Como todos los años, la Comisión por la Memoria
de la Provincia de Buenos Aires (CPM) presentó su nuevo informe sobre la
situación en lugares de encierro y las políticas de seguridad y niñez, bajo el
nombre de “El sistema de la crueldad XII”. Una vez más, se pudo corroborar en
números la sistemática violación a los derechos humanos de las personas
privadas de su libertad y la utilización de la violencia del Estado como
estrategia de control de los territorios y las poblaciones más pobres. Red Eco
Alternativo.
(Red Eco) Buenos Aires – El Informe Anual 2018
comienza con una referencia a la llamada Masacre de Pergamino como un claro
ejemplo, no excepcional, del padecimiento de las personas privadas de su
libertad. El 2 de marzo de 2017, siete jóvenes murieron en la Comisaría Primera
de esa localidad bonaerense, como consecuencia de un incendio en el calabozo en
el que se encontraban encerrados, sin obtener ayuda por parte del personal
policial presente.
“El hecho no irrumpió de la nada, no fue una
sorpresa ni un accidente. Tampoco es un hecho que pueda endilgarse a las
víctimas. En su crueldad y dureza expresa la situación extrema que se padece en
los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires, donde vivir al límite
de la muerte, del frío, del hambre, del abandono y de la violencia es el modo
normal de sobrevivencia”, afirma la Comisión en la Introducción del Informe, en
el que se señala además que tampoco ha cambiado nada desde la Masacre.
A diciembre de 2017, había 43.094 personas
detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y bajo arresto o prisión
domiciliaria, lo que representa una tasa de encarcelamiento de 253 detenidos
cada 100.000 habitantes. Esta tasa creció en los últimos 10 años 78 puntos,
casi la mitad (37) corresponde solamente al periodo 2016-2017. La situación se
siguió agravando, y a junio de 2018 el número de detenidos supera los 45.000.
Existe un record histórico de sobrepoblación en
el Servicio Penitenciario Bonaerense en el que están detenidas 38.320 personas,
pero hay 20.071 plazas disponibles. En las comisarías: 3.097 personas ocupan
1.040 camastros, lo que implica que dos de cada tres personas duermen en el
piso, representando una sobrepoblación del 197%.
La Comisión advierte sobre otro dato alarmante
del sobreencarcelamiento, relacionado directamente con la Masacre de Pergamino:
El uso de comisarías inhabilitadas para alojar personas. De las 279 comisarías
inhabilitadas, 109 seguían siendo utilizadas para detenidos.
La tortura goza de buena salud
A su vez, durante 2017 la CPM registró 16.300
hechos de torturas o tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Este
relevamiento se realizó mediante dos instrumentos: las entrevistas de
intervención de los programas del Comité Contra la Tortura (CCT) y el
relevamiento cuali-cuantitativo a través del Registro Nacional de Casos de
Torturas (RNCT).
En el marco de la intervención del CCT, durante
2017, se realizaron 7.600 entrevistas con personas detenidas y/o sus familiares
o allegados; y se registraron 16.300 hechos de agravamiento de las condiciones
de detención que constituyeron torturas o tratos y penas crueles, inhumanos y
degradantes. Ante estos hechos, se presentaron 4.656 habeas corpus o acciones
urgentes y 34 acciones judiciales colectivas surgidas de las 161 inspecciones.
En tanto, en las 589 víctimas entrevistadas en
profundidad en el marco del RNCT, se registraron 2.818 hechos de tortura y/o
malos tratos. Entre los padecimientos relatados con mayor frecuencia se
encuentran falta o deficiente asistencia de la salud provocando muertes
evitables, aislamiento ilegal, condiciones inhumanas de detención, falta o
deficiente alimentación y agresiones físicas.
El propio Servicio Penitenciario Bonaerense
informó a la Justicia que ocurrieron 4.451 hechos de violencia que produjeron
5.760 víctimas; de los cuales 835 fueron autolesiones, “constituidas en la
principal -y muchas veces única- estrategia de las personas detenidas como
reacción frente a distintos tipos de tortura carcelaria, especialmente la
desvinculación familiar, la desatención de la salud y el aislamiento reiterado
o prolongado. Marcar el cuerpo, autolesionarse, suele ser la única manera de
lograr ser escuchados”, explica el Informe.
Según el SPB, de las cinco personas que
sufrieron mayor cantidad de hechos violentos durante el año, cuatro son
mujeres. También informó que en 591 casos hubo una intervención violenta por
parte del Servicio, que incluyó desde golpes hasta la represión mediante
disparos con munición antitumulto.
En 1.985 casos (el 35 %) la única medida
adoptada fue el aislamiento. “Es frecuente encontrar alojadas en buzones
personas heridas, golpeadas o deterioradas psíquicamente”, señala el Informe.
En cuanto a la salud penitenciaria, se asegura
que atraviesa una crisis gravísima que provoca gran cantidad de muertes por
enfermedades no atendidas: “Durante 2017, 2.538 de los detenidos entrevistados
en 55 unidades penales provinciales denunciaron al menos un tipo de hecho vinculado
a la desatención de la salud, muchos prolongados y graves. Un solo dato da
cuenta de este panorama desolador: los casos registrados de enfermos por
tuberculosis ascendieron de 187 en 2016 a 436 en 2017. Es urgente que Salud
Penitenciaria, hoy bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pase a depender
del Ministerio de Salud e integrarse a sus políticas y programas. Las muertes
en el encierro siguen siendo evitables en tanto la desatención de la salud es
la base de su recurrencia, asociada con las infrahumanas condiciones de vida.
Entre 2008 y 2016 las muertes producidas por problemas de salud representaron
el 68%, los homicidios el 21% y los suicidios el 11%”.
Vulnerables
“Las mujeres y trans/travestis son aun más
vulnerables pues, a pesar de la fuerte demanda social y la visibilización
pública de la agenda ligada al género, el sistema de encierro reproduce la
violencia patriarcal y genera peores condiciones que las existentes para los
varones”, asevera el Informe.
Las mujeres detenidas aumentaron: 1.346 en 2017,
de las que 81 estaban embarazadas y 62 encerradas con sus hijos. El número de
niñas y niños encerrados a diciembre de 2017 ascendía a 63: un 23,7 % más que
en diciembre del año anterior. El 60,4% de las madres está en prisión
preventiva, superando en más del 10% los valores de varones procesados (54 %).
Durante 2017 la CPM registró 792 agravamientos
en las condiciones de detención: 213 correspondían a deficiente atención de la
salud, 142 a afectación del vínculo familiar, 111 a cuestiones procesales y 81
a malas condiciones materiales de detención.
En cuanto al colectivo trans/travesti, el
informe asegura que padece peores condiciones: “El sistema penal niega su
identidad genérica, violando la ley 26.743, y las aloja en cárceles de varones
sin aplicar ningún protocolo tratamental diferencial. La situación de salud del
colectivo es particularmente vulnerable: durante 2017 murieron tres mujeres
trans por desatención de su salud, que de por sí es grave. No acceden a los
tratamientos hormonales ni tampoco al adecuado para el VIH y sus enfermedades
asociadas, siendo que estas enfermedades impactan de manera significativa sobre
este colectivo”.
Violencia policial
El informe de la Comisión señala que se sigue
registrando un número alarmante de muertes producidas por agentes de las
fuerzas de seguridad. En 2016 fueron 109, mientras que en 2017 aumentó a 121.
En el último año, a su vez, se duplicaron las
denuncias por violencia policial que ingresaron a la CPM: 300 casos. “La
violencia policial es violencia del Estado y los casos no pueden interpretarse
de manera aislada: son prácticas incorporadas a la rutina institucional y la
modalidad con la que las policías cumplen sus funciones. La tortura y los
tratos crueles se inscriben como parte de estas prácticas estatales, y
adquieren rasgos de sistematicidad por su cotidianeidad y extensión
territorial. También aumentó la violencia policial sobre niños, niñas y
adolescentes. Todas las prácticas ilegales policiales se despliegan también
sobre este colectivo. En las inspecciones a comisarías hemos encontrado niños,
niñas y adolescentes de entre 8 y 17 años de edad, detenidos en muchos casos
con adultos. (…) En estas detenciones
no interviene personal policial especializado o del Organismo de Niñez; tampoco
se comunica o da intervención oportuna a estos dispositivos ni a los defensores
del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil”, denuncia el Informe Anual, en el
que también se identifican como grupo que padece violencia y persecución
policial sistemática a las personas trans: “Muchas veces es una doble
vulneración: por pertenecer al grupo y por ser migrantes”.
Políticas duras
Durante la presentación de este trabajo, llevada
adelante el viernes 10 de agosto en el Senado de la provincia de Buenos Aires,
el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, expresó: “El informe de la
Comisión es para que el gobierno provincial revierta esta política de crueldad
y sufrimiento. Se vuelca cada vez más presupuesto a seguridad, relegando otras
áreas; se llenan las calles de policías, ahora con 12 mil nuevos agentes, pero
la militarización del territorio no es seguridad para nadie. Los pueblos no
necesitan más represión, necesitan derechos para vivir dignamente”.
El informe considera que “esta profundización
del Estado represivo no tiene como contracara una de políticas de inclusión y
más derechos que contengan las consecuencias de un Estado y un mercado que
expulsan a vastos sectores de la población. Los grupos más vulnerables -niños,
niñas y adolescentes pobres, migrantes, minorías sexuales, pueblos originarios,
personas con padecimiento mental- no reciben políticas activas de protección. Y
ciertas normativas puestas en marcha implicaron más restricción de derechos”.
En este sentido, se detallan algunas de las
medidas que se tomaron en esa línea: “El decreto de necesidad y urgencia (DNU
70/2017), publicado el 30 de enero de 2017 y modificatorio de la ley nacional
de migraciones 25.871, instaura el estatuto de la deportación sin juicio que
hablita la persecución a uno de estos colectivos. Un ejemplo paradigmático es
el hostigamiento y persecución a los grupos migrantes procedentes de Senegal,
que son reprimidos y detenidos de manera sistemática por vender en la vía
pública.
Otro ejemplo es el protocolo anti piquetes del
Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, que cercena el
derecho a la protesta y a la libertad de prensa, y atenta en general las
garantías constitucionales.
También los intentos sistemáticos por malograr
la aplicación de la ley de salud mental 26.657 que constituye un avance
histórico en el reconocimiento de los derechos de las personas con padecimiento
mental.
La reforma regresiva de la ley nacional de
ejecución de la pena privativa de libertad y la aprobación del proceso de
flagrancia a nivel federal (sancionadas con el acuerdo del oficialismo y los
principales partidos de oposición) han cambiado el paradigma de la
resocialización, sostenida por el principio de la progresividad de la pena que
manda la Constitución nacional, para dar lugar al paradigma de la seguridad
ciudadana que incluye el derecho penal del enemigo. Este nuevo paradigma pone
el énfasis, entre otras cosas, en perseguir a la delincuencia clásica e
incrementar las penas, alimentar el sentimiento colectivo de inseguridad,
asignar a las víctimas un papel protagónico que justifica incluso la venganza,
y revalorizar el componente aflictivo de la pena y el endurecimiento del
régimen penitenciario. Se agregan la simplificación del debate de los actores
políticos, quienes asumen un abordaje superficial de un tema que, por ser
predominante en ciertos sectores de la población, supone réditos electorales.
Esto se completa con los reclamos de mayor poder estatal sancionador y de
recortes a garantías y derechos de defensa que se consideran necesarios y se
celebran como verdaderos logros en la lucha contra el delito. La profundización
de este paradigma socava el Estado de derecho.
Como corolario, al cierre de este informe, el
presidente Mauricio Macri firmó el decreto 683/2018 que habilita la
participación de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos echando por
tierra la división entre seguridad interior y seguridad exterior, que
constituye uno de los logros institucionales más importantes de la democracia
post dictadura”.
Escenario gravísimo
Así caracteriza la Comisión a la situación
actual referida a las violaciones a los derechos humanos, ya que todos los
aspectos estructurales de la violencia estatal se han profundizado y consolidado:
“Las violaciones a los derechos humanos ocurren porque se generan condiciones
de posibilidad: no son hechos episódicos y erráticos, responden a lógicas
institucionales y de poder estables. Y requieren, en gran medida, de la
opacidad del Estado que las produce para garantizar su continuidad e
impunidad”.
A su vez, la Comisión denuncia que, como nunca
antes, los diferentes organismos del Estado brindaron escasa o nula
información: “Consideramos que este apagón informativo es otro elemento que
prueba la gravedad de la situación que estamos denunciando y de la decisión
político-institucional de no avanzar en su resolución. La acción de monitoreo y
el testimonio de las víctimas sigue siendo un recurso invalorable y la prueba
inocultable de lo que está pasando. Seguiremos reclamando las reformas
estructurales pendientes. Muchas son leyes sin implementar que serían
estratégicas para reorientar la política criminal, el control del desempeño de
las fuerzas de seguridad y penitenciarias y la erradicación de la tortura y la
violencia institucional: la policía judicial, las fiscalías especializadas en
violencia institucional, la selección y enjuiciamiento de magistrados, la
autonomía de la defensa, la prohibición de alojar detenidos en comisarías y el
cumplimiento del protocolo facultativo de la Convención contra la tortura de
Naciones Unidas”.
A modo de conclusión, la Comisión, integrada
entre otros por Adolfo Pérez Esquivel, Susana Méndez, Roberto Cipriano García,
José María Di Paola, Dora Barrancos y Nora Cortiñas, afirma: “La urgencia es lo
que demanda este informe escrito desde las voces de las víctimas, sujetos de
derecho de una democracia que se banaliza en el mal que no puede erradicar. Es,
al mismo tiempo, una demanda pragmática: si se sigue profundizando este modelo
de gobernabilidad basado en el endurecimiento del Estado en su acción
represiva, la sociedad en la que vivamos no será más feliz por el goce máximo
de unos pocos sobre la base del padecimiento de muchos, sino una sociedad sin
rumbo colectivo donde la violencia sea el medio y también el fin”.
INFORME ANUAL COMPLETO: AQUÍ
http://cpm-aec3.kxcdn.com/wp-content/uploads/sites/16/2018/08/InformeCPM-2018.pdf
Fuente: Red Eco Alternativo
