El ex
Procurador del Tesoro Balbín junto al Presidente Macri en un encuentro pos
salida pedido por el Presidente. La relación no quedó para el “abrazo para la
foto”.
Por Laura Manfredi | 27 de Abril de 2017
Carlos Balbín, el Procurador del tesoro que
presentó su renuncia apurado por Macri, había intervenido en la causa por la
compra de más de 11.000 hectáreas por parte de Joe Lewis, el multidenunciado
magnate británico amigo del Presidente. Balbín acusó al Ministerio del Interior
por no intervenir en la compra ilegítima de las tierras. Como reveló Nuestras
Voces, Balbín se opuso a la condonación de la deuda a Correo Argentino S.A. e
investigaba las coimas pagadas por Odebrecht en Argentina vinculadas al
soterramiento del tren Sarmiento.
La salida de Carlos Balbín de la Procuración del
Tesoro Nacional continúa revelando el grado de protección que gozan los
empresarios y corporaciones amigas en el Gobierno de Mauricio Macri. Desde
agosto del año pasado, y a pedido de la Procuraduría de Investigaciones
Administrativas, Balbín intervenía en la causa que denuncia irregularidades en
la adquisición de tierras por parte del magnate y amigo presidencial, Joe
Lewis. Al solicitar al Ministerio del Interior que reviera la compra de la
estancia, el entonces Procurador del Tesoro volvía a estorbar en los intereses
del Poder Ejecutivo,
Este motivo se suma a los expuestos ayer por
Nuestras Voces en donde el periodista Ari Lijalad informó que el procurador
dejó firmada una crítica auditoria sobre el auto perdón de Macri de 70.000
millones al correo y se encontraba investigando las coimas pagadas por
Odebrecht en Argentina, vinculadas al soterramiento del tren Sarmiento.
El vinculo entre Mauricio Macri y Joe Lewis ya
es de público conocimiento. Una de las tantas vacaciones del primer mandatario
junto a la primera dama fueron en la estancia que el magnate posee en Villa
Lago Escondido, justamente dentro de las tierras que el procurador del tesoro
Carlos Balbín denunció ante el Ministerio del Interior. Durante su estancia,
Joe Lewis atendió al matrimonio presidencial, incluyendo el préstamo de su
helicóptero privado.
Todo parece poco, en comparación a lo que
Mauricio Macri hizo por él: la condonación de más de mil millones de pesos a
Edenor, empresa de la que el británico posee capital accionario, la
modificación de la Ley de Tierras y hasta la defensa pública a través de cadena
nacional: “La verdad que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de
agredirlo. Alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos
pide nada”.
A la interminable lista de atenciones, ahora se
le sumó la salida de Carlos Balbín de la Procuración del Tesoro Nacional, con
la que Joe Lewis se quitó un peso de
encima.
La intervención de Balbín
En agosto del año pasado, la Procuraduría de Investigaciones
Administrativas – PIA – solicitó al procurador del tesoro Carlos Balbín que
intervenga en la investigación sobre las irregularidades en la compra de tierras
en Lago Escondido, Bariloche, provincia de Río Negro, por parte del británico
Joe Lewis.
El pedido llegó para que la procuraduría bregue
por los intereses del Estado que, según la propia PIA, se encontraban
fuertemente perjudicados al observar que el magnate poseía más de once mil
hectáreas en zona de seguridad de frontera.
La ley 12.913 en su artículo Nº4 afirma
“Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona de
seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”. Además, la misma norma
define que deberá ser la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad (dependiente
en una primera instancia del Ministerio de Defensa y desde 2006 del Ministerio
del Interior) la que proteja dichos espacios y deniegue autorizaciones de
compra y venta en caso de ser necesario.
Balbín entendió que era pertinente la
intervención de la Procuración del Tesoro Nacional y el 7 de octubre de 2016,
luego de analizar la causa, remitió el expediente al Ministro del Interior
Rogelio Frigerio para que inicie las causas judiciales necesarias para declarar
nula la autorización a la compra de tierras que posee el amigo presidencial.
Además, el procurador le informó a Frigerio que:
“de los registros de esta Procuración del Tesoro no consta el inicio de una
acción de lesividad relacionada con “Lago Escondido”, sin perjuicio de que
oportunamente los antecedentes se habrían puesto en conocimiento del
Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior, conforme lo señalado en el
Informe de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de fecha 12 de octubre
de 2012 incorporado a las presentes actuaciones”.
Es decir, el ministerio lo sabía y, aún así, no
hizo nada. Fue Balbín quien solicitó que se realicen las acciones
correspondientes y, a su vez, solicitó que “una vez iniciada la pertinente
acción se remitan los respectivos antecedentes a esta Procuración del
Tesoro”.
Frigerio, cuidando al amigo presidencial
La respuesta del ministro del interior tardó más
de cinco meses en llegar y, por supuesto, no fue favorable a los intereses
estatales. Frigerio indicó que iniciar acciones “conllevaría a un dispendio de
actividad judicial y administrativo inútil, pues se declararía la nulidad por
la nulidad misma”. Además, afirmó que “para el caso específico la normativa
aplicable al Régimen de Previa Conformidad no contempla regulación
sancionatoria alguna en sede administrativa, de manera tal que la declaración
de nulidad de los actos de otorgamiento de las autorizaciones, no generaría per
se ningún tipo de consecuencia jurídica”.
Foto: Dictamen en donde el Ministerio del
Interior se desmarca de las recomendaciones de la Procuraduría del Tesoro de
iniciarle acciones legales a Joe Lewis.
Sus respuestas intentaron argumentarse en la
opinión brindada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de su propio
ministerio, en donde también esgrimieron que en el momento en el que se
realizaron las autorizaciones (año 1996) la responsabilidad administrativa
recaía sobre el Ministerio de Defensa y no sobre su cartera. Además, resaltaron
que “para la dilucidación de eventuales responsabilidades en el ámbito
administrativo, deberían tenerse en cuenta los plazos de prescripción
pertinentes (…) Pues las autorizaciones cuestionadas datan de 1996”.
En otras palabras: el Ministerio del Interior le
respondió a Balbín que investigar esto acarrearía un gran derroche de recursos,
teniendo en cuenta que sucedió hace demasiado tiempo y que no está perjudicando
a nadie. Aclaremos que cuando el ministro afirma que “se declararía la nulidad
por la nulidad misma” afirma en términos jurídicos que el error administrativo
de brindar las autorizaciones a Joe Lewis no generó ningún perjuicio.
Balbín había impulsado otra investigación
incómoda para el Gobierno y la respuesta del Ministerio del Interior se lo hizo
saber. La nota de dicha cartera cierra: “En virtud a lo expuesto, y atento a la
relevancia, complejidad y trascendencia de la cuestión, se solicita la
intervención del más Alto Órgano Asesor a efectos de que se sirva emitir su
competente opinión respecto de la situación planteada”.
Balbín no llegó a contestar al Ministerio. Se
vio forzado a renunciar antes de hacerlo.
La prescripción tan deseada
La causa que investiga a funcionarios
involucrados en la autorización de la compra de las once mil hectáreas y a los
integrantes de las Sociedades Anónimas que realizaron la compra, entre ellos
Joe Lewis, prescribió. Y con ello se avanza en el sobreseimiento de todos sus
implicados.
La prescripción de la misma fue avalada por la
Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, en donde el juez de cámara
Eduardo Rodolfo Freiler afirmó que: “Lewis es un empresario de reconocida
trayectoria nacional e internacional, accionista de algunas de las empresas más
poderosas y relevantes de nuestro país, y amigo personal del actual Presidente
de la República”. Sin embargo, afirma que “a pesar de todo, y dado que el Sr.
Lewis no ocupa ni ocupó un cargo público en este país”, por lo que no hubiera
tenido forma de influenciar en la dilatación de la causa.
Además, el juez aseguró que “si bien parece
merecer un debate en ámbitos distintos al judicial, no alcanza para negar el
derecho fundamental del que gozan todas las personas de librarse, con el apoyo
de la ley vigente, de los graves influjos de la persecución penal”.
A pesar del fallo, el Ministerio Público Fiscal
decidió interponer un recurso de casación contra aquella resolución que dispuso
decretar la extinción de la acción penal por prescripción.
Joe Lewis, al banquillo
En junio de 1996 Lisandro Alfredo Allende, como
presidente de HR Properties S.A., solicitó la compra de de 7789 hectáreas que
rodean al Lago Escondido y que se encuentran en zona de frontera. Vale aclarar
que la Sociedad Anónima se había constituido dos días antes del pedido y se
inscribió luego de un mes, al obtener sus dos primeros accionistas (Alfredo
Rovira y Gesuiti según indica el expediente).
Apenas seis días hábiles después de haber
realizado el pedido, Allende obtuvo el dictamen favorable de la Subdirectora y
del Director de la Unidad de Proyectos de Radicación y fue, a su vez,
autorizado por el Superintendente Nacional de Fronteras y Presidente de la
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. El motivo: se trataba de una persona
jurídica argentina, cuyo presidente era argentino nativo sin antecedentes
desfavorables.
En agosto de ese mismo año, es decir dos meses
después del primer pedido, Allende solicitó la compra de una superficie mayor:
de 7789 a 8063 hectáreas. La Unidad de
Proyectos de Radicación lo volvió a aprobar.
Sin embargo, en mayo de ese año – es decir,
antes de que soliciten el permiso de compra – Properties Buenos Aires S.A. se
había transformado en Hidden Lake S.A. y sus accionistas eran Lago Corp (una
sociedad representada por Alfredo Rovira) y Charles Barrington Lewis: ciudadano
inglés recién llegado a la Argentina.
Fue con esta nueva sociedad Hidden Lake, y no
con la autorizada HR Properties, que se adquirieron las más de ocho mil
hectáreas escriturándolas e inscribiéndolas en el Registro de la Propiedad del
Inmueble de la Provincia de Río Negro. Es decir: la autorización a la
transacción se le dió a una sociedad, y la transacción misma se realizó con una
nueva en donde no sólo se modificaba el nombre sino también la composición
societaria. Ya se no se trataba de una sociedad argentina, con un presidente
argentino sino que aparecía como accionario un inglés que ni siquiera se
encontraba radicado en el país.
La historia continúa porque en septiembre, un
mes después de conseguir dicha compra, Hidden Lake (que se presentó como HR
Properties) volvió a solicitar la adquisición de 2760 nuevas hectáreas e inició
un trámite abreviado que volvió a obtener dictamen favorable apenas tres días
después de presentado el pedido. Tan rápido, que nuevamente se omitió verificar
que HR Properties ya no era HR Properties sino Hidden Lake y que formaba parte
de la compra un magnate inglés.
La mejor parte: en diciembre de ese mismo año,
es decir tres meses después de haber adquirido más de 10 mil hectáreas, Joe
Lewis informó a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad que desde agosto él
era el único director y presidente de Hidden Lake. A pesar de ello, tanto el
Superintendente Nacional de fronteras
como el Presidente de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad
ratificaron la autorización de compra y las nuevas hectáreas se inscribieron en
el Registro de la Propiedad del Inmueble de la provincia de Río Negro.
Las autorizaciones poseen importantes
aclaraciones que, dada su relevancia, fueron transcriptas en el expediente que
investiga dicha causa y que llegó a las manos de Balbín. Allí se asegura que se
deberá presentar cualquier cambio en su capital social o en el directorio,
“bajo apercibimiento de anularse la resolución otorgada”. Es decir que las
autorizaciones se realizan bajo la obligación de que no cambie el beneficiario.
Esto significa que la autorización para que Joe Lewis adquiera gran parte del
sur argentino, debiera anularse.
Amigos son los amigos
Joe Lewis es, entre otras cosas, el mayor
inversor de Tavistock Group, un conglomerado de más de 150 empresas en diversos
países. Una de ellas es Pampa Energía S.A., firma que posee la mayoría de las
acciones privadas de la empresa de energía Edenor.
Además, Pampa Energía es controlada (además de
por Lewis) por la firma Pampa F&F LLC: propiedad de Marcelo Mindlin. ¿Quién
es Marcelo Mindlin? El empresario que hace pocas semanas compró la constructora
Iecsa, empresa que pertenecía al primo presidencial Ángelo Calcaterra y que se
encuentra realizando el soterramiento del tren Sarmiento sobre el cual también
Balbín se encontraba investigando.
