ministro de Finanzas, Luis Caputo.
El artículo 236 del Código Civil y Comercial
refiere a los bienes del dominio privado que pertenecen al Estado Nacional,
Provincial o municipal entre los que se encuentran los inmuebles que carecen de
dueño, las minas de oro, plata, piedras preciosas, sustancias fósiles
(petróleo, carbón y gas), según lo normado por el Código de Minería.
Pero también incluye a los lagos no navegables y
todos los bienes adquiridos por el Estado Nacional.
“Es
decir que quedan fuera de la protección de inmunidad de ejecución, por ejemplo,
los recursos hidrocarburíferos, el litio y otros recursos minerales
estratégicos de los cuales el país contiene importantes yacimientos.
También las empresas del Estado”, puntualiza, en
uno de los párrafos, la demanda que presentaron Cholvis, Cortis y Barcesat
contra el presidente Macri.
La
demanda contra Macri ingresó el viernes último en el juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional N°1 a cargo de María Romilda Servini de Cubría.
Según se desprende del escrito existe la
presunción de tres delitos: lucro indebido para sí o para terceros, fraude a la
administración pública, y dictar resoluciones en contra de la Constitución.
Todos estos delitos están previstos en los
artículos 173 (inc 7), 174 (inc 5) y 248 del Código Penal.
Las penas previstas son de hasta seis años de
prisión para este tipo de delitos pero Barcesat precisó que, si se comprueba el
cometido de “traición a la patria”, a Macri y a los funcionarios involucrados
podría caberles una condena de hasta 15 años.
Una de
las interrogantes que se planteó Barcesat es el escaso acompañamiento político
que ha tenido esta denuncia entre los legisladores del oficialismo y la
oposición.
“A excepción Dario Martínez (FpV-PJ Neuquén) y
Guillermo Carmona (FpV-Mendoza) los legisladores se hicieron a un lado.
Nosotros iniciamos este caso el 2 de febrero de
este año y nos ofrecimos como patrocinantes pero no hemos podido conectar el
apoyo de los diputados”, se lamentó Barcesat.
Cholvis,
Corti y Barcesat también iniciaron, a mediados de marzo del año pasado, una
demanda contra Macri y su equipo económico por el “ruinoso” acuerdo con los
fondos buitres, al considerar que este convenio podría disparar demandas por
U$S 384.000 millones o el equivalente a la deuda argentina por parte de los
bonistas que participaron de los canjes del 2005 y 2010 y cobraron menos que
los buitres.
La denuncia, que quedó a cargo del juez federal
Sebastián Casanello, supone los delitos de “traición con sometimiento,
defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de
deberes de funcionario público”.
A propósito de este juicio, a fines de noviembre
del 2016, el fiscal Federico Delgado llamó a indagatoria a Eva Cattaneo, subgerente
de Normas de Exterior y Cambios del Banco Central y a Pedro Ignacio Lines,
director Nacional de Cuentas Internacionales del INDEC, al detectar
irregularidades en el pago a los fondos buitres que ordenó Macri.
En los últimos 16 meses el sector público tomó deuda por casi U$S 90.000 millones, más de U$S 80.000 millones correspondientes
a la Nación y alrededor de U$S 9.600 millones de los estados provinciales.
En este marco, Barcesat deja entrever que el
sobreendeudamiento podría derivar, en un futuro cercano, en la declaración de
un default que habilite a los acreedores a litigar contra el país poniendo en
peligro los apetecidos recursos naturales.
No se trata de una quimera.
La Argentina aún tiene fresca las heridas de la
crisis de deuda del 2001-2002 y las apetencias de los buitres por apropiarse de
los recursos naturales están más latentes que nunca.
“En su momento, Paul Singer le dijo a la Argentina que si no tenía dinero pagara con las acciones de Vaca Muerta”,
recordó Barcesat a Mucho Más que Dos.
Sin embargo, más allá del carácter judicial, las
causas por los holdouts y el endeudamiento con hipoteca de los recursos
naturales contra Macri tienden un cono de sombra sobre la verdadera
intencionalidad de Cambiemos, un gobierno encabezado por funcionarios que hasta
hace 16 meses revistaban como ejecutivos de multinacionales, entidades
financieras extranjeras y grandes empresas locales.
Un escenario de crisis de deuda similar al
2001-2002 no sólo pondría en jaque la gobernabilidad de la administración de
turno sino que dejaría totalmente vulnerable al Estado respecto del control de
nuestros recursos naturales.Fuente: Nac & Pop
