Por Ari Lijalad | 29 de Abril de 2017
En 2016 los Macri se dedicaron a vaciar Correo
Argentino S.A mientras evitaban pagar la deuda que tenían con el Estado y
lograban la condonación de más de 70.000 mil millones de pesos. La fiscal
Gabriela Boquin demuestra en un nuevo dictamen cómo La Famiglia, con
complicidad judicial, derivó fondos del Correo a otras de sus empresas: Socma y
Sideco. Alquileres ficticios, sueldos irreales, fiestas de fin de año son
algunas de las maniobras del vaciamiento.
En un nuevo dictamen la fiscal Gabriela Boquin
detalla todas la maniobras de vaciamiento de Correo Argentino, que en lugar de
mantener sus fondos para el eventual pago de sus deudas una vez que concluyera
su concurso de acreedores, se dedicó a transferir dinero a otras empresas de la
familia Macri. Lo que se desprende del minucioso escrito de Boquin es que
Correo Argentino hizo negocios con otras empresas del Grupo Macri que eran sus
controlantes y no obtuvo ningún beneficio más que vaciarse.
Vaciar gracias a la jueza
En el 2003, el juez Eduardo Favier Dubois
dispuso el bloqueo de cuentas de Correo Argentino en Lehman Brothers y el BNP
Paribas. En 2004 esos fondos fueron embargados. Sin embargo, en 2006 la Cámara
Comercial le reintregró a los Macri buena parte de los fondos, que quisieron
reinvertir en bonos del Estado Nacional, algo que finalmente no concretaron y
lo que hicieron fue armar un plazo fijo en el Banco Ciudad. Para 2012, esa
cuenta tenía más de 52 millones de pesos. Tras varios intentos de utilizar esos
fondos o reinvertirlos a mejores tasas, para 2016 seguían en el Banco Ciudad
Sucursal Tribunales, con un saldo de 9.666.690 dólares y 27.866.097 pesos. En
ese marco, Correo Argentino pidió que se transfiriera parte de estos montos y
de los intereses que ganaran a una cuenta suya en el Banco Francés. En 2015,
los Macri insistieron en retirar fondos del concurso de acreedores porque un
proyecto en el que supuestamente se embarcaron, la fabricación del auto Chery,
“no devengó dividendos”. Es decir, los Macri querían retirar fondos porque
habían destinado el dinero de Correo Argentino para una compañía automotriz que
para diciembre de 2015 no les dio ganancias.
Pero fue en 2016 cuando, gracias a la
complicidad de la jueza Marta Cirulli, lograron avanzar con el vaciamiento de
Correo Argentino. Según consta en el dictamen de la fiscal Boquin, el 14 de
marzo la jueza ordenó que les transfirieran el 50 por ciento del producido por
sus depósitos, que les pagaran algunos gastos y autorizó a Correo Argentino a
recibir títulos de parte del Ministerio de Trabajo por una deuda que este
organismo tenía con ellos. En números, el 19 de mayo se les transfirieron a los
Macri 821.265 pesos; el 24 de junio 161.591 dólares; el 15 de noviembre 397.804
pesos; el 7 de diciembre 426.853 pesos y 23.622 dólares. En total, en 2016, los
Macri sacaron de los fondos de Correo Argentino 1.645.923 pesos y 185.213
dólares.
“La mayoría de los fondos detraídos habrían
tenido como beneficiario final las arcas de las controlantes de la concursada
(SOCMA-SIDECO)”, sostiene la fiscal Boquin. Es decir, durante 2016 vaciaron
Correo Argentino y llenaron las otras empresas de la familia Macri. En el
medio, orquestaban la maniobra para que el Estado les condonara 70.163 millones
de pesos de deuda, acuerdo rechazado también por la fiscal Boquin.
Durante 2016 vaciaron Correo Argentino y llenaron las otras empresas de
la familia Macri. En el medio, orquestaban la maniobra para que el Estado les
condonara 70.163 millones de pesos de deuda, acuerdo rechazado también por la
fiscal Boquin.
En 2017 quisieron repetir la operatoria de
retiros de dinero de Correo Argentino pero la fiscal Boquín intervino gracias a
la avaricia de los personeros de los Macri: el 10 de abril la jueza de primera
instancia Cirulli, que siempre les autorizó a retirar fondos de la empresa, les
denegó a un pedido de retiro por 422.973 pesos y 12.290 dólares. Los Macri, en
lugar de esperar, apelaron esta decisión y así le llegó el expediente a la
fiscal Boquín.
La fiscal es clara: no sólo considera que no se
tienen que liberar nuevos fondos para los Macri, sino que todos los retiros que
les autorizó la jueza Cirulli durante 2016 fueron “improcedentes e
injustificados”. La fiscal sostiene que esto “atentó contra el orden público
concursal, perjudica a los acreedores (entre ellos al Estado) y tiene un
fundamento sólo aparente”.
Para la fiscal Boquín, existió una “innecesaria
autorización de retiro de fondos conferida atento a que la concursada tendría
activos disponibles”. En criollo: pedían plata aunque tenían. Boquin detalla
que hubo “numerosas mentas mensuales de títulos que fueron convertidos en
efectivo entre los meses de agosto de 2010 y marzo de 2016 (…) Estas ventas
arrojarían un total de activo líquido de $27.864.563,63 de agosto de 2010 a
marzo de 2016”. Líquido significa que el dinero estaba disponible para ser
utilizado en cualquier gasto que tuvieran que afrontar. Los Macri pidieron
dinero para gastos de fines de 2013 a fines de 2014, o sea, en un período donde
contaban con dinero.
El motivo de la jueza para no permitirles un
nuevo retiro eran los movimientos en la causa. Cuando lo pidieron, estaba cerca
la primera audiencia tras el escándalo por la condonación del 98,82 por ciento
de la deuda que el Estado había aceptado, audiencia que finalmente se suspendió
gracias a una maniobra de Correo Argentino pocas horas antes de su inicio. En
su apelación, Correo Argentino le mintió a la jueza. Dijo que necesitaban esos
fondos porque todos los plazos de la causa estaban suspendidos por 120 días.
Esto no es cierto. Existe el pedido de suspensión, pero ni la fiscal Boquín ni
las juezas María Lila Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini sentaron
su posición. En este nuevo dictamen, Boquín pide que se sancione al abogado de
Correo Argentino “por intentar confundir al juzgado de primera instancia con
una afirmación mentirosa”.
En su
apelación, Correo Argentino le mintió a la jueza. Dijo que necesitaban esos
fondos porque todos los plazos de la causa estaban suspendidos por 120 días.
Esto no es cierto. Existe el pedido de suspensión, pero ni la fiscal Boquín ni
las juezas María Lila Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini sentaron
su posición.
Desde Correo Argentino quisieron apurar a la
fiscal Boquin para que dictamine sobre este pedido de retiro de fondos. Ayer
mismo se lo solicitaron a las juezas Gómez Alonso y Ballerini. La fiscal les
contesta en su escrito que “la celeridad que intenta imponer la concursada
(Correo Argentino) a este trámite no es la misma que le imprimió e imprime al
concurso preventivo que lleva 16 años de trámite”.
Para qué querían la plata
Según Correo Argentino, necesitaban retirar
fondos del concurso para pagos de alquileres a Sideco Argentina SA por 144.000
pesos mensuales, sueldos y cargas sociales de personal por 61.834 pesos
mensuales, gastos contables e informáticos por 113.000 pesos y honorarios de
abogados por 65.000 pesos. La fiscal Boquin aclara que esos gastos
supuestamente se hicieron en diciembre de 2014 pero su justificación recién
llegó en diciembre de 2015, un año más tarde. Según los Macri, por las demoras
en esta causa se les habían agotado los recursos para afrontar esos gastos y
por eso necesitaban sacar dinero de los fondos del concurso, resguardados para
el pago a acreedores. Lo que la fiscal Boquin notó, en cada gasto, fue lo
siguiente.
En cuanto a los alquileres, era lo más obvio:
era un contrato que comenzó en 2012 entre Correo Argentino y Sideco Americana,
que es su controlante. O sea, una empresa le pagaba alquiler a su propio dueño.
Un truco usual para mover dinero dentro de un mismo grupo económico según
convenga. El precio pactado eran 18.000 dólares mensuales. Correo Argentino
dijo que necesitaba 144.000 pesos y la fiscal encontró que había facturas “por
sumas superiores a ese importe”. Una de ellas incluso de 308.768 pesos, más del
doble. La fiscal muestra además que ese contrato no estaba autorizado, que la
única beneficiaria era la controlante de Correo Argentino y que era una suma
exorbitante y no se adecuaba “al reducido nivel de actividad” de Correo
Argentino. Las oficinas que supuestamente Correo Argentino le alquilaba a
Sideco Americana estaban en Avenida Libertador 498: el mismo domicilio de otras
empresas de la familia Macri, como Socma Americana y MacAir Jet. En concreto:
los Macri pasaban dinero de su empresa en concurso de acreedores a otra de sus
empresas, por un alquiler a todas luces injustificable. Para el momento que
firmó ese contrato, Correo Argentino tenía 3 empleados, no tenía actividad y no
podía producir ganancias. Conclusión: no necesitaba una oficina y menos aún de
ese valor.
Las
oficinas que supuestamente Correo Argentino le alquilaba a Sideco Americana
estaban en Avenida Libertador 498: el mismo domicilio de otras empresas de la
familia Macri, como Socma Americana y MacAir Jet. En concreto: los Macri
pasaban dinero de su empresa en concurso de acreedores a otra de sus empresas,
por un alquiler a todas luces injustificable.
Los gastos para sueldos de personal y honorarios
de directores, que Correo Argentino estimaba en 61.834 pesos mensules, también
fueron analizados por Boquin. En principio, encontró que los gastos en ese
rubro fueron muy superiores: “el importe correspondiente a sueldos y cargas
sociales alcanzó el doble de lo denunciado en junio de 2015 y el séxtuplo en
junio de 2016”, detalló la fiscal. Estos sueldos eran solamente de tres
personas. Una, Antonio Álvarez, de 80 años, jubilado, que trabajó en la
Fundación Fiat entre 1970 y 1971, en Iveco de 1981 al 2000 y en Correo
Argentino desde el 2004. En lo que va de 2017, le figura impaga la contribución
patronal a su obra social. Dos, Marcela Liliana Conti, una contadora de 58 años
que trabajó de 1993 a 1997 en la Empresa Nacional de Correos y Telegrafos.
Además de este vínculo con Correo Argentino, la contadora Conti figura en los
directorios de varias empresas, en incluso reemplazó en 2010 a Edgardo Próspero
Poyard, una persona de máxima confianza de la familia Macri, en el directorio
de Sociedad Operadora de Emergencia SA. Conti también es síndico titular de
Comunicaciones Dinámicas SA. Tres, Eduardo Diego Lamaison, de 41 años, también
integró el directorio de Sociedad Operadora de Emergencia, empresa que conducía
Carlo Luigi Capelli. La fiscal Boquin informa que Lamaison “es administrator
tesorero de Socma Americana SA, de Sideco Americana SA desde agosto de 2011 y
síndico suplente de Comunicaciones Dinámicas SA, empresa de la que Correo
Argentino SA es accionista”.
La fiscal Boquin remarca que los Macri también
pidieron dinero para pagar honorarios de 5 directores de la empresa, por lo que
tendrían más directores que empleados para manejar una empresa sin actividad.
Pese a ello, encontró enormes gastos en honorarios de directores, mucho más de
lo que informó Correo Argentino. La fiscal también encontró gastos extraños,
como por ejemplo el pago de la obra social de Raúl Casa, que dejó de ser
director en 2011, “al cual se abonan llamativos conceptos, como ser subsidio
por maternidad”. También encontraron un gran gasto para una fiesta de fin de
año en 2012. Entre directores y empleados serían 8 personas, pero figuran
gastos por 15.000 pesos para el festejo y otros 15.000 pesos por “conducción,
animación, magia con canciones de la fiesta de fin de año”.
La
fiscal Boquin remarca que los Macri también pidieron dinero para pagar
honorarios de 5 directores de la empresa, por lo que tendrían más directores
que empleados para manejar una empresa sin actividad.
La fiscal Boquin desarma dos fundamentos de la
jueza Cirulli para liberar fondos a los Macri. Uno era la “conservación de la
empresa” y otro el “mantenimiento de las fuentes de trabajo”. La fiscal revela
que “estamos frente a una sociedad que aparte de encontrarse en el Regsitro de
Entidades Inactivas de la IGJ no tiene actividad y que sus escasos empleados
resulta dudoso que le sean propios”. Detalla además la sistemática reducción de
personal en Correo Argentino.
“Un emprendimiento, sin actividad concreta, con
sólo tres empleados no puede justificar el nivel de gastos denunciado y menos
aún una locación de oficinas en los pisos de su controlante al precio que fuera
abonado”, concluye Boquin. En definitiva, la sospecha es que los Macri
abultaron los montos para seguir vaciando la empresa en beneficio de sus otras
firmas.
El Chery
Otra parte del vaciamiento de Correo Argentino
es la compra de acciones de Neficor, supuestamente para un proyecto automotriz.
El 28 de septiembre de 2007, Correo Argentino le compró a Socma Americana esas
acciones. “Como se verá -advierte la fiscal Boquin- de los términos del
contrato es posible concluir que se afectaron fondos para el ingreso de Correo Argentino
al referido proyecto y que el único beneficiado por la operatoria sería, si
Correo Argentino quebrara, Socma Americana SA”. Para este negocio armaron una
sociedad anónima en Uruguay, Chery Mercosur SA, cuyo capital lo tenían Wuhu
Bondo Trade Co (51%) y Neficor (49%), otra sociedad uruguaya constituida en
marzo de 2007. También armaron una subsidiaria en Argentina, Chery Socma
Argentina SA. Socma le vendió a Correo Argentino el 25 por ciento de Neficor,
la empresa uruguaya. El valor de estas acciones fueron 2.100.000 dólares. De
este monto, 1.160.625 cancelaba un crédito que Correo Argentino tenía con Socma
Americana y 939.375 dólares tenían que depositarse en una cuenta corrientes de
Socma Americana en el Citibank. Para la fiscal, una de las transferencias de
dinero por estas acciones “implicaría un posible acto de vaciamiento de la
concursada en favor de otra empresa del grupo, su controlante, Socma Americana
SA”. En el contrato entre Correo Argentino y Socma establecieron que si la
primera quebraba las acciones que había comprado de Neficor se podrían vender
por fuera del proceso concursal. O sea: Socma se aseguraba de quedarse con las
acciones si Correo Argentino quebraba, luego de venderle las acciones a Correo
Argentino.
“Correo Argentino actuó en exclusivo beneficio
de Socma Americana SA”, concluye Boquin.
Perder el tiempo
Si hay algo que caracteriza el expediente de la
deuda de Correo Argentino, o sea, de la familia Macri, son sus demoras. La
fiscal Boquin resume el desarrollo de este expediente: “si bien es cierto que
existió un tiempo prolongado, atípico excesivo y anormal en la tramitación del
proceso (…) el principal responsable de esas demoras fue la propia deudora que
realizó planteos extemporáneos sobre situaciones precluidas y juzgadas,
reeditanto períodos diversos de exclusividad con la complacencia de las sindicaturas
actuantes y la venia de la jueza de primera instancia”.
Boquin, en su nuevo dictamen, hizo un minucioso
estudio de todos los expedientes vinculados al concurso de acreedores de Correo
Argentino para dilucidar los pormenores de esta causa y los motivos y
responsables de su prolongación en el tiempo. La fecha de inicio es el 19 de
septiembre de 2001, cuando Correo Argentino presentó su concurso preventivo.
“Casi 16 años después no fue homologado un acuerdo pero tampoco decretada su
quiebra”, adelanta Boquín, antes de describir en detalle el devenir del
expediente. El 16 de diciembre de 2003 el juez Favier Dubois decretó la quiebra
de Correo Argentino, pero en enero de 2004 el fallo fue revocado y empezaron
una serie de idas y vueltas cuyo único resultado fue demorar la resolución de
este concurso y que los Macri no pagaran sus deudas.
“Un proceso estéril, sin resultado, prolongado
contra legem omitiendo principios tales como igualdad ante la ley (al
concederse plazos extraordinarios extraños a otros justiciables), debido
proceso, cosa juzgada y preclusión procesal”, sintetiza Boquin.
La fiscal Boquin hace un detallado estudio de
todas las prórrogas, suspensiones de plazos, audiencias, reaperturas de
períodos de exclusividad y demás artilugios legales para demorar esta causa.
Muestra como Correo Argentino pidió diez veces que se atrasen los tiempos,
mientras que el Estado solicitó seis prórrogas para contestar valuaciones de
los créditos o las propuestas de pago de los Macri. La fiscal destaca que, en
algunas oportunidades, el Estado acompañó las maniobras de Correo Argentino que
ralentizaron la causa. Por ejemplo, cuando el 14 de julio de 2006 pidió una
reapertura del pedido de exclusividad de 60 días y el Estado la acompañó.
“En suma –concluye Boquin– la concursada (Correo
Argentino) gozó de un plazo por demás de extenso para obtener la conformidad de
su acreedor mayoritario (el Estado), inusual en cualquier trámite concursal y
contralegem. El proceso del concurso preventivo se encuentra minado de un sinnúmero
de irregularidades, muchas de ellas se realizaron violentando el orden público
concursal, retrotrayendo el proceso a etapas iniciales precluidas”.
Actualmente, la causa por la deuda de Correo
está en un momento de tensión. Quien tenía que asumir la defensa del Estado era
el procurador del Tesoro Carlos Balbín, que fue apartado justo cuando había
finalizado una auditoría crítica del desempeño del Gobierno de Macri en este
expediente. Una vez que la Procuración del Tesoro nombre un representante, la fiscal
Boquin debe opinar sobre el pedido de suspensión por 120 días de los plazos del
proceso y recién ahí definirán las juezas Gómez Alonso de Díaz Cordero y
Ballerini. Por lo pronto, excepto la fiscal Boquin, todos cooperan con la doble
estrategia de los Macri: no pagar y que el tema no enlode el año electoral.
@arilijalad
La ola de despidos llegó a la Procuración del Tesoro de la Nación. Según informaron fuentes del Gabinete Nacional, Carlos Balbín, el jefe de los abogados defensores del Estado, sería despedido de su cargo. En su lugar, asumiría un abogado vinculado al sector bancario que en otras épocas defendió los intereses del Grupo Macri. Con … Sigue leyendo
Fuente: Nuestras Voces
