Es en este contexto de lawfare que se persigue a
Cristina Fernández de Kirchner y se encarcela a sus colaboradores y
partidarios. Lean este documento de la Asociación Americana de Juristas. Es tan
claro como ocultado por la prensa hegemónica. Al punto de que concluye que el
gobierno de Macri “entró de lleno en un período oscuro en el que la
subordinación de la Justicia a las necesidades políticas del poder ya es
inocultable” y subraya que la “actual desarticulación de toda independencia del
Poder Judicial no tiene precedentes” pues se está ante una “situación general
de vulneración sistemática de la independencia judicial y al intento de
disciplinar a los jueces competentes y a los abogados de derechos humanos”.
Juan Salinas.
Juan Salinas.
Juez Bonadío y fiscal Stornelli. Arquetipos del
esperpento en que se ha convertido la justicia argentina.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agosto de 2018
Al Sr. Diego García-Sayán
Relator Especial sobre la Independencia de
Magistrados y Abogados
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH)
8-14 Avenue de la Paix 1211
Ginebra 10, Suiza
S/D
_______________________________________________________
De nuestra mayor consideración:
En nuestros caracteres de Presidente, y
Secretario General, respectivamente, de la Asociación Americana de Juristas,
con domicilio en 240 West 98 Street, 9F, New York , NY 10025 nos dirigirnos a
Usted solicitándole intervención en la situación que afecta grave y
notoriamente la independencia judicial en la República Argentina habida cuenta
de una gran cantidad de hechos reveladores de una clara política de estado de
dominación y control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional,
que se describen a continuación.
Nuestra intervención tiende a llamar su
atención, solicitándole evalúe formular una comunicación urgente al Estado
Argentino sobre la situación general de vulneración sistemática de la
independencia judicial.
I.- Contexto general de vulneración de la
independencia judicial en la República Argentina.
A partir de la asunción como Presidente de la
Nación el 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri inició de inmediato una
política de sometimiento del Poder Judicial, comenzando por el Decreto nº 83/15
(Anexo I), mediante el cual intentó, eludiendo el proceso constitucional,
designar “en comisión” a dos nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, es decir al 40 por ciento de la cabeza del Poder Judicial compuesta
por cinco magistrados reducida a tres luego de las renuncias de los doctores
Raúl E. Zaffaroni y Carlos Fayt.
El 29 de diciembre de 2015 el Presidente
Mauricio Macri dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) nº 257/15 (Anexo
II), por el cual restringió la autarquía económica y financiera del Ministerio
Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. La norma debilitó dichos
organismos, al limitar sus competencias constitucionales -estatuidos como
poderes públicos independientes y autónomos en la estructura del Estado
Nacional-, sujetándolos al control forzado del Poder Ejecutivo. Sobre esta
última problemática se acompaña copia de la presentación realizada por la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
A partir de ese movimiento inicial,
sobrevinieron multitud de presiones (i) sobre integrantes del Poder Judicial,
del Ministerio Público Fiscal, (ii) sobre abogadas y abogados defensores en
causas vinculadas a violaciones de derechos humanos y, también, (iii)
reiteradas intromisiones del Poder Ejecutivo sobre procesos en trámite,
particularmente en lo que terminó siendo una persecución desatada contra
líderes políticos y sociales de la oposición.
Panorámicamente, individualizamos en lo que
sigue algunos de casos sobresalientes de un evidente avance del Poder Ejecutivo
sobre los operadores del Derecho, que compromete gravemente la independencia
del Poder Judicial y, en definitiva, el Estado de Derecho.
A modo de introito, citamos al Presidente Macri
en su declaración más inaceptable: “buscaremos otros jueces que nos
representen”
II.- El caso de la Procuradora General de la
Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó.
El Poder Ejecutivo Nacional públicamente intentó
lograr la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó
—designada en el año 2012 mediante el procedimiento legal vigente, con acuerdo
del Senado, prestado por una amplia mayoría muy superior a la de miembros del
partido de gobierno de ese momento,, a la vez que a degradar y restar jerarquía
y peso político institucional al Ministerio Público Fiscal en su conjunto,
mediante intervenciones de funcionarios y hostigamiento mediático de las
grandes empresas de comunicación aliadas al gobierno. Los mensajes requerían la
renuncia de la Procuradora General, dando “un paso al costado” para que el
nuevo presidente pudiera designar en su lugar a un candidato “de su confianza”,
desconociendo los mecanismos constitucionales y legales de destitución
previstos, y violentando los principios de autonomía e independencia del
Ministerio Público Fiscal.
En algunas de las notas periodísticas, también
se amenazó a Gils Carbó con una eventual “reactivación” de causas penales en su
contra si no renunciaba, mientras que funcionarios del nuevo gobierno
anunciaban su acortamiento del mandato (vitalicio) o destitución, por decreto.
Este es el contexto general en que, al no producirse la renuncia, se recortan
funciones, se socava la estabilidad e inmunidades funcionales, se quita
facultades indispensables para el organismo y, en definitiva, se degrada su
independencia y autonomía.
Se agrega material periodístico en abundancia
(Anexo III).
III.- Avances sobre el Consejo de la
Magistratura.
En la búsqueda de un “proceso de depuración” en
los tribunales federales, pues “[h]ay dos jueces federales que deberían dar un
paso al costado”, el Gobierno urdió maniobras para destituir a los miembros de
la oposición en el Consejo de la Magistratura y designar a simpatizantes suyos
o políticamente dóciles.
Se agrega material periodstico (Anexo IV).
IV.- Estigmatización de la Justicia Laboral y de
abogadas y abogados laboralistas.
Siendo la profesión de abogado y su protección
objeto de distintos instrumentos del derecho internacional de los derechos
humanos , el Presidente Mauricio Macri pública y reiteradamente descalificó
tanto a los Jueces del Fuero Laboral como a los abogados laboralistas.
Un caso saliente es el de Héctor Recalde,
Diputado de Frente para la Victoria, abogado de larga trayectoria en el fuero
laboral, calificado como “mafioso” por el Presidente Macri.
Se agrega material periodístico (Anexo V) .
V.- Persecución a profesionales del Derecho y
activistas de derechos humanos.
Simultáneamente, se produjeron actos de
inocultable persecución a abogados intervinientes en casos de lesa humanidad o
derechos humanos , como la promoción artificiosa de denuncias en su contra (caso
del Dr. Luis Hernán Paz, abogado de la diputada del Parlasur Milagro Sala, a
quien se le instruyó ante la Fiscalía 4 de Jujuy una causa por supuestas
amenazas, o el de la Dra. Elizabeth Gómez Alcorta, a quien se promovió una
causa penal por usurpación de títulos y honores por haberse presentado en una
de las causas sin tener matrícula federal, siendo que agregó una constancia de
la Cámara Federal de San Martín que la habilitaba), víctima, además de un
sospechoso robo en su Estudio, o atentados en la casa particular del Dr. Jorge
F. Cholvis, Presidente del Instituto Arturo E. Sampay, y denunciante, junto a
los Dres. Arístides Corti y Eduardo S. Barcesat, del actual Presidente de la
República Ing. Mauricio Macri, tanto por la negociación con los “fondos buitres”,
como por la investigación de la actividad desarrollada por el Presidente y
otros funcionarios a través de sociedades “off shore”, o la descalificación
pública del Juez Provincial Rubén Marigo.
La Dra. Paula Álvarez Carreras y el Dr. Néstor
Ariel Ruarte, el 7 de junio de 2016 fueron sancionados económicamente por el
juez Pablo Pullén Llermanos por haber presentado un hábeas corpus a favor de
las personas privadas de su libertad en el Penal de Mujeres de Alto Comedero
–donde también se encontraba alojada la Diputada del Parlasur Milagro Sala-
porque, en pleno invierno, debían ducharse con agua helada. La Cámara de
Apelaciones anuló la sanción. Por otro lado, el Dr. Ruarte sufrió en dos
oportunidades roturas de los vidrios de su vehículo y su madre fue amenazada
telefónicamente. El 27 de octubre de 2017, el Sr. Juez Pullén Llermanos, en un
nuevo fallo ilegal y arbitrario multó a la Dra. Paula Álvarez Carreras y al Dr.
Luis Paz con la suma de 20 mil pesos a cada uno por haber presentado una
recusación que consideró “maliciosa”. Esto último en un caso sobre el cual el
Presidente Macri declaró públicamente y con referencia a la parlamentaria
Milagro Sala, violando la presunción de inocencia, que “a los argentinos nos
parece que cometió delitos” .
En Julio de 2018, el abogado y defensor de
derechos humanos Iván Bordón fue detenido en la ciudad de Tostado, cuando se
encontraba representando legalmente a una familia durante un allanamiento. Las
fuerzas policiales que llevaban a cabo el allanamiento le impidieron observar
el procedimiento y, cuando el defensor se quejó, fue golpeado y detenido por
los efectivos policiales bajo la figura de “resistencia a la autoridad”.
Existen casos como el abogado de derechos humanos César Sivo, quien
recientemente sufrió pintadas en su casa, amenazas, rotura de vidrios en su
automóvil.
Todo ello es sin duda otra muestra de la presión
que se ejerce sobre los abogados y jueces actuantes en causas de violación de
los Derechos Humanos .
VI.- Presiones sobre Magistrados y Fiscales.
Sin pretender agotar la nómina de vulneraciones
del Poder Ejecutivo sobre la Magistratura, mencionamos las siguientes (en cada
caso se acompaña el correspondiente material periodístico):
● Raúl Eugenio Zaffaroni. Diputados oficialistas
presentaron un proyecto de resolución para que la Cámara baja pida su remoción
como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por lo que
definió como “su manifiesta inhabilidad moral, su actuación partidista
incompatible con sus funciones y su reiterada desvalorización de los principios
democráticos”. La iniciativa, impulsada por Fernando Iglesias, lleva también
las firmas del titular del interbloque de Cambiemos en la Cámara baja, Mario
Negri; del jefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot; y de Pablo Tonelli .
● Luis Federico Arias. Un legislador del Partido
gobernante (Cambiemos) solicitó un jury contra dicho Magistrado después de que
interviniera en un conflicto entre el Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires y el
gremio de docentes . Se adjuntan otros trabajos periodísticos sobre la misma
persecución . Finalmente, el Juez Luis Federico Arias terminó siendo
destituido, básicamente por el contenido de sus pronunciamientos no alineados
con las políticas gubernamentales .
● Carlos Rozanski, ex juez federal del Tribunal
Oral Federal 1 de La Plata, tribunal que condenó a gran parte de los represores
en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco
de la última dictadura, fue hostigado hasta lograr su renuncia.
● Eduardo Freiler. Camarista Federal, hostigado
por sus votos (causa Papel Prensa), y por no acompañar una ofensiva judicial
contra la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner, fue víctima de una
deleznable maniobra urdida para modificar la composición del Consejo de la Magistratura,
y así lograr la mayoría requerida para acusarlo ante el Jurado de
Enjuiciamiento, órgano que lo destituyó.
● Daniel Rafecas. Juez Federal, señaló que no
hubo delito por parte de Cristina Fernández de Kirchner en la firma del
memorándum con Irán, fue denunciado por representantes del partido de gobierno
(Elisa Carrió) y con dictamen acusatorio de Angel Rozas, pero todavía no
lograron la mayoría requerida en el Consejo de la Magisgratura ara acusarlo.
● Daniel Rafecas y Ariel Lijo, Jueces Federales,
fueron denunciados por el supuesto “cajoneo” de causas a partir de una supuesta
auditoría realizada por ONGs allegadas al partido gobernante.
● Martina Forns, Jueza Federal de San Martín,
quien había emitido una resolución que frenó el aumento de las tarifas de la
electricidad fue públicamente descalificada por funcionarios del Poder
Ejecutivo (Aranguren)
● Enrique Arias Gibert y Graciela Marino,
Camaristas Laborales, a quienes les fue promovido juicio político por parte del
Ministerio de Trabajo por un fallo en favor de la paritaria bancaria.
● Luis Raffaghelli, Juez Laboral, titular de la
Asociación de Jueces del Trabajo, fue descalificado públicamente por
funcionarios del Gobierno.
● Carlos Rossi, Juez interviniente en la causa
del crimen de la estudiante Micaela García en la ciudad entrerriana de
Gualeguay perpetrado por un hombre que fue excarcelado por él, fue públicamente
descalificado por el Presidente Macri y el Ministro Garavano.
● Gabriela Baigún, Fiscal quien se pronunció a
favor de la liberación de Luis D’Elía y Carlos Zannini fue públicamente
descalificada por ello .
● Federico Delgado, Fiscal, fue denunciado por
investigar a Gustavo Arribas (jefe de los servicios de inteligencia, AFI), en
una causa de corrupción; y fue separado de causas como la denominada “Panamá
Papers”
● Gabriela Boquín, Fiscal Comercial,
interviniente en la causa del concurso preventivo de la empresa Correo
Argentino de la familia Macri, fue objeto de presiones por parte del Poder
Ejecutivo .
● Sebastián Casanello, Juez Federal, recibió
presiones para que incriminara a la ex Presidente Cristina Ferández de Kirchner
.
La nómina es más extensa (por ejemplo, se
recortaron funciones al Asesor Tutelar Gustavo Moreno, y se pretende su
desplazamiento , etc.). Han habido presiones sobre Magistrados mediante
solicitadas firmadas por dirigentes o del partido gobernante , y las ha habido
con toda intensidad sbre fiscales
V.- Graves intromisiones del Poder Ejecutivo en
procesos en trámite.
Conjuntamente con una inadmisible intromisión de
los medios de información en procesos en trámite (con titulares como
“procesarán” , quedará “cerca del procesamiento” , “irá preso” , dictarían la
prisión preventiva , un testimonio “clave” compromete a fulano , o lo
“complica” , “confirmarán el procesamiento” , etc.), también ha habido
pronunciamientos públicos de funcionarios del poder ejecutivo sobre juicios en
curso, intentando intercalar decisiones en su favor o en contra de la
oposición. Por ejemplo: El Poder Ejecutivo Está inquieto por la presión internacional
para que liberen a Milagro Sala, pero apoya al gobernador Morales de Jujuy” ,
responsable del mantenimiento de su encarcelamiento, o “Macri celebró la
reactivación de la denuncia contra Cristina. El Presidente dijo que le “cayó
bien” el fallo de Casación y cuestionó al juez Rafecas por no haber
investigado” .
Ello contraviene frontalmente la Observación
General 32 del Comité de Derechos Humanos (ART 14 EL DERECHO A UN JUICIO
IMPARCIAL Y A LA IGUALDAD ANTE LOS TRIBUNALES Y CORTES DE JUSTICIA, PIDCP
(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) , 90 PERIODO DE SESIONES
2007 , que nítidamente establece en su apartado nº 19, que “[xxx]. Toda
situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder
ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda
controlar o dirigir al primero es incompatible con el concepto de un tribunal
independiente.”
VI.- Conclusiones.
El actual Gobierno, de la República Argentina
entró de lleno en un período oscuro en el que la subordinación de la Justicia a
las necesidades políticas del poder ya es inocultable.
La actual desarticulación de toda independencia
del Poder Judicial no tiene precedentes en el país .
La Asociación Americana de Juristas acude a Ud.
en pos de una comunicación urgente al Estado Argentino que ponga de resalto la
situación general de vulneración sistemática de la independencia judicial y al
intento de disciplinar a los jueces competentes y a los abogados de derechos
humanos.
