Macri no logró frenar la investigación por el
Curreo.
Rechazan un planteo para evitar pericias
La Cámara Comercial ordenó el peritaje de los
libros contables de Socma y Sideco. Se trata de las empresas controlantes del
Correo Argentino, que hasta ahora se opuso de manera sistemática a que se
periten sus libros contables.
Por Irina Hauser
Dos malas noticias para el Correo Argentino, de
la familia Macri, determinaron que no podrá eludir la investigación sobre
desvíos de fondos que detectó la fiscal de cámara Gabriela Boquín. La primera
es que la Cámara Comercial rechazó el intento de la empresa de llegar a la
Corte Suprema para evitar un peritaje sobre los libros contables de Socma y
Sideco, dos firmas que son pilares del grupo empresario y que funcionan como
controlantes del Correo, que les transfería dinero aunque figura como inactiva
en el expediente concursal. La otra novedad es que una denuncia de la fiscal
obligó a la jueza comercial de primera instancia, Marta Cirulli, a avanzar con
una pesquisa que se negaba a concretar sobre más desvíos por 35 millones de
dólares, en este caso a favor de estudios de abogados, consultoras y empresas
de publicidad amigas. La fiscalía le advirtió que de no hacerla incurría en
desobediencia.
La fiscal Boquín hizo la primera denuncia sobre
desvíos de dinero de las cuentas del Correo en el concurso de acreedores hace
dos años. Allí señalaba que habían existido retiros de fondos por cerca de 10
millones de pesos en favor de las controlantes, justo los meses previos a que
se firmara el acuerdo con el Estado, que ella misma denunció como “ruinoso y
abusivo”, y que quedó abortado. Fue el acuerdo que intentaba licuar la deuda de
4000 millones de pesos que dio origen a este gran escándalo que no cesa, porque
Correo sigue sin pagar. También reveló entonces pagos de alquileres altísimos a
Sideco pese a la inactividad de la firma postal: oficinas por 144 mil pesos; 61.834 pesos en sueldos y cargas
sociales; 113 mil pesos de gastos informáticos y contables; 65 mil de
honorarios, entre tantos otros. A la vez, el Correo compró por 2 millones de
dólares acciones de Neficor SA, que tenía el 49 por ciento de Chery, para
negocios automotrices que nunca le dieron ningún rédito. Luego pagó un extra de
900 mil dólares más. Un movimiento complementario muestra préstamos sospechosos
por 17 millones de pesos de Socma y Sideco al Correo.
La empresa Correo se opuso de manera sistemática
a que se periten los libros contables de las empresas controlantes para
redondear esa investigación y al pedido de la fiscal Boquin para que el estudio
lo hagan los peritos de la Corte en lugar de los síndicos que intervienen en el
concurso de acreedores, y que a lo largo de los 17 años del proceso concursal
se inclinaron por beneficiar a la compañía. Por eso la Cámara reafirmó ayer que
ese peritaje se debe hacer y rechazó el último intento del Correo, de comienzos
de mayo, de frenarlo con un recurso extraordinario para llegar a la Corte. El
fallo de las camaristas dice que no hay arbitrariedad en la realización de esa
investigación y que la empresa “no se hizo cargo de los principales argumentos tenidos
en cuenta por este tribunal al tiempo de resolver” el respaldo al análisis de
los posibles desvíos de fondos. Agrega que el cuerpo de peritos “constituye una
dependencia técnica de naturaleza y finalidad exclusivamente pericial”. Esto
fue firmado por María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini.
El Correo aún puede intentar una queja ante los supremos.
La decisión de la Cámara coincidió esta semana
con una denuncia de Boquin contra la jueza de primera instancia, Cirulli,
porque se negaba a avanzar con la investigación de más desvíos de fondos que
denunció este año por 35 millones de pesos. En este caso, se trata de pagos
injustificados, según la fiscal, a los estudios del actual diputado de
Cambiemos, Pablo Tonelli; al de Pablo Clusellas, secretario legal y técnico de
la Presidencia; al de Jaime Kleidermacher, abogado de los Macri y al de Jaime
Cibils Robirosa, actual titular del Correo. Asesoraban en el concurso de
acreedores pero recibieron pagos sobre los límites establecidos por la ley de
concursos y quiebras entre 2004 y 2007, cuando los montos en cuestión tenían
mucho más valor. Pero la jueza había dicho que no veía nada nuevo para
investigar.
La fiscal hizo una presentación ante la Cámara
en la que sostuvo que la jueza incurrió en “una grave desobediencia” ante la
orden del tribunal de alzada que “agrava la situación el trámite pues no es la
primera vez que la Dra. Cirulli desoye una orden de la Cámara”. Boquín le
señala que ya habría cometido la primera irregularidad en 2004 cuando en lugar
de ordenar el procedimiento de salvataje del Correo que se había dispuesto,
otorgó un nuevo período de exclusividad, que habilitó la dilación de todo el
trámite, “lo cual constituye una de las principales causas del escandaloso
desorden procedimental en el trámite del concurso preventivo”. Además de
plantear esta advertencia ante la Cámara, pidió que se notifique la situación
ante el juzgado federal de Ariel Lijo, quien instruye la causa penal sobre el
acuerdo con el cual se intentó favorecer al Correo, donde Cirulli está
denunciada. Un día después de la presentación de Boquin, la jueza firmó una
resolución para darles intervención a los peritos de la Corte, para que se
analicen los desvíos revelados por la fiscalía.
Fuente: Página 12
