A los falsos aportantes se les ha usurpado la identidad, además de afiliarlos al PRO sin consentimiento, a fin de blanquear dinero
de origen turbio que, por lo menos, sería fruto de la evasión impositiva y la
malversación de caudales públicos.
Cómo se financia Cambiemos
Por Teodoro Boot
La investigación que Juan Amorín ha venido
divulgando en El Destape sobre el turbio financiamiento de la campaña
bonaerense de Cambiemos para las elecciones legislativas de 2017, no sólo
involucra a las principales autoridades partidarias –como la gobernadora María
Eugenia Vidal– y a sus candidatos Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña, Héctor Toty Flores,
Guillermo Montenegro, sino que hace temer por el verdadero origen de esos
fondos y el grado de vinculación de los misteriosos aportantes con el manejo de
los asuntos públicos.
Desde luego, las autoridades del Pro simulan
demencia y atribuyen la denuncia a maquinaciones kirchneristas, actual versión
de la bestia negra peronista post 1955, responsable absoluto de todos los males
de la Patria, incluido el rebrote de la epidemia de parálisis infantil de 1956.
Los fondos reservados
Lo que había comenzado por el uso inconsulto de
los nombres de numerosos beneficiarios de planes sociales para fingir aportes y
de paso afiliarlos al Pro, lo que de por sí conforma por lo menos tres delitos
serios, se reveló como parte de una operación mucho más vasta, que abarca los
135 partidos bonaerenses e involucra a la totalidad de candidatos de Cambiemos
en cada uno de ellos, quienes en muchos casos figuran aportando cantidades de
dinero que difícilmente estuvieran en condiciones de haber atesorado. Es
evidente –y así lo ha manifestado más de uno de los damnificados– que en la
mayoría de los casos se les ha usurpado la identidad a fin de blanquear dinero
de origen turbio que, por lo menos, sería fruto de la evasión impositiva y la
malversación de caudales públicos.
Además de blanqueo de dinero ilegal, supresión
de identidad, falsificación de documento público y uso indebido de información
reservada, delitos en los que las autoridades y candidatos de la alianza
Cambiemos estarían incursos, ha comenzado a preocupar el origen de esa enorme
cantidad de dinero.
Durante un programa televisivo el ex jefe de
Gabinete Alberto Fernández conjeturó que provendría de los fondos reservados de
la SIDE, eliminados en el transcurso del último tramo del gobierno de Cristina
Kirchner y repuestos por el presidente Macri casi en el mismo momento en que
nombraba al frente de esa secretaría a su íntimo amigo, el representante de
futbolistas Gustavo Arribas. La conjetura tendría asidero, pues sin ir muy
lejos, ese fue el origen del dinero usado en abril del 2000 por la dupla
Flamarique-Santibáñez, con la anuencia del presidente De la Rúa, para sobornar
senadores oficialistas y opositores y váyase a saber cuántos integrantes del
secretariado de la CGT de entonces que, por boca de su secretario general
Rodolfo Daer, apoyó la sanción de la ley de “precarización laboral”.
Efectivamente, los fondos reservados de la SIDE
pudieron ser el origen de los fondos de procedencia inconfesable usados para
financiar la campaña electoral bonaerense de Cambiemos en el año 2017, pero
difícilmente pudieran haberlo sido de la campaña de Cambiemos en 2015, de la
que –Juan Amorín y el diario Diagonales comprobaron– la del 2017 sería una
réplica casi exacta. Y muchísimo menos, los fondos reservados de la SIDE
pudieron haber financiado en el año 2011 la campaña electoral del Pro en Santa
Fe, con un mecanismo muy similar al usado en provincia de Buenos Aires en 2015
y 2017, y que el Pro santafesino no consiguió explicar. En consecuencia, en los
últimos días la justicia de Santa Fe encontró culpable de corrupción al ex
candidato a gobernador Miguel Del Sel, condenándolo a inhabilitación para
ejercer cargos públicos por seis meses, señal de que los jueces de Santa Fe no
calibraron la auténtica gravedad del delito.
Un mecanismo absurdo
Si en 2015 y 2011 la SIDE del Pro conducida por
Arribas no pudo haber financiado la campaña ¿quién o quiénes lo hicieron? ¿Cuál
es el origen de ese volumen de dinero “negro” que la supresión de identidades y
la falsificación de documento público tenían por objeto justificar?
Se sospecha –y así han de haberlo conjeturado
los jueces de Santa Fe– que podrían provenir de la evasión de impuestos de
importantes empresarios. De ser así, el mecanismo resulta absurdo, puesto que
esos empresarios no obtendrían ventaja alguna de la donación de dinero que, aun
siendo malhabido, se encontraba en su poder, ya fuera en cajas de seguridad o
cuentas Off Shore en Panamá, Bahamas, Caimán o Montevideo. En tales casos, el
modo de blanquearlo –vale decir, de reintroducirlo en los circuitos legales– se
lleva a cabo mediante autopréstamos disfrazados de créditos bancarios o, ya más
expeditivamente, por medio de oportunos banqueos impositivos, tal como hicieran
en 2017 Gianfranco y Mariano Macri y otros parientes y amigos del señor
presidente.
El aporte anónimo de dinero negro no reporta
ningún beneficio a quien pretenda lavarlo, si es que pretende eso y no crear
una “deuda de honor” que contraería el beneficiado, y que el anónimo aportante
se cobraría con favores futuros. Para lavar dinero mediante el aporte a
campañas electorales, lo más indicado sería el mecanismo inverso, en mayor
medida tomando en cuenta que la donación a partidos políticos, cooperadoras,
clubes, sociedades de fomento y cualquier entidad de bien habilitada para
emitir recibos, es deducible del impuesto a las ganancias. Entonces, usted,
dueño de una fábrica, una carnicería, una import-export que ha subfacturado
durante un período de tiempo, generando así una cantidad equis de dinero negro,
no va a hacer una donación anónima sino que, por el contrario, la hará pública,
aunque exigiendo un recibo por un monto mayor al que ha aportado. Así, si usted
aportó 100 pesos lo hará públicamente aunque a cambio de un recibo por 200 (que
le permite “aumentar” gastos y pagar un poco menos de impuesto a las
ganancias). El problema del beneficiario –pongámosle sólo a modo de
ilustración, el Pro santafesino o el Cambiemos bonaerense– no será entonces el
de tener que inventar aportantes falsos (como ha sido el caso) sino el de
inventar gastos falsos a fin de justificar qué se ha hecho con esos 100 pesos
inexistentes que figuran en sus cuentas como parte de la donación recibida del
señor industrial, carnicero o exportador.
Los favores recibidos
En el caso de empresarios dedicados a industrias
o comercios legales existe siempre una proporción entre el volumen de dinero
blanco que manejan y la cantidad que han burlado a las autoridades impositivas.
Sólo cuando esa proporción se rompe es preciso recurrir a procedimientos
extraordinarios, como las cuentas off shore, los autopréstamos o la violación
de la ley extendiendo los beneficios de los blanqueos impositivos a sus amigos
y parientes, que es sólo uno de los modos de decir “a usted mismo”. Por lo
general, se recurre al incremento artificial de la cuenta gastos o directamente
se usa el dinero negro para operaciones negras, como el pago de salarios a
trabajadores no registrados, sobresueldos o sobornos y coimas a funcionarios,
jueces y/o legisladores.
Puede deducirse, según se ha visto, que es harto
dudoso que el financiamiento de estas tres campañas del Pro procediera de
dinero negro de empresarios en condiciones de justificar la mayor parte de sus
ingresos, quienes hubieran utilizado el mecanismo inverso. Y descartando por lo
menos en dos de esas tres campañas el uso de fondos reservados de la SIDE, el
origen debería buscarse en actividades ilícitas de alta facturación. Una de
ellas, la que se tiene más a la mano o, de acuerdo a la peculiar idiosincrasia
nacional, repugna menos a la sensibilidad popular, sería la malversación de
caudales públicos. Para el caso de las campañas electorales santafesina de 2011
y bonaerense de 2015, el Estado esquilmado por el Pro habría sido el de la
ciudad de Buenos Aires, gobernada hasta 2011 por Mauricio Macri y desde
entonces por Horacio Rodríguez Larreta. Ya para 2017, las posibilidades de Cambiemos
de obtención de recursos ilícitos a expensas del Estado se habían incrementado
en forma sideral e iban desde el uso de fondos reservados de la SIDE a
apropiarse tanto los recursos de ciudad y provincia de Buenos Aires como al
propio Estado nacional.
Fuera de la coima y la malversación de caudales
públicos, las otras actividades que devengan dinero negro sin el
correspondiente correlato de dinero blanco son el tráfico ilegal de armas, la
trata de blancas y las varias formas de narcotráfico, todas las cuales
requieren de alguna clase de amparo frente a las posibilidades represivas y
punitivas del Estado. Respaldo que bien merece la inversión, a modo de soborno
anticipado, de grandes sumas de dinero en las campañas electorales de
candidatos y partidos amigos dispuestos a hacer la vista gorda.
En este panorama, vale preguntarse si el del
intendente de Paraná Sergio Varisco, sospechado de lavado de dinero e imputado
de transporte y comercialización de estupefacientes, es un caso aislado o un
modus operandi ya sistemático de Cambiemos que la investigación de Juan Amorín
no ha hecho más que empezar a revelar.Fuente: Gentileza de T
