"Los actos de presión socavaron la
independencia"
Un grupo de organizaciones ligadas al Derechos
presentaron un escrito detallando los jueces, fiscales y abogados que sufrieron
ataques desde el Ejecutivo.
Por Irina Hauser
El documento elevado a la CIDH hace un detalles
de los jueces y jueces atacados.
Un grupo de organizaciones ligadas al ámbito del
Derecho presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) donde señala una por una las “intromisiones indebidas, presiones
y ataques” a jueces, defensores y abogados, al igual que a organismos como el
Consejo de la Magistratura, ocurridos desde la llegada de Mauricio Macri al
Gobierno. Se refieren a un enorme abanico de situaciones entre las que destacan
procesos que derivaron en “una persecución desatada contra líderes políticos y
sociales de la oposición”.
“Lo que se describe –dice el texto al que
accedió Página/12-- está directamente dirigido a disciplinar a los magistrados
que dictan resoluciones que no son acordes a la voluntad del Poder Ejecutivo,
lo que conlleva a la consecuencia de generar una magistratura adicta….” Las
modalidades de esta ofensiva descriptas también en la presentación son variadas
pero han incluido especialmente pedidos de juicio político, denuncias penales y
aprietes a través de los medios de comunicación, a veces en boca del propio
Macri. El documento elevado al organismo internacional hace un listado de más
de veinte jueces y juezas atacados, muchos de ellos nombres conocidos, más
otros actores del sistema judicial con sus historias específicas. Aparecen
desde Raúl Zaffaroni, Daniel Rafecas, Eduardo Freiler, Sebastián Casanello,
Luis Arias, Alejo Ramos Padilla, Luis Carzoglio, Enrique Arias Gibert, Ariel
Lijo, Luis Raffaghelli, hasta la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, ficales
como Federico Delgado y Gabriela Boquín, y abogados, muchos de ellos de causas
de derechos humanos. El planteo inserta todo esto en el actual contexto
político y económico y hasta habla de la “inconstitucionalidad del
endeudamiento”.
La lista de los nombres y los detalles de los
casos impacta por la cantidad y la descripción de los hechos señalados. “Los
actos de intimidación y presión al Poder Judicial y los diversos órganos que
componen el sistema judicial argentino, como el Ministerio Público, el Consejo
de la Magistratura entre otros, han socavado la independencia” de “éste poder
del Estado de derecho (…) en decisiones que contraríen los deseos del Poder
Ejecutivo (…) el cumplimiento e implementación de un Poder Judicial
independiente e imparcial se ha visto atacado desde el10 de diciembre de 2015
con la asunción a la presidencia de Mauricio Macri”, advierten la denuncia. Los
organismos que la firman son Abogados Por la Justicia Social (AJuS), AJUS La
Plata, Berisso y Ensenada, la Asociación Argentina de Juristas, La Asociación
Latinoamericana de Jueces del Trabajo, la Asociación Justicia Legítima, el
Grupo de Trabajo sobre Estudios Críticos del Derecho (CLACSO), la Liga
Argentina por los Derechos del Hombre y la Federación Internacional de Derechos
Humanos.
Los “ataques” que señalan los organismos “no han
sido aislados ni deben ser analizados independientemente entre sí, sino que se
han llevado a cabo con precisión temporal”. “Se está ejecutando un plan en la
República Argentina” basado “en la necesidad de encontrar un respaldo punitivo
a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, serían imposibles de ser
llevadas a cabo”, dice el texto. “Sostenemos que la independencia de los magistrados
e instituciones jurídicas se ha visto sometida a expresiones intimidantes
directas e indirectas”, agrega. Los denunciantes piden en el escrito una
audiencia en la CIDH y la aspiración es lograr una medida cautelar –facultad
que tiene la comisión—para frenar este proceso.
Entre los mecanismos de presión o de
colonización que desnudan, los más sutiles son la prolongación de subrogancias
para que los/as jueces/as intenten complacer al poder que debe darles un
nombramiento definitivo, los traslados de jueces a dedo de un tribunal a otro
(algo que se ha implementado en tribunales estratégicos como la Cámara Federal,
la Casación Federal y tribunales orales que deben juzgar a ex funcionarios,
aunque en este caso hubo un freno de la Corte), los concursos condicionados
políticamente, y los recortes o manejos con el presupuesto. Dentro del propio
Consejo de la Magistratura --el organismo que elige y sanciona a los jueces--
“el Gobierno urdió maniobras para destituir a los miembros de la oposición en
el Consejo de la Magistratura y designar a simpatizantes suyos o políticamente
dóciles”, advierte la presentación.
El punto de partida de la denuncia es el
nombramiento por decreto y en comisión de dos jueces de la Corte Suprema
--Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti-- primera medida del gobierno de Macri,
que luego tuvieron que pasar por el senado porque los supremos en funciones se
negaban a tomarles juramento y el escándalo era mayúsculo.
Jueces y juezas
Junto con el ex camarista Freiler, que integraba
la lista negra de Macri --a quien había procesado por el espionaje en la
Ciudad, entre otras cosas-- la denuncia recuerda que al ex juez supremo Zaffaroni diputados oficialistas intentaron impulsar su remoción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no les gustan sus ideas, lo que
tradujeron en “inhabilidad moral y actuación partidista”.
Luis Arias fue destituido por impulso de
Cambiemos y del procurador Julio Conte Grand tras su intervención favorable al
gremio docente, pero principalmente por el contenido de sentencias defensoras
del derecho a la vivienda, a las personas privadas de la libertad, y contrarias
a los tarifazos, entre otras. A Daniel Rafecas le abrieron un expediente
disciplinario --cerrado por burdo-- por decir que no había delito en la denuncia
que hizo Alberto Nisman antes de aparecer sin vida, donde acusaba a la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrimiento de los iraníes
acusados del atentado a la AMIA. A él y también a Ariel Lijo –que tramita
causas contra el gobierno actual, como el caso del Correo-- les abrieron
investigaciones por supuesto cajoneo de expedientes en función de la denuncia
de una ONG ligada al Poder Ejecutivo (Unidos por la Justicia) y el Colegio de
abogados de la Calle Montevideo. La jueza Martina Forns fue “descalificada
públicamente por funcionarios del Ejecutivo” después de frenar el aumento de la
tarifa de luz. Sebastián Casanello “recibió presiones para que incriminara a la
ex presidenta”, lo que se vio en los medios y en la catarata de presentaciones
de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción del Poder
Ejecutivo. También fue “hostigado públicamente” Carlos Rozanski, ex juez de
tribunal oral que condenó a represores. Macri, dicen los denunciantes, también
descalificó al juez Carlos Rossi, que había excarcelado al femicida de Micaela
García.
Uno de los casos recientes más escandalosos es
el de Luis Carzoglio, el juez de Avellaneda que se negó a detener a Pablo
Moyano ante un pedido del fiscal Sebastián Scalera en una causa sobre el club
Independiente por considerar que no había pruebas, y que reveló que lo habían
ido a ver dos funcionarios de la AFI que le entregaron un borrador con la orden
de detención de Hugo y Pablo Moyano. Lo increíble fue que las autoridades del a
AFI lo reconocieron ante la Comisión Bicameral de inteligencia. Pero Carzoglio
fue suspendido y tiene un jury en camino. El otro ejemplo burdo de persecución,
es el de las denuncias y pedido de remoción contra el juez federal de Dolores
Alejo Ramos Padilla, a quien primero le abrieron un expediente en el Consejo
solo por haber ido a hablar al Congreso sobre su investigación sobre espionaje
ilegal .
Párrafo aparte merecen los integrantes del fuero
laboral, particularmente atacados cuando el Gobierno fogoneaba despidos y
recortaba derechos de los trabajadores.
Fiscales y abogados
El caso paradigmático mencionado es el de la ex
procuradora Alejandra Gils Carbó, quien había sido designada en 2012 con
acuerdo del Senado pero, dice la presentación, el Poder Ejecutivo, se propuso “lograr su renuncia” y “degradar y restar jerarquía y peso político
institucional al Ministerio Público Fiscal mediante intervenciones de
funcionarios y hostigamiento mediático de las grandes empresas de comunicación
aliadas al gobierno”.
Entre los “actos de persecución abogados
intervinientes en casos de lesa humanidad o derechos humanos” el texto señala
denuncias “artificiosas” contra Luis Paz y Elizabeth Gómez Alcorta, defensores
de Milagro Sala; mientras que sufrió un atentado en su casa el abogado Jorge
Cholvis, del instituto Arturo Sampay y denunciante con Arístides Corte y
Eduardo Barcesat del presidente Macri por la negociación con los fondos buitre
y la actividad personal y de otros funcionarios con sociedades “off shore”.
Fuente: Página 12
