La situación, según los documentos y expertos
que consultó El Destape, es grave.
Por Ari Lijalad
Los expedientes públicos de los 4 años de
gobierno de Mauricio Macri corren riesgo de desaparecer, según se desprende de
un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), información oficial a
partir de una respuesta de acceso a la información y de testimonios que recogió
El Destape. La razón es la siguiente: cuando Macri llegó a la presidencia
trasladó a la Nación el sistema de expediente digital que utilizaba como Jefe
de Gobierno porteño. Ese sistema, llamado Gestión Documental Electrónica (GDE)
y que es por donde pasa toda la información del Estado, está plagado de fallas.
No cuenta con back up ni plan ante desastres, no funciona la mayor parte del
día, no garantiza confidencialidad ni existe control sobre quienes lo usan,
menos de la mitad de las personas que lo utilizan fue capacitada, no está claro
de quién es la licencia y, para colmo, el Gobierno no dejó que se auditara de
forma completa. Como es modelo Macri, también hay un negocio, con un proveedor
único sobre el que hay sospechas de conexión con el funcionario a cargo de
implementar el GDE.
La situación, según los documentos y expertos
que consultó El Destape, es grave. Macri y su histórico gerente desde los años
empresariales Andrés Ibarra, puesto a cargo del primero Ministerio y hoy
Secretaría de Modernización, implementaron el sistema GDE con el mismo criterio
que todas sus políticas: apurados, sin control ni transparencia y sin
planificación para que se sostenga en el tiempo. Esto pone en riesgo la memoria
del Estado en estos 4 años y abre una incógnita: ¿es impericia o Macri quiere
tener la oportunidad de borrar sus actos?
La gravedad de la situación tiene además otra
complejidad. Este proceso de hacer digitales los expedientes públicos no tiene
vuelta atrás. La buena idea del digitalizar expedientes se hizo mal, pero ya no
se puede volver al papel. La cuestión es cómo garantizar que los expedientes
que ya existen permanezcan en el tiempo y que la próxima administración que
encabezará Alberto Fernández pueda continuar la gestión del Estado sin ataduras
y con la información de estos 4 años de Macri disponible. Algo que, al día de
hoy, parece más que dudoso.
Sin back up
El GDE es la continuación a nivel nacional del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) que Macri instauró
en la ciudad de Buenos Aires. Lo implementaron de golpe en todo el Gobierno
Nacional, desde los Ministerios a una larga lista de organismos
descentralizados, instituciones de seguridad social, empresas del estado o con
su participación. Todos tienen, por ende, los mismos problemas que acarrea el
sistema GDE, y se trata de lugares clave. Entre ellos, la AFIP, la ANSES, las
Administraciones de Puertos, de Aviación Civil, de Laboratorios, de Materiales
Controlados, de Seguridad Vial, la Autoridad Regulatoria Nuclear, el Banco
Central, la Casa de la Moneda, la Comisión Nacional de Valores, el Correo
Oficial, la Dirección Nacional de Vialidad, el Servicio Penitenciario Federal,
la Dirección de Fabricaciones Militares, el Ente Nacional de Comunicaciónes, el
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, el INDEC, el INTI,
el INTA, la Lotería Nacional, el fondo Nación Fideicomiso, la Oficina
Anticorrupción, el Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos y su par de
Seguridad de Presas, la Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria, la
Prefectura, la Procuración del Tesoro, la Sindicatura General de la Nación, las
Supertintendencias de Riesgos de Trabajo, Seguros y Servicios de Salud, la
Unidad de Información Financiera, e incluso la Unidad Ejecutora del
Soterramiento del Sarmiento. Estos, y más, vulnerables a las falencias del GDE.
Una de las principales dudas respecto al sistema
GDE gira en torno a su preservación y si tiene back up. Las razones de esta
preocupación son sencillas: es más fácil eliminar sigilosamente documentos
digitales que en papel. El ejemplo es Iron Mountain, cuando incendiaron un
depósito de papeles para eliminar documentación vinculada a lavado de dinero,
caso que le costó la vida a 10 personas entre bomberos y personal de defensa
civil y donde el propio Macri tenía papeles de sus empresas familiares. En un
archivo electrónico, la eliminación puede ser más limpia e incluso desde fuera
de los espacios físicos donde está guardada esa información. Y es clave: es la
memoria del Estado de los años de Macri.
La auditoría de la AGN, a la que accedió El
Destape, advierte que el GDE “no cuenta con un Plan de Recuperación de
Desastres formalizado y debidamente comunicado” y que esto “implica un riesgo
crítico y de alto impacto”. Le sugiere al Gobierno elaborar un Plan “que
permita reestablecer los servicios informáticos de modo ordenado y en el menor
lapso posible en caso de presentarse un evento crítico”. Si se inunda, o
incendia, o alguien deliberadamente destroza los servidores donde está la
información, no hay plan para recuperarla.
Tampoco hay back up, una copia de seguridad de
la información. El informe de la AGN advierte que el Gobierno “no ha
implementado políticas y procedimientos formales de pruebas periódicas de
restauración de los backups de las bases de datos y documentos digitales del
sistema GDE y su respectiva documentación de resultados obtenidos. La carencia
de esta práctica pone en riesgo la disponibilidad de la información del sistema
GDE en el Sector Público Nacional”. El Destape habló con diversas fuentes que
utilizan el sistema y confirmaron la inexistencia de back up.
Agujeros en el techo
El informe de la AGN advierte que los Centros de
Procesamiento de Datos donde están los servidores del sistema GDE, es decir,
donde se guarda la información, “no cumplen con algunas de las condiciones
necesarias para resguardar la seguridad física y lógica de los servidores y sus
datos, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio del sistema GDE para
el Sector Público Nacional”. Los archivos del Estado sin protección.
En el que funciona en ARSAT, los equipos están
sin jaulas de protección, “condición necesaria para garantizar la seguridad
física”. Además, “no posee cámaras de video con control de movimiento
instaladas de forma dedicada al equipamiento que brinda servicios al sistema
GDE (se utilizan las genéricas que tiene instalada AR-SAT en cada sala),
solución que sería deseable dado que estos entornos no cuentan con la
protección física arriba mencionada”.
En el sitio de almacenamiento alternativo,
textual, “las paredes del sitio son de durlock”, la puerta de acceso antipánico
no es la requerida y, pese a que está en un piso alto de un edificio, no se
hizo la certificación del peso, “situación que requiere estimar el peso máximo
de la infraestructura tecnológica alojada o posible de alojar en función de la
capacidad máxima que ofrece el sitio. En base a ese cálculo se debe realizar un
estudio para asegurar que la estructura del edificio tiene la capacidad
suficiente para soportar ese peso”. Faltan también matafuegos, no llenan las
planillas de ingreso de proveedores (o sea, no se sabe quien entra), hay placas
del techo sueltas, aires acondicionados sin rejilla deflectora que provocan
polvo en los servidores y paredes de durlock rotas.
Anda mal
Además de los riesgos de que se pierda toda la
información, el GDE anda mal. Muy mal. La AGN destacó que “sólo el 23% de los
usuarios muestreados consideran que las funcionalidades que ofrece el sistema
para dar soporte a su operatoria diaria cubren totalmente sus necesidades”. Para
peor, “un 97% de los usuarios encuestados manifestaron que la indisponibilidad
del GDE es frecuente o muy frecuente y que en horarios centrales acusa bajo
desempeño”. Respecto a esto, aclara (como en otros puntos de la auditoría), que
“se encontró restringida para ejecutar procedimientos que pudieran determinar
el origen del problema”, es decir, que no los dejaron controlar como
corresponde.
“De los procedimientos de auditoria ejecutados
se desprende que la indisponibilidad del sistema es muy frecuente y que aun
cuando se encuentre disponible, en la franja horaria más crítica (10.30 a
16.30), la performance se degrada considerablemente en los organismos
relevados, generando demoras o pérdida de tareas en curso ante el time-out
propio del sistema”, dice el informe de la AGN. En conclusión, funciona mal en
el horario laboral. Y no existe una alternativa para que la administración
pública siga funcionando mientras el GDE se traba.
Todo esto tiene consecuencias, que en algunos
casos llevan a la parálisis. Dice la AGN: “La continua inestabilidad del
sistema también conduce a que los cargos jerárquicos se vean imposibilitados de
firmar documentos y actos administrativos de manera oportuna. Dependiendo del
organismo, algunos casos son críticos, como el pago de medicamentos, salarios,
u otras cuestiones que adquieren carácter de urgente”.
Desde el Gobierno, ante la consulta de El
Destape, informaron que al 14 de julio pasado se generaron 137.308.906
documentos y 13.991.488 expedientes. También detallaron que tiene 312.356
usuarios, de los cuales fueron capacitados 118.325, menos de la mitad. Esto,
según la respuesta oficial.
Despelote y negocios
“No se prevé la eliminación de documentos en
GDE”. Esta fue la respuesta del Gobierno ante 10 preguntas de El Destape
referidas a cuanto tiempo se guardarán los expedientes digitales, si existe un criterio
para eliminarlos, si existen alertas frente a eliminación de documentos, etc.
Sin embargo, no existen planes para que esos
archivos duren en el tiempo. Y, para peor, desde el punto de vista de la
archivística, la guarda de todo es la imposibilidad de encontrar nada. Los
usuarios de GDE a menudo tienen que llevar libretas o planillas externas para
encontrar documentos, o tenerlos impresos, ya que el sistema guarda todo pero
encuentra poco.
Tampoco está claro de quién es el sistema, algo
fundamental para el futuro Gobierno. El 10 de marzo de 2016 se firmó un
convenio entre la Nación y CABA donde esta cedió “el uso del sistema y su
código fuente de manera gratuita, irrevocable, no-exclusiva, perpetua y
transferible”. Pero ese sistema fue desarollado por una empresa, Everis, que es
quien tiene la exclusividad de su mantenimiento.
Ante el pedido de acceso a información pública
que realizó El Destape, el Gobierno contestó que la propietaria del software es
la Secretaría de Gobierno de Modernización, que la licencia no es libre y que
el registro de propiedad intelectual del GDE aún está en trámite.
La parte del león en esto se la lleva Everis, la
empresa que provee el mantenimiento del sistema GDE. En octubre de 2017, Everis
se quedó con ese concurso con una oferta de 95.775.000 pesos. El presupuesto
eran 96 millones, apenas 225.000 pesos por encima de la oferta de Everis, que
fue la única que se presentó. Parece a medida.
Según el
portal Compr.ar, que centraliza la información de los proveedores del Estado,
la situación de Everis es “Desactualizado por documentos vencidos”. Everis
tiene otros contratos con el Estado, con la Secretaría de Modernización, con la
Administración de Bienes del Estado y con el Ministerio de Producción y
Trabajo, este último por 32 millones de pesos.
Respecto al GDE, una de las críticas del informe
de la AGN son los los riesgos que implica la tercerización en un solo
proveedor. Además de los vaivenes propios de cualquier empresa (quiebra,
cambios comerciales, cambio de prioridades, etc.) advirtieron sobre la “pérdida
del control y comprensión de los alcances del servicio contratado por parte del
cliente (Secretaría de Gobierno de Modernización) a lo largo del tiempo”.
Oscuro
El Gobierno no dejó que la AGN hiciera la
auditoría a fondo. Por ejemplo, no permitieron entrevistas con el personal
técnico de la Secretaría de Modernización. “Ello obstaculizó y prolongó la
ejecución de la auditoría, que debió recurrir a procedimientos alternativos
para obtener evidencia sustituta, que no en todos los casos pudo obtenerse”,
afirmaron desde la AGN.
El Gobierno hizo que no se pudiera verificar si
el sistema GDE tiene la arquitectura tecnológica para garantizar su
funcionamiento y si está garantizada la confidencialidad de los usuarios y empresas
que lo utilizan, entre otras cuestiones. Como el sistema no permite un usuario
auditor o externo, “no fue posible completar la totalidad de las pruebas
sustantivas orientadas a la identificación de fallas, funcionalidades que no
responden a lo esperado, problemas de rendimiento, entre otras validaciones
técnicas oportunamente planificadas”. La AGN se tuvo que limitar a pedir
información a la Secretaría manejada por Ibarra, ladero histórico de Macri, y
conformarse con eso. Y, aún así, encontró de todo.
“La obligatoriedad del uso del sistema GDE -dice
el informe de la AGN- resulta en un obstáculo y en un empeoramiento relativo
respecto de la tecnología anterior al GDE, en la que los expedientes en papel
podían ser solicitados y revisados íntegramente por los auditores externos
responsables de controlar a los organismos del Sector Público Nacional”.
“La información que cada organismo usuario
genera a través del sistema debe ser considerada información privilegiada o
confidencial, ya que podría ser utilizada inapropiadamente por un tercero”,
advirtió también la AGN al encontrar que no hay firmados convenios de
confidencialidad entre la Secretaría de Modernización y los organismos que usan
GDE.
Fuente: El Destape
