Los miembros de la CIDH recibieron denuncias
incluso en la vía pública.
Página12 accedió a los expedientes de
inteligencia elaborados hace 40 años
Antes y durante la visita de la comisión
interamericana en 1979, la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense
se ocupó de espiar a los organismos de derechos humanos para controlar el “plan
de los familiares de los presos y desaparecidos”. También vigiló las denuncias
que recibían los comisionados.
Por Juan Ignacio Provéndola
En ese entonces nadie lo dimensionó, pero
exactamente 40 años después la conjetura está clara: aquella recordada visita
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina inició el camino
sin retorno con el cual la dictadura cívico-militar iniciaría su lenta pero
irreversible salida del gobierno. Es que las reuniones mantenidas por la
comitiva de Andrés Aguilar, Luis Demetrio Tinoco Castro, Marcos Gerardo Monroy
Cabra, Carlos Dunshee de Abranches, Tom Farer y Francisco Bertrand Galindo con
autoridades militares, líderes políticos, familiares de detenidos, víctimas de
tortura y organismos varios sirvieron para descubrir un latrocinio hasta
entonces secreto y un plan sistemático de exterminio que aquel informe de la
CIDH cifró en la inicial cifra de 5580 denuncias sobre desapariciones de
personas. La información se conoció originalmente por el propio documento que
la CIDH divulgó en mayo de 1980 luego de aquellas dos semanas de visita -entre
el 6 y el 20 de septiembre de 1979-, y que ahora adquieren nuevos detalles a
través de documentos de espionaje generados por la extinta Dirección de
Inteligencia de la Policía Bonaerense que PáginaI12 publica en exclusiva
gracias a la cesión de la Comisión Provincial por la Memoria.
Si bien la visita de la CIDH había sido
“consensuada” con el gobierno argentino para mayo de 1979, una serie de
reestructuraciones y cambios de autoridades postergó el plan hacia septiembre,
mes en el que finalmente se realizó. No obstante, en aquel mes original la
Dirección de Inteligencia de la Bonaerense comenzó a espiar tanto a familiares
de desaparecidos como a organismos de derechos humanos. En un legajo con el
número 13.227, por ejemplo, la Dippba central le ordena a sus delegaciones en
La Plata, San Justo, Lanús, San Martín, Mar del Plata, Bahía Blanca, San
Nicolás, Junín, Chascomús, Pehuajó, Azul, Mercedes y Tigre toda información
posible sobre el “plan de los familiares de los presos y desaparecidos” en
relación con la llegada de la CIDH. La intención, claro, era seguir de cerca
las pruebas sobre asesinatos y desapariciones que organismos y familiares de
desaparecidos tenían en mente presentar a la comisión de la OEA.
El legajo en cuestión formó parte de la Mesa
Delincuente Subversivo, se compuso de 64 fojas y expuso de manera pormenorizada
las reuniones que los familiares de desaparecidos venían celebrando antes de la
llegada de la CIDH. Además ya en febrero de 1979 la Dippba señalaba que la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos había iniciado una “campaña de
acumulación de pruebas” que reunía alrededor de 5 mil testimonios de testigos y
víctimas con nombres y datos de detención a ser entregados a los miembros
visitantes de la CIDH. Por ese entonces la Dippba subrayaba también las
reuniones que mantenían entre sí la APDH, el Partido Comunista, la Unión de Mujeres
Argentinas e integrantes de la curia de Mar del Plata, ciudad que encabezada un
amplio arzobispado sobre localidades de la costa que en esos meses además
recibían la presencia de extraños cuerpos sobre la playa, la primera aparición
de los “vuelos de la muerte”.
Los documentos de inteligencia alertaban también
la preocupación por “manifestaciones”, “demostraciones públicas” y –acaso lo
más alarmante– la “gestación de una importante movilización a Plaza de Mayo
organizada en coincidencia con la visita internacional”. En ese sentido, la
Dippba indicaba que la APDH era el organismo a través del cual “los familiares
canalizaban sus inquietudes”. La doble vara era perversa: mientras la dictadura
se mostraba abierta a la visita de la CIDH, por otro lado proponía mecanismos
de espionaje para anticiparse a posibles denuncias o cuestionamientos.
El miedo en La Plata
La Dippba estaba especialmente interesada en lo
que sucedía en la capital bonaerense, donde el organismo daba cuenta de la
“probable formación de comisión de familiares de desaparecidos en La Plata”,
tal el título de uno de los legajos. En el mismo se destaca que varios de estos
poseían “archivos vinculados a hechos donde hubiera participado personal de las
Fuerzas Armadas”, una farragosa enunciación acaso para disimular lo
indisimulable: la evidencia de que varios militares estaban cercados por su
participación en secuestros, torturas y desapariciones.
Por ese motivo fue que se activó un dispositivo
tristemente célebre: la campaña para demostrarle al mundo que “los argentinos
somos derechos y humanos”. Fue apenas una de las tantas figuras que la
dictadura desplegó para darle carácter ficcional a la desaparición de personas,
para presentar a las denuncias como una invención de oprobios sobre la administración
encabezada por Jorge Rafael Videla. Según un informe del Batallón de
Inteligencia 601, todo se trataba de una “acción propagandística y psicológica
a favor de los desaparecidos y presos políticos”.
Otro de los documentos alarmantes de la Dippba alerta
sobre el viaje de la APDH a Estados Unidos y el vínculo de este organismo con
integrantes de la OEA.
Conforme se aproximaba la visita oficial de la
CIDH a Argentina en septiembre, crece también la tensión en el gobierno militar
y en sus propios organismos de inteligencia. “La APDH no solo está reuniendo
información vinculada a los nombres de las víctimas, sino también a las
circunstancias que rodearon a cada episodio, con especial énfasis en detalles
que pueden tener alguna significación como marcas, modelos, color, patentes de
vehículos intervinientes en procedimientos, uniformes de personal
interviniente, nombres que pueden haberse oído y/o proporcionado de dicho
personal, identificación de lugares de detención, nombres de personal que haya
hayan atendido a posteriori los reclamos de los familiares de las víctimas y
expresiones por ellos vertidas”, señala la CPM en base a una profunda lectura
de los archivos que la Dippba iba generando con cada vez mayor apuro y ansiedad
conforme se acercaba la fecha de la visita.
Llega la CIDH
Durante la visita de la CIDH, la Policía Federal
también hizo su aporte al espionaje con varios legajos. Uno de ellos data del
12 de septiembre de 1979 y da cuenta del hallazgo de panfletos en la Ciudad de
Buenos Aires. Se trataba de una de las principales preocupaciones de la
dictadura, tal como puede observarse en los documentos ahora custodiados por la
CPM, donde se observan también líbelos encontrados en distintas unidades
académicas de la Universidad Nacional de La Plata. “Es posible un incremento
del rebote propagandístico si la situación cambia y quedan en libertad
elementos que estaban hasta hace poco privados de su libertad a consecuencia de
su accionar ideológico extremista”, asegura la Dippba, reconociendo en secreto
la detención que la dictadura negaba en público.
Asimismo, la Dippba les pide a sus delegaciones
que investiguen todo tipo de concentración en la sede argentina de la OEA,
donde la CIDH establece reuniones y comienza a recibir denuncias. El pedido se
concentra en la Comisión de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas,
que le pide expresamente a la CIDH que le solicite al gobierno militar la
liberación de detenidos y el hallazgo de desaparecidos, figuras que la
dictadura negaba.
También generaban especiales inquietudes las
visitas de la CIDH a cárceles, como las de Devoto, Caseros, Resistencia,
Rawson, la Ribera de Córdoba, varias de La Plata y la propia ESMA, de la cual
fueron trasladados varios detenidos para que no fueran vistos por la comisión
visitante.
El fruto de todas esas visitas, encuentros y
entrevistas se observó en el informe final de la CIDH. “La Comisión ha llegado
a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus
agentes, en la República Argentina se cometieron numerosas y graves violaciones
de fundamentales derechos humanos”, señaló hace 40 años, tiempo en el que por
primera vez la figura del desaparecido ya no era “algo que no existe” (tal como
postuló Videla en su tristemente célebre conferencia de prensa), sino, por el
contrario, una responsabilidad atroz que pasó a ser parte del Estado.
Fuente: Página 12
