Un fusilador finalmente acusado
El caso es una verdadera rareza en el contexto
actual, en que el Gobierno afirma que la policía siempre tiene la razón. Un
chico muerto por la espalda, una historia inverosímil y un juzgado que impone
una preventiva.
Por Irina Hauser
El Grupo Halcón es la unidad a la que pertenece
el bonaerense Montes, que mató a Fabián Enrique, de 17 años.
Fabián Ezequiel Enrique, de 17 años, fue
fusilado con tres tiros que le dio por la espalda un policía del Grupo Halcón,
el cuerpo de elite de la Policía Bonaerense. Fue el 6 de febrero, el mismo día
que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunciaba el “cambio de
doctrina” por el cual ahora “la Policía no es culpable en un enfrentamiento”.
La funcionaria estaba motivada por el caso del policía Luis Chocobar, que
estalló en un gran debate cuando Mauricio Macri lo felicitó después que matara
a Pablo Kukoc mientras escapaba del un intento de robo donde hirió con un
cuchillo a un turista estadounidense.
El agente que asesinó a Fabián desde la
ventanilla de un auto, Brian Darío Montes, lo dejó desangrándose y huyó. Se
reportó un día más tarde en la comisaría 3 de Quilmes en compañía de su jefe,
con un discurso armado sobre los hechos: que lo habían atacado entre tres
hombres, que uno se le vino encima para robarle el celular y que estaban
armados. La fiscal Karina Gallo comprobó sin grandes dificultades que Fabián
estaba solo en ese momento, que acababa de cruzar la calle para ir al baño a
una estación de servicio y que no llevaba ningún tipo de arma. Casi dos meses
se demoró la detención de Montes y, finalmente, esta semana se le dictó prisión
preventiva como responsable de homicidio calificado. Fue toda una rareza en el
contexto actual, donde el Gobierno presiona a los jueces para que releven de
castigos a los miembros de las fuerzas de seguridad bajo la teoría de que
siempre tienen la razón.
Habían pasado las siete de la mañana de ese
martes de febrero. Mónica Torres, la mamá de “el Fabi”, como le decían, estaba lavando la ropa en el
momento en que escuchó dos disparos desde su casa en el barrio Los Eucaliptos,
en Quilmes Oeste, donde con su esposo Claudio criaron nueve hijos. Fabián no
había vuelto la noche anterior y ella tuvo una pésima corazonada. Con dos tiros
en zonas vitales, el chico intentó caminar hacia su casa pero cayó desplomado
en una zanja, donde lo encontraron los vecinos, en el cruce de las calles Jujuy
y Madame Curie. Mónica salió de su casa tratando de pensar lo menos posible. Al
verla venir, Pancho, un amigo de su hijo, la encaró: “¿Usted es la mamá de Fabián? Es que le dispararon por la
espalda”. “Le arruinaron la vida a él y nos la arruinaron a nosotros –dice ella
en diálogo con PáginaI12–. Es terrible lo que siento cada día que paso por ese
lugar cuando llevo a mis otros hijos a la escuela, y no puedo parar de
preguntarme por qué, y por qué no le tiraron en un pie en lugar de matarlo”.
El papá del chico, que trabaja en obras
ferroviarias, cuenta que la vida de Fabián estaba atravesada como la de tantos
habitantes de la misma villa, en especial pibes jóvenes, por la práctica de ser
detenidos cada dos por tres, golpeados y liberados después de unas horas. “Lo
llevaban preso por averiguación de antecedentes, le pegaban, lo amenazaban y lo
largaban. Había dejado de estudiar hacía poco y estábamos tratando de apoyarlo
en su sueño de jugar al fútbol”. Desde que el policía fue detenido Mónica
cuenta que se sienta más tranquila, aunque sabe que apelará. También cuenta que
los amigos de Fabián vienen sufriendo amenazas y aprietes, y a uno de sus hijos
lo llevaron detenido.
La versión de Montes
El policía Montes no trabajaba en la comisaría
de la zona, pero los vecinos dicen que merodeaba el barrio. Estaba de paso
aquella mañana, yendo a hacer “adicionales” en un Volkswagen Polo de color azul
que declaró que le había prestado su hermano. Estaba vestido de uniforme. Según
su versión, vio a un hombre en una moto atrás suyo que se puso el casco, se le
acercó y se detuvo del lado derecho al frenar en un semáforo; en la vereda vio
a alguien que “le pareció” que debajo de un bulto tenía un arma; y del lado de
su ventanilla apareció otro que, aseguró, le golpeó la cabeza con un revólver
calibre 22 y forcejeó con él, mientras del lado derecho otro le tiraba del
brazo para impedir que tome su arma y así llevarse su celular “moto E” de Movistar. Cuando logró zafarse
de esta última persona tomó su arma –siempre según su relato– gritó “alto,
policía” y la persona del otro lado intentó gatillar pero según Montes no salió
el disparo. Entonces es él quien disparó, pero asegura que “la persona sigue
corriendo hacia la villa Los Eucaliptos y los perdí de vista”. Montes justificó
su huida y que no denunció los hechos de inmediato, aunque está obligado, por
“temor a represalias de los familiares que repelan contra mí o contra el auto
que me habían prestado”.
Lo cierto es que dos disparos entraron por la
zona lumbar y lesionaron el pulmón, el bazo, el diafragma y el corazón de
Fabián. El tercero impactó en la parte posterior del muslo. Dos testigos, uno
amigo de Fabián y el otro un hombre que atiende un taller mecánico en la
avenida La Plata, relataron con detalle, en especial el primero, que Fabián
estaba solo, cruzando la calle, que no tenía armas y no había hecho nada. En la
zona aparentemente no andaban las cámaras, por ende no hay imágenes como parte
de la prueba. Los casquillos hallados eran de la pistola reglamentaria que llevaba Montes. No
aparecieron otras armas ni hay constancias de que le hayan robado el celular.
La fiscal Gallo planteó que había sido un
homicidio liso y llano, una ejecución, y que Montes inventó un relato para
argumentar que actuó en legítima defensa. Luego el juez Martín Nolfi afirmó que
no hay ninguna evidencia en la causa que permita suponer que actuó “en legítima
defensa o, en su defecto, por el exceso de esta última”. “Su versión de lo ocurrido
se muestra solitaria dentro del complejo probatorio, no encontrando respaldo en
ninguna de las circunstancias descriptas”, señaló su resolución firmada esta
semana. Según el juez está probado –y son elementos en su contra– que efectuó
varios disparos, cinco al menos, que se fugó, que no denunció pese a tener la
obligación de hacerlo y se fugó. “La víctima –concluía el fallo– se hallaba de
espaldas y sin desplegar acción alguna que pudiera entrañar grave o inminente
riesgo para la vida o integridad del imputado, quien omitió dar cuenta de lo
sucedido, con el afán de alanzar su impunidad”.
“En el escenario de notable disciplinamiento
judicial que hay, este fallo es excepcional. En caso de Chocobar, por ejemplo,
se debería haber aplicado el homicidio calificado por la condición de policía
igual que en el caso de Montes. Porque también disparó por la espalda cuando la
víctima huía y no había amenaza. Pero se le aplicó el ‘exceso’ en legítima
defensa y luego la cámara modificó la calificación por homicidio agravado por
la utilización de arma de fuego también en exceso de cumplimiento del deber. Al
menos no fue sobreseído”, señaló María del Carmen Verdú, abogado de la
Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi), que es
abogada de la familia de Fabián. La diferencia es entre una pena que puede ser
a prisión perpetua y otra que puede ni siquiera ser de cumplimiento efectivo.
La Correpi sostiene de acuerdo a sus
estadísticas, que desde que asumió el gobierno de Cambiemos “un pibe es fusilado
por las fuerzas represivas del Estado cada 23 horas”. La “doctrina Chocobar”
exaltada por el Presidente y su ministra Bullrich no hizo más que
institucionalizar y alentar la máxima violencia policial, la transgresión de
los principios elementales de uso progresivo de la fuerza que son obligatorios
y que implican que –por ejemplo– en una persecución la fuerza letal solo se
puede usar como último recurso cuando es necesario proteger la vida de alguna
de las personas que están involucradas, ya sea el personal policial u otra
persona. Se habla de “exceso” en la legítima defensa cuando el policía o la
policía cometen un error o negligencia. Pero si se califica como héroe al
policía que mata por la espalda lo que se busca instalar –según planteó el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en medio del debate– es una falsa
dicotomía que opone la supuesta existencia de un “garantismo que conduce a la
impunidad de los delincuentes y que la alternativa a ello es soltarle la mano a
la policía para que actúe sin respetar las reglas”. El organismo advirtió que
el Gobierno promueve el uso irracional de la fuerza y la ausencia o
debilitamiento de controles políticos y judiciales.
Fuente: Página 12
